Paraguay. Campesinos condenados por delito que no cometieron/ Los pobres van a la cárcel

Por Fabricio Arnella/ Resumen Latinoamericano/ 16 de Septiembre 2015.-“Los seis campesinos fueron condenados por un delito que no cometieron”

Eduardo Soares, abogado argentino que acompañó el caso de los seis campesinos condenados por el caso Cecilia Cubas, conversó al respecto con el programa “Mandioca Radioactiva”, emitido por Radio Sur de Buenos Aires.

Soares es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional. En la Argentina llevó adelante la defensa de los militantes paraguayos Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón en el juicio que concluyó con la extradición a nuestro país y una posterior condena en el 2012 a 35 años de prisión.

Expresó que el caso de los seis campesinos paraguayos es una de las situaciones jurídico-políticas que más ha ofendido a la dignidad de los que luchan por la solidaridad con los hermanos de Nuestra América. “El caso de los seis nos agrede, nos duele porque además, en el poco tiempo que estuvieron los seis acá se convirtieron en hermanos nuestros”, afirmó.

Recordó que la mayoría de ellos pertenecía al Partido Patria Libre, que “a inicios de la década pasada sufrió enormes agresiones y represión por parte del Estado, incluido el secuestro y tortura de sus dirigentes, hoy con asilo político del Estado brasilero. Otros exdirigentes de PPL se encuentran asilados en Bolivia”.

“En ese marco fueron acusados de un delito que no cometieron, el secuestro y muerte de la hija del expresidente Raúl Cubas, involucrado en una interna durísima del Partido Colorado que desembocó en la muerte de Luis María Argaña y la masacre de la plaza”, explicó.

“Los seis fueron involucrados en una causa en la que el propio juez, Pedro Mayor Martínez, los libera afirmando que no tienen nada que ver con los hechos”. “El propio juez, Mayor Martínez, fue testigo en el juicio de extradición reafirmando sus expresiones”, añadió.

Soares relató parte de las numerosas irregularidades cometidas en connivencia entre las autoridades paraguayas y argentinas en el proceso de detención y extradición de los seis campesinos. Mencionó que en la sentencia de extradición, el juez Ariel Lijo reconoció que la defensa probó que en Paraguay hay tortura, pero luego desestimó el hecho. Además, el gobierno paraguayo se comprometió a computar el tiempo de prisión de los seis en Argentina en una eventual condena en Paraguay, pero no cumplió.

“En Paraguay los agarró la justicia del Partido Colorado. Sandra Quiñónez y Rogelio Ortúzar fueron los fiscales de un juicio totalmente amañado. Los colegas paraguayos hicieron un gran trabajo, pero es imposible pelear contra una sentencia cantada por una justicia manejada por la oligarquía paraguaya. Ahora están en Paraguay agotando ya todas las instancias ante la Corte Suprema y nosotros nos vamos a encargar del tema ante el sistema interamericano. La gremial de abogados no va a dejar solos a estos compañeros, vamos a pelear por su libertad con todas las herramientas políticas y jurídicas a nuestro alcance”, concluyó.

Para escuchar el audio de la entrevista haga click aquí.

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Los pobres van a la cárcel

 

Investigaciones y experiencias dan cuenta de la necesidad de replantearse la Política de Justicia en el Paraguay en un contexto en el que la frase “Criminalización de la pobreza” cobra fuerza con datos concretos.

Redacción Paraguay.com

No se sabe si «los pobres van al cielo» como dicen los cristianos, sí existen evidencias sobre las cárceles del Paraguay pobladas de gente pobre.

Existen 16 cárceles en todo el Paraguay. ¿De dónde provienen los que pueblan las cárceles del país? Un estudio presentado por el sociólogo  Luis Galeano Monti mapea los barrios de Asunción de dónde provienen las personas que ingresan a las cárceles y son de Asunción: Ricardo Brugada, Barrio Obrero, Santisima Trinidad, Bañado, Tacumbù, Sajonia, Roberto L. Petit, Santa Ana, San Pablo y Villa Aurelia.

 

“¿Solo algunos barrios cometen delitos? ¿Solo las clases más humildes son delincuentes? ¿No hay delincuentes en Carmelitas o en Recoleta?”, pregunta el investigador de Enfoque Territorialante unas 200 personas –la mayoría funcionarios del Poder Judicial- participantes en el “Primer Seminario de Criminalización de la Pobreza en Paraguay: Análisis y Reflexión desde los Derechos Humanos”. El seminario reúne a investigadores del sistema penal en Paraguay y referentes sociales del bañado, que pisan por primera vez el auditorio del Palacio de Justicia de Asunción como “expositores”.

La población carcelaria aproximada hasta diciembre de 2014 es de11.001 personas y teniendo en cuenta que el promedio de crecimiento anual de la población desde el 2010 al 2014 es de más de 1200 personas, la población actual rondaría las 12 mil personas. ¿Cuántas de esas personas provienen de familias ricas o barrios ricos? Las pocas investigaciones en esta área dan cuenta que quienes permanecen en el encierro provienen de los sectores más empobrecidos del Paraguay.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2014, Paraguay posee una población de 6.780.504, de los cuales unos 1.530.381 son pobres y de ese grupo,  unas  710.173 personas están en situación de miseria, es decir, no pueden completar las tres comidas al día.

 

¿Por qué van a las cárceles?

Camilo Torres, funcionario del Poder Judicial expone sobre “La situación de los adolescentes privados de libertad en Paraguay” y sostiene que:  “Los hechos punibles cometidos con más frecuencia son Hurto Agravado 15% y Robo Agravado 15%. Además un 7% de los ingresos guardan relación con la tenencia y comercialización de estupefaciente”. Estos tres delitos juntos hacen un porcentaje de 37% de las causas de ingreso al sistema penal de los adolescentes, es decir, más que los hechos punibles contra la seguridad de las personas 31%.

“Entre agosto a diciembre del 2014 ingresaron 93 casos, mientras que en el 2015, en el mismo periodo ingresaron 206 casos en el Sistema de Justicia Restaurativa”, expone. Es decir, más adolescentes ingresan a la cárcel este año.

La justicia como prevención o cárceles: dos miradas necesarias

Analizar y debatir acerca de quiénes son las personas que son sometidas a la Justicia Penal paraguaya y derivadas a los centros de reclusión implica plantearse lo que el sistema de justicia hoy ofrece a sus ciudadanos: justicia social o cárceles. Hoy el presupuesto en Penitenciarías y Centros Educativos –como los de Itauguá- rondan los 12 millones de dólares, mientras que el presupuesto del Centro Nacional de Control de Adicciones está lejos de los 2 millones de dólares. En el país, existen un total de 30 plazas para desintoxicación de personas adictas.

La justicia es un problema político cuando el presupuesto implica mucha inversión de dinero en fuerzas represivas y programas punitivos mientras la desigualdad crece a expensas de fallas en el sistema judicial. Por ejemplo: el acceso a la tierra. Una falla del sistema de justicia se evidencia en las dobles y triples titulaciones de las tierras y en el encarcelamiento o persecución de todo quién ose a denunciar las tierras malhabidas. Según algunos estudios, en el registro de catastro están “tituladas” hoy más tierras de lo que el Paraguay posee oficialmente como superficie. Es decir, existen títulos de “dos y tres pisos”, al decir de Ramón Fogel, otro sociologo paraguayo.

José Galeano Monti es máster en servicios públicos y políticas sociales por la Universidad de Salamanca y en su trabajo señala algunos datos sobre la “desigualdad en el acceso y la distribución de la tierra” que amplía la necesaria discusión sobre la justicia social:

-De 1991 y 2008, el valor bruto de la producción familiar se redujo de 70% a 32%.

-El indicador Gini de desigualdad de la tierra se incrementó de 0,91 a 0,93, siendo así el más elevado del mundo.

-Desde el año 1954 al 2003 se regalaron 7.851.295 hectáreas a 1.000 personas (CVJ, 2008), lo que representa el 20% del total del territorio paraguayo en manos del 0,00015% de los y las paraguayos.

El primer seminario sobre la Criminalización de la Pobreza en Paraguay plantea un debate necesario como sociedad sobre una de las funciones fundamentales que se le asigna al Estado: la administración de la Justicia,  que en Paraguay literalmente constituye “la violencia legítimada”. La organización del encuentro corresponde a la organización de  Enfoque Territorial, con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, la Red De Derechos Humanos Del Poder Ejecutivo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura e  INECIP-Py

 

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