Euskal Herria: En una gigantesca marcha de apoyo a Askapena, el internacionalismo declara al Estado español culpable de «oprimir pueblos»
Resumen Latinoamericano / 12 de octubre 2015.- Miles de personas se han dado cita en Iruñea con motivo de la movilización Herriak Libre convocada en apoyo a Askapena, que a partir de la semana que viene afrontará, junto a cinco de sus miembros, un juicio en la Audiencia Nacional española. Sin embargo, en la jornada de hoy el juzgado ha sido el Estado por 492 muertes en Euskal Herria, negar el derecho de los pueblos, ocupar el Sahara, «genocidio» en Abya Yala e imponer la OTAN.
La marcha Herriak Libre ha ocupado las calles de Iruñea este mediodía. Miles de personas han mostrado su apoyo a Askapeña y Askapena, que se enfrentan a la ilegalización, y a cinco miembros de esta última, que a partir del próximo lunes 19 serán juzgados en la Audiencia Nacional española y se enfrentan a peticiones de cárcel de seis años.
Al finl de la misma, Itsaso Lekuona, detenida durante la misma redada y en representación de los encausados, ha declarado al Estado español «culpale de oprimir pueblos». Así, ha dado a conocer que llevarán la sentencia popular a la Audiencia Nacional.
La movilización ha arrancado con un acto al que se han sumado mensajes de apoyo de mucho lugares del planeta como los Països Catalans, Bretaña, Argentina y otros pueblos del Estado español.
Aritz Ganboa, vecino de Arruazu que será juzgado a partir del lunes, ha formulado las acusaciones contra el Estado español por las que la ciudadanía ha realizado su juicio. Así, ha acusado al Estado español de provocar 492 muertes en Euskal Herria. Del mismo modo, ha apuntado que «niega derechos colectivos a los pueblos», poniendo como ejemplo el referéndum de Catalunya. Igualmente, ha recordado que el Estado «ocupó Sahara occidental y fue cómplice de su entrega a Marruecos». En cuarto lugar, le ha acusado de «genocidio de los pueblos de Abya Yala», remarcando que «la conquista y expolio continúa». Por último, el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, ha tomado la palabra para acusar al Estado de «imponer la OTAN pese al rechazo en referéndum en Euskal Herria, Catalunya y Canarias».
Coincidiendo con el 12 de octubre, la marcha ha estado encabezada por representantes de pueblos del mundo que «han conocido el imperialismo español». Durante la misma, han arrojado zapatos, de forma simbólica, contra personajes «símbolo del Estado», acompañados de proclamas como «Estado español, estado terrorista».
El 19 de octubre comienza el juicio contra el colectivo internacionalista Askapena, la Comparsa Askapeña, la asociación para el comercio justo Elkartruke y contra Unai, Walter, Dabid, Aritz y Gabi. Nuevamente peticiones de años de cárcel para quienes practican derechos teóricamente reconocidos y amenazas de ilegalización de organizaciones políticas, sociales y culturales.
Y apenas ha comenzado el curso político. Un buen momento quizás para compartir una mirada global desde nuestras lentes de defensa de los derechos civiles y políticos.
Desde Madrid (con la inestimable colaboración francesa) nos llegarán juicios contra personas acusadas de militar en Batasuna o Ekin, contra alcaldes o vecinas de distintos pueblos por organizar comidas populares o pregones donde se apoya de una u otra forma a personas encarceladas, contra personas que expresan sus opiniones mediante tuits. O sentencias-venganza ad hoc como la reciente contra Santiago Arrozpide.
No nos cansaremos de repetirlo: los tribunales y las leyes de excepción de Madrid juzgan –y condenan– ideas y prácticas legítimas sin respetar las más elementales garantías procesales. Ninguna persona, ningún supuesto delito debería ser juzgada en esos tribunales y bajo esas leyes contrarias a derecho. Simplemente, son ilegítimos.
La derogación de la Audiencia Nacional y de la legislación antiterrorista ha sido exigida por agentes sociales y políticos de nuestro pueblo, ayuntamientos, Parlamento vasco y organismos internacionales de salvaguarda de derechos básicos. Desde que ETA abandonara la lucha armada, incluso algunos jueces del Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional se han manifestado en este sentido. Hace escasas semanas lo ha hecho la Fiscalía del País Vasco, que en su memoria anual proponía que los delitos de «terrorismo» sean juzgados en tribunales del País Vasco. Aun siendo demasiado escasos, bienvenidos sean estos nuevos posicionamientos.
No parece cercano el momento de dichas derogaciones. En cualquier caso, ¿en qué situación se encontrarían nuestros derechos civiles y políticos en caso de desaparición de las leyes y tribunales de excepción? Veamos. Policías autonómicas fuertemente militarizadas y de carácter represivo; policías locales con tics de las anteriores en las capitales; policía privada de seguridad con más competencias y más represivas; ordenanzas cívicas dirigidas a negar a la población el espacio público; juzgados sin garantías que aplicarán el Código Penal reformado que ahonda en la criminalización de la protesta social y de la pobreza; dirigentes políticos con mentalidad de política de excepción, medios de comunicación que inciden en la criminalización… No son conceptos abstractos. En breve serán juzgados varios jóvenes gasteiztarras acusados de atentado a la autoridad por realizar una sentada el 3 de marzo del 2014; la consejera de Interior defiende al ertzaina al que una sentencia judicial culpa de mentir deliberadamente para imputar por agresión, lo que podría suponer cárcel; la Policía Municipal de Donostia recurre a la Ley de Seguridad para prohibir tomar imágenes del derribo de Kortxoenea. Por ejemplo.
Décadas de políticas de excepción cada vez más intensas y el miedo que las acompaña han calado poco a poco en nuestra sociedad, generando una cultura represiva que asume con naturalidad la contradictio in terminis que supone la «excepción permanente». Solo desde esta cultura se puede entender que tras años de desaparecer la causa que en teoría justificaba dicha «anomalía» –las expresiones de violencia política no institucionales– ningún pilar de su arquitectura jurídico-policial haya sido derribada. Que en este tiempo se haya profundizado en la excepcionalidad mediante la enésima reforma del Código Penal, las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada, el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (¿alguien ha oído hablar de ella?) o el aumento del número de policías autonómicos antidisturbios.
Necesitamos reducir a polvo todo ese edificio y la cultura política que lo sustenta. Necesitamos recuperar nuestros derechos civiles y políticos, el derecho a la disidencia. Para mitigar las consecuencias de las injusticias ya cometidas y evitar nuevas. Para que la disidencia y la lucha social no salga tan cara en el futuro y disponer de herramientas que nos permitan plantar cara a las injusticias sociales y crear nuevas realidades.
Ese reto tiene muchos frentes. Uno, sin duda, es el de proteger a toda persona o asociación reprimida legal pero ilegítimamente por sus prácticas de lucha ilegales pero legítimas. Por eso, por Gabi, Dabid, Aritz, Unai y Walter. Por Askapena, Askapeña y Elkartruke. Por solidaridad y por nuestro propio interés, este lunes estaremos en Iruñea.
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