Paraguay: La aprobación parlamentaria de la “donación” de Campos Morombi, y las tantas medidas contra el derecho campesino de la tierra

Por Sebastian Polichuk/Resumen Latinoamericano/ 08 de Nov. de 2015.- El gobierno paraguayo sigue apostando de manera fraudulenta a condenar al campesinado a la miseria y seguir realizando maniobras fraudulentas.

Esta semana se produjo otra injusticia más contra el campesinado, una de las tantas en esta larga y triste historia. El senado aprobó en estos días finalmente la supuesta “donación” de las tierras de Marina Kue de parte de la empresa Campos Morombi, propietaria de la familia Blas Riquelme. Tierras que de las que están comprobadas que ya pertenecían al Estado paraguayo y que por ley deberían estar destinadas a la reforma agraria, como reclaman los campesinos de la “Masacre de Curuguaty”, campesinos que hace varios meses enfrentan un juicio por supuestamente ser coautores de este hecho y usurpar estas tierras que para la fiscalía (sin indagar sobre el origen de las mismas) son de estos empresarios.

Con este hecho de alguna manera u otra el senado estaría avalando esta injusticia y la estrategia de Campos Morombi de que le reconozcan estás tierras como suyas cuando de por si no lo son. Esto forma parte de una maniobra para impedir que estos territorios no se destinen como debería ser para la reforma agraria, en un país donde actualmente el 85% de las tierras cultivables están en manos de tan solo el 2,5% de los propietarios[1].

A la par de este hecho, el jueves, las y los campesinos pertenecientes al distrito de Villa Hayes ocuparon la Finca 916, tierras que pertenece el Ministerio de Defensa Nacional, y reclaman desde el año 2008 para que les den estas tierras, que están en desuso e incluso algunas de ellas están siendo usurpadas de manera legal e ilegal por grandes empresarios.

El tema de la concentración de la tierra por parte de los grandes empresarios, y la falta de tierras a campesinos y pueblos originarios, no es un tema para nada menor en Paraguay. Hay que recordar que 9mil familias rurales por año están siendo expulsadas de sus tierras, acosta de la expansión soja transgénica de los últimos 20 años. Producción que encima ya cuenta con la aprobación en los últimos tres años de 18 cultivos transgénicos[2]. El 94% de la tierra productiva en Paraguay se destina este agronegocio y solo el 6% se destina a la producción de alimentos[3]. Para esta última no existe hoy en día una política del Estado destinada a la producción de estos mismos, tan solo la hay para pequeños proyectos.

Por otra parte según José Galeano Monti, máster en servicios públicos y políticas sociales por la Universidad de Salamanca, entre 1991 y 2008, el valor bruto de la producción familiar se redujo de 70% a 32%. Y el indicador Gini de desigualdad de la tierra se incrementó de 0,91 a 0,93, siendo así el más elevado del mundo[4].

Además que entre 1953 y 2003, 7.800.000 hectáreas (un 32% del territorio cultivable del país), fueron adjudicadas de manera fraudulenta por parte de grandes empresarios como entre ellos los Blas Riquelme, quienes a su vez se enriquecieron fuertemente durante de dictadura de Alfredo Stroessner[5].  A lo que se suma que actualmente según un estudio de la Comisión Verdad y Justicia dado a conocer en septiembre de este año, la Procuraduría abrió tan solo cuatro procesos judiciales frente a estos casos de usurpación, mientras que el resto de los casos los jueces siguieron siendo cómplices de estos grandes empresarios usurpadores, dándoles la razón a los mismos, pese a existir leyes y pruebas contundentes contra dichas usurpaciones, según el abogado e investigador Alberto Alderete.

 

Irregularidades y el intento de condenar al campesinado, por el juicio por la  Masacre de Curuguaty

El juicio por la “Masacre de Curuguaty”, tiene a 12 campesinos que están siendo juzgados por el hecho ocurrido el 15 de junio del 2012, donde se produzco la matanza a campesinos por un brutal desalojo llevado a cabo por parte las fuerzas de seguridad, que le costó la vida a 11 campesinos y 6 policías, y la posterior destitución a ex presidente Fernando Lugo.

En esta causa, solo se imputo a los campesinos, cuyas pueden llegar a los 25 años de cárcel. Los crímenes por los que se los acusa a nueve de ellos son: tentativa de homicidio (cuando hubo más de diez muertos en el lugar), asociación criminal e invasión de inmueble[6]. Hay dos campesinos acusados de asociación criminal e invasión de inmueble y el restante por frustración de persecución penal[7].

Es de destacar que la principal causa de nulidad del juicio y de la maniobra fraudulenta de Campos Morombi, aprobada en estos días en el senado, corresponde a que la justicia y el propio poder legislativo, se autocontradice al estar comprobado y fue rectificado el año pasado por el propio Indert (organismo de la administración de tierras), que estas tierras, de antemano son del Estado[8]. El propio Indert salió a pronunciarse contra esta maniobra de “donación” de tierras de Campos Morombi[9].

Por otra parte el juicio está plagado de acciones fraudulentas. Entre ellas que la justicia solo puso el foco en los policías muertos, implantando pruebas falsas como colocando armas a algunos cadáveres, e impidiendo que haya testigos campesinos o pobladores que puedan contar la verdadera verdad del suceso.

Todo esto bajo la hipótesis que se pretendió instalar fue la de que se trato de una emboscada que le tejieron los campesinos a los policías, pese a que estos últimos fueron alrededor de 324 en comparación con los campesinos que fueron cerca de 50.

Parte de las irregularidades de la justicia y contra tribunal, es que algunos de sus integrantes son los que condenaron al campesino Rubén Villalba (quién se lo involucra en esta Masacre) a 7 años de prisión por otra causa que le montaron a este por ocupación de tierras en el 2008, algo que no debería suceder en teoría.

Otra de las irregularidades es que la fiscalía también acuso a campesinas y campesinos muertos en aquella masacre bajo el delito de “rebeldía”.

A esto se le suma que la justicia está semana, le puso fecha otro de los juicio por esta “masacre” en el que también es dirigido contra campesinos. Pues la justicia pretende condenar de manera similar a una campesina (adolescente en el momento del hecho). La fecha pautada se estimo para marzo del 2016 y se la acusada por “invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad”. Para esta causa, en ningún momento se le realizo una evaluación psicológica, tarea fundamental y básica que hace de por sí de que este juicio también sea nulo porque se trata de un juicio contra quien fue una adolescente, y esa tarea es la que debería haber permitido determinar el grado de consciente o inconsciente en que ella estaba en el momento del hecho.

 

 

Foto: La decisión del Senado cayó mal a los campesinos y al Indert. Foto: Archivo.

[1] http://www.programadcp.org/lider-campesino-afirma-que-no-hay-politicas-de-estado-para-hacer-realidad-la-reforma-agraria

[2] http://www.baseis.org.py/todo-el-sistema-esta-enfocado-a-apoyar-al-agronegocio-y-no-a-lo-organico/

[3] http://www.baseis.org.py/todo-el-sistema-esta-enfocado-a-apoyar-al-agronegocio-y-no-a-lo-organico/

[4] http://www.paraguay.com/nacionales/los-pobres-van-a-la-carcel-133485

[5] https://www.resumenlatinoamericano.org/2015/06/03/de-lugo-a-cartes-el-paraguay-sin-tierra/

[6] Los campesinos acusados por estos supuestos crímenes son: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta. http://www.abc.com.py/nacionales/juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-se-realizara-en-asuncion-1373046.html

[7] Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería, acusados de invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina acusado por frustración a la persecución penal. http://www.abc.com.py/nacionales/juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-se-realizara-en-asuncion-1373046.html

[8] http://www.abc.com.py/nacionales/indert-tierras-son-del-estado-1245788.html

[9] http://www.ultimahora.com/titular-del-indert-lamenta-decision-del-senado-marina-cue-n944281.html

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