Colombia. Presos Políticos. Irregularidades contra los 13 detenidos / Detención y persecución en contra de defensor de derechos humanos

Resumen Latinoamericano/Miércoles, 29 Julio 2015 .-  La juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento contra los 13 activistas sociales detenidos el pasado 8 de julio.  20 días pasaron desde que fueron puestos bajo ordenes de la policía en la ciudad de Bogotá, en principio acusados por ser aparentemente responsables de las explosiones contra la entidad Porvenir; Luego por supuestas relaciones con la red urbana del Ejército de Liberación Nacional –ELN-; Al final, acusados de participar en disturbios en la Universidad Nacional.

Bajo esa última acusación la juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento para todos los detenidos, por considerarlos «un peligro para la sociedad». Esta decisión fue inmediatamente apelada por los abogados defensores, que consideran que hay argumentos  poco sólidos para explicar su fallo y hay varias irregularidades en el proceso.

La juez consideró que el material probatorio presentado por la fiscal Ana Patricia Larrota, era lo suficientemente contundente como para dictar la medida de aseguramiento contra los 13 jóvenes. En su veredicto argumentó que: “Ellos son coautores de los delitos que aquí se les investiga. Sí existen las pruebas para vincularlos. Aquí los delitos imputados no son de poca monta debido a que pone en peligro a la sociedad”.  Además, aludió precisamente a la juventud y a los trabajos como defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y  periodista que ejercen los detenidos para usarlo como elemento agravante, diciendo que su figura es representativa para la sociedad y que por tanto se tornan como un mal ejemplo para la misma.

Ante el proceder de la jueza, se escucharon los reclamos y las críticas de diversas organizaciones de derechos humanos y abogados denunciando que la decisión: “Viola el derecho a la defensa, ya que no refiere en ningún momento a los argumentos presentados por la defensa, que buscaban apelar dicha medida, además de obviar la explicación de forma clara y concisa, del por qué los considera como un peligro para la sociedad”.

Así mismo, varios juristas denunciaron que la juez actúa contra la ley 1760 de 2015, la cual refiere a “Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, y con la que no podrían ser encarceladas estas 13 personas, pues en la ley los delitos que les imputaron no son considerados como de mayor nivel.

Una de las críticas más fuertes, la hizo el senador Alberto Castilla a través de su cuenta en twitter, en ella plantea que la juez no valoró de forma individual a los detenidos, sino que los ubicó como grupo, lo que viola el derecho a la defensa de cada uno de los detenidos.

El Congreso de los Pueblos, movimiento social y político al cual pertenecen 11 de los detenidos, anunciaron una rueda de prensa para este miércoles con el fin de denunciar las irregularidades de lo que han llamado un falso positivo judicial. Además se plantean acudir a organismos internacionales para que intervengan.

Otra de las reclamaciones que se ha manifestado desde el Congreso de los Pueblos y los  familiares de los detenidos, es que el presidente Juan Manuel Santos y el general de la Policía Rodolfo Palomino, se retracten por haber presentado a los detenidos como los responsables de las bombas de Porvenir, cuando ni siquiera la fiscal del caso en el momento de la imputación de cargos mencionó el asunto, ni presentó prueba alguna sobre estos hechos.

 

Detención arbitraria y persecución en contra de defensor de derechos humanos Guillermo Quintero

Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat / Miércoles 29 de julio de 2015

El día domingo 26 de julio del 2015, Guillermo Antonio Quintero Sierra, defensor de derechos humanos, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo y dirigente de la Juventud Rebelde en Norte de Santander, se dirigía hacia el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, a bordo del vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección junto con su esquema de seguridad.

Aproximadamente a las 2:30pm, son llamados a detenerse en el habitual reten ubicado en la base militar de la Esmeralda adscrita al plan Vial Energético y Número 10, en el municipio de Convención. Los militares al mando del coronel Herrera les ordenan tanto a Guillermo Quintero como a sus escoltas, que desciendan del vehículo para un registro personal y vehicular; petición que no es atendida debido a que las indicaciones de seguridad y protocolo de protección de que da la Unidad Nacional de Protección – UNP recomiendan no bajarse del vehículo ni permitir un registro a menos que sea dentro en una estación de la Policía Nacional.

Ante la negativa, el coronel Herrera ordenó a sus subalternos inmovilizar inmediatamente el vehículo, ante lo cual algunos soldados rodearon el carro, colocaron conos, ubicaron un automóvil adelante y otro atrás del vehículo del esquema de seguridad asignado a Guillermo Quintero. Varios soldados les apuntaron directamente con sus fusiles, los fotografiaron sin autorización y los sometieron a improperios y señalamientos.

La retención se prolongó por espacio de dos horas aproximadamente, en las cuales se alertaron a las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones como la Personería del municipio de Convención y al Ejército Nacional para que respetaran la vida, la integridad y su oficio como defensor de derechos humanos, además que se les permitiera el transito hacIa su lugar de destino. Se intentó comunicarse con la Unidad Nacional de Protección en Bogotá y a su Director, ante lo cual no hubo respuesta.

Finalmente, ante la presión ejercida por las organizaciones defensoras de derechos humanos, el acompañamiento de la personera municipal y la interlocución con el comando de las fuerzas militares, los militares accedieron a seguir el protocolo de seguridad de la UNP y se trasladaron a la estación de Policía del municipio de Convención, hecho en el que también se puso en riesgo la vida de Guillermo Quintero y sus escoltas, ya que el recorrido realizado junto con el Ejército representa un peligro ante cualquier ataque en contra los militares, toda vez que en dicha zona hacen presencia los diferentes grupos de insurgencia armada. Especialmente ese día se tenía información de que el EPL se encontraba en cercanías a la base militar.

Una vez, en la Estación de Policía de Convención, se realizó el registro vehicular por miembros de Policía Judicial y el acompañamiento de la Personería, al culminar, se les permitió seguir su camino a Guillermo Quintero y su equipo de protección.

 

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