URUGUAY Golpes y torturas a menores encarcelados: cuestionan rol jugado por sindicalista

Por Leandro Grille / Resumen Latinoamericano / Caras y Caretas / ago 06, 2015 .-   El video, revelado por el diario El Observador, de la golpiza a la que fueron sometidos varios jóvenes internos del Hogar Ceprili del Sirpa por una verdadera patota ante la mirada cómplice del dirigente del sindicato de INAU y de COFE, amén de vicepresidente del Pit-Cnt Joselo López, nos exime a todos de aportar más pruebas, opiniones y comentarios. La Justicia deberá estudiar la denuncia presentada por la directora Gabriela Fulco, iniciar una investigación y citar a todos los involucrados, incluyendo a los menores internos que son, indudablemente, las primeras víctimas de un maltrato que no sólo no es nuevo ni es un hecho aislado, sino que es una parte constitutiva de los sistemas de reclusión, tanto para jóvenes como para adultos. La sistemática violación de los derechos humanos de los niños recluidos ha sido denunciada tanto por internos y sus familiares como por organizaciones no gubernamentales a lo largo de los años, así como por trabajadores y ex trabajadores de INAU y hasta por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a partir de diversas inspecciones que merecieron informes pormenorizados y, en algunos casos, lapidarios.

En primerísimo lugar hay que aplaudir a la directora Fulco, porque hizo lo correcto al denunciar semejante tropelía y, gracias a esa valiente decisión, será en el ámbito judicial, con todas las garantías y sin prejuicios de ningún tipo, donde deberán dirimirse las responsabilidades penales. Pero hay otras responsabilidades, las funcionariales, que deben establecerse en el seno de la administración por las autoridades correspondientes, procediendo a una investigación sumarial seria, rápida y contundente, muy probablemente acompañada de separación del cargo de todos los que participaron en este hecho bochornoso, que afortunadamente ha salido a la luz pública y no ha recorrido las catacumbas del ocultamiento.

Y hay responsabilidades políticas. Responsabilidades que deben ser asumidas con todas sus consecuencias por el sindicato de trabajadores de INAU y por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Si al día de hoy, transcurrida la jornada de paro general, el señor Joselo López no ha presentado su renuncia indeclinable a la dirección del Pit-Cnt y a su vicepresidencia, entonces es mentira que la principal herramienta de los trabajadores de este país sea motivo de sus desvelos. Porque es infinito el daño que le provoca con su sola presencia. Es un contaminante. Su conducta y su complicidad produce repugnancia, ya no en el enemigo de clase ni en lo medios de la derecha, induce el asco de los compañeros, de los jóvenes, de los mismísimos trabajadores, de todos los militantes sociales y políticos de las fuerzas progresistas. No puede ser tratado como compañero, un represor de jóvenes internos del INAU. No puede ser aceptada ninguna de sus justificaciones, cargadas de una axiología mafiosa propia de pandilleros que elevan a la categoría de valor ideológico la represalia patoteril de presuntas agresiones recibidas por sus compinches.

El Pit-Cnt se enfrenta a un complejo desafío. Claramente no es sencillo manejar el problema que supone que el vicepresidente de la central, designado recientemente por el Congreso más participativo de la historia, se vea otra vez involucrado en actos repudiables, y esta vez con pruebas que sólo pueden ser refutadas desde el cinismo. Sin embargo, no cabe otra que abordarlo sin miramientos. Los dirigentes obreros no pueden esquivarlo. Ningún principio fraterno o corporativo puede erigirse sobre los escombros de otros principios tan básicos o más que aquellos: y es un principio no tolerar la vulneración de la integridad y los derechos de niños y adolescentes, aunque se encuentren privados de libertad o por más que hubieren cometidos crímenes graves. Los protagonistas de estos actos vergonzosos han traicionado la causa última de los trabajadores, que es la construcción de una sociedad nueva, cuya forja reclama, ante todo, coraje, humanismo y sensibilidad. No cobardía, sadismo e indolencia. Por eso deben ser tratados como traidores. Nadie debería confundirse. Ni siquiera la histórica y estratégica unidad de los trabajadores está por encima de los derechos humanos de un solo niño o adolescente del INAU.

Denuncias de tortura a menores en el Inau

La ONU y la OEA hace ya tiempo que se muestran críticas con el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La relatora de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU, Sara Oviedo, ya había advertido en enero de este año que el Sirpa «no responde a un enfoque de derechos humanos o de derechos del niño».

07 ago 2015

Y Rosa María Ortiz, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le dijo en septiembre del año pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que «por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER». «Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas», sostuvo Ortiz. La especialista consideró que en Uruguay hay una excesiva «institucionalización» de jóvenes.

Un informe del Comité contra la Tortura de ONU, publicado el 23 de mayo de 2014, señalaba que » los casos de malos tratos (en hogares del Sirpa) documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como «el paquetito» (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros». La ONU criticó al Sirpa por utilizar el «chaleco químico» , o sea el suministro de psicofármacos para mantener a los adolescentes bajo control.

Y la Institución de Derechos Humanos denunció el hacinamiento en el sistema de privación de libertad de menores y que en algunos casos permanezcan sin salir de sus celdas 23 horas al día.

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