Paraguay: La adolescente del caso Curuguaty: “Pedimos a los observadores que no la dejen sola”

mirta y sonia

Raquel tenía 17 años cuando sucedió aquella masacre el 15 de junio del 2012. Ella es la única persona acusada que va a ser juzgada por el proceso penal adolescente que tiene reglas especiales, diferente a la de los adultos. “Pedimos a los observadores que no la dejen sola”, dicen las abogadas que llevan su defensa. El juicio a Raquel está previsto para el 27 de julio al 28 de agosto de 2015, en Asunción. De acuerdo a la notificación del Tribunal de Sentencia, su juicio se realizará en forma separada y en un horario diferente al de los/as procesados/as

adultos/as, es decir, en horas de la tarde. El fiscal es el mismo fiscal: Jalil Rachid. Sonia Von Lepel y Mirta Moragas, abogadas de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) asumirán la defensa de Raquel en el juicio y ellas nos explican a fondo la situación de esta joven que además es madre de un niño que la necesita:

-¿En qué instancia se encuentra este proceso?

-Ella será llevada a un juicio oral y público sin haber sido informada de manera detallada de la acusación que pesa en su contra, vulnerando de esta manera su derecho a conocer de qué se debe defender. No existe en la imputación ni en la acusación fiscal, un relato circunstanciado de los hechos realizados por Raquel. No se puede conocer qué, cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué realizó los hechos que la Fiscalía dice que efectuó. La acusación solamente la nombra en algunos párrafos y en conjunto con los demás procesados/as.

-¿Y los testigos?

-En el juicio serán presentados los testimonios de 124 personas, la mayoría de ellos/as funcionarios/as del Estado, Policías intervinientes en el operativo, agentes fiscales, funcionarios/as del Ministerio Público y otros funcionarios/as estatales. Cabe resaltar que la Fiscalía ofrece el testimonio de la fiscal interviniente en el allanamiento y desalojo, abogada Ninfa Aguilar, como una de las testigos claves en el hecho.

-Es decir, la fiscal Ninfa Aguilar, quien imputó a otras personas como Miguel Correa y Marcelo Trinidad y mandó a la cárcel por meses para luego la Fiscalía decir que esas personas no estuvieron en el lugar de los hechos en este mismo caso, ¿ahora será testigo clave de la fiscalía?

-Además se ofrecen 240 pruebas documentales, entre actas de procedimiento, informes y actas de defunción. Aquí cabe resaltar que entre las pruebas documentales se encuentran los informes psicológicos realizados a todos los procesados hombres, sin embargo a lo largo de todo el expediente judicial no se encuentran los informes psicológicos-victimológicos practicados a ninguna de las mujeres procesadas, es decir, a ninguna de ellas se les realizó la evaluación psicológica-victimológica, diligencia fundamental en el caso de la adolescente y cuya omisión debe llevar a la nulidad del proceso con relación a ella ya que no puede establecerse su reprochabilidad sin conocer su madurez psicosocial.

Con posterioridad a la audiencia preliminar, donde Raquel fue asistida por defensoras públicas, y en la cual se resolvió que su caso sea elevado a juicio, la CODEHUPY asumió la defensa técnica de ella, específicamente en setiembre de 2013. En el mes de noviembre del mismo año la CODEHUPY solicitó al Presidente del Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, la aplicación de medidas menos gravosas para Raquel, ya que la misma se encontraba bajo un régimen de internación provisoria en la casa de su padre, en Curuguaty. La misma no podía salir de la casa y solo tenía permiso para realizar visitas familiares al padre de su pequeño hijo, cada 15 días.

El pedido realizado por la CODEHUPY se fundó principalmente en la situación de salud de su pequeño hijo, quien fue diagnosticado con un cuadro severo de asma, debido a los gases que aspiró en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012. El niño precisaba de un tratamiento médico adecuado y sistemático que solamente podía realizarlo en Asunción. En atención a los costos que implica para la joven trasladarse hasta Asunción para las consultas médicas, se solicitó además el cambio de domicilio a la ciudad de Asunción. El Tribunal le concedió medidas alternativas y el cambio de domicilio.

-¿La defensa técnica pidió nulidad?

-El 10 de abril de 2014, la CODEHUPY presentó incidentes de nulidad y prejudicialidad ante el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá. En cuanto al incidente de nulidad presentado, en el mismo se señala que en el marco del proceso judicial entablado contra la adolescente, se omitió la realización de diligencias fundamentales que constituyen garantías procesales en el marco del sistema judicial adolescente según lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Niña. El estudio psicosocial, diligencia omitida, está destinado a determinar la madurez psicosocial de la o el adolescente al momento del hecho que le es imputado. El examen psicosocial representa en el derecho penal adolescente, un requisito de obligatoria realización, que determina la posibilidad de comprobar si la adolescente -en este caso- poseía la madurez psicosocial suficiente para conocer la ilegalidad del hecho que se le imputa y para tomar una decisión conforme a ese conocimiento.

Al haberse violado las reglas especiales del procedimiento penal adolescente, debido a la no realización del estudio psicosocial (o evaluación psicológica) en el momento que debía llevarse a cabo, corresponde que el Tribunal de Sentencia declare la nulidad de todo lo actuado, ya que a esta altura del proceso es imposible conocer si la adolescente poseía en aquel momento la madurez psicosocial para conocer los hechos que le son imputados. Así, en caso de duda, por principio legal debe determinarse la falta de responsabilidad de la misma respecto a los hechos que se le imputan, y por tanto Raquel debe ser sobreseída.

-¿Qué pasa con lo que llaman la prejudicialidad?

-En cuanto al incidente de prejudicialidad, el mismo guarda relación con uno de los hechos punibles por los que está acusada Raquel, que es invasión de inmueble ajeno. En tal sentido, y considerando que hasta el momento existen procesos judiciales abiertos en relación a la titularidad de las tierras donde sucedieron los hechos del 15 de junio de 2012, corresponde en primer lugar que culminen dichos procesos y luego de ello definir si la misma podrá ser juzgada por dicho hecho punible. De resolverse en tales procesos que las tierras pertenecen al Estado paraguayo, entonces Raquel no deberá ser juzgada por invasión de inmueble ajeno.

En el mes de abril de 2014, la CODEHUPY presentó al Tribunal de Sentencia urgimientos para que resuelva ambos incidentes. Tales urgimientos no fueron respondidos por dicha instancia.

-¿El juicio coincide con el juicio del Caso Curuguaty pero la que le juzga es otra sala?

-Ella tiene el mismo tribunal que los adultos, que está conformado por Abg. Benito Ramón González, Abg. Ramón Trinidad Zelaya (presidente) y Abg. Carlos Alberto Martínez Ávalos. El juicio de Raquel está convocado para horas de la tarde, cuando el de los adultos está convocado para la mañana.

-¿Cómo pueden hacer las personas que quieran seguir el desarrollo de ese juicio?

El juicio es oral y público, cualquier persona puede asistir, de acuerdo a la disponibilidad de sala. Lo que podría ocurrir es que el Tribunal establezca algún orden para el ingreso a la sala, porque suelen tener capacidad muy limitada.

-¿Qué es lo que pide la defensa? 

-Pedimos que se apliquen estrictamente los principios del proceso penal adolescente, que se resuelva favorablemente el incidente de nulidad y que Raquel sea sobreseída.

-¿Qué sucederá con Raquel en caso de que se la condene tal como pide la fiscalía? (Podrías comentar de qué se le acusa?

Raquel está acusada por la Fiscalía por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno (en ambos casos en carácter de autora) y homicidio doloso en grado de tentativa (en carácter de cómplice). La pena máxima que puede recibir es de 8 años (si bien actualmente es mayor de edad, es juzgada como adolescente, debido a que tenía 17 años al momento de los hechos ocurridos). El fiscal del caso es Jalil Rachid.

En un Estado de derecho, ella no podría siquiera ser juzgada, porque las violaciones a las reglas básicas del proceso penal adolescente hacen que todo lo actuado sea nulo, por lo que ella debería salir sobreseída por los errores cometidos por el juzgado de garantías y por la fiscalía. Si no se diera esto, como defensa apelaríamos e iríamos a todas las instancias correspondientes.

Hay que recordar que ella tiene un niño de 3 años, que también es tan víctima del proceso como ella. Con Raquel la fiscalía se ha ensañado en forma particular por su vinculación con Rubén Villalba y eso es intolerable, porque además de ella, su pequeño hijo también está sufriendo.

7- ¿Qué es lo que las abogadas defensoras solicitan a la ciudadanía respecto de este caso?

Les pedimos que sean observadores atentos del proceso, que acompañen el juicio de Raquel, que no la dejen sola.


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