Venezuela-Colombia. Dos excelentes aportes: ¿Crisis de la frontera ó crisis social colombiana?/ La crisis en la frontera …

Por Javier Calderón Castillo/ Resumen Latinoamericano/ Marcha Patriótica/ 10 de Sept. 2015.- El cierre de la frontera colombo-venezolana en el paso del Puente Internacional Simón Bolívar, al igual que la promulgación del estado de excepción en 5 municipios del Estado Tachira en Venezuela está siendo mostrada por la prensa hegemónica como un ataque a Colombia y a los colombianos. Más allá de las matrices mediáticas, la medida tomada por el presidente Maduro ha desnudado un problema profundo generado por dos modelos distintos de proyecto político-económico: el colombiano, profundamente neoliberal, represivo y contrainsurgente, que tiene al paramilitarismo como su estrategia; y el venezolano, un proyecto posneoliberal, distribuidor de la riqueza y que tiene como fundamento la alianza pueblo-fuerzas armadas.
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Para entender lo que esta ocurriendo, es preciso recordar que en 1999, en los preparativos del Plan Colombia, fueron desplegados más de 5 mil paramilitares al mando del temible Mancuso, perpetrando masacres, amenazas y tomando control sobre la política departamental. Mataron o desplazaron al movimiento social y popular, se tomaron la seguridad privada de los barrios, copando la economía fronteriza y la política local, todo con el apoyo de las fuerzas armadas estatales y por los planes de guerra consignados en los manuales contrainsurgentes y antipopulares dictados desde Estados Unidos.

Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de la frontera, la pobreza es la regla en los departamentos (provincias) de Norte de Santander, la Guajira, Arauca, Vichada, no han llegado políticas de generación de empleo digno, de mejoramiento de la salud, de ampliación de la cobertura y calidad de la educación, ni mucho menos se ha ampliado la democracia. Todo lo contrario, desde la política central y local se han permitido los dominios de los prestamistas, usureros, traficantes de seres humanos, narcotraficantes, contrabandistas, entre otros. Una política de frontera que obliga a los colombianos de esas regiones exigir a Miraflores lo que no le exige a la Casa de Nariño.

Lo que ha generado un impacto negativo en la economía venezolana y ha ocultado la ausencia de políticas sociales redestributivas en la frontera. Una dinámica delictiva liderada por el narco-paramilitarismo colombiano, que ha generado una cadena de corrupción con ganancias exhorbitantes, según el presidente de la federación de productores avicolas- FENAVI de Colombia, al mes ingresan del vecino país alrededor de 1500 toneladas de pollo de contrabando (Sandoval: 2015), en 2006 entraban al país ilegalmente cerca de 672.000 galones de gasolina provenientes de Venezuela (Revista Semana, 2006), lo cual permite dimensionar el negocio que tiene una cadena de valor y corrupción que llega hasta las estaciones de gasolina en Colombia ( Egea: 2013, pág. 97)[1].

Pero la acción narco-paramiltar no es sólo económica. Con la llamada Parapolítica en Colombia quedó demostrada la estrecha relación de políticos de derecha colombianos con el poder narco que ostentan los paramilitares, una estrategia de poder territorial que se extendió en todos los departamentos de frontera y que se irradia hacía Venezuela en la forma de injerencia extranjera en la política Venezolana (El Tiempo; infografía: 2009), ¿es casualidad que de los 335 municipios que tiene Venezuela la oposisición gobierne en 68, y que de estos 68,32% estén en la frontera con Colombia?; los hechos nos indican que no es casual, que corresponde a una política apoyada por la derecha colombiana y en especial por el extremista Alvaro Uribe Vélez.

El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano, es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano, no las políticas venezolanas. Desde Colombia el gobierno y la prensa hegemónica le exige a los vecinos que respeten los derechos humanos de los migrantes, cuando el gobierno colombiano viola sistemáticamente el de su propia población; le exigen a Venezuela no cerrar la frontera, porque allí los colombianos reciben salud, educación y sobreviven de los negocios generados por el contrabando de la gasolina, con la comida subsidiada de MERCAL y PDVAL, entre otras cosas. El gobierno colombiano y los medios hegemónicos le exigen a Venezuela otorgar derechos a la población colombiana, que el gobierno neogranadino no le otorga a los cucuteños ni a ningún otro colombiano.

El presidente Santos hace uso del negacionismo, cuando minimiza el exodo de colombianos/as hacía Venezuela. En el país vecino hay más de 300 mil refugiados o peticionarios de refugio desplazados por el paramilitarismo, y más 3.5 millones de migrantes o exiliados de la crisis social y económica colombiana. Muchos colombianos tuvieron casa propia por la misión vivienda Venezuela, tuvieron estudios superiores por la misión Miranda, todos quieren la ciudadanía venezolana para que les llegue algo de bienestar que nunca les ha llegado de Bogotá.

Santos y la derecha colombiana, niegan cinicamente la existencia del paramilitarismo, pero sigue siendo una política de Estado, apoyada por empresarios y terratenientes que pretenden mantenerse en el poder a sangre y fuego, como lo demuestran los hechos. Estos paramilitares representan los sectores del poder que no quieren la paz con justicia social, los que pretenden seguir encendiendo las fronteras para promover una crisis en Venezuela que ponga en jaque a la región y con ello los mismos diálogos de paz, en los que el país vecino actúa como facilitador, y ha jugado un papel central como acompañante del sueño de la solución política al conflicto que moviliza al pueblo colombiano.

El Estado colombiano se debe hacer cargo del subsidio a la gasolina en la frontera, de la atención médica integral y gratuita de la población, de las políticas de empleo digno y bien remunerado, que subsidie los alimentos, que genere planes de vivienda social, que amplíe la oferta educativa estatal en todos sus niveles. Que el Estado nacional se haga cargo de los derechos de los habitantes de la frontera con venezuela es una tarea del movimiento político y social colombiano que está emergiendo como alternativa. Hay que lograr tener un gobierno que genere tantos derechos sociales en Colombia, que viajar a Venezuela, o cualquier otro país, sea una opción de turismo o de movilidad y no la única opción para vivir dignamente. Eso sólo será posible cuando se derrote al neoliberalismo.

El gobierno Venezolano debería incluir al movimiento popular y social colombiano en la búsqueda de soluciones a lo que se ha denominado crisis fronteriza, generar un puente real con los proyectos latinoamericanistas en Colombia que trabajan en búsqueda de una sociedad posneoliberal. El pueblo venezolano y colombiano son hermanos y no pueden permitir que broten distancias entre dos naciones que son las dos alas del mismo ideario bolivariano, la diplomacia de los pueblos puede convertirse en la alternativa para luchar conjuntamente contra el paramilitarismo y el neoliberalismo que padecen los colombianos y que se pretende imponer en Venezuela.

La crisis que existe entonces es la pobreza generalizada en Colombia, producto del modelo neoliberal y la represión sistemática. La crisis es entre dos modelos antagónicos que están en disputa en toda nuestra américa.

Por Javier Calderón Castillo

Marcha Patriótica Internacional

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 SOBRE LA CRISIS EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Por Hubert Ballesteros Gómez – Prisionero político del régimen colombiano.

Cárcel La Picota Pabellón de Alta seguridad septiembre 2 de 2015

 unnamedDEL OPORTUNISMO OFICIAL, LA ULTRADERECHA Y OTRAS YERBAS

La situación que se viene presentado en la frontera colombo-venezolana, no es un asunto que alegre a nadie; ni ha colombian@s ni a venezolan@s.

Los grandes medios de comunicación de Colombia acostumbrados como están, a moldear la llamada “opinión pública” a favor de los intereses del régimen oligárquico que nos gobierna, se han encargado de posicionar de manera maniquea la noticia, presentado al gobierno del presidente Nicolás Maduro como el verdugo y a los colombianos y a su gobierno como las víctimas de una decisión perversa y carente de toda lógica y razón.

Lo verdaderamente perverso y vergonzoso en toda esta lamentable situación, es la manera como el gobierno colombiano en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos, su Canciller María Ángela Holguín, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la ultra derecha del centro democrático y los grandes medios de desinformación como Caracol, RCN, CM&, Noticias Uno, NTN 24, Blu Radio, la W, El Tiempo y todos aquellos medios que sirven de caja de resonancia a los intereses del establecimiento, han venido mostrando lo que se vive por parte de este grupo de colombianos.

Antes de entrar en juicios de valor y de inscribirse en el círculo maquiavélico del establecimiento, es importante hacer historia, documentarse y analizar las causas que llevaron a tan elevado número de compatriotas a abandonar el país y buscar mejor suerte donde nuestro vecino; de igual manera no se pueden pasar por alto las razones del gobierno de la república Bolivariana de Venezuela para adoptar las medidas que por supuesto están afectando a nuestros connacionales.

En primer lugar, lo que viene ocurriendo en la frontera Nor-Oriental de nuestro país, es solo parte y continuidad de un drama mayor, generado por quienes hoy vociferan y quieren aparecer como los defensores de nuestro pueblo y guardianes supremos de la dignidad y la soberanía nacional, pretendiendo además que se les reconozca en el concierto internacional como los adalides en la defensa y el respeto a los Derechos Humanos.

Nuestra ingenuidad o amnesia, no debe llevarnos al punto de olvidar que es el Estado colombiano el responsable de más de seis millones de desplazados internos, de cientos de miles de asesinatos en contubernio con las bandas paramilitares que actúan no solo con su complacencia sino bajo sus órdenes; ¿o es que acaso los políticos, los militares, policías y empresarios que entregan las listas de personas para que sean asesinadas no pertenecen o tienen relación alguna con el Estado? Yo particularmente pienso que sí.

Sería bueno que los grandes medios de desinformación, nos dijeran por qué además de los millones de desplazados internos tenemos a millones de emigrantes repartidos por el mundo. Claro, no lo dirán porque son plenamente conscientes de que muchos de ellos han huido de la violencia y la persecución estatal y muchísimos otros, huyendo de la pobreza en que ésta oligarquía parásita y criminal ha sumido a nuestro pueblo, miseria que representa una de las peores formas de la violencia del Estado.

Igualmente resulta paradójico ver como en la matriz de opinión se posiciona como criminal el falso hecho de que se esté señalando a todos los colombianos habitantes de la frontera de ser paramilitares, siendo que el silencio ha sido absoluto frente a los señalamientos que a diario tienen como objetivo a campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, líderes y lideresas de diversos sectores sociales y populares, quienes no solamente son tildados de guerrilleros y facinerosos sino que son llevados a la cárcel, asesinados, amenazados, desplazados y perseguidos en una diversidad de formas que se corresponden con una práctica sistemática que tiene como propósito último aniquilar la posibilidad de ejercer el derecho a la oposición política en Colombia. Claro queda que en este país no interesa a los medios de comunicación evidenciar la verdadera persecución que ante las legítimas expresiones del descontento, responde con balas y muerte.

Por otro lado, niega la oligarquía colombiana hacer parte de un entramado golpista contra el gobierno Bolivariano, pero es obvio que están comprometidos con la política de Washington y la derecha golpista venezolana. No de otra manera se explica la falta de objetividad en la información que esconde deliberadamente datos que le permitirían a los oyentes y televidentes colombianos hacerse una opinión objetiva, mucho más amplia y serena sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, que sería de la matriz de la opinión si en ella se ubicaran interrogantes como los siguientes:

¿Por qué en el Estado Táchira y en particular en San Antonio se consume más gasolina que en Caracas? ¿Por qué la demanda de alimentos y mercancías que Venezuela produce o importa con precios subsidiados es más alta en Táchira que en la capital Venezolana? La razón es evidente, las bandas de contrabandistas hoy contraladas por paramilitares desangran la economía venezolana y así como en décadas anteriores se les dio en nuestro territorio patente de corso, para traficar con drogas con el objetivo de que sirvieran de herramienta para-estatal para perseguir y aniquilar a la oposición política, hoy se les extiende esta misma patente para que controlen el comercio ilegal en la frontera, afectando así la economía y la paz social de los venezolanos.

Para nadie es un secreto que las bandas paramilitares que hoy el gobierno denomina como BACRIM, controlan también en las ciudades colombianas no solo la economía del narco y microtráfico, sino que también influyen mediante monopolios armados la economía legal de muchos productos en las plazas de mercado y en los barrios de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla para citar solo algunos ejemplos. Éste modelo es el que sin duda, se aplica en la frontera, fenómeno conocido por las autoridades colombianas, quienes cínicamente se niegan a combatirlo.

Con éste modelo, seguramente, muchas de las familias que han sido deportadas o que han tenido que salir ante la situación presentada, han estado siendo revictimizadas por estos grupos que los obligan a trabajar para ellos, dejando a los denominados bachaqueros, tan sólo lo mínimo para su subsistencia.

Al apreciar las condiciones de pobreza en que han vivido y en que regresan nuestros compatriotas cabe preguntarse ¿Quién se queda con las multimillonarias ganancias del contrabando? ¿Por qué estos temas no son del interés de los medios de comunicación en sus “investigaciones”? ¿Por qué omiten decir en sus “objetivas informaciones” que las medidas del Gobierno Bolivariano de Venezuela se están aplicando tan solo en 120 kilómetros de los más de 1.200 que constituyen la frontera común? La posición es apenas lógica, si se entiende que esta proviene están y han estado siempre empeñados en hiperbolizar las dificultades que tiene nuestro hermano vecino y en ocultar y negar sus logros, buscando generar la sensación de que el gobierno venezolano, es un régimen xenófobo creando la impresión que allá se está persiguiendo a todos los colombianos, cuando los deportados y los que han salido por considerar que su permanencia puede ser irregular son una ínfima minoría frente a los más de cinco millones de colombianos que viven en ese país. Y no es que lo que les viene ocurriendo a este grupo de nacionales colombianos en ese territorio no sea lamentable, pero es mucho más lamentable ver como funcionarios del gobierno colombiano, miembros vergonzantes de la ultra derecha y los medios de comunicación aprovechan la situación para sacar dividendos políticos en época electoral que solo tienen por objetivo esconder las lacras de nuestro sistema económico y político y contribuir con la política gringa en alianza con la derecha venezolana hacia la desestabilización del régimen Chavista, en una clara y absoluta falta de decoro y respeto por la autodeterminación de los pueblos.

¡No señores del gobierno! ¡No señores de la ultraderecha colombiana! ¡No señores hipócritas de los grandes medios de desinformación, faltos de ética y respeto por el ejercicio periodístico! No será mediante la mentira, y la tergiversación de los hechos lamentables que les están ocurriendo a nuestros compatriotas en la frontera como resolverán los problemas de nuestro país y los de los millones de colombianos que abandonan nuestro suelo buscando nuevas oportunidades.

Será mediante la adopción de profundas reformas a nuestro sistema económico y político, será desmontando todo el entramado criminal paramilitar que actúa con la complacencia y el apoyo de muchos estamentos del Estado, y será mediante la firma de un acuerdo de paz que siente las bases para la construcción de la justicia social.

Colombian@s, no permitamos que nuestra opinión sea moldeada por los grandes medios que dedican horas y horas, días y días a repetir una versión acomodada y falseada de los hechos, miremos nuestra historia, examinémonos como sociedad y busquemos los verdaderos responsables de las desgracias y de las dificultades que hoy viven nuestros compatriotas en la frontera. Un análisis serio, objetivo y no manipulado, nos debe llevar a la innegable conclusión de que aquí, quien debe cambiar y quien es el verdadero responsable, es el régimen colombiano.

¡No permitamos que nos pongan a buscar el ahogado río arriba ni la fiebre en las sábanas!

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