Brasil: Denuncia contra Lula es política, basada en hipótesis y no en hechos, dice jurista

Por Camilla Hoshino y Endibia Ghisi /Brasil de Fato / Resumen Latinoamericano,15 de Septiembre de 2016.

Según Pedro Esteban Serrano, el proceso contra Lula es caracterizado por la suspensión de derechos constitucionales

-El ex- presidente Luis Inácio Lula da Silva fue denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF), en el ámbito de la operación Lava Jato, de supuesto lavado de dinero, corrupción activa y pasiva. En entrevista colectiva concedida en la tarde del miércoles (14), el procurador de justicia Deltan Dallagnol acusó a Lula de estar “a la cabeza de una organización criminosa” y de ser el “ comandante máximo” del esquema de corrupción identificado en la Operación Lava Jato, que investiga casos de corrupción en la petrolera pública, Petrobras.

El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUC-SP, Pedro Esteban Serrano, rebatió la afirmación del procurador: “Es absolutamente ilegal que un agente del Estado afirme [públicamente] que un ciudadano es ‘comandante máximo de un grupo criminoso’ sin oportunidad de defensa. En este caso, el agente esta faltando a su deber jurídico de preservar la imagen y la figura del acusado”. Desde el punto de vista  legal, mientras el acusado no es condenado, no hay como hacer ese tipo de afirmación, de acuerdo con el jurista.

El anuncio ocurrió en la mañana del miércoles (14) y la presentación de los argumentos para la denuncia fueron lanzadas públicamente en entrevista colectiva concedida por los procurados del MPF a partí de las 16h, con cerca de una hora de atraso.

Acusaciones infundadas

Según el procurados Dallagnol, los desvíos, en tesis, ocurrieron vía repaso de recursos a partir de la OAS.SA a Lula por medio de las reformas y decoración de un triple en Guarujá, litoral de São Paulo, supuestamente perteneciente a Lula. También por el contrario de almacenamiento de bienes personales de Lula en nombre de la empresa.

Pedro Esteban Serrano cree que la acusaron del MPF es inconsistente ya que no hay pruebas concretas en relación a la participación de Lula en el esquema de corrupción de la Petrobras. “La hipótesis previa imaginaria pondera por sobre los hechos concretos. Me parece que la acusación de un proceso jurídico normal no prosperaría”, afirma. En este sentido, Serrano es enfático en afirmar que no acredita en la prisión de Lula.

Los abogados de Lula y de Doña Marisa Letícia, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, también cuestionan la falta de pruebas de los crímenes imputados y afirman que la denuncia del MPF es un “truco de ilusionista”.

“El inmueble que habría recibido las mejoras es de propiedad de la [empresa constructora] OAS, como no deja cualquier duda el registro en el Cartório de Registro de Inmuebles (Matricula 104801, del cartório Guarujá), que es un acto dotado de fe pública […] La denuncia no contiene un único elemento que pueda superar esa realidad jurídica, revelando, por lo tanto, pieza de ficción”, dice la nota.

El MPF acusa el desvío de un monto de R$ 87 millones y R$ 3,7 millones  de lavado de dinero envolviendo al expresamente Lula. El requerimiento del MPF al judicial será del confisco de R$ 87 millones y del mismo valor en resarcimiento. La pena imputada a ese tipo de crímenes va de 2  meses a 16 años y 6 meses de prisión. La investigación abarca el período 2006 -2016.

La esposa de Lula, Marisa Letícia, el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, el empresario Léo Pinheiro, de la OAS, dos funcionarios de la constructora y otros dos investigados también fueron denunciados. El juez Sergio Moro tiene cinco días para analizar la denuncia.

El juicio es político, afirma la vice-alcalde de Curitiba

Según la evaluación de Mirian Gonçalves, vice-alcalde de Curitiba (PT), la postura política explicada en el discurso de los integrantes del MPF es incompatible con la función que ejercen: “[Dallagnol] no está colocando allí sus posición jurídica, pero si su interpretación política. Es un pre juicio barato, sin pruebas “, opina.

La substitución de la postura jurídica por la política es reforzada por la manera como los integrantes de la Operación Lava Jato son tratados por sectores de la población, conforme explica la vice alcaldesa. “Cuando un miembro del poder judicial es incensado, aclamado e incendiado a cargo electivo, significa que no es digno de la función que ejerce, porque es reconocida públicamente la forma parcial y deliberada con la cual se profesa su opción por sectores políticos, lo que torna incompatible con la independencia de los poderes”, afirma.

Para el jurista Serrano, el sistema de justicia en Brasil, a partir de la Operación Lava Jato, está produciendo una medida de excepción al interior de la democracia. “Visten ropajes  jurídicos para lo que en el fondo es un juicio político, con suspensión de derechos constitucionales. Creo que el objetivo es el de evitar la participación de un candidato trabajador y popular con chances de victoria en las elecciones del 2018”, evaluó. De acuerdo con el  jurista, el intento es de producir un discurso acusatorio para fabricar el apoyo de una parcela de la sociedad de forma ficticia antes del proceso cerrar.

 Foto: Visten ropajes jurídicos para lo que en el fondo es un juicio político”, evalúa el jurista / Ricardo Stuckert/Instituto Lula

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