PARAGUAY. Entrevista a testigo presencial del Juicio por la Masacre de Curuguaty

Por Sebastián Polischuck, Resumen Latinoamericano/ 28 de Julio 2015.-  «La única salida que existe para lograr la libertad de los acusados es no cesar en la movilización»

Ayer 27 de julio arranco el juicio por la masacre de Curuguaty que tiene a 14 campesinos imputados por aquel hecho del 15 de junio del 2012 que dejo un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos. Por el mismo se imputo solo a los campesinos, pero a ningún policía en una causa con graves irregularidades. Por el hecho fueron procesados los campesinos: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López Peralta, bajo la causa de tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Otros campesinos como Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería fueron acusados por asociación criminal e invasión de inmueble, y Felipe Nery Urbina está acusado de frustración a la persecución penal. Este juicio quedo suspendido momentáneamente por un pedio de los acusados de renunciar a su defensa actual y al parecer se reanudaría mañana.

Paralelamente a este juicio iniciado por la madrugada, se inició otro a Raquel, (una adolescente en momentos en que sucedió la masacre) y que está acusada por la fiscalía por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso en grado de tentativa, por la misma causa y donde también se cometieron varias irregularidades. Este último se suspendió y se paso para el 2 de noviembre.

Para ampliar más la información sobre estos juicios por la Masacre de Curuguaty, Resumen Latinoamericano conversó en Paraguay con Fabricio Arnella Secretario General de la Juventud Comunista Paraguaya, quién estuvo presente en este juicio acompañando a los campesinos acusados.

-Fabricio ¿Cuáles son las acusaciones que se les imputan a los campesinos?

Recién salimos del Palacio de Justicia (a eso de las 16hs). Sobre la acusación, la mayoría de los procesados tienen tres tipos de penalidades: Invasión de inmueble ajeno, asociación criminal, homicidio doloso en grado de tentativa. Después hay algunos que están acusados, por ejemplo de homicidio doloso en grado de autor, otros en grado de co-autor y otros en grado de cómplice.

Invasión de inmueble ajeno es la teoría de la fiscalía de que las tierras ocupadas por los campesinos pertenecen a la familia del empresario colorado Blas Riquelme. El tipo penal de invasión de inmueble ajeno se configura cuando el titular manifiesta explícitamente la oposición a que una persona ingrese a su propiedad. Para que haya invasión de inmueble, el propietario tiene que expresar claramente su oposición a que alguien ingrese, pero tiene que ser el titular. Pero al ser las tierras de Marina Kue públicas, del Estado paraguayo, es el Estado paraguayo el que en todo caso debió haber manifestado su oposición a que los campesinos ingresen a las tierras de Marina Kue y eso no ocurrió. Por lo tanto no le configura invasión de inmueble ajeno. Pero la teoría fiscal es que si las tierras son de los Riquelmes. Todos los estudios demuestran que las tierras fueron donadas en el ’67 por la empresa LIPSA a la armada paraguaya de la marina.

En cuanto a la asociación criminal, esta está vinculada a otro delito que en este caso el de la fiscalía es el de invasión de inmueble. Los campesinos según la fiscalía se organizaron una asociación criminal para invadir un inmueble ajeno.

Y con respecto al delito de homicidio doloso en grado de tentativa, la fiscalía acusa en grado de tentativa porque la misma fiscalía dice que no tiene posibilidades de demostrar quién  mato a quién. A raíz de esto dice que lo que dice es que hubo tentativa, intensión premeditada dolosa de acabar con la vida de los policías. Por eso ellos organizaron una emboscada, dice la fiscalía. Y las mujeres funcionaron como señuelos para que se tenga confianza de que ahí no iba a haber un enfrentamiento al haber mujeres y niños. Entonces que dice la fiscalía, los campesinos se organizaron para invadir una propiedad privada, organizaron una asociación criminal en ese sentido y para resistir organizaron una emboscada donde había distintos grados  de responsabilidad, los autores, los co-autores y las cómplices que serían las mujeres (los señuelos). Esa es en resumen la teoría de la fiscalía. Por eso hay algunas personas que se exponen a una expectativa de pena máxima de entre los 30 y 40 años de prisión y otros de menos años.

-¿Cuáles fueron los roles de las organizaciones de derechos humanos con respecto a estas acusaciones y cuáles las irregularidades de la causa?

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha desmontado totalmente la teoría de la emboscada de una manera categórica. Se requisaron tres armas de fabricación casera, escopetas  de perdigones de los campesinos, y las balas retiradas de los policías, balas de fusiles automáticos de grueso calibre, así mismo como las balas que se retiraron de los cuerpos de los campesinos. Tanto campesinos como policías fueron heridos con fusiles automáticos, no con las escopetas caseras rotas que fueron incautadas del lugar de los hechos. En un primer momento, la Fiscalía negó que haya habido fusiles automáticos y luego aparecieron videos y filmaciones de testigos que entregaban los casquillos al fiscal de la causa Jalil Rachid. Entonces estas armas fueron sometidas a un peritaje que demostró que solo una de ellas fueron disparadas en los días recientes al peritaje y otra de las armas estaba rota, fue incautada inservible.

Aún así la fiscalía sostiene que hubo una emboscada de 64 campesinos muy mal armados, enfermos, con mujeres, niños y ancianos a 324 efectivos, del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), que estaban por el sur y por el norte.  En dos bloques que atenazaron a ese grupo de 64 campesinos. Es bastante delirante la teoría de la fiscalía de recurrir al tipo de tentativa de homicidio encubriendo su teoría en la práctica.

Incluso, una de las escopetas incautadas e introducida por la fiscalía como prueba había sido denunciada como robada 17 días después de ocurrida la masacre por un propietario. La fiscalía afirma que esa arma fue incautada el día de la masacre. Ahí hay gravísimos errores, ni hablar de lo que muchísimos organismos nacionales e internacionales y el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya habían expresado. Su preocupación porque la fiscalía abrió una sola línea de investigación sobre la masacre, que es encontrar a los responsables de la muerte de los policías. Sin embargo poco importa a la Fiscalía quien asesinó a los campesinos, cuando hay múltiples evidencias e indicios, pruebas, cruces, llamadas, llamadas telefónica de alguno de los campesinos muertos en aquel 15 de junio, que llamaban a sus familiares aún vivos, siendo que estaban heridos y escondidos en el medio del bosque y después aparecen muertos -al menos 7 de ellos- con heridas de balas en la cabeza, en la cara, en el cuerpo.

Tratando de sintetizar: las tierras de Marina Kue son tierras del Estado paraguayo. Están controvertidas por la empresa Campos Morumbi, propiedad de los Riquelme, en el poder judicial. La fiscalía sostiene de que ahí hubo una emboscada cuando en realidad no hay ninguna sola evidencia. Es más: hay evidencias de todo lo contrario. La fiscalía escondió también el helicóptero de la policía nacional que sobrevoló la zona de la masacre desde las cinco de la mañana, y tiene un sistema de grabación de imágenes no conectado directamente a un servidor que transmite automáticamente las imágenes de la policía. Luego dice que esa filmación no apareció, se perdió.

-¿En relación al juicios de la adolescente, cuál es tu opinión?

Hay una serie de contradicciones que fueron develadas a lo largo de estos tres años y que estaban por ser expuestas en este proceso judicial que ahora queda postergado, ahora recién salimos del Palacio porque se acaba de confirmar la postergación del juicio para el 2 de noviembre del juicio de la adolescente Raquel. Raquel es una de las personas que tiene los tres tipos penales en su contra, pero en carácter de cómplice es el de homicidio y ella fue procesada por el sistema penal adolescente porque tenía 17 años al momento de haber ocurrido la masacre. Su juicio ya fue suspendido hasta el 2 de noviembre. Mañana se reanuda el juicio oral del resto de los 14 procesados, se estima extraoficialmente que es la misma suerte que vamos a correr en el juicio de los adultos porque así ha operado históricamente el poder judicial. Cuando se suspende uno, se suspende el otro también por economía procesal. Son  150 testigos que tienen que testificar en las dos causas. Entonces una se planteaba hacer a la mañana y otra a la tarde, porque son procesos judiciales separados con el mismo tribunal, el mismo fiscal que es Jalil Rachid pero con defensas distintas. Lo más probable es que mañana (martes) se reanude al juicio a las 8hs en el Palacio para oficializar su postergación hasta el 2 de noviembre, porque hasta el 2 de noviembre tiene un poco que ver con este cambio de la defensa. La defensa que asume hoy la causa es la defensa pública, el defensor público de Curuguaty Joaquín Díaz llevaba la defensa de uno de los procesados que es Felipe Nery Urbina, yhoy al renunciar todo el resto de los campesinos a la representación jurídica de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, provisoriamente asume este defensor público de Curuguaty.

-¿Y puntualmente como se está llevando la causa a Raquel?

A Raquel no se le realizó la evaluación psicológica que es clave en un proceso penal adolescente para saber si el grado de madurez de la procesada, en este caso la hace imputable porque puede tener una edad cronológica superior a su edad mental y eso es un elemento central en un proceso penal a la adolescente según nuestro código procesal penal. Esa evaluación psicológica no se le practicó en la etapa de investigación, por lo tanto según el código procesal penal el juicio es totalmente nulo y ese error es irreparable. No puede ser reparado en esta etapa penal. Ya ha pasado también demasiado tiempo de lo ocurrido, entonces esa es un poco la estrategia de la defensa de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en este caso representada por Mirta Moragas y Sonia Von Lepel. Eso se da en el caso de Raquel cuyo juicio ya está suspendido oficialmente hasta el 2 de noviembre. Con respecto al resto de los compañeros, hoy nos encontramos con la sorpresa del pedido de renuncia a su defensa a cargo de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro.

-Volviendo al juicio a los campesinos adultos ¿Cómo ves ahora este pedido de renuncia a su defensa que tenían hasta el momento y como piensa seguir?

Quien asume la defensa de los compañeros es ahora un abogado de la ciudad de Curuguaty que es Joaquín Díaz, un muy buen defensor público que ya ha tomado defensa a dos de los campesinos en momentos anteriores y ha tenido buen desempeño, ha defendido casos muy complicados de manera bastante correcta. De igual manera es un funcionario del Estado paraguayo, un funcionario del sistema judicial del cual nosotros no tenemos ni la más mínima confianza, por eso ratificamos que la única garantía que tenemos de que se haga justicia y sean liberados todos los compañeros acusados es  que haya movilización popular, que haya organización y presencia permanentes de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales y que haya lucha callejera que pueda dar vuelta este proceso judicial, Así se han dado vuelta otros procesos judiciales, y hemos conseguido ya en este mismo caso a lo largo de tres huelgas de hambre y mucha movilización popular, la prisión domiciliaria de la mayoría de los campesinos. Hoy el escenario no es el mismo que en otros tiempos pero es el mismo en el sentido en que seguimos firmes en la lucha por la libertad de los compañeros y para que el juicio sea anulado y que haya una investigación que apunte a dar cuenta de lo que realmente ocurrió. Nosotros entendemos que la posibilidad que tenemos de dar vuelta el caso de Curuguaty es también una posibilidad de visibilizar otros casos de presos y presas políticas en Paraguay. De visibilizar el problema de las tierras “mal habidas” de manera irregular por las dictaduras y democracias que sucedieron a Stroessner en nuestro país, incluso la posibilidad de visibilizar el terriblemente y cruel sistema penitenciario que tortura y mata de hambre, con enfermedades a miles de personas que están recluidas en los centros penitenciarios

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