PANAMÁ Manifiesto del MLN-29 frente a la realidad nacional

Resumen Latinoamericano/ 30 de Septiembre 2015.-  Han transcurrido 14 meses desde que Juan Carlos Varela tomó posesión del Gobierno. Un período que ha llenado de decepciones a muchos de los que por él votaron y que ha confirmado lo que ya afirmábamos, “más de lo mismo”.Un gobierno de la élite económica

Se trata de un gobierno que responde claramente a los intereses de la élite económica, grupos de capitales reconocidos inciden directamente en sus decisiones, algunos con influencia marcada en los principales medios burgueses: Motta, González Revilla, Eisenmann, Alemán Healy, Arias, Humbert, Vallarino, entre otros.

Es otro gobierno de los 105 ultra millonarios, donde el Partido Panameñista como tal no juega ningún papel en la toma de decisiones, sino que estas se producen dentro de un poder supra que no se somete al escrutinio de las urnas.

Ese mismo poder mantiene asegurados los grandes proyectos en manos de grandes transnacionales asociadas algunas a grupos locales como CUSA, tal como ha ocurrido en los gobiernos pasados.

También, son los mismos grupos que determinan los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, Procuradurías, Contralor, juntas directivas de instituciones autónomas, semiautónomas y las empresas privatizadas, etc.

Ello, como se está viendo, favorecerá a los mismos en los grandes proyectos de infraestructura: Línea 2 y 3 del Metro, puentes sobre el Canal, nuevas carreteras, Renovación Urbana de Colón, Ciudad Hospitalaria, puertos, aeropuertos, inversión de más de 300 millones en la comarca ngabe buglé en infraestructura, interconexión con Colombia, nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros, cadena hotelera, etc.

Neoliberalismo

En tal sentido, el gobierno de Varela mantiene coherencia con el desarrollo de las políticas neoliberales y en velar por los intereses de los grupos empresariales. Si bien ha sido acusado, con justificación, en su lentitud para adoptar medidas que enfrenten los grandes problemas nacionales, debe señalarse que su agenda avanza hacia el cumplimiento de un conjunto de acciones que reclama esa élite empresarial para seguir apoderándose de recursos del Estado.

Entre estas medidas pueden mencionarse:

  • Reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que implica nuevas medidas paramétricas, entre ellas incremento de las cuotas, de su densidad, y edad de jubilación, además de privatización (ya los servicios de cardiología, diálisis y otros, han sido “externalizados”) y eliminación de los beneficiarios.
  • Unificación del Sistema de Salud, recargándole los costos a la CSS.
  • Nuevo modelo para el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), que implica privatización abierta o disfrazada (tercerización, Asociación Pública y Privada, APP; concesiones administrativas, etc.).
  • Ley de descentralización municipal, en un contexto donde en el país solo existen, si acaso, unos siete distritos “rentables” (de más de 75) y que convertirá a los municipios en cobradores e incrementadores de impuestos y donde se corre el peligro de remate de recursos naturales. Recordemos que ya sin existir esa ley, el negociado de más de 150 millones que intentó perpetrarse en Portobelo, Colón, en 2012, tras una serie de fuertes lluvias que derivaron en afectaciones varias en ese municipio.
  • Nuevas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas para seguir asegurando los grandes negociados del Estado en manos de transnacionales asociadas a grupos económicos locales.
  • Las negociaciones de Mi Bus que pondrá en manos de empresarios colombianos y los Motta, más de 260.9 millones de dólares en una transacción donde la empresa que incumplió reiteradamente el contrato, heredará al Estado panameño buses chatarras al no renovar la flota como establecía el contrato, deudas y postergadas inversiones en infraestructura. Negociación tipo la realizada por Martinelli, Varela y Alberto Vallarino de los corredores Norte y Sur.
  • El remate de los valiosos terrenos de las áreas revertidas.
  • La prolongación del actual proyecto de ampliación del Canal con un sobre costo que todavía no puede estimarse debido a que deberá esperarse qué tribunales de arbitraje internacionales, controlados por las grandes corporaciones, fallen los reclamos de los consorcios que llevan la obra, mientras que desde ya la ACP anuncia la necesidad de un IV juego de esclusas, en el que ahora se proyectan los embalses que fueron suspendidos en el III juego.
  • El proyecto de Colón Puerto Libre, en un contexto de crisis de la Zona Libre de Colón que empresarios pretenden aprovechar para que se les otorgue nuevas prerrogativas, que significará la privatización de terrenos públicos y la expulsión de población del centro de la ciudad.
  • La instauración de modelos privatizadores en educación, universidades y salud.
  • Favorecimiento de intereses privados en ampliación del aeropuerto de Tocumen, zona de tiendas (Duty Free), construcción de puertos y concesiones administrativas.
  • La importación de alimentos en detrimento del productor nacional.
  • La inscripción de Panamá en tratados de libre comercio y el peligroso Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (Tisa), además de la participación en la Alianza del Pacífico que determina su alineación con otros gobiernos conservadores y Estados Unidos a contrapelo de los proyectos integracionistas de la Patria Grande.
  • La continua militarización del país, aumento del pie de fuerza y equipos de la policía, medidas para criminalizar la protesta social, cierre de espacios democráticos, violaciones a los derechos humanos y una política de migración y seguridad nacional tutelada por Washington.

No obstante, el Gobierno de Varela no ha navegado por aguas tranquilas. La situación económica muestra estancamiento y baja en algunos sectores (Zona Libre, Canal, Turismo) enmarcada en un contexto de crisis a nivel mundial. Si bien la economía sigue creciendo en favor de una minoría, no son los mismos niveles de años pasados. Se ha tenido que seguir recurriendo a un incremento de la deuda pública que ya roza los 30 mil millones de dólares y el gobierno se muestra inoperante e ineficaz incluso desde la lógica de los mismos sectores dominantes.

Frente a ello Varela es cada vez más dócil y dependiente de los círculos de poder económico, especialmente de los financiadores de campaña, y ha tenido que ceder importantes cuotas de poder y prebendas a sectores de los partidos que antes lo adversaban, como el CD, el PRD y Molirena tal como se demostró el 1 de julio en la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea de Diputados. Es decir, a un año de las elecciones sectores del CD volvieron a la junta directiva de la asamblea y a controlar comisiones de trabajo.

Se ahonda crisis institucional

Esta situación de debilidad política ha llevado al Gobierno de Varela a abandonar su proyecto de Constituyente Paralela que prometió en campaña. Este plan concebido por grupos de la burguesía para amoldar la Constitución a los nuevos requerimientos del modelo neoliberal y ofrecer un salvavidas o un tanque de oxigeno al sistema en un ámbito de crisis institucional agravada, ha quedado en un segundo plano.

Asimismo, es poco claro la suerte que corran las reformas electorales, que, ante reglas del juego tan injustas y desiguales e insostenibles, buscan ofrecer mayor equidad y que abordan temas importantes como la publicidad electoral, el financiamiento, el número de adherentes para constituir un partido político o una candidatura independiente, entre otros.

La crisis institucional se ahonda. El Ejecutivo afronta un acelerado desgaste, la Asamblea de Diputados ofrece una imagen deplorable y qué decir de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. A ello hay que sumar al Tribunal Electoral, hoy carente de toda credibilidad por su marcada inclinación al oficialismo y los graves casos de nepotismo.

Además, hay que agregar el deterioro de los partidos políticos tradicionales, la crisis, pugnas y desprestigio que afrontan, y los sectores de la llamada sociedad civil silenciados por los nombramientos de algunos de sus más connotados representantes en el gobierno.

Justicia Selectiva

Para mantener distraída a la opinión pública y lograr alguna credibilidad el Gobierno ha seguido con el encausamiento de figuras del pasado gobierno, incluido Martinelli, en los casos de robo y corrupción.

Esto se ha convertido en un vulgar show que poco a poco ha ido perdiendo credibilidad y que es reconocido como Justicia Selectiva, en la medida que son los medios de comunicación los que hacen las veces de tribunales de justicia, donde se imponen medidas cautelares dependiendo del personaje y no del delito, y donde los cómplices de esa maleantería en 26 meses de gobierno conjunto, es decir el propio Varela, ministros y altos funcionarios actuales, así como la cúpula del Partido Panameñista, son ignorados por la justicia y los que no, reciben trato preferencial (Alberto y Bosco Vallarino, Grimaldo Córdoba, y el director de campaña de Varela, Jimmy Papadimitriu).

Y es que no es para menos, un listado de casos involucran a altos mandos panameñistas en la fechorías e imposiciones de Martinelli y su banda durante los 26 primeros meses de gobierno:

  • Ley Chorizo.
  • Ley 7%.
  • Ley Carcelazo.
  • Ley Tránsfuga.
  • Ley Pinchazos.
  • Modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas.
  • Aprobación de contratos con sobre costos.
  • Incremento de la militarización
  • Masacres y represiones contra el pueblo (Changuinola, San Félix, desalojos de comunidades, Petaquilla, etc.)
  • Persecución y juicios amarillos contra los luchadores sociales (FRENADESO, SUNTRACS)
  • Creación de bases aeronavales
  • Creación del PAN.
  • Compra de mochilas.
  • Cobranzas del Istmo.
  • Partidas circuitales.
  • Comida deshidratada.
  • Salida del Parlacen.
  • Cambios en la Procuraduría.
  • Nombramiento de Magistrados (Arjona, Moncada Luna, Harry Díaz, etc.).
  • Nombramiento de Contralora.
  • El Parque del florista
  • Tocumen S.A.
  • Venta de islas, playas, costas (Juan Hombrón, Pixvae y otros)
  • Entrega de recursos minerales (Petaquilla)
  • Compra de Corredores Norte Sur.
  • Metro Bus.
  • Cinta Costera (II y III).
  • Berlusconi-Lavitola.
  • Máquina pinchadora
  • Decreto 537 del pueblo Ngäbe

A esto deben sumarse los numerosos casos de nepotismo y corrupción en los 14 meses de gobierno de Varela.

Tampoco son investigados los miembros de la pasada asamblea, muchos de ellos reelectos con el financiamiento de más de 420 millones del PAN, en una especie de acuerdo con la CSJ donde todos los magistrados con diversas denuncias en su contra no son investigados por la Asamblea, al igual que estos, los magistrados, no investigan a los diputados.

Es importante hacer una comparación con la crisis de Guatemala. Igual que aquí, elementos de la denominada sociedad civil, políticos tradicionales excluidos de los últimos negociados del gobierno de los que antes participaron, acompañados por una fuerte campaña mediática, han logrado la renuncia del presidente, vicepresidenta y ministros de ese país, y aquí algunos sectores celebran y desean que imitemos el ejemplo.

Se trata del análisis emocional, simplista y poco reflexivo de sectores de capas medias que influyen en grupos que se denominan de izquierda y organizaciones populares, que quedan haciéndole el juego a la clase dominante (Frente Guacho). Es el análisis de sectores puritanos, supuestamente moralistas, profundamente individualistas, superficiales en el análisis, que en algunos casos se hacen llamar independientes o anti partidos políticos.

Lo de Guatemala se ha tratado de ensayar aquí con sus variantes. Se abandera una causa contra la corrupción, pero sin afectar el sistema. Y el sistema capitalista es la corrupción misma.

Al final el interés de los sectores dominantes beneficiados con esas acciones es dar la impresión de que el sistema funciona. La Asamblea juzgó a Moncada Luna. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juzgan a Martinelli (no así a los diputados que se llevaron 420 millones del PAN). El Ejecutivo hace denuncias, la Contraloría hace auditorías, el Ministerio Público supuestamente investiga, juzga y encarcela. Por ende, el “sistema funciona”. Por eso justificarán que no hay necesidad de Asamblea Constituyente, ni siquiera en su versión caricaturesca (Paralela).

Y los medios de comunicación, hacedores de falsos héroes, promueven a los cómplices de Martinelli de ayer y a los que, igual que él, hicieron lo mismo en pasados gobiernos. Los convierten en nuevos ídolos, algunos venidos en comentaristas asiduos de los medios. Son los mismos, clanes de la mafiocracia, que también saquearon y saquean las arcas del Estado, que violaron y violan los derechos humanos y que retornan a los grandes negociados del gobierno, luego de ser desplazados por Martinelli o convertidos por él en socios minoritarios.

Al igual que en Guatemala, en Panamá, los hechos demostrarán que fueron usados como tontos útiles. Una clara señal al respecto no los dan las nuevas reformas a la Ley Blindaje, toda una burla al pueblo panameño, que significan mayor impunidad para el Ejecutivo, diputados y magistrados de la CSJ, y hasta para el propio Martinelli. A la vuelta de la esquina enfrentaremos la misma situación. No hay que ir tan lejos: Las denuncias de irregularidades en contrataciones y favoritismos en el Ministerio de Vivienda (Miviot), IMA, PAN, Aeropuerto de Tocumen, Metro Bus, CSS, MEF, y otras dependencias e instituciones; los graves casos de nepotismo ampliamente conocidos y que todavía se mantienen, así lo demuestran.

Aumenta descontento

El gobierno, en ese escenario de crisis, es incapaz de aplacar el descontento social que crece a nivel nacional por la falta de respuesta a los acuciantes problemas del pueblo.

El costo de vida, la falta de agua potable, la crisis del transporte, la creciente inseguridad, los proyectos depredadores del ambiente, el deterioro de las escuelas, de la salud, la falta de viviendas, de tierras, los bajos salarios, la falta de apoyo al sector agropecuario, el incumplimiento de acuerdos con diversos sectores: educadores, trabajadores de la salud, transportistas, motivan las protestas del pueblo a diario y por doquier.

Esa incapacidad del gobierno lo ha llevado a endurecer su discurso contra el pueblo y a responder con políticas de criminalización de la protesta social, reviviendo la Ley Carcelazo que ellos mismos, los panameñistas, apoyaron en el Gobierno de Martinelli, de amenazar y chantajear a los diversos sectores en lucha.

Surgen así una serie de medidas violatorias de elementales derechos humanos, como la continuación de los denominados pinchazos o espionaje en las comunicaciones de dirigentes populares; la creación de una cárcel tipo Guantánamo en la Isla de Punta Coco que según la ONU debe desmantelarse, creada dentro de una base aeronaval en la que los gringos invirtieron más de 75 millones y que según se comenta traspasarán los prisioneros que mantienen en la base que poseen en territorio cubano; y una crisis inducida en el sistema carcelario que permite a peligros delincuentes “fugarse” por la puerta principal y que cada semana viene cobrando la vida de algún reo en prisión ejecutado por otros reclusos.

Vale mencionar la persecución y acusaciones de terroristas contra institutores luego de los lamentables hechos que casi cobran la vida de un valioso luchador social y dirigente magisterial, así como de dos jóvenes estudiantes. En su afán de dar la imagen que se actúa, las autoridades han encarcelado, sin prueba alguna y al menos por los meses que duren las investigaciones, a estudiantes menores de edad acusados absurdamente de terroristas, precedente que no podemos permitir pues de darse puede aplicarse en un futuro a otros sectores en lucha, tal como lo intentaron en el pasado.

Movimiento Popular

Los sectores populares, como hemos señalado, se mantienen luchando pero de manera dispersa. Poco a poco se van dando las condiciones para un estallido social ante el deterioro del gobierno, la dureza de las políticas económicas y el descontento popular en ascenso.

Ello requiere trabajar por la unidad en la lucha, intensificar el trabajo organizativo de base y preparar las condiciones para avanzar en la confluencia de un solo frente de lucha que permita enfrentar a los grupos dominantes en todas sus vertientes.

Debemos estar vigilantes para desenmascarar las posiciones de elementos que dentro del movimiento popular solo buscan fomentar la desconfianza y el divisionismo, haciéndole el juego a los enemigos de clases. Es importante acabar con las prácticas oportunistas que solo crean confusión en el seno del movimiento popular y de sectores de izquierda. Grupos de dudosa o nula representatividad algunos, así como la denominada sociedad civil dentro del Frente Guacho, apoyados por poderosos medios de comunicación.

Son esas prácticas y esas influencias las que han conducido a una parte de la dirigencia del movimiento popular a plegarse a sectores de derecha en el Frente Guacho, un proyecto alentado por la Embajada de Estados Unidos y por los grupos oligárquicos que apoyaron a Varela, donde justificaron su participación alegando que el enemigo fundamental era Ricardo Martinelli, un dictador para ellos.

Esa misma práctica es la que los ha llevado a las calles a marchar junto a figuras reconocidas de la reacción e impulsadores de campañas anticomunistas y mediáticas contra pueblos hermanos, particularmente Venezuela, como Cochez, Eisenmann, Milton Henríquez y compañía.

Han llegado incluso a condecorar a voceros en los medios de esos sectores reaccionarios. Y ven o buscan bondades y buenas intensiones en altos funcionarios para con ello justificar su inacción, sin entender el trasfondo del proyecto neoliberal que se impulsa.

Y han llegado a promover las llamadas candidaturas independientes con un discurso que en nada se diferencia de las posiciones de una Ana Matilde Gómez, una de las fichas de recambio de los grupos de poder económico, principalmente los Motta, sus ex patrones.

Si bien es válido reconocer que las candidaturas independientes pueden ser útiles en un contexto de lucha popular, no existe ninguna sustentación estratégica de las mismas por parte de estos sectores que las impulsan, ningún documento serio, ningún debate real entre organizaciones, y sin embargo algunos en su momento intentaron descalificar una propuesta como el FAD, que se sustentó en un planteamiento estratégico, que se debatió democráticamente y se consultó con dirigentes populares en Congresos de FRENADESO y otros espacios, por el hecho de haber adquirido su status como partido político, con mucho esfuerzo y sacrificio. Es decir, para ellos el FAD, al haber adquirido su reconocimiento legal, ya era también integrante de la partidocracia que ha reinado en Panamá después de la invasión.

Hoy, el coordinador de estos grupos en el Frente Guacho (Mariano Mena) hace parte del oficialismo como asesor del Ministro de Gobierno y varios de sus aliados de la llamada sociedad civil pasaron a engrosar la planilla gubernamental, entre ellos supuestos defensores de los derechos humanos y ambientales.

Sin la correspondiente autocrítica que estos grupos supuestamente de izquierda y del campo popular suelen pedirle a los sectores populares en lucha, y ante el marcado carácter antipopular del gobierno que en materia económica y social en nada se diferencia de Martinelli, buscan ahora jugar un papel de oposición a Varela pero conciliadores con sus aliados del gobierno.

En ese aspecto, se parecen mucho a Movin, un movimiento de grupos económicos aliados a Varela, especialmente Motta y Humbert, que pretenden desempeñar el doble rol de gobierno y oposición y reservarse como una fuerza de recambio en 2019.

Uno de los mayores daños que se le ha hecho a los sectores populares con estas conductas, es el caso del pueblo Ngäbe Buglé y su lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

Se trata de un movimiento sumamente debilitado con el Decreto 537 que permitió elegir autoridades al margen de los procesos tradicionales del pueblo Ngäbe buglé, lo que significó la cooptación de parte de sectores de su dirigencia, entre ellas la llamada cacica Silvia Carrera, hoy abiertamente aliada de Varela, la que ha recibido grandes prebendas del gobierno y del sector de poder económico (Eisenmann), incluido el nombramiento de uno de sus hijos como embajador, además de carros y emolumentos.

Pese a las advertencias y críticas de los sectores del pueblo Ngäbe identificados con FRENADESO, acerca de la traición de estas autoridades y de la dirigencia de otros grupos, estos mismos sectores hicieron caso omiso y siguieron aupándola junto a otros elementos adscritos a los partidos oligárquicos, especialmente del PRD que hasta hace poco formaba parte del Pacto de Gobernabilidad.

También han intentado crear divisionismo dentro de un movimiento comunal que en la actualidad se presenta como uno de los sectores más dinámicos y luchadores.

Son sectores totalmente fuera de brújula, que hacen llamados abstractos a la unidad como si esta se producirá mediante un decreto, pero en el fondo son profundamente sectarios, individualistas, inspirados en la ideología pequeño burguesa y al final quedan defendiendo la institucionalidad dominante. Un día quieren ser como Syriza y otro día como “Podemos”, otro día piden una “primavera” para Panamá, un país con estaciones seca y lluviosa (esta última cada vez menos) incapaces de concebir un proyecto propio, resultado de la realidad panameña y del desarrollo de la lucha de clases, ese motor de la historia que ahora ignoran, aunque en nuestro caso, reconocemos los valiosos aportes de otras experiencias a nivel internacional.

Combatir, desenmascarar denuncia, criticar y esclarecer estas prácticas oportunistas, divisionistas y desviadas, que atentan contra los esfuerzos organizativos del movimiento popular y le hacen el juego a la derecha, es una necesidad en el momento actual para evitar confusiones y avanzar realmente hacia la unidad de los luchadores sociales y de la izquierda en Panamá.

Es hora ya de levantar y fortalecer alternativas propias, realmente independientes de la clase dominante. Basta de esperar un Mesías que surja de fracciones de derecha o de una supuesta burguesía nacional que lidere cambios.

Confiamos plenamente que la madurez, la honestidad frente a los principios revolucionarios, la lealtad al legado de los mártires y héroes del pueblo coadyuvarán a superar estas lamentables diferencias.

Nuestro accionar

Aún con la debilidad del gobierno y el deterioro de los partidos políticos legalmente reconocidos, todavía no surge una fuerza capaz de erigirse como una oposición real y menos desde el campo popular.

Esto le hace suponer a algunos (y dentro del nuevo Pacto de Gobernabilidad tiemblan) que, de persistir esta situación, el descontento popular sea capitalizado por el propio Martinelli en 2019, tal como lo hizo en 2009. Sería una salida nefasta con confrontaciones mucho más peligrosas de las que sostienen actualmente estos clanes de la mafiocracia que se han alternado en el poder.

En ese sentido, es importante para los revolucionarios y patriotas intensificar las acciones para la organización y concientización de los sectores populares, fortaleciendo las instancias de coordinación y lucha del movimiento popular y retomando la inscripción de su instrumento político electoral.

Fortalecer el movimiento obrero y campesino, forjar un movimiento comunal a nivel nacional, superar las debilidades del movimiento indígena, plantear el rescate del movimiento estudiantil y juvenil (incluido el papel a desempeñar en la temática universitaria), recuperar el accionar combativo del movimiento magisterial, impulsar la lucha de la mujer trabajadora, de los trabajadores informales, son tareas primordiales en esta coyuntura.

Ello conlleva una discusión a fondo sobre cómo construir poder popular y levantar organización y plataformas de lucha a nivel local, regional y nacional que sinteticen las reivindicaciones y necesidades de cada sector en el momento actual.

Corresponde abrir los espacios de confluencia de luchas para romper con la dispersión y el aislamiento de los sectores populares que se manifiestan en las calles por diversos motivos e intereses.

Debemos prepararnos para el debate sobre los grandes problemas nacionales, especialmente en aquellos temas como la ampliación del Canal, CSS, Salud, Educación e IDAAN, donde los luchadores sociales son reconocidos como voces autorizadas por el papel jugado en pasadas coyunturas.

Más allá de la participación en elecciones, donde ni el poder estatal ni el sistema dominante están en juego, más allá de lograr cargos de elección, de proyectar posiciones y figuras en una campaña, de atraer a otros sectores en un espacio más amplio y entender a cabalidad ese trabajo amplio, el instrumento político electoral, y es lo fundamental, sirve para profundizar el trabajo de base, para coadyuvar a la construcción de poder popular, para intensificar la lucha de clases, para crear condiciones para el alcance de objetivos estratégicos.

Como ya hemos señalado, las condiciones políticas, económicas y sociales que llevaron a la decisión de inscribir el instrumento político electoral no solo se mantienen sino que se agravan. De allí que su reinscripción y la posible participación electoral, siguen siendo elementos tácticos que reforzarían la línea de trabajo y objetivos estratégicos plenamente vigentes, consistente en construir poder popular desde las bases, acumular fuerza social para el cambio, producir variaciones en la correlación de fuerzas que hagan posible la auto-convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para producir los cambios estructurales que reclama la situación económica, social y política que hoy vivimos los panameños.

Panamá, septiembre de 2015.

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