COLOMBIA.Escribe Sergio Segura: Inconsistencias del caso de los 13 jóvenes detenidos en Bogotá

Resumen Latinoamericano / Colombia Informa / 4 de agosto de 2015 – Desde su lugar de reclusión el corresponsal de Colombia Informa refuta las «inferencias razonables» que la Fiscalía expuso para solicitar la medida de aseguramiento en centro carelario para los 13 jóvenes detenidos el pasado 8 de julio en Bogotá, dejando en evidencia el carácter arbitrario y persecutorio de todo el caso.

Por Sergio Segura*. Hicieron creer a los colombianos que habían capturado a los responsables de los ataques con explosivos a las sedes de la empresa de pensiones y cesantías Porvenir; no obstante, la Fiscalía a lo largo de las audiencias nunca mencionó tal acusación, mucho menos expuso material probatorio al respecto.

En el ordenamiento jurídico colombiano, una medida de aseguramiento puede imponerse cuando existe una ‘inferencia razonable’ que, tal como se menciona en el numeral tres del artículo 308 del Código Procesal Penal (Ley 906 de 2004), consiste en una alta probabilidad de autoría o participación respecto de “una conducta susceptible de encuadrar como delito, deducida de los elementos materiales probatorios, evidencia física o medios de información legalmente obtenidos, y que en grado de probabilidad pueda el juez inferir que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia”.

Sin embargo, varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía en este caso tienen grandes posibilidades de ser controvertidas por la defensa de los imputados.

En primer lugar, resulta arbitrario y tendencioso que se emplee material fuera de contexto como la foto de una pierna mutilada de un agente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, supuesta víctima de unos explosivos lanzados en una protesta que tuvo lugar en la Universidad de Antioquia en abril de 2012.

Además la Fiscalía ha incurrido en menciones falaces, como la afirmación de que la desafortunada muerte del joven estudiante de la Universidad del Valle Jan Farid Cheng Lugo, ocurrida en octubre de 2011, fue producto de un accidente sufrido en razón de transportar “papas bombas” en su maleta, pretendiendo asociar aquel hecho mal narrado con la situación que nos afecta: Cheng fue víctima de un artefacto que lanzaron desde un puente y que explotó en su estómago. Aun no hay responsables por su asesinato.

No conforme con traer a colación estos hechos, el Fiscal mencionó en sus argumentos el episodio de la muerte de tres estudiantes en una casa de la localidad de Suba, Bogotá, en la que supuestamente se estaban elaborando explosivos. Lo curioso es que en el lugar de la explosión se encontraron intactos panfletos alusivos al Movimiento Jaime Bateman Cayón que sobrevivieron misteriosamente al desastre.

El Fiscal especializado contra el terrorismo delegado para el caso de los 13 (entre quienes me encuentro) argumentó que los simpatizantes del cura, sociólogo y pensador Camilo Torres Restrepo pueden ser integrantes del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, si se tiene en cuenta que en la última etapa de su vida Torres se vinculó a esta guerrilla (1965).

Y para completar la lista, los entes encargados no verificaron, hasta el momento, la veracidad de las supuestas amenazas a un vigilante de la Universidad Nacional (testigo en el caso) ni el correo de dudoso origen dirigido al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el que se amenazó con poner una bomba en los juzgados de Paloquemao. El objetivo de esas maniobras: convertirnos de perseguidos en victimarios.

Frente a los particulares con que se me quiere acusar, hay dos llamadas interceptadas que no contienen ningún detalle que me incrimine. No hay fotografías de mi participación en los hechos investigados, a pesar de la vigilancia y los seguimientos.

La justicia colombiana, a través de la Ley de Seguridad ciudadana, determinó que es más grave la violencia contra servidor público que la rebelión armada o el terrorismo. Lo que empezó como una captura masiva de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, se convirtió en la investigación de una protesta universitaria. ¿No es entonces este caso un montaje judicial, un falso positivo?

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