Avanzan los acuerdos de Paz para Colombia. Significativo apretón de manos de Timochenko y Santos

Por Emilio Marín / Resumen Latinoamericano /La Arena / 1 de octubre 2015.- El anfitrión fue el presidente cubano, Raúl Castro. En La Habana se dieron un apretón de manos el líder guerrillero de las FARC y el mandatario de Colombia. Para marzo de 2016 tendría que estar firmada la paz. Ojalá sea así.
La negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla que conduce Timoleón Jiménez “Timochenko” comenzó en noviembre de 2012 en La Habana. Cuba y Noruega son los garantes, y Venezuela y Chile los facilitadores.
Superando varios obstáculos -el principal es la continuidad del conflicto armado en Colombia mientras en el Palacio de las Convenciones se negocia la paz- se fueron logrando tres acuerdos básicos: “Desarrollo agrario integral”, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Participación política”.
Ahora rubricaron el cuarto, de los más problemáticos: la justicia transicional luego que hipotéticamente finalice el conflicto que ensangrentó el país en los últimos cincuenta años.
Es fácil colegir la complejidad de ese asunto. Es que la pregunta del millón, agitada por la derecha colombiana, era: ¿qué pasará con los guerrilleros una vez que dejen las armas, irán a la cárcel o serán diputados? Y desde la vereda opuesta se hacían el mismo interrogante para con los jefes militares y los paramilitares, los mayores responsables del derramamiento de sangre. ¿Pagarían por sus crímenes o seguirían con la impunidad de siempre?
No es que todas las preguntas hayan sido respondidas, pero al menos hay un guión sobre cómo se va a proceder en este asunto clave. Que se cumpla o no, eso es harina de otro costal.
El aspecto formal fue alentador. Con Raúl Castro al medio, Santos y Timochenko se estrecharon las diestras, con una sonrisa más franca del segundo y más recatada en el primero. Los tres hablaron para el periodismo cubano e internacional. Castro ratificó que pueden seguir contando con Cuba para la negociación de paz hasta el final. Los dos contrincantes reivindicaron lo suscripto y manifestaron intención de apresurar los pasos hasta el acuerdo final, que sería firmado antes de los seis meses que vencen el 23 de marzo de 2016.Justicia transicional
Habrá amnistías para la mayor parte de quienes intervinieron en el conflicto armado, en cuanto a los delitos políticos y conexos. Sobre ese tópico no hubo grandes diferencias, porque cuando finalizan este tipo de enfrentamientos se dictan medidas por el estilo. Eso beneficia a la tropa y combatientes de media y baja responsabilidad.
A la vez se estableció que no serán objeto de amnistía los delitos de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra.
Sobre el particular, los guerrilleros aceptan ser juzgados, con todas las garantías del debido proceso por una justicia nueva que tendrá sus propios tribunales nacionales con asesoramiento de algunos juristas extranjeros que van a integrar una Comisión de la Verdad. Los hombres y mujeres de las FARC creen que superarán bien esas acusaciones porque -como regla general- ellos resistieron a los victimarios de estas décadas en que murieron 220.000 personas y desaparecieron otras 25.000.
Los miembros del Ejército y fuerzas policiales y de seguridad del Estado también tendrán que rendir cuentas. Paradojalmente como son los que más gente asesinaron y desaparecieron, con delitos de lesa humanidad, pueden ser los más beneficiados del acuerdo habanero.
Es que se establece para los delitos graves una pena de entre cinco y ocho años, si que el imputado reconoce la autoría y ofrece reparación a las víctimas, que podría ser con trabajo comunitario en las zonas rurales.
Los involucrados que no admitan su responsabilidad y vayan a juicio pueden ser condenados por el tribunal a una pena de hasta 20 años y en establecimientos penitenciarios. Este no será el destino de los ubicados en la otra categoría, que tendrían simplemente “restricción de libertad” pero no en la cárcel.

“¿Yo también?”
Uno de los aspectos más rescatables de los acuerdos del 23 de setiembre es que no sólo van a ser juzgados los que intervinieron en la guerra interna -siempre atizada desde el Pentágono y el Comando Sur- sino también los empresarios y civiles que desencadenaron esas guerras y aprovecharon para engrosar sus negocios, incluidos el narcotráfico.
Claro que una cosa es admitir en los papeles que esos empresarios y gobernantes deban rendir cuentas ante la justicia transicional, y otra diferente que ello ocurra realmente.
Es que hay algunos pesos pesados que van a resistir esa eventualidad. Por ejemplo, el ex presidente Álvaro Uribe, que durante sus dos mandatos fue el responsable de la mayor parte de los bombardeos, desapariciones, muertes de los “falsos positivos”, etc, está siendo objeto de miradas como posible encartado.
Lo suyo se agrava porque como gobernador de Antioquía fue acusado de relación con el narcotráfico. “Quieren meterme en la cárcel y entregar el país a las FARC”, clama ese ex niño mimado del imperio y el “Plan Colombia”.
El miedo de Uribe no es sonso. El fiscal general, Eduardo Montealegre, ratificó que el actual senador podría ser juzgado por un tribunal de justicia transicional, debido a sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, reseñó Caracol Radio.
En caso hipotético que fuera condenado por paramilitarismo en la justicia ordinaria, su pena puede ser hasta de 10 años de cárcel efectiva. “Con la justicia restaurativa acordada entre las partes beligerantes pudiera tener acceso a otros beneficios”, evaluó Montealegre.
Además de esos vínculos con el paramilitarismo, ya como presidente en la Casa de Nariño, entre 2006 y 2010 ocurrieron ejecuciones extrajudiciales de civiles. Eran informados como dados de baja en combate y así ganaban sus ascensos y premios los oficiales uribistas.
¿Será posible llevar a juicio y condena al actual senador? El cronista lo duda seriamente, toda vez que es el líder de Centro Democrático, una fracción política de las clases dominantes. El enviado norteamericano Ben Aronson, que tiene relación con las negociaciones de paz en La Habana, auspició reuniones entre Uribe y Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del gobierno. Seguramente fue para ofrecerle algunas garantías de que con él no será la cosa.
¿Y si no es Uribe, quién rendirá cuentas por parte del establecimiento (estado), por crímenes cometidos por sus fuerzas armadas y los paramilitares?

Papeles y realidades
Los documentos firmados por los negociadores en Cuba se van acumulando, en una espiral prometedora. A los ya referidos sobre “Desarrollo agrario integral”, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Participación política” se sumó el 23/9 el de “La justicia transicional y la reparación de las víctimas”. De la agenda previa restaría resolver la “Implementación, verificación y refrendación del acuerdo y el fin del conflicto”.
Como los anteriores, tampoco este tópico será de fácil solución porque alude a aspectos concretos para llevar a la práctica los acuerdos. Y porque incluye el tema clave de cómo se refrendará lo negociado en Cuba, por parte de la población colombiana. ¿Será en una votación especial tipo referendo o se incluirá en una ley que se incorpore como reforma constitucional? Aquí también hay diferencias profundas entre las partes, porque las FARC insisten en que se convoque a una Asamblea Constituyente, que el gobierno de Santos no quiere.
Si hubiera acuerdo en todo, tal como lo desearon ambas partes, a partir de la firma de la paz correrían los 60 días dentro de los que la guerrilla tendría que hacer “dejación de armas”. La expresión alude a algo distinto de “entrega” de las mismas, que hubiera sido una suerte de rendición o derrota, que no será tal.
Las FARC se reconvertirán en un movimiento político, según declaró Timochenko en la conferencia de prensa posterior a su comparecencia con Santos y Castro. Claro que esa reconversión requerirá que la fuerza pública respete las garantías para sus dirigentes y militantes, alcancen o no los curules en el Congreso, y se desarmen efectivamente los grupos paramilitares o Bacrim (Bandas criminales). De lo contrario podría repetirse la historia de las masacres que aniquilaron en 1986 a miles de miembros de Unión Patriótica.
Aún suponiendo que el sistema político digiera la inserción de las FARC reconvertidas en movimiento legal, quedarán pendientes cómo serán las condenas de la justicia transicional respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidas básicamente por el Estado y la oligarquía local.
También estarán irresueltos asuntos de la economía, aún dentro de los acuerdos ya firmados. Por caso, en lo referente a la cuestión agraria, las FARC hicieron saber en su momento que falta precisar medidas contra el latifundio y límites a la propiedad extranjera. En el fondo, el conflicto armado colombiano tuvo por motor esa diferencia abismal entre latifundistas de una parte y la necesidad campesina de tierra.
Por último, resulta clave saber qué será de las Fuerzas Militares, hasta ahora dependientes de aquella clase dominante y educadas en las doctrinas norteamericanas de seguridad. El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, anunció una “nueva” doctrina de seguridad, inspirada en la OTAN y poco permeable a los cambios negociados desde 2012 en La Habana. Esos serán fusiles poco confiables y poco democráticos.