PUERTO RICO: Ante la crisis, enfrentar la colonia

Por Cándida Cotto / Resumen Latinoamericano / ClaridadPuertoRico / 4 de agosto de 2015 –

La celebración de una asamblea constitucional de estatus, unidad de propósito, mayor protección al empresarismo local, auditoría de la deuda. Ésas son algunas de las acciones que voces consultadas por Claridad expresaron como necesarias que los puertorriqueños asuman frente a la actual crisis fiscal y económica que azota a Puerto Rico y la postura de manos afuera que han mantenido la Presidencia y el Congreso de Estados Unidos, así como las decisiones de los tribunales federales negando a Puerto Rico herramientas para atender su crisis.

¿Qué pueden y deben hacer los puertorriqueños para articular un plan que fuerce a Estados Unidos a tener que atender la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, incluyendo terminar con la relación colonial con Estados Unidos? fue el cuestionamiento que hizo CLARIDAD. Aquí las reacciones.

 

La colonia, el problema de fondo

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau Ramírez:

“La crisis fiscal no puede desvincularse de lo que es la crisis colonial. Todos los análisis financieros que se han hecho a nivel internacional con respecto a la situación del país están íntimamente vinculados, según esas publicaciones, al estatus político de subordinación del estado libre asociado. Por lo tanto, un primer paso tiene que ser, en una agenda consensuada entre todos los que queremos superar el régimen colonial, enfrentar a los Estados Unidos con la realidad política puertorriqueña de manera que dé los pasos para que, aunque la decisión final esté en manos de los puertorriqueños, Estados Unidos asuma su responsabilidad política, jurídica y moral con respecto a nuestra descolonización.

“En cuanto a pasos inmediatos que se puedan dar, el PIP ha propuesto crear un régimen contributivo balanceado donde todos los actores económicos aporten, en justicia, lo que corresponde a sus ganancias e ingresos. Particularmente hemos propuesto la imposición de una contribución, no confiscatoria ni penalizante, de un 10% de contribución a las empresas foráneas, lo cual permitiría un ingreso para el fisco de $3 mil 700 millones, al tiempo que se fortalece la estructura del Departamento de Hacienda para llevar a cabo las auditorías y el monitoreo necesario que evite la evasión contributiva. Esto obviamente son medidas inmediatas. Pero lo determinante es atender el problema de fondo, que es el problema colonial. Lo que es inaceptable para el PIP es que el gobierno esté adoptando la receta del informe de Anne Krueger, que es una receta neoliberal en contra de los trabajadores y que repite lo que han sido los modelos fiscales y económicos que han fracasado.”

Respecto a la posibilidad de que los otros dos partidos, entiéndase el Partido Popular Democrático (PPD), de gobierno, que defiende el estado colonial, y el Partido Nuevo Progresista (PNP), que promueve la anexión, estén dispuestos a acoger las recomendaciones de otros sectores resaltó: “La actitud del gobierno actual ha sido de imposición unilateral y el que no esté de acuerdo con la receta del gobierno entonces es declarado como un apátrida. Por eso es que el PIP, desde el inicio, cuando nos reunimos con el Gobernador, hicimos dos planteamientos; todo diálogo para enfrentar la crisis tiene que estar sustentado en enfrentar el problema colonial y excluir como un modelo o herramienta de trabajo el informe neoliberal de Anne Krueger. El gobierno no respondió y por eso el PIP no participa en esa mesa de trabajo. Hemos visto en estos días lo que el PIP anticipó, lo que está pasando, que era un acto de relaciones públicas para tratar, en caso del fracaso de la gestión del gobierno, de echarle culpa a todos cuando son ellos los que tienen mayoría de Senado y Cámara y el poder de la gobernación.”

En esa misma dirección, sobre la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos tome alguna acción, el dirigente del PIP reveló: “De las reuniones que yo he tenido tanto con funcionarios del Ejecutivo como del Congreso de EE UU, mi experiencia ha sido que en los Estados Unidos no hay ambiente para una tabla de salvación. Eso es a lo que apuesta el gobierno (de Puerto Rico). Pero es que un modelo de desarrollo económico autosostenible no se puede fundamentar en mayor dependencia ni en migajas coloniales”.

¿Cómo puede participar la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos?

“La comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos tiene una participación determinante porque nosotros tenemos más de la mitad de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Unos, no sólo participando del aparato político sino también ejerciendo opinión pública y orientando a los Estados Unidos con respecto a lo que es Puerto Rico. En la medida en que Puerto Rico no sea un problema es como barrer polvo debajo de la alfombra. Ahora Puerto Rico es el tema, es el problema y, por lo tanto, eso representa una gran oportunidad para orientar a los Estados Unidos. Muchos ciudadanos estadounidenses no conocen a plenitud el tema colonial de Puerto Rico, así que es una gran oportunidad para empujar e impulsar ese proyecto de presión, de crisis política, con “P” mayúscula. Es política para que EE UU se vea obligado a reexaminar su relación con Puerto Rico. Ya lo hizo con Cuba y ésa fue la gran noticia cuando despedimos el 2014. Estados Unidos se dio cuenta, después de más de medio siglo, que su política con respecto a Cuba había sido un fracaso. Éste es el momento de impulsar que se reexamine el caso de Puerto Rico”.

 

Sólo contamos con nosotros mismos

El representante Luis Vega Ramos, quien pertenece al ala soberanista del PPD, reaccionó a los planteamientos de CLARIDAD:

“Lo primero que tenemos que hacer los puertorriqueños es entender, de una buena vez, que sólo contamos con nosotros mismos para salir adelante. Es cierto que la situación de nuestra deuda es de hechura compartida entre nosotros, nuestros acreedores, que siempre estuvieron prestos a prestar, y del gobierno federal que, junto a los acreedores, fomentó la burbuja financiera, cuya explosión nos arropa hoy, como a otras jurisdicciones y naciones. Sin embargo, seríamos peligrosamente ingenuos en cifrar esperanzas en creer que nuestros acreedores negociarán con nosotros con alguna consideración a nuestro mejor interés. Igualmente, las tres ramas del gobierno federal se han mostrado renuentes a darnos herramientas o apoyos. Los tribunales federales le pasan la bola al Congreso y al Presidente, los cuales se niegan a legislar o ejecutar medidas esenciales para la recuperación puertorriqueña, como la exención de la ley de cabotaje, la inclusión de nuestras corporaciones públicas en la ley federal de quiebra o algún apoyo de la Reserva o el Tesoro Federal.

Para ser exitosos en la difícil renegociación que se avecina hace falta la unidad de la que habla el gobernador García Padilla. Pero para lograrla, su gobierno tendrá que hacer un ejercicio de plena transparencia y participación ciudadana nunca antes visto en nuestra historia. Si vamos pa’lante, todos tenemos el derecho de sentirnos parte de la solución. Y eso requerirá que el gobierno esté dispuesto a rendir cuentas y hasta parte del ejercicio de sus facultades al pueblo como nunca antes.

“Y, sí, también requiere que le metamos el pecho al tema del estatus político. Luego de año y medio de aprobada por el Congreso y el Presidente, es una realidad incuestionable que la asignación de $2.5 millones y la negociación de definiciones de estatus con Justicia Federal es un espejismo inútil. Por eso, desde Puerto Rico, hay que retomar la iniciativa. Y la única opción que nos queda es la Asamblea de Estatus. Darle trámite legislativo a los 5 proyectos ya radicados debe ser la prioridad de la sesión legislativa que comienza en agosto. Sustantivamente, para el PPD esto significa reconocer, finalmente, que la única opción que puede proponer de cara al futuro es un ELA Soberano y fuera de la cláusula territorial”.

 

Necesaria una Asamblea Constitucional

El veterano luchador independentista, licenciado Noel Colón Martínez, quien durante años ha trabajado porque se celebre una asamblea constitucional de estatus, recalcó ante la crisis:

“A mi juicio, la acción de mayor contundencia lo sería que la Asamblea Legislativa aprobara una consulta en la que le plantee al país la conveniencia o no de convocar una Asamblea Constitucional de Estatus utilizando como modelo el proyecto del Colegio de Abogadas y Abogados. No tengo dudas de que ante el fracaso de todos los otros mecanismos procesales que se han ensayado, nuestros electores votarán en favor de la convocatoria. Ese proceso, que tanto énfasis hace en los aspectos de soberanía política, de soluciones no territoriales o coloniales, de asamblea depositaria de la soberanía del país y de tan claro contenido democrático, conmocionará la política de Estados Unidos. No se trata de otra Ley 600 del 1950 ni de permisos del Congreso para autorizarnos a hacer algo que hacemos en virtud del derecho natural a la libre determinación política. Si no tuviera el contenido que le asignamos, ya Estados Unidos la hubiera propuesto.

“Toda la movilización que se produce en Estados Unidos para paliar la grave situación que padece el país debe ser reconocida. Pero nadie puede dar lo que no tiene y en su relación con Puerto Rico Estados Unidos sólo ha atendido sus intereses y ha entretenido a los boricuas con sus dádivas que jamás comparan con el grado de explotación que ejercen.”, concluyó el veterano abogado.

 

Iniciativas concretas y puntuales

El senador Ramón Luis Nieves, quien participó de la conferencia de prensa ofrecida en Washington por grupos hispanos y congresistas para pedir acción al gobierno federal sobre la crisis fiscal de Puerto Rico, declaró:

“Acudí a la conferencia de prensa convocada por los congresistas Nydia Velázquez y José Serrano, junto a las organizaciones National Hispanic Leadership Agenda, Hispanic Federation, SEIU, entre otras, para reclamarle al gobierno y al Congreso de Estados Unidos que tomen acciones concretas para atender la grave crisis fiscal y económica de Puerto Rico. A nombre de mis constituyentes, agradezco la iniciativa de los líderes y organizaciones que hoy reclaman tales acciones en conferencias de prensa simultáneas aquí en la Capital Federal, New York y Florida”.

Nieves emplazó al gobierno de Estados Unidos a “que asuman una actitud proactiva hacia Puerto Rico, con iniciativas concretas y puntuales para que logremos superar la crisis fiscal y encaminar el desarrollo económico. En Puerto Rico hemos implantado medidas muy duras, y falta mucho por hacer, pero ya es hora de que Estados Unidos asuma su responsabilidad, y nos reconozca las herramientas políticas que necesitamos para resolver nuestros problemas económicos. Basta ya de asistencia técnica, llegó la hora de la acción”.

 

Auditar la deuda

La copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, destacó la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda.

“Ante esta crítica situación, es necesario que el Pueblo de Puerto Rico tome en sus manos su destino. Al fijarnos esta meta, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano propone una auditoría ciudadana de la deuda: No sabemos qué es lo que se nos está obligando a pagar, en qué se usó, quién asumió la obligación en nuestro nombre y si verdaderamente benefició al Pueblo de Puerto Rico.

Exigimos una auditoría ciudadana con auditores escogidos por el pueblo a los cuales el gobierno tiene que proveerle toda la información solicitada; que se repudie la deuda que no se pueda demostrar que ha sido contraída en beneficio del Pueblo de Puerto Rico; que se renegocien los términos de la deuda legítimamente contraída y se imponga responsabilidad económica y legal a los responsables del desastre administrativo fiscal.

“Asimismo, proponemos que se le dé prioridad a proteger las empresas locales contra la competencia injusta de las multinacionales y empresas extranjeras; que se cambie el modelo de dependencia de inversión extranjera por un modelo de incremento de la producción del país; que se le dé alta prioridad al desarrollo agrícola y al desarrollo de empresas cooperativas.

“Trabajaremos junto al pueblo de Puerto Rico en el proceso de descolonización e independencia que tanto necesita el País, mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus”, enfatizó la dirigente hostosiana. (Ver página 29)

 

Urgente una Asamblea Constitucional de Estatus

Por su parte, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), reclamaron la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus para atender la necesidad urgente de resolver la condición colonial de Puerto Rico.

En declaraciones públicas, el presidente de la CPT, Pedro Irene Maymí, expresó: “El Gobernador Alejandro García Padilla, no sólo ha incumplido su compromiso con el País de radicar la pieza legislativa que viabilice la convocatoria a la Asamblea Constitucional, sino que, además, pretende justificar su inacción”.

Mientras tanto, el secretario general de la CUTE, Federico Torres Montalvo, añadió que: “Para la clase trabajadora, es inaceptable que el Gobernador le dé la espalda a este tema. La recesión y el colapso estructural del modelo económico de Puerto Rico, no es asunto nuevo, los trabajadores lo hemos vivido y cargado duramente sobre nuestras espaldas”.

Ambos líderes sindicales afirmaron: “Hoy los trabajadores somos conscientes de las insuficiencias institucionales del ELA y que se dramatizan en la falta de poderes políticos para trazar y construir un nuevo modelo económico basado en la justicia, la solidaridad y la hermandad entre todos los sectores sociales de nuestro pueblo. Por eso, la Asamblea Constitucional de Estatus se convierte ahora en un imperativo”.

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