El quince de febrero del 2017, en una acción mancomunada entre los ocupantes de la Casa de la Calle Cobos (integrantes de la Cooperativa de Viviendas Butteler), diversos movimientos sociales y el equipo jurídico de Vivienda de la Liga encabezado por los Dres. Héctor Trajtemberg y Rosa Herrera, consiguieron suspender, una vez más, el desalojo judicial que los amenaza desde hace años. En el edificio hay 20 familias que lo ocupan desde hace muchos años: algunos por casi veinte años y hay algunos que están todavía desde hace muchos más años, hasta cuarenta; constituyeron cooperativa y peticionaron la solución definitiva, pero el gobierno de la ciudad sigue sordo a los reclamos populares por vivienda.
El quince de febrero del 2017, en una acción mancomunada entre los ocupantes de la Casa de la Calle Cobos (integrantes de la Cooperativa de Viviendas Butteler), diversos movimientos sociales y el equipo jurídico de Vivienda de la Liga encabezado por los Dres. Héctor Trajtemberg y Rosa Herrera, consiguieron suspender, una vez más, el desalojo judicial que los amenaza desde hace años. En el edificio hay 20 familias que lo ocupan desde hace muchos años: algunos por casi veinte años y hay algunos que están todavía desde hace muchos más años, hasta cuarenta; constituyeron cooperativa y peticionaron la solución definitiva, pero el gobierno de la ciudad sigue sordo a los reclamos populares por vivienda.
En el mes de noviembre, el equipo de la Liga elaboro un balance que hoy ponemos a disposición de todos como una contribución al debate de la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, en marcha hacia un 24 de marzo en las calles, contra el negacionismo, la impunidad, la represión y por la libertad de los presos por luchar.
INFORME SOBRE DESALOJOS EN CIUDAD DE BUENOS AIRES 2016
En políticas urbanas y procesos de desarrollo urbano implementados en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que ocurre con el sistema económico- social implementado en el país, que no hubo ruptura.
Por consiguiente, podemos señalar que desde la última dictadura cívico-militar hasta nuestros días, con distintos matices y niveles de impacto en la población existe una continuidad que se expresa en el desarrollo de un modelo de ciudad elitista y de expulsión de los sectores más postergados de la metrópoli.
En aquellos tiempos, desde el plan económico de Martínez de Hoz, se proclamaba, entre otras medidas, la liberación de los precios de los alquileres y se sostenía la no intervención del Estado en esta temática lo que significó las subas de las locaciones urbanas.
Durante el transcurso del tiempo y a pesar de la continuidad de gobiernos constitucionales, también se verificaron aumentos de los valores del suelo urbano y de la construcción, como así también aumentaron los requisitos exigidos para el acceso a un alquiler para vivienda de manera formal.
Ese modelo de ciudad, en período dictatorial, significó también la expulsión de aproximadamente 300.000 personas en razón, entre otras, de políticas urbanas como la construcción de las autopistas de Cacciatore y del Plan de Erradicación de Villas , que se implementó de manera compulsiva y violenta por el gobierno dictatorial.
Durante los 90 ese proceso verificó su plena vigencia, con la fundación del nuevo Barrio Puerto Madero, destinado a sectores de alto poder adquisitivo y utilizando los bienes inmuebles construidos allí como inversión. Asimismo, en esos años se produjo el desalojo de las Bodegas Giol, ubicadas en el Barrio de Palermo, hoy zonas muy codiciadas por el mercado inmobiliario especulador. En el caso de las Bodegas Giol, actuaron compañeros de la Liga tanto en la organización popular como en la defensa jurídica del caso.
La voracidad llevada a cabo por la especulación inmobiliaria, sin ninguna intervención Estatal para su regulación ha afectado seriamente al acceso a la vivienda digna y a un hábitat sano de los sectores populares y trae como consecuencia directa que miles de personas son empujadas al espacio de la informalidad para lograr el acceso a un techo, aunque sea precario.
Esta realidad, implica también que las personas y familias se encuentren en peligro permanente tanto en lo que respecta en su estabilidad en sus viviendas, como así también en su tenencia (en los casos de los inquilinos formales e informales) como en la posesión de los inmuebles recuperados en su función social(villas u otros inmuebles con poblaciones que data de muchísimos años) , en este caso el de vivienda. En ese contexto miles de familias están expuestas a ser enjuiciados por desalojos como así también por desalojos de hecho, generalmente llevadas a cabo por quienes dicen ser sus propietarios, juntamente con patotas.
La práctica de desalojo forzoso es considerada, tanto por las observaciones N° 4 y N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como así también como la Relatoría de Desplazamientos de Personas por desalojo de la misma organización, como una violación a los derechos humanos.
El Macrismo lleva más de ocho (8) años gobernando la ciudad más rica del país y es verificable su falta de voluntad política de resolver esta problemática de fondo.
Sin embargo, es oportuno denunciar que producto del modelo de desarrollo urbano llevado a cabo, tanto desde el ámbito público como el privado se ha generado una situación muy grave que hoy se cristaliza en una violenta disputa en el territorio por el acceso al suelo urbano y a la vivienda, cuyo sector más débil, el de los trabajadores (incluidos y excluidos del mercado laboral) son los mayores afectados.
Esta situación se agudizó, desde el fortalecimiento de esos lineamientos con la asunción de Mauricio Macri, como Presidente.
Para llevar adelante, este tipo de políticas urbanas y de las cuales unos de los puntos de conflicto se verifica en las prácticas de desalojo los sectores especuladores privados cuenta con el respaldo de los tres poderes del Estado.
El Ejecutivo, con la omisión de llevar adelante políticas públicas de construcción de viviendas para los sectores más postergados.
El Legislativo con la regulación, por ejemplo, en los códigos procesales (civiles y penales) de construcciones jurídicas que vulneran derechos básicos como el de la defensa y el debido proceso, legalizando el adelantamiento de un desalojo sin que el propietario espere la sentencia definitiva (desalojo anticipado/restitución inmediata del inmueble al supuesto propietario).
Y el Poder Judicial (tanto nacional como el de la Ciudad) sacralizando la propiedad privada, siendo totalmente funcional a la especulación inmobliliaria y de la construcción para sectores de alto poder adquisitivo en desmedro del derecho a la vivienda de varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, etc.
La vulneración del derecho a la vivienda afecta transversalmente los derechos de trabajo, salud, educación, intimidad, etc.
Los conflictos se presentan como casos individuales y /o particulares, invisibilizados en su carácter de efecto de políticas públicas y dinámicas sociales pero miles de compañeros/as reciben el impacto directo de estas políticas implementadas.
En nuestro espacio, se maneja el dato que son 600.000 personas en emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires.
De ellos por lo menos:
22.000[1].personas en situación de calle (incluyen en paradores y hotelados.
275.000 personas[2] viven en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Frente a esta realidad, la alternativa es la lucha y la unidad del campo popular y la LIGA contribuye a la construcción de ella juntamente con otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
Actuamos en un espacio articulador desde principio de este año, en el espacio de Asambleas por el Derecho a la Vivienda junto al CIBA, Coordinadora Inquilinos de Buenos Aires, Proyecto Popular, Casa Popular- Patria Grande, MPP, y demás organizaciones como cooperativas de vivienda Butteler, Moreno, Papa Francisco y distintos inmuebles habitados por compañeros/as afectados a un inminente desalojo.
No debemos soslayar que se estima que se encuentran miles de personas en situación de calle, hotelados (tanto en Programas Nacionales como el de la Ciudad) también expuestos a sufrir desalojos.
Podemos en este informe preliminar, detallar los siguiente casos de desalojos o intentos de desalojos que se dieron lugar en estos últimos 10 meses de presidencia de Macri. Asimismo, incluimos las problemática, con estado procesal avanzado de desalojo judicial.
Brasil 1517: Se intentó desalojar a aproximadamente 20 familias, el 15 de junio de 2016. Se suspendió la medida a raíz de la decisión de los compañero/as de resistir el lanzamiento. Juntamente con el respaldo de organizaciones del campo popular. Durante toda la noche anterior, se realizó vigilia y acto en apoyo de las/os compañeros/as afectados. A partir, de allí se comenzaron a entablar negociaciones con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para iniciar trámite de incorporación en el Programa de Autogestión previsto en la Ley 341.
Zelaya 3126. El 21 de julio de 2016, a raíz de un incendio que se inició en una de las habitaciones por el uso de velas, ante la falta de electricidad ocurrida durante varios días consecutivos, que terminó afectando otros sectores de la casa y provocó que, veintisiete ( 27) familias quedaran en la calle. La imposibilidad del reingreso de las familias, se fundamentaba en un informe de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, que dictaminaba el peligro de derrumbe del inmueble. Y fue impedida, con el operativo policial correspondiente. A raíz de la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad, las mismas estuvieron acampando en la calle, frente al edificio de referencia. El acampe se extendió durante cincuenta (50)días aproximadamente. Las familias, soportaron las temperaturas invernales y demás inclemencias del tiempo y contaron con la solidaridad de distintas organizaciones políticas y sociales del campo popular tanto en la resistencia como frente a las peticiones y reclamos ante las autoridades competentes. Dicha problemática, fue recabada por distintos medios de comunicación entre ellos la agregada en este vínculo virtual, http://www.anred.org/spip.php?article12454
Carlos Gardel. Carlos Gardel 3151. Son veintisiete (27 ) familias afectadas que viven en el edificio algunos desde hace cuarenta (40) años, otros más años. En el carácter de inquilinos y el edificio fue vendido a una empresa constructora en el estado que se encuentra, es decir con las familias habitándolas. El desalojo fue ordenado judicialmente por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 52. Su lanzamiento fue dispuesto a ejecutarse para el 12 de agosto de 2016. Para el operativo de desalojo, se vio un despliegue de las fuerza de represión con la Guardia de Infantería y se dispuso con una antelación de 24 hs. El vallado de la toda la cuadra, Carlos Gardel entre Anchorena y Jean Jaures. Es decir, desde las 12 hs. del día 11 de agosto. En los años que la Liga viene abordando estas temáticas . Nunca se vio que el principio de ejecución de un operativo, de este tenor se hiciera con ese tiempo de anticipación. A partir de allí, solamente permitían el paso de quienes en el inmueble vivían o quienes se domiciliaban o trabajaban en esa cuadra. Los comercios durante toda la duración del operativo permanecieron cerrados, incluso desde días previos. Por lo que, fueron avisados, de la existencia del operativo. Dicha situación, impidió que se efectuara un festival solidario y artístico que se estaba convocando para el 11 de agosto a las 20 hs. Para respaldar solidariamente a las personas y familias que habitan el inmueble, por lo cual los/as compañeros/as vieron cercenados sus derechos de expresar y protestar en el marco de una decisión a resistir una sentencia judicial de desalojo. No obstante, fuera del vallado durante toda la nocse fueron sumando compañeros/as de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, cooperativas de vivienda, habitantes de inmuebles afectados a desalojos, así como algunos legisladores que fueron a apoyarlos y a participar de las negociaciones a los fines de conseguir una suspensión de la medida. Esa resistencia permitió suspender el desalojo hasta el día 09 de noviembre del corriente. La situación fue divulgada por diferentes medios de prensa que ilustra parte del conflicto. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10766-2016-08-05.html http://telefenoticias.com.ar/actualidad/vecinos-resisten-orden-de-desalojo-en-abasto/
Hotel Panamá: Cuarenta (40) familias afectadas. El 29 de septiembre de 2016 fue el día fijado para la ejecución del lanzamiento de este hotel sito en la calle 24 de noviembre 25/27/29. El Oficial de Justicia suspendió el trámite de ejecución ante la resistencia opuesta por las familias y organizaciones sociales y políticas ante la falta de respuesta del Estado con relación a garantizar el acceso de una vivienda digna y hábitat sano. La medida fue suspendida sin plazo cierto, razón por la cual los compañeros/as que viven en el edificio en conflicto desde hace muchos años, se encuentran en permanente estado de alerta ante la amenaza concreta que la medida ordenada judicialmente se efectivice. Las autoridades del IVC manifestaron verbalmente, el impedimento de resolver en forma definitiva la situación de vivienda de las familias involucradas por razones de insufienciencias presupuestarias.
Solís y Caseros: Se encuentran involucrados dos inmuebles, que son intimados para cumplir con requerimientos obligatorios que se deben cumplir para la explotación comercial de un hotel. Al igual, que en el caso de Pichinchas, decenas de familias viven allí pagando un alquiler pero no como hotel, sino que se trata de una vivienda colectiva, multifamiliar. Hace poco los vecinos, recibieron copia de una resolución de inicio de actuaciones por clausura por falta de cumplimiento de los imperativos legales con la advertencia de que las mismas pasarán a la Fiscalía del fuero penal, contravencional y de faltas. Motivo por lo cual, debemos esperar una estrategia para conseguir el desalojo similar a la descripta en el caso de Pichincha. Es necesario, señalar que con fecha 16 de septiembre del corriente, en horario nocturno, unos “supuestos encargados” junto a una patota, intentaron desalojar de hecho a algunas familias y/o impedir el ingreso de sus habitantes. La solidaridad de los/as compañeros/as que se encotraban en la vía pública realizando una de las asambleas, en el marco de “Asambleas por el Derecho a la Vivienda” fueron a respaldar, solidarizarse y resistir ese atropello contra los habitantes de la casa de referencia. Posteriormente, se realizaron las denuncias correspondientes.
Casa sita en Av. Entre Ríos. Son habitantes aproximadamente siete (7) familias. Si bien existe un juicio civil de desalojo, en trámite, cuya demanda fue contestada en el mes de febrero del corriente año. Quien pretende hacer valer los derechos de propiedad sobre las casa impulsó una causa por usurpación por ante el fuero penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. y dentro de ella pidió inspección de la Guardia de Auxilio para que realice una inspección por peligro de derrumbe. Como fue ordenada judicialmente, los vecinos/as permitieron el ingreso de dicha cuadrilla. Acompañados por algunas de las compañeras, habitantes de la casa, realizaron el procedimiento pero inmediatamente tomaron sus mazas e intentaron comenzar con una demolición de hecho, que fue impedida por el accionar de las compañeras. Este hecho ocurrió en el mes de Julio de 2016, en plena feria judicial. Los abogados de la Liga denunciaron sobre esta irregular situación en el expediente y en razón que el conflicto, ya estaba tramitando en el fuero civil el fiscal interviniente expresó que archivaría la causa penal, que dio inicio a ese procedimiento.
Pichincha 191. Viven aproximadamente sesenta (60) familias. La casa multifamiliar se encuentra ubicada en Pichincha y Alsina. Sus habitantes tenían una antigüedad en esa vivienda de por lo menos veinte (20) años. El desalojo no fue impulsado por quien tendría la titularidad de propiedad. En este caso, se promovió desde los ámbitos administrativos de la Ciudad, más precisamente la intervención de la Agencia Gubernamental de Control que ordena inspección e informe de la Guardia de Auxilio, a los fines de verificar del cumplimiento de normativas referidas a la explotación de un “Hotel”. Con ese argumento, se originaron actuaciones administrativas de clausura y de violación de clausura. Ante el supuesto incumplimiento de lo requerido, dicho expediente, pasó al Poder Judicial de la Ciudad, en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Es importante, señalar que desde hace años no funcionaba como hotel sino que las familias pagaban un alquiler. Es entonces que desde el Juzgado a cargo del Dr. Tavosnanska ordenó el desalojo para el día 19 de septiembre. La resistencia permitió en un primer momento suspenderlo hasta el 21 y finalmente una parte de las familias fueron desalojadas el 23 de septiembre de 2016. Ello implicó que, las familias y organizaciones sociales, políticas y compañeros/as que padecen la problemática hicieran un esfuerzo enorme para resistir la medida durante el transcurso de toda la semana hábil. Finalmente, parte de las familias fueron desalojadas y reubicadas en hoteles brindados por el Estado de la Ciudad. Dicha problemática, fue divulgada por algunos medios de comunicación y principalmente los alternativos .
Problemáticas en estado procesal avanzado de desalojo, podemos mencionar los siguientes:
Edificio sito en calle Santa Cruz (Coop. De Vivienda Papa Francisco) donde es habitado por aproximadamente 400 personas, alrededor de 110 familias, en cuyo juicio se ha dictado sentencia de desalojo y desde la Liga se ha interpuesto apelación. En este caso, asumimos la defensa legal pero a la vez estamos articulado juntamente con otras organizaciones. Esta problemática, desde las Asambleas por el Derecho a la Vivienda en la Mesa de Trabajo lograda por la lucha en el ámbito del IVC la hemos planteado para que trate con urgencia las autoridades sin que hasta la fecha obtengamos respuestas concretas a los reclamos de vivienda definitiva en el marco del Programa Autogestionario previsto en la Ley 341. De la problemática que padecen este edificio y sus habitantes fue divulgada a través de un informe transmitido por el Noticiero de Telefe Noticias emitido el día 22 de septiembre del corriente (http://telefenoticias.com.ar/actualidad/el-drama-de-villa-cemento/)
Edificio sito en Av. Cobo (Coop. Butteler). Habitado por aproximadamente 20 familias, con gran proporción en su población de mujeres, adultas mayores. El titular del inmueble, adquirió el edificio con los habitantes viviendo allí. Éstos tienen una antigüedad de por lo menos veinte (20) años, algunos cuarenta (40) años. Tramita un desalojo civil donde se ha dictado sentencia de desalojo y apelada oportunamente. En la actualidad, se encuentra en estudio por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sin que hasta el momento haya confirmado o revocado la sentencia de desahucio. Las familias se conformaron en cooperativa y se encuentran peticionando por ante el IVC la solución definitiva sin que hasta el momento consiguiéramos respuestas concretas.
Inmueble sito en calle Moreno : Afectadas 25 familias aproximadamente. Después de diez (10) años de que, quien estaba reclamando respecto a la propiedad del lugar, consiguiera sentencia de desalojo y mandamiento de lanzamiento, luego de transcurrido el tiempo mencionado pretende ejecutar esa medida contra la población actual y lo solicita al magistrado civil interviniente. Planteamos nuestras defensas al respecto y se encuentra en resolución, pero con un peligro cierto de que ordene finalmente ejecutar el desalojo.
Calle Alsina: Luego de un frustrado intento de desalojo de hecho, ocurrido el 8 de mayo de 2015, llevado a cabo por supuesta propietaria, abogados y patota frente al cual las familias pudieron resistir. En estos momentos, impulsada por la supuesta propietaria se encuentra tramitando una causa por usurpación. Asimismo, es importante señala que las familias tuvieron intimaciones de determinación de clausura, exigiéndole el cumplimiento de requisitos para el funcionamiento como “Hotel”. Desde luego que, esta situación se rechaza, pues el edificio no funciona como tal sino que se trata de una vivienda colectiva, multifamiliar. Por lo cual, nuevamente advertimos esta estrategia para se implementada con el fin de desalojar a las familias.
Comisión Jurídica de Liga Argentina por los Derechos del Hombre
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