Periodismos de esta guerra

Marco Teruggi/Resumen Latinoamericano/Cultura Nuestra, 13 de julio de 2015 – 1. Sucedió en Bogotá a las seis de la mañana del pasado miércoles 8 de julio: Sergio Segura, corresponsal en la Agencia Colombia Informa, fue capturado por órdenes de la justicia colombiana. No sólo sucedió con él: catorce personas más, referentes sociales, estudiantiles y feministas resultaron apresadxs. La acusación: integrar una célula urbana de la insurgencia, y haber participado en las explosiones ocurridas el pasado 2 de julio.

A Segura, especialista en temas de conflicto, paz y derechos humanos, le fue incautado su archivo periodístico. ¿Sabía que podría sucederle? Seguramente. Según datos de las Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, 164 periodistas fueron víctimas de persecución en el 2014, de los cuales 6 fueron encarcelados. En el 2015, la Fundación ya ha registrado 84 denuncias. Lxs mismxs integrantes de la Agencia Colombia Informa habían sido amenazados de muerte por grupos paramilitares el año pasado.

“Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuye, se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, afirmó el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una información también brindada por el secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, quien aseguró que 4 de los estudiantes detenidos no se encontraban en Bogotá el 2 de julio.

“No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, declaró el movimiento popular Congreso de los Pueblos, señalando la reconocida trayectoria de lxs detenidxs, 11 de los cuales forman parte de su organización.

2. Al día siguiente, el jueves 9 de julio, mientras en Bogotá se realizaban las conferencias por la libertad de lxs detenidxs, se inició en Caracas el Congreso de Periodismo Cultural, organizado por la Alcaldía de Caracas, de forma abierta y gratuita. El objetivo: debatir sobre un género tal vez en extinción —así resultó planteado el interrogante para la invitación—, y, de manera general, sobre el periodismo en este tiempo.

Unas 350 personas participaron del evento: comunicadorxs y periodistas de medios impresos, radiales, televisivos y web, de espacios estatales, comunitarios, alternativos; estudiantes de Comunicación, otras carreras, varias universidades; de Caracas y de varios estados del país.

La apertura estuvo a cargo de Fredy Fernández, director de la Agencia Venezolana de Noticias, quien propuso una genealogía del arte y del periodismo, un oficio nacido en épocas de la Revolución Francesa y la emergencia del capitalista. “El periodismo es capitalista si no hay reflexión […], es un gran reproductor del orden establecido”, afirmó, destacando la mirada sobre la cual estuvo centrado desde su fundación: los sujetos del dinero y el poder.

¿Cómo hacer un periodismo donde el pueblo no sea —como históricamente lo ha sido— confinado a la sección de sucesos, como víctima o victimario? ¿Cómo dar cuenta de las realidades populares: poner como epicentro de los relatos, en el caso venezolano, a un pueblo en proceso de liberación, de empoderamiento? ¿Con qué narrativas? ¿Qué lenguaje? ¿Desde dónde?

El Congreso fue generando respuestas, aproximaciones y ensayos para proyectar las comunicaciones necesarias, el uso de la crónica, las redes, la necesidad de “convertir cada una de nuestras notas en una herramienta de liberación para nuestros lectores”, como afirmó Carlos Zavarce, docente de la Universidad Bolivariana.

Y quedó a la vista lo que el productor del programa de televisión Son de la Zona caracterizó como una “generación privilegiada”: no solamente por el acceso a las herramientas de comunicación, sino por la posibilidad de ejercer el oficio con libertad, con apoyos económicos e incentivos para que los sectores populares aprendan, hagan, se conviertan en hacedores de la palabra pública.

3. A las doce y media de la madrugada del 10 de julio, el juez determinó que a 13 de lxs acusadxs les había sido negada la libertad, y las capturas habían sido legalizadas. Los hechos, para ese momento, ya habían generado la solidaridad de numerosos comunicadorxs, periodistas, movimientos sociales y de derechos humanos del mundo que emitieron comunicados, pidieron garantías para Segura y todxs lxs detenidxs.

El contraste entre Bogotá y Caracas apareció expuesto con nitidez: las reglas de un juego cerrado a los sectores populares desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y las puertas abiertas desde 1999 con el inicio de la presidencia de Hugo Chávez, el ciclo de la Revolución Bolivariana en el poder.

Y, sin embargo, aunque la guerra —y la búsqueda de paz— pareciera estar solamente del otro lado de la frontera, la realidad ha venido indicando otra verdad: desabastecimiento, aumento artificial de precios, acaparamiento, inserción permanente de paramilitares, el asesinato de Robert Serra y María Herrera, las víctimas de las guarimbas, el intento insurreccional para impedir la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro.

Aquí está, más cerca de lo que podría parecer, ya instalada, una guerra nueva, híbrida, psicológica, económica, violenta por incendios y, en gran parte, comunicacional. Que no es ajena al proceso colombiano, como ha quedado demostrado con la detención de los responsables del asesinato de Serra y Herrera.

Por eso, pensar las oportunidades de una generación privilegiada es a su vez pensar sus responsabilidades: reflexionar sobre las herramientas para hacer frente a las campañas de terror consumista, de desinformación mundial masiva, de agresión al pueblo acusado de flojo, vivo, y despolitizado. Es preguntarse cómo desandar las matrices cotidianas impuestas por radios, televisores y web, cómo señalar las mentiras y evidenciar las verdades de millones que se organizan, producen, resisten y avanzan.

Ante esa responsabilidad parecen haber acudido quienes hicieron vida en el Congreso de Periodismo, que puso de manifiesto la necesidad del debate colectivo, de repensar uno de los oficios claves de los tiempos modernos, mirarlo desde esta realidad presionada en su dialéctica de revolución/contrarrevolución. Pensar y hacer, y solidarizarse ante los hechos desatados en Colombia, donde una de las últimas declaraciones fue dada por el Congreso de los Pueblos:

“Denunciamos la violación al debido proceso, esta vez en cabeza de la juez 72 con funciones de Control de Garantías. La funcionaria desconoció la solicitud de libertad de los detenidos por vencimiento de términos, yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente alegando ‘complejidad en el caso’. Nuevamente son las mismas instituciones las que violan la ley”.

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