Colombia Minería: Derechos Humanos y medio ambiente

 

Juan Leonel Pérez  y Antonio López Vélez/ Resumen Latinoamericano /Octubre 25 de 2015.-   En Colombia, el 80% de las violaciones a los derechos humanos, se presentan en los municipios minero-petroleros, que son el 35% del total nacional. El 87% del desplazamiento forzado, el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas. [i]

Entre los diferentes documentos que confirman y amplían estos datos, hay una investigación presentada por la ONG holandesa PAX del título “El Lado Oscuro del Carbón”, que demuestra cómo la multinacional del carbón Glenncore-Xstrata, en el Cesar, financió y utilizó a los grupos paramilitares para sus propios intereses. [ii]
En relación con este departamento, existe una importante investigación realizada por tres agencias de Naciones Unidas en los  siguientes municipios: El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito. Allí hicieron encuestas aleatorias a 100 hogares en las 3 comunidades. Los resultados fueron que varios de los pobladores sufren serios problemas respiratorios, no tienen acceso a los ríos, no tienen agua potable, no hay centros de salud ni escuelas,  los territorios aledaños son propiedad de las multinacionales y los pobladores viven en condiciones de extrema miseria. En pocas palabras estaban mejor ANTES que ahora.[iii] En general, las condiciones de vida de los residentes en los otros municipios donde están presentes actividades extractivas,  son igualmente duras.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Codhes (2011) publicó un informe  donde se ve la conexión  entre las zonas de des­plazamientos masivos, violencia política y social y graves violaciones a los derechos humanos, con 21 municipios de interés para la actividad minera. Éstas representan el 26% de las Zonas de Consolidación y Coordinación de Acción Integral (CCAI), promovidas por el gobierno nacional desde el año 2007 en el marco del proyecto de “consolidación política” de la seguridad democrática. En estas áreas se encuentran “minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera, o de manera artesanal”.[iv]
 
Esta cantidad de datos es irrefutable. Cualquiera dudaría de la “bondad” de las multinacionales y se preguntaría si la gran mayoría de crímenes de lesa humanidad, tienen o no que ver con los planes de desarrollo minero. Los únicos que no ponen en tela de juicio este modelo extractivista, son: el gobierno colombiano y la gran mayoría de los funcionarios del estado.
Paralelamente a los costos humanos y sociales, están los daños causados al medio ambiente por las empresas mineras y petroleras que son incalculables. El problema ecológico en Colombia y en todos los países en desarrollo, está históricamente vinculado a la dependencia de relaciones políticas y económicas con los países desarrollados. En otras palabras, las ganancias siempre se han ido para los países más ricos, y los costos sociales y ambientales se han quedado en los más pobres.
En los días 10 y 11 de octubre de 2015, se realizó en Bolivia el II Encuentro Mundial sobre Medio Ambiente y Cambio Climático. Participaron alrededor de 3000 organizaciones sociales y no gubernamentales, con el fin de aportar soluciones y propuestas a los graves problemas ecológicos debidos a la sobreexplotación de los recursos naturales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, en su discurso propuso la creación en París de un tribunal ecológico para condenar los graves crímenes cometidos contra el medio ambiente a nivel mundial. Además dijo que la relación con  la pacha mama (la tierra) debe ser de equilibrio y no de brutal explotación capitalista como fue en el pasado.
La injusticia de las relaciones de explotación y las consecuencias nefastas en términos ecológicos y sociales también es un tema de la encíclica “Laudato Si” del Santo Padre de la Iglesia Católica Francisco. Esta inequidad “… no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda ecológica », particular­mente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso despro­porcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las ex­portaciones de algunas materias primas para sa­tisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contami­nación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre.”
En el caso de Colombia, el proyecto gubernamental de desarrollo minero se fundamenta principalmente en la explotación del carbón y del oro. Los datos recopilados de daños ambientales, son abrumadores. Se calcula que por cada tonelada de carbón se producen 10 de desechos y escombros. Entre 1990 y 2011 se exportaron por lo menos 1000 millones de toneladas de carbón y consecuentemente se desecharon 10 mil millones se sustancias contaminantes. En el caso del oro, en los últimos 30 años se produjeron más de 4.300 millones de toneladas de escombros, con consecuente liberación en el aire y en el agua de sustancias tóxicas como el arsénico asociado a la arseniopirita de algunos yacimientos y el mercurio utilizado por las  empresas mineras.
La inmensa cantidad de residuos contaminantes, tóxicos y nocivos para el hombre, resulta ser incomparablemente mayor con los desechos domésticos de una megalópolis como Bogotá. En general,  la basura producida llega a las 2 millones de toneladas, que en comparación con la actividad extractiva del carbón, sería de 10 a 12 veces inferior, y por la del oro sería de 25 a 70.
En cuanto a la utilización del agua, las cifras son aún más impactantes: en la extracción del oro, según estudios de la multinacional Anglo Gold, se utiliza un promedio de 1 m3 por segundo, y para sacar un gramo de oro son necesarios 1.670 litros de agua. Se calcula que aproximadamente el 60% se reinicia en el circuito de extracción, con un gasto de agua promedio de 467 litros por gramo.
En el caso del carbón, la empresa de Cerrejón utiliza diariamente 17000 litros de agua diarios. En los últimos años hubo sequías y graves afectaciones a la población  local,  a los cultivos y al ganado por la falta de agua. Los habitantes utilizan un promedio de 75/85 litros diarios per cápita,  que en época de escasez llegaría a 7 lt. En total  solo en el departamento de la Guajira la mega minería está gastando el equivalente de 2 millones de personas. [v]
Ahora más que nunca es necesario que el pueblo luche para  replantear este modelo extractivista que  siempre está generando graves problemas en término de derechos humanos, calidad de vida y medioambiente.

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