Opinión conjunta en Buenos Aires del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica de Colombia.

 

Resumen Latinoamericano (Informe de Ana Guillermina Roca Iturralde), 24 de julio 2015.- Frente al incremento de la persecución del estado colombiano hacia el pensamiento crítico, los movimientos políticos y sociales Congreso de Los Pueblos capítulo Argentina y Marcha Patriótica capítulo Argentina convocaron a una Conferencia de Prensa para condenar los “Montajes Judiciales y Persecución Política al Movimiento Social y Popular en Colombia”. El encuentro se realizó el pasado 23 de julio en Buenos Aires en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que reclama por la inmediata libertad de las y los líderes y defensores de los Derechos Humanos de las organizaciones colombianas detenidos recientemente. Entre los presentes cabe citar a la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas, demostrando su constante apoyo a la lucha de los pueblos, e integrantes del Partido Comunista, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Federación Universitaria de la UBA.

 

En este contexto de persecución y criminalización al pensamiento crítico donde los acusaciones inventadas se han manifestado de manera muy cruenta, tanto que hasta los medios de comunicación masivos han tenido que hablar de ellos como “falsos positivos judiciales”, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica manifestaron que bajo este fenómeno el estado colombiano sigue con una política de criminalización, buscando positivos de supuestos terroristas y otros calificativos cuando evidentemente son víctimas de montajes judiciales fraguados por el estado contra los militantes y luchadores populares en Colombia.

 

Ante las últimas detenciónes, en diferentes puntos de Bogotá el pasado 8 de julio, aseguran que las audiencias de imputación de cargos empezaron casi a las dos horas del apresamiento de militantes populares, y a ello se le sumó una estigmatización mediática fuerte y recurrente durante los tres siguientes días por parte del Presidente y demás funcionarios del distrito local que aseguraban que habían capturado a miembros de la insurgencia, miembros del ELN, y que eran los responsables de los atentados ocurridos en Bogotá. Actualmente la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la detención para los doce miembros que están retenidos, el resto fueron liberados casi de inmediato por falta de pruebas, y se les ha calificado de “peligro público”, y por lo tanto no pueden esperar una libertad condicional y el proceso de imputación de cargos lo van a tener que vivir en la cárcel. Los detenidos, en su mayoría, son partícipes del Movimiento Identidad Estudiantil que es la expresión estudiantil del Congreso de los Pueblos. También hay una defensora de los derechos de las mujeres, un periodista de medios alternativos de comunicación y un líder miembro de la organización campesina Coordinador Nacional Agrario.

También afirmaron que hay una urgencia total de debido proceso y de presunción de inocencia ya que la audiencia de imputación de cargos ha estado rodeada por una serie de pruebas como haber encontrado en las casas de los detenidos libros que hablan de pensamiento marxista. Esto demuestra una clara criminalización a la lectura y al pensamiento crítico y una clara estigmatización de los detenidos infundada en declaraciones de un falso personaje que salió a decir en una emisora nacional que era prueba de que los 13 detenidos eran altos dirigentes de organizaciones delictivas el hecho de que cada uno tenía un abogado para su defensa y que eso era suficiente para demostrar también el nivel de organización al que pertenecían y el nivel de protección que tenían, y que algunos de los abogados habían acompañado casos jurídicos en los que estaban involucrados guerrilleros.

 

Desde Marcha Patriótica remarcaron que el estado colombiano sigue encarcelando a los militantes sociales como lo viene haciendo hace más de 65 años y que junto al poder dominante en Colombia ha utilizado la cárcel como una forma de dominación política. “En nuestro país ha sido la forma para enviarle el mensaje a los jóvenes y a las nuevas generaciones para que no sean críticas, para que no se unan a la lucha por las transformaciones del país. La cárcel tiene como objetivo desmovilizara la sociedad para impedir que siga trabajando y actuando en favor de las causas populares”, afirmaron.

Dejaron en claro las estrategias que reflejan la sistematicidad en las detenciones y los patrones de persecución impuestos por el gobierno colombiano contra el movimiento social y popular:

La estigmatización. El gobierno colombiano ha querido mecánicamente decir que las organizaciones colombianas son de una u otra guerrilla y que son el apoyo y el enlace político de esas organizaciones. Una temeraria afirmación que ya le costó la vida a 82 integrantes de Marcha Patriótica, y la cárcel a más de 92, así como la muerte a otros. Entre estos últimos señalaron el caso del asesinato en enero de este año de un integrante del Congreso de los Pueblos en Bogotá. Es decir, que ese señalamiento del estado colombiano es la prueba de que el gobierno ejerce el terrorismo de estado como forma de presión política de la sociedad y de represión y acción política de la sociedad.

Amenazas permanentes. Este año han salido siete listas con nombres de líderes y militantes del movimiento social invitándoles o amenazándolas para que salgan del país, para que dejen sus puestos de lucha o sino son asesinados o encarcelados. Por ejemplo, la antesala de estas últimas detenciones fue la amenaza masiva contra un líder de la Facultad de Sociología la Universidad Nacional y contra integrantes de la Universidad Pedagógica. Es decir, el preludio es la amenaza del paramilitarismo y después la acción y el ejercicio de la represión por parte de las fuerzas estatales.

El asesinato político como forma de mantenerse en el poder. En Colombia, históricamente el conflicto armado ha surgido producto de la estrechez democrática y del asesinato político de la oposición. Como el caso de Eliécer Gaitán, asesinado por el estado colombiano y la larga estela de compañeros y compañeras que han caído en la lucha por la transformación, que han dado su vida defendiendo el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, el movimiento de los derechos de los trabajadores y el movimiento del derecho de las comunidades indígenas.

La judicialización. El estado colombiano ante la mirada de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos ha ido reprimiendo en cierta medida el asesinato pero ha optado por la judicialización como una forma alternativa y legal para conseguir sus propósitos de eliminación de la acción política contraria y opositora en el país. No es posible que la justicia colombiana siga estando al servicio de la represión política. Producto de ella, las grandes mayorías no salen a votar porque no hay garantías políticas, no hay condiciones y sus candidatos o sus opciones políticas son perseguidas en las regiones, en las territorialidades.

 

Desde lo movimientos populares colombianos testificaron que en ese país es donde más se asesinan sindicalistas en el mundo y que los colombianos son hoy en América Latina quienes más están en situación de refugio. Hay casi un millón de refugiados fuera del país producto de las amenazas y de los patrones de persecución estatal. Por eso, manifestaron que como movimiento popular tienen que ganar apoyos en el exterior, y seguirán con iniciativas y campañas por la libertad de las presas y presos políticos colombianos, sensibilizando a la comunidad latinoamericana y a las organizaciones sobre la realidad que está viviendo el pueblo colombiano. Aunque sea una tarea difícil el primer paso es lograr que el mundo sepa que en Colombia hay 9.500 presos y presas políticas porque el gobierno ha sabido manejar internacionalmente este tema y niega que en el país existan.

También señalaron que a pesar de que han recorrido un camino largo deben seguir en esa dirección con un trabajo en unidad porque la amenaza del gobierno colombiano es contra todo el movimiento popular y en la medida en que avancen las posibilidades de paz y de transformación en el país, estas situaciones van a incrementarse porque los enemigos de la paz tienen poder, están en la justicia, en el propio gobierno nacional, en el Congreso de la República, y van a hacer todo lo posible por entorpecer las posibilidades de paz con justicia social para el pueblo colombiano. Afirman que hay un nuevo resurgir del movimiento social en Colombia con una álgida capacidad organizativa, eso lo demuestra la organización del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica como expresiones de una unión de luchas y no solamente sectorial sino que hoy están unidos campesinos, estudiantes, indígenas, mujeres y en la medida en que tocan a uno tocan al resto.

Para concluir, se enfatizó sobre la importancia de la solidaridad y la presión internacional para seguir adelante. “Solos no podemos ni queremos seguir, fueron muchos años de aguantar solos y solas y ahora el respaldo es fundamental para logar los cambios que necesitamos como región”.

Las organizaciones populares y el Proceso de Paz

En este contexto, en la conferencia se advirtió que primero está el debate sobre la necesidad de construir una verdadera democracia en Colombia, y no esa pseudo democracia que utiliza el sistema electoral como forma de legitimación de sus acciones. No puede haber paz en Colombia si no hay democracia, si no hay una justicia que encarcele a los que se roban los presupuestos públicos, a quienes efectivamente le hacen daño al país con la corrupción, el clientelismo y utilizando al estado colombiano como un botín electoral y político. En ese sentido la falta de garantías es una alerta contra el Proceso de Paz, no solamente contra el que se está desarrollando en la Habana entre el gobierno y las FARC, sino también contra el que se está desarrollando entre el gobierno y el ELN que no tiene carácter público pero ya es un hecho.

Asimismo, certificaron que el gobierno colombiano viene practicando un doble discurso, en la Habana está sentado con la insurgencia conversando, pero en Colombia sigue encarcelando y persiguiendo al movimiento popular. Lo que hace realmente es generar desconfianza en la misma negociación. Porque en la medida en que se persiga al movimiento popular colombiano, qué garantía le va a dar el gobierno a la insurgencia para que vaya a la vida civil a desarrollar sus propuestas políticas.

En este sentido, no le compran el paquete completo al gobierno, saben que hay intereses profundos del neoliberalismo sobre el Proceso de Paz, que Estados Unidos tiene la mano metida y que esos intereses y los de los grandes empresarios hay que derrotarlos en la calle, con la participación popular, en la lucha conjunta con los pueblos y las organizaciones de América Latina. En Colombia tienen que construir la base con justicia social y democracia, con soberanía, sin bases norteamericanas. Esto hace que ese proceso de paz, en La Habana, sigue andando, igual que el del ELN que se mantiene en la fase secreta conciliatoria, y se convierta en expectativas para la sociedad colombiana, así como en un motivo para movilizarse en favor de la paz con justicia social.

Pero también el centro del debate es sí es una paz con cambios o una paz para que toda siga igual. Ya que, aseguran que el gobierno colombiano está mandando un mensaje a un sector del poder, de que en Colombia van a seguir las mismas reglas de juego que desde hace 60 años donde la palabra y la movilización social son judicializadas, estigmatizadas y criminalizadas. Mientras se negocia en la Habana y con el ELN de manera secreta, el gobierno colombiano ha legislado en contra del movimiento popular y sacó una Ley de Seguridad Ciudadana que les ha permitido todo este montaje sistemático de persecución. Una ley no pensada para la paz sino más bien para continuar la represión como forma de gobierno en Colombia, como forma de mantener es estatus quo y el orden establecido.

En conclusión, es un mensaje muy negativo y tiene como objeto volver insalvable un Proceso de Paz. Por eso, la libertad de los presos y presas políticas es una herramienta fundamental para que se empiece el camino hacia la paz en Colombia. La libertad democrática, la no criminalización de la protesta, el respeto por la diferencia y por las opiniones del movimiento popular son vitales. Una de las dificultades más grandes que tiene el Proceso de Paz hoy es quién va a confiar en un Estado que en medio de las negociaciones continúa reprimiendo de una manera brutal al movimiento social y popular. Es un mensaje a toda la sociedad colombiana y a los movimientos populares pero también a las insurgencias.

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login