Informe especial sobre la persecusión que sufren militantes de izquierda en Uruguay

URUGUAY y el Reino del revés

MUJICA, «SU» JUSTICIA Y «SU» MINISTRO DEL INTERIOR, EL EX TUPAMARO BONOMI

PROCESAN A SIETE MILITANTES POPULARES QUE SALIERON EN DEFENSA DE UNA JUEZA QUE INVESTIGABA EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA

(con información del Colectivo de Noticias Uruguayas y Blogo El Muerto)

La jueza Merialdo dispone hasta 45 días para dictar un fallo sobre los 7 militantes populares indagados en Montevideo

20/9/2013

Zabalza, Irma Leites y otros de los «acusados»
Fuerte respaldo popular a los siete acusados por el fiscal Zubía.

Sin grandes incidentes transcurrió la protesta frente a los juzgados de la calle Misiones donde se realizó la primera instancia del juicio después del dictamen del fiscal, contra Jorge Zabalza, Irma Leites y otros manifestantes por el delito de atentado.

Según el fiscal, Gustavo Zubía, los manifestantes que estaban en la sede de la Suprema Corte de Justicia en protestas por el traslado de la  jueza Mariano Mota, atentaron contra la Suprema Corte impidiendo la realización del acto de juramento. Los siete implicados fueron denunciados por los ministros de la SCJ por violencia privada.

Ayer, varias organizaciones sociales y sindicales se concentraron frente a la sede judicial en protesta por lo que se considera un acto político para judicializar las protestas. Incluso se acusó al fiscal Zubía, hijo de uno de los generales de ese apellido que participaron del golpe de Estado, de “revanchismo”.

El abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, solicitó a la jueza Gabriela Merialdo la suspensión de la instancia judicial, lo que fue rechazado. Por lo que solicitó repasar los videos de los incidentes de febrero en bruto, al considerar que los observados en primera instancia, estaban editados.

El ex dirigente tupamaro, Jorge Zabalza, reiteró que no tiene miedo a ser procesado, y aseguró que la acusación es una mentira o “un invento”. Acusó a los ministros de la Corte de mantener el espíritu del terrorismo de Estado” en referencia a la decisión de ese organismo de  declarar inconstitucional la ley que derogó la impunidad a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos.

En tanto la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites dijo que se trata de “un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales” y acusó al gobierno por lo que consideró una persecución orquestada desde hace mucho tiempo.

Una vez culminada la audiencia, la jueza puede dictar sentencia el mismo día, aunque se estima que se tomará 48 horas. Esa resolución puede ser también la de considerar el expediente “en autos de resolución” para lo cual dispondría de 45 días para dictar un fallo.

El único incidente de mención ocurrió cuando un vehículo policial quiso ingresar a la sede judicial por el lugar donde estaban los manifestantes, lo que provocó algunos forcejeos.

En tanto el abogado de Zabalza, Juan Fagúndez, resposanbilizó al vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat de ser el responsable de permitir la entrada masiva de gente al edificio en aquella oportunidad. “La entrada masiva de la gente la provocó él (Oxandabarat), cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró” Fagúndez a Radio Sarandí.

Comunicado del PIT-CNT

El secretariado de la central de trabajadores emitió ayer un duro comunicado por la actuación de la justicia. Sostiene que “no comparte el pedido de procesamiento solicitado por el Fiscal, en tanto entendemos que es una forma de judicializar las movilizaciones populares”.

Recuerda que “la movilización efectuada en la Corte es legítima, en tanto una gran parte de la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza Mota”.

Sostiene además que el PIT-CNT “siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que al no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las  organizaciones de la sociedad”.

Finalmente considera que “sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte del Fiscal”.

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El cinismo presidencial:

“No nos gusta que la política se cuele adentro de los juzgados”, dice Mujica

20/9/2013

El presidente José Mujica dijo este viernes que “no nos gusta que la política se cuele adentro de los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y en alguna medida se termina envenenando en parte la convivencia”, en clara alusión a la causa penal que investiga a siete dirigentes por protestar dentro de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Acerca de este caso, el PIT CNT sostuvo en las últimas horas a través de un comunicado que no comparte “el pedido de procesamiento solicitado por el Fiscal, en tanto entendemos que es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. También otros dirigentes, así como los abogados defensores y los propios implicados, han señalado que el pedido de prisión del fiscal Zubía tiene como trasfondo una motivación política.

En su audición radial “Habla el Presidente”, que se emite por M24, Mujica señaló que se estaba refiriendo a “un tema nacional”. En ese sentido, dijo que “todo el mundo debería saber que en nuestro país existe una auténtica separación de poderes, y que la Justicia para bien, para mal o para regular, está totalmente separada e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

“Y lo está en su doble faz, las fiscalías que son autónomas e independientes y, obviamente, en el juego propio de la Justicia cuando decide a través de sus sistema de jueces y a través del organismo que la rige, la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo el jefe de Estado.

“Y es conocido que el Poder Ejecutivo ha tenido fallos adversos más de una vez, y como tal ha tenido que acatar, porque se puede discrepar con la Justicia, naturalmente, pero siguiendo nuestro orden de derecho y constitucional, discrepar no significa que se pueda no acatar, que en definitiva es la verdadera función que tiene en nuestra sociedad”, afirmó el presidente.

“Pero no nos gusta, y esto es opinión, que la política se cuele adentro de los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y en alguna medida se termina envenenando en parte la convivencia. Por eso, buena cosa fuera que los actores políticos no procuremos mezclar a la Justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político”, reflexionó el mandatario.

“Esta es una vieja lección, pero naturalmente como tantas cosas, los hombres siempre estamos expuestos a caer en viejos errores que no podemos superar”, subrayó.

IRMA LEITES le responde a Mujica

“Hace tiempo que la política está metida en la Justicia”

20/9/2013

Irma Leites, militante de Plenaria Memoria y Justicia, dijo que «hay una clara persecución» en el pedido de procesamiento que rige para ella y otras seis personas por disturbios en la SCJ. Consultada sobre los dichos del presidente Mujica respecto a la separación de poderes, estimó que “no tiene dónde fundar lo que dice”.

Leites, para quien rige uno de los siete pedidos de procesamiento con prisión por los disturbios ocurridos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del pasado 15 de febrero,  afirmó en Mesa de Noticias de La Catorce 10 que “nadie que mire los videos de los hechos puede decir que los citados cometieron hechos violentos dentro de la SCJ” y que  “hay una selección política clara del fiscal en su accionar”.

Sostuvo que “la reacción de la gente se desencadenó ante la llegada violenta de policías” y que, específicamente, en las imágenes ella no aparece en ningún momento enfrentada con nadie, y solo figura  enfrentada de palabra con el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, cuestionándole “hasta cuándo van a seguir amparando la impunidad”.

La manifestante cuestionó el hecho de que por esa frase se la vincule a un atentado agravado para el que se solicita una pena de prisión, y por eso reiteró que “hay una clara persecución y hablamos de un problema político”.

Respecto a lo dicho por el presidente José Mujica, quien en su audición por M24 este viernes afirmó que al gobierno “no gusta que la política se cuele adentro de los juzgados, porque le hace mal a la Justicia y en alguna medida se termina envenenando en parte la convivencia”; Leites criticó al mandatario y estimó que “no tiene dónde fundar lo que dice”.

Agregó que aquí no hay separación de poderes, y eso se advierte en “40 años de búsqueda de la verdad”. “Cuando los presidentes de turno dijeron a la Justicia que se haga tal o cual cosa, así se hizo”, lanzó, a tiempo que recordó que los fiscales son nombrados por el Poder Ejecutivo en base a “acuerdos políticos”.

“Cómo puede decir que hay separación. Es increíble, cualquier persona sabe que no hay independencia de poderes (…) hace tiempo que la política está metida en la Justicia, y esta además tiene la balanza hacia los poderosos”, sentenció.

En ese sentido, criticó al Frente Amplio y dijo que “antes de llegar al poder tenía en su plataforma la anulación de la caducidad, y no lo ha hecho”. “Esto es un pacto, un pacto histórico que se arrastra desde el Club Naval”, añadió, en tanto apelo a “la memoria viva de este pueblo, para que siga buscando la Justicia que familiares y torturados merecen”.

fuente La República
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URUGUAY

Zabalza acusó a la Suprema Corte y al fiscal Zubía de «terrorismo de Estado»

video

El extupamaro dijo sentirse orgulloso y no tener miedo a ser procesado con prisión por los incidentes en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mota.

El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, para quien el fiscal Gustavo Zubía, pidió el procesamiento con prisión dice que la Suprema Corte de Justicia y el representante del Ministerio Público pregonan el terrorismo de Estado.

La Suprema Corte de Justicia y el fiscal Zubía mantienen en ellos un espíritu del terrorismo de Estado y obran en consecuencia”, dijo Zabalza a Subrayado.

El exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional dijo sentirse orgulloso por el pedido de procesamiento y aseguró que no renunciará a sus principios. “Me procesará. No me importa. Tengo 70 años, estuve 15 años preso y 11 años aislado en un pozo”, remarcó Zabalza.

Tras siete meses de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota de un Juzgado penal a uno civil, el fiscal Zubía, solicitó el procesamiento con prisión de Zabalza, de Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, del exfutbolista Diego Jaume y de la militante Patricia Borda.

Asimismo pidió el procesamiento sin prisión para el dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y para Álvaro y Eduardo Jaume, padre y hermano del exfutbolista.

El cordón policial me quiso tirar por la escalera para abajo y simplemente me negué. No me gusta que me maltraten”, indicó Zabalza. El extupamaro sostiene que no hay foto o video donde se lo muestre alterado, y que todo es «mentira», un «invento».

Está acusado por el delito de atentado con agravantes. El artículo 171 del Código Penal indica, que quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público, pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio, incurre en un delito.

La pena es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Se ve agravada si la ejercen más de 3 personas o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial. En este caso fue contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, señala el diario El Observador.

La jueza Gabriela Merialdo convocó a los acusados a realizar sus descargos este jueves; luego considerará si da lugar o no al pedido de la Fiscalía.

fuente: Metropolis FM 19.09.2013
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Pedido de procesamiento a Leites y Zabalza no tiene fundamentos según abogado –

El abogado de la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites (ex prisionera política tupamara) y el ex Tupamaro Jorge Zabalza; Juan Fagúndez, dijo en Pisando Fuerte que el pedido de procesamiento hacia las siete personas, no tiene fundamentos

El penalista considera que la gente fue a manifestar en un edificio público, por lo cual no se les puede acusar por “atentado agravado”, ya que “no entraron a los prepos” ni agredieron a ningún funcionario público.

Bajo el lema “Tocan a uno y tocan a todos”, se realizó una movilización en la puerta del juzgado penal de Misiones, tras la comparecencia ante la jueza Gabriela Merialdo, los siete citados por disturbios en la sede de la Suprema Corte de Justicia, tras las solicitudes de procesamiento que realizó el fiscal penal Gustavo Zubía, entre los que se encuentran la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el ex tupamaro Jorge Zabalza, así como también están llamados a comparecer el ex futbolista Álvaro Jaume, la docente Patricia Borda, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, y los activistas Eduardo y Diego Jaume. Para los tres últimos, Zubía solicitó un procesamiento sin prisión.

“Hay un clima en la cual se arremete contra las organizaciones sociales, que hace que un fiscal se ensañe con determinadas personas, de 140 o 150 que había ese día” dijo Zabalza en conferencia de prensa.

“El poder Ejecutivo es responsable directo” agregó, ya que la vista fiscal cuenta con el logo del Ministerio de Educación y Cultura, del que depende la Fiscalía.

Organizaciones sociales y docentes, convocaron a la población a movilizarse en la puerta de la sede penal, ante la indignación por los pedidos de procesamiento ya que lo consideraron inaceptable, así como fue visto como la “criminalización de uno de los principales derechos humanos, la libertad de expresión”, según la convocatoria de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. –

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Zubía, un fiscal impune que miente descaradamente

El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”. Dicho por el Fiscal Zubía, el de la familia de los militares golpistas

Brutales mentiras sobre algo que está filmado y en fotos. Zubía dice lo que se le antoja (o le que le mandan decir los que están agazapados para dar el nuevo zarpazo) porque el «valiente» Fiscal cuenta con la más total IMPUNIDAD para mentir. Impunidad dada por la SCJ y por el Presidente Mujica. Dice que la solidaridad con la Jueza Mota «impidió la ceremonia» lo que como todos saben es una burda mentira ya que la «ceremonia» se realizó y echaron a Mota y esta tuvo que firmar y los verdugos amparadores de los criminales de lesa humanidad hasta le dieron la mano. Todo está documentado y filmado. Al Fiscal Zubía «representante de la Justicia» no le importa nada. Miente y la prensa se lo reproduce como una verdad aunque esa misma prensa -entonces- publicara las fotos y videos de la ceremonia que según Zubía fué «impedida». Están envalentonados porque Mujica los apoya y el Frente Amplio no dice una palabra. Esto es una tremenda corrupción que ha carcomido y carcome a la burocracia frentista del color, sector, espacio y grupo que sea. Todos son responsables de…»que se le abra la puerta a Hitler» como dijera el «faro luminoso» Mujica.
La Policía espera con vallas a los acusados por la asonada

“No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza

+ – 19.09.2013,  Texto: El Observador

Vallas en Juzgado de Misiones
La Policía colocó vallas de seguridad en la entrada del juzgado de la calle Misiones, donde a las 13:30 horas declararán los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia.
Según constató El Observador en el lugar, se impedirá el paso desde la esquina con 25 de Mayo, y unos metros después de la entrada de la sede judicial.
Los acusados ya alertaron cuál será su actitud de ahora en más: “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza.
El 15 de febrero de este año, cuando junto a un centenar de activistas ocuparon la sede de la SCJ para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, muchos de ellos llegaron por separado. Pero ayer se mostraron unidos en ideas y propósitos.

Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.

Para los restantes tres, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela, dirigente de Adeom, solicitó procesamiento sin prisión, porque “actuaron por impulso de la muchedumbre en tumulto” y por lo tanto fueron cómplices del atentado.

Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (…) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.

El fiscal considera que la protesta buscó “impedir el acto” de juramento de Mota y otros 14 jueces. Para ello, se basa, fundamentalmente, en videos y en la declaración del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, testigo del enfrentamiento de los activistas con la Policía. “Estaban en la posición extrema de que no solo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”, declaró Oxandabarat ante la jueza Gabriela Merialdo.

El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”.

Docentes de UTU paran en apoyo a los siete detenidos por los incidentes en la SCJ
No darán clases de tarde y posiblemente tampoco de noche

19.09.2013,  El Observador

Vallas en Juzgado de Misiones
Desde las 13:30 la Asociación de Funcionarios de Utu (Afutu) realiza un paro y se concentra frente al juzgado de la calle Misiones, en apoyo a las siete personas citadas por los disturbios en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, entre los que se encuentran Irma Leites y Jorge Zabalza.

Según dijo a El Observador el vocero de Afutu, Ruben Figueroa, los funcionarios paran para apoyar a los implicados, entre ellos a Álvaro Jaume, quien forma parte del sindicato. Por este motivo, no habrá clases de Utu en el turno de la tarde, y si la audiencia se extiende, tampoco se dictarán los cursos de la noche. “Nos vamos a reintegrar si esta instancia se termina, si los compañeros están hasta las diez de la noche paralizaremos hasta el nocturno. En ese caso se estaría perdiendo todo el turno de la tarde y el turno de la noche. Pero el turno de la tarde se pierde seguro”, explicó.

“Vamos a acompañar a nuestros compañeros. Como sindicato no podemos estar ajenos y menos en una instancia donde estos siete mencionados por la prensa no tienen el mismo tratamiento que los delincuentes primarios, que les dan solo las iniciales. Se los nombran con nombre y apellido”, agregó Figueroa. Asimismo, el dirigente manifestó que no considera que las medidas pedidas por la fiscal sean las apropiadas, puesto que los implicados “defendían los derechos humanos”, al apoyar a la jueza Mariana Mota.“Eso no es un delito capital como para que procesen a nadie”, aseveró.

Por su parte, la pérdida de clases no es preocupación para el sindicato, ya que según manifestó Figueroa, esta semana se está dando “bastante irregularidad” en la asistencia. Además, “el Codicen ya postergó dos semanas la finalización de los cursos para recuperar las clases”.
A su vez, el secretario general de Afutu Mario Siragusa expresó a El Observador que se hace  un paro general en Montevideo “para apoyar a Álvaro Jaume”, integrante del sindicato.
Los docentes de Ades también se unieron a la concentración frente al juzgado desde las 13 horas, aunque, según informó el presidente del sindicato, Julio Moreira, “se asegura e funcionamiento normal de las clases” en secundaria. De todos modos, el gremio afirmó que evaluará la posibilidad de tomar medidas en caso de que se efectúen los procesamientos que pidió la fiscal.

En febrero de este año, cientos de activistas ocuparon la sede de la SCJ para reclamar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil.  El fiscal Zubía pidió procesamiento con prisión para Jorge Zabalza, Irma Leites, Patricia Borda y Álvaro Jaume por atentado agravado. En tanto, solicitó procesamiento sin prisión para Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela (dirigente de Adeom).

Indagados ven pedido fiscal como «político»; presionan a la Justicia

Los siete acusados por la ocupación de la SCJ en apoyo a la jueza Mota comparecerán hoy ante la Justicia. Los implicados sostienen que es una causa «política» y denuncian que el fiscal Gustavo Zubía actuó acatando criterios del gobierno.

Los acusados por el fiscal Zubía

«Esto es una causa política, no es una causa judicial. El que quiera transformar esto en un tema judicial es un mentiroso, un tramposo y tiene una intencionalidad absoluta que sí puede ser un delito».
Con esa frase resumió la situación el abogado Juan Fagúndez, defensor del exguerrillero Jorge Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, tres de los siete acusados por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del pasado 15 de febrero en rechazo al traslado de la magistrada Mariana Mota (que tramitaba la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura) de una sede penal a un juzgado civil.
El lunes, el fiscal Gustavo Zubía pidió los procesamientos con prisión de Zabalza, Álvaro Jaume, la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y la activista y docente Patricia Borda por el delito de «atentado agravado». Y sin prisión solicitó imputar a los hermanos Diego y Eduardo Jaume y al secretario general del gremio de funcionarios municipales (Adeom), Aníbal Varela (ver aparte).
La jueza Gabriela Merialdo citó a los implicados para hoy jueves a las 13.30 para realizar las audiencias ratificatorias, aunque se estima que la magistrada diferirá la resolución para los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocan a manifestarse frente al juzgado de la calle Misiones casi 25 de Mayo, por lo que habrá importantes alteraciones en el tránsito en esa zona de la Ciudad Vieja.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque «es una forma de judicializar las movilizaciones populares».
La central sindical señaló que «gran parte de la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza Mota» y por esa razón sostuvo que «sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte del fiscal».
ESTRATEGIA.

Fagúndez, defensor de Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, dijo que es «absurdo» identificar a siete personas (de las más de 300 que estuvieron presentes en la ocupación de la sede de la SCJ) en base a filmaciones «editadas».
El abogado adelantó que si la jueza Merialdo finalmente dicta los procesamientos, los implicados llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Si el Poder Judicial no ampara a estas personas frente a este ataque del Ejecutivo, van a tener que agotarse otras instancia más a nivel internacional», señaló el penalista.
Fagúndez acusó a Zubía de manipular las pruebas para llegar a un dictamen acusatorio. «Un fiscal no puede mentir, ocultar o tergiversar los hechos para que le encuadre una acusación. Eso sí puede ser delito y será otra de las etapas de la estrategia de defensa», expresó el abogado en una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en la sede de Adeom.
Por otro lado, Fagúndez dijo que en su momento la SCJ denunció otros delitos específicos en relación a los cuales el fiscal Zubía no se pronunció, cosa que «puede ser otro problema», porque puede dar lugar a una denuncia de simulación de delito o calumnias, advirtió.
Consultado sobre si el hecho de que la denuncia haya sido formulada por la SCJ puede implicar una presión para la jueza Merialdo, Fagúndez respondió: «La Suprema Corte es la que determina el destino de todos los jueces de este país y en algunos casos se necesita la venia del Parlamento. Para bajar de categoría a los jueces no se necesita la venia del Parlamento. ¿Contesté la pregunta?».
Zabalza, por su parte, sostuvo que el Poder Ejecutivo propició «un clima de impunidad» y fue en ese marco que el fiscal Zubía «que tiene una visión propia del terrorismo de Estado» se encontró «en libertad para ensañarse con aquellos que siguen defendiendo la verdad y la Justicia».
Leites relacionó el pedido del fiscal Zubía con las recientes acciones de la Policía infiltrando agentes en la movilización del 14 de agosto y realizando detenciones preventivas en la marcha del 24 de agosto.
Y Varela, en el mismo sentido, sostuvo que el caso evidencia que «cada luchador social barrial o sindical va a ser remitido si protesta o grita alguna cosa que no le guste a los mandamás de este país».
CAREO.

Por otro lado, el abogado de Leites, Gustavo Salle, pidió ayer la suspensión de la audiencia en relación a su representada y la citación del vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.
Salle comentó a El País que el pedido se basa en que la requisitoria del fiscal relata que Oxandabarat buscó dialogar y negociar con los manifestantes, pero un testigo (que está dispuesto a ir a un careo) asegura que el portavoz oficial del Poder Judicial «no habló sino que intentó cerrar las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un edificio público y de libre acceso y especialmente cuando se va a realizar un acto público».
La vista del fiscal Zubía

1. Prisión para los «instigadores»
El dictamen del fiscal Gustavo Zubía señala que «del cúmulo probatorio» surge «claramente» que Irma Leites, Jorge Zabalza, Patricia Borda y Álvaro Jaume Bockino «actuaron claramente en calidad de instigadores» e incluso tuvieron «participación material en la ejecución». En tal sentido, Zubía menciona «manifestaciones y acciones públicas» de Leites y Zabalza «tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto». En el caso de Borda señala sus «permanentes manifestaciones a viva voz» y en relación a Jaume Bockino el fiscal menciona que «procuraba exteriorizar su `bronca digna`». Por eso, Zubía pidió que Leites, Zabalza, Borda y Jaume Bockino sean procesados «con medidas privativas de libertad» por el delito de «atentado agravado», que prevé una pena de entre tres meses y tres años de prisión.
2. Sin prisión por el «impulso»
El fiscal Zubía pidió que otros tres indagados (Diego y Eduardo Jaume y Aníbal Varela) sean procesados sin prisión porque entiende que su accionar fue «a partir del impulso multitudinario y de los instigadores». Específicamente el fiscal aclara que no pide la responsabilidad de los fotógrafos Iván Franco y Santiago Mazzarovich ni del dirigente del sindicato de Funcionarios Judiciales Gustavo Signorelle, que también estaban siendo indagados en el marco de la causa.
3. Los videos, un elemento clave
«De la observación de los numerosos videos que lucen en autos y que se separaron con referencia a las personas indagadas, se pueden observar en varios casos diferentes conductas materiales así como expresiones de intenciones impidentes en referencia a la ceremonia de traslado de la Dra. Mariana Mota que poseen notoria trascendencia penal», dice el dictamen de Zubía.
4. Acción policial «ponderada»
Al analizar el proceder de la Policía, el representante del Ministerio Público y Fiscal sostiene que «debe resaltarse la ponderada acción policial, que pese a las provocaciones reiteradas de los manifestantes allí presentes se mantuvo dentro de los límites más acotados».
5. No detener evitó más problemas
Zubía señala que en la sede de la Suprema Corte de Justicia, además de los manifestantes contra el traslado de la jueza Mota, había familiares de otros jueces que también eran trasladados o ascendidos. Por eso, destacó el criterio de la jueza Gabriela Merialdo de no realizar detenciones en el momento, lo que permitió un operativo policial «sin tener que lamentar otras consecuencias».

«Al hacer un recuento histórico de esta manifestación política, Ramonet recordó la temprana vinculación entre fascismo y prensa: así por ejemplo, el dictador italiano Benito Mussolini -creador de esta vertiente ideológica- utilizaba su periódico para movilizar masas y crear masas antiprogresistas, precisó.
Más tarde, los nazis en Alemania -con Adolph Hitler, gran admirador de Mussolini- desarrollaron un sistema mediático, donde destacó la propaganda con un ministro como Joseph Goebbels que utilizaba a los medios para manipular a las masas.
Sobre ese punto, el catedrático español recordó que ya desde sus orígenes «la comunicación y la manipulación de la misma constituyó una de las especialidades del fascismo».

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La jueza Gabriela Merialdo rechazó el pedido de la defensa de Irma Leites de suspender la audiencia

19.09.2013,  El Observador

La Policía colocó vallas de seguridad en la entrada del juzgado de la calle Misiones, donde a declararán los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero.
Según constató El Observador en el lugar, se impide el paso desde la esquina con 25 de Mayo, y unos metros después de la entrada de la sede judicial.
Los acusados alertaron cuál será su actitud de ahora en más: “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, dijo el extupamaro Jorge Zabalza.
El abogado Gustavo Salle, defensor de Irma Leites, una de las siete personas a las que el fiscal Gustavo Zubía pidió procesar por el atentado, solicitó suspender la audiencia pero la jueza Gabriela Merialdo rechazó el planteo, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
Zubía pidió prisión tambien para el ex tupamaro Jorge Zabalza, el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda y procesamiento sin prisión para Álvaro y Eduardo Jaume y para el dirigente de Adeom Aníbal Varela.
Esta tarde la jueza escuchará a los defensores y luego resolverá si los procesa. Tiene la posibilidad de fallar hoy mismo pero seguramente lo haga en las próximas 48 horas o en caso de que considere más complejo el tema, puede resolver poner el expediente «en autos para resolución”. En ese caso tiene 45 días para dictar un fallo.

Forcejeos entre la Policía y los manifestantes en el juzgado

Crónica de un mediodía soleado que empezó tranquilo y terminó caldeado. «Ganamos una», dijo una manifestante cuando la policía retrocedió

Texto: El Observador
Mientras los siete acusados por la asonada en la Suprema Corte de Justicia declaraban en el Juzgado de Misiones, en las afueras hubo incidentes entre la Policía y los manifestantes.
Las cosas estaban calmas afuera, cuando una camioneta del Ministerio del Interior pretendió ingresar cruzando la calle 25 de mayo, precisamente en la esquina en donde concentraban los manifestantes que esperaban a los declarantes en el interior del Juzgado.

La camioneta prendió las sirenas pero no logró que las personas se movieran. En lugar de eso, recibió varios gritos y abucheos.
Un policía bajó y pidió con buenos modales que se corrieran para poder ingresar. El ambiente comenzó a subir temperatura, comenzaron a gritar, y algunos a agitar. “Nos están provocando por gusto”, repetía un señor a la multitud.
Ante la negativa de la muchedumbre, los policías que estaban del otro lado del vallado, intentaron hacer un “salvoconducto” para que la camioneta pase. Empujaron a los manifestantes que respondieron con empujones que ocuparon una línea de más de media cuadra.

Como los manifestantes resistieron la policía retrocedió. El dirigente de COFE, Joselo López, el también dirigente Martín Pereira de la FFSP, fue otro de los que estuvo frente a frente con la Policía.

“Ganamos una”, dijo una de las manifestantes cuando la Policía retrocedió.
La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, salió del juzgado y habló con la prensa. Dijo que se siente “orgullosa de que se mantenga viva la memoria de la resistencia”. “No fuimos siete, sino toda esta gente y mucha más la que está contra la muralla de impunidad”, agregó. Su hija, que la esperaba afuera le contó el episodio vivido con la Policía. “Están buscando todas las excusas para reprimirnos”, le respondió.
A las doce del mediodía de este jueves los autos todavía circulaban con tranquilidad en la cuadra que va de 25 de mayo a Cerrito sobre la calle Misiones. Apenas dos fotógrafos y un movil de televisión estaban presentes.
Un oficial le comunicó a El Observador que en minutos cerrarían la calle y que preveían que se cerraría tanto para vehículos como para peatones. Un rectángulo de vallas se armó alrededor de la puerta del juzgado dejando solo la vereda de en frente para que peatones, manifestantes y prensa observen la llegada de los siete que participaron de la asonada en la Suprema Corte de Justicia.
Más de 40 oficiales de Policía participaron del operativo, que tuvo desde que empezó hasta que efectivamente hubo disturbios, el rumor en el aire de que “podía armarse lío”.
Los manifestantes se fueron acumulando en la esquina de Misiones y 25 de mayo. Rita, una de ellos, le dijo a El Observador que estaba ahí porque ella quería, por justicia. Dijo no poder creer cómo habían elegido a dedo a las personas que querían procesar, “de entre las cientos de personas que estaban en la Suprema Corte”.
El vallado se hizo sellado y más hermético a medida que más personas fueron llegando. También llegaron las autoridades, el fiscal del caso, Gustavo Zubía, que entró por la apertura del vallado del lado de Cerrito, fue detenido al entrar y tuvo que explicarle al policía de la puerta que él era el fiscal y que lo tenía que dejar pasar.

Por el otro lado, sobre 25 de mayo, las personas que superaron las dos centenas, forzaron que se cierre también esa calle. Los siete radicales fueron recibidos como estrellas, con mensajes de apoyo, abrazos y besos de parte de los presentes.
Una de los ingredientes del operativo que más molestó a los manifestantes, fue que la Policía contó con un camarógrafo y un fotógrafo que permanentemente filmó y fotografió a los que participaron de la concentración. Recibieron todo tipo de insulto, haciendo referencia especialmente a que al filmarlos, están violando sus derechos.

Álvaro Jaume habló con los medios de prensa y dijo que lo que los siete iban a denunciar es que estaban siendo víctimas de una acusación política. Y que desde esa postura mantendrían su defensa.
Por su parte, Zabalza hizo hincapié que lo que les estaba sucediendo era una señal más del “retroceso” que Uruguay está viviendo en materia de Justicia y Derechos Humanos.
Irma Leites se encontró con Patricia Borda y dijo en voz alta: “ella va a ser mi compañera de celda”. Borda respondió un poco asustada: “La verdad que espero que eso no pase”.
La líder de Plenaria, Memoria y Justicia le dijo a El Observador que estaba tranquila, y que la manifestación demostraba que “la memoria está viva”.

“Que se intranquilicen los que hacen este tipo de cosas. La muralla de la impunidad se tiene que inquietar hoy”, estableció. Además dijo no estar nerviosa y que ante el peor escenario, que sería la prisión, señaló que eso significaría “que no se siga avanzando en la verdad y la justicia y que no se trabaje contra la impunidad; que el Poder Judicial sea parte de esa muralla de la impunidad”.
Finalmente, Juan Fagúndez, el abogado defensor de Zabalza y los Jaume, le dijo a El Observador que lo que alegarían sería que lo sucedido es una respuesta de política social, “respondió a una defensa de la sociedad por un hecho político en defensa de causas de derechos humanos”.

Además dijo que “calcula” que la jueza Merialdo “se va a tomar unos días para decidir, aunque puede decidir hoy”.

A las 14:15, los abogados decidieron que era hora de entrar y así se lo indicaron a sus clientes. Cuando los manifestantes vieron que se procedía a hacer esto, comenzaron a aplaudir y a cantar: “¡Represión fascista, gobierno progresista!” y “¡Se escucha, se escucha, arriba los que luchan!”

Declararon indagados por ataque a la SCJ

La entrada del juzgado de la calle Misiones está vallada al igual que la Suprema Corte de Justicia. Minutos después del ingreso de los acusados a la sede se dio un forcejeo entre manifestantes y la Policía.

jue sep 19 2013 19:21 El País uy
Desde esta mañana la entrada al juzgado de la calle Misiones está vallada al igual que la sede de la Suprema Corte de Justicia. Hay fuertes medidas de seguridad y presencia de la Guardia Republicana en ambos puntos de Montevideo.
Sobre las 13:40 horas comenzaron a llegar los siete acusados del atentado contra la Suprema Corte de Justicia del pasado 15 de febrero para presentar sus descargos.
Al grito de «se escucha, se escucha, arriba los que luchan» ingresaron a declarar a las 14:18 horas. Minutos después y por el pasaje de una camioneta del Ministerio del Interior se dio un forcejeo entre manifestantes y la Policía que duro pocos minutos ya que el vehículo retrocedió.
La jueza escuchará a los acusados y luego resolverá si los procesa como pidió el fiscal. Si bien puede hacerlo hoy se estima que fallará en los próximos días.
Para la hora de las audiencias, Plenaria Memoria y Justicia, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Adeom convocaron a manifestarse. Frente al juzgado llegó a haber unas 150 personas, entre las que se destacan dirigentes sindicales como Joselo López y Luis Martínez de Ades.
Hacia las 18 horas solo quedaban dentro de las instalaciones Irma Leites y Patricia Borda, dos de los siete indagados. La jueza espera por la revisión de los videos. A esa hora quedaban 80 personas en las cercanías del juzgado.
El Pit-Cnt, en tanto, si bien no convocó a manifestarse frente a la sede judicial, expresó ayer en un comunicado su rechazo a los pedidos de procesamiento formulados por el fiscal Zubía porque «es una forma de judicializar las movilizaciones populares».
COFE también emitió un comunicado en el que aseguran que la «movilización que se realizó en la Suprema Corte de Justicia no hizo más que reflejar el sentir de muchos uruguayos, los cuales se sentían indignados por un acto que atacaba directamente los derechos de quienes exigen conocer la verdad».
Ahora, la jueza tiene un plazo de 45 días corridos para resolver si hace lugar o no a los pedidos de procesamiento.

Sin decisión por ocupación de SCJ

19.09.2013

La jueza Gabriela Merialdo se tomará 45 días más para decidir si hace lugar al pedido de procesamiento contra Irma Leites, Jorge Zabalza y los otros activistas acusados por la ocupación de la Suprema Corte. A la salida del juzgado, Zabalza afirmó que la acusación busca “desalentar la lucha por los Derechos Humanos”.

La jueza Gabriela Merialdo utilizará el plazo de 45 días del que dispone para tomar una resolución sobre las acusaciones que pesan sobre la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex tupamaro Jorge Zabalza, el dirigente de ADEOM Aníbal Varela y la dirigente de ADES Patricia Borda, entre otros participantes de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de la ceremonia de traslado de la jueza Mariana Mota.

Tras varias horas dentro de la sede judicial, Zabalza explicó que se trató de una instancia en la que los abogados de los acusados presentaron ante la jueza sus alegatos sobre la vista fiscal. En declaraciones recogidas por Radio Sarandí, Zabalza confirmó que Merialdo «comunicó que tiene un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento, dado que no son los problemas habituales que llegan a un juzgado penal; esto tiene más connotaciones filosóficas o que hacen a la Filosofía del Derecho».

El ex tupamaro informó que su defensa, representada por el abogado Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación «se está judicializando la protesta social, hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos».

En ese sentido, agregó que el «se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás», asegurando que «de la misma forma en que nos acusa a nosotros siete podría haber acusado a cualquiera de los 150 que estuvieron ahí, con los mismo argumentos». Según Zabalza, el fiscal se limitó a «elegir» a los siete acusados porque «sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave».

Consultado sobre lo ocurrido el día de la manifestación, el ex tupamaro sostuvo que los incidentes «surgieron a raíz de la entrada de ocho coraceros armados con escudos, palo y casco, que irrumpieron cuando todavía no habíamos entrado y cerraron la sala en la que se iba a hacer la ceremonia» y añadió que «en esa irrupción golpearon gente».

En el mismo sentido, afirmó que momentos después hubo «otro cordón policial» que «pretendió dividir a los que estábamos ahí». En el marco de esa operación, volvieron a producirse incidentes en los que «a mí me empujan por la escalera para abajo».

«En ningún momento hubo contacto directo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto en ningún momento hubo dolo que implicara la intencionalidad de interrumpir la ceremonia», consideró. Para Zabalza, los ministros decidieron retrasar la ceremonia porque «no les gusta el olor a pueblo, no les gustó que hubiera aplausos y gritos».

La jornada

La audiencia se realizó en los juzgados de la calle Misiones, y allí se concentró un nutrido grupo de la organización Plenaria Memoria y Justicia, bajo el lema «Decimos no. A frenar la impunidad, a rodear a los compañeros. Tocan a uno, tocan a todos».

Consultada por Montevideo Portal antes de ingresar al juzgado, Leites consideró que «es una arremetida más de una represión judicializada en este caso. Un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales. Gente que no negoció con este gobierno y una persecución, en nuestro caso, desde hace mucho tiempo. Se está cerrando un cerco que de alguna manera se orquesta hace tiempo. Esperemos a ver que responde la Justicia».

«Evidentemente nos enfrentamos a lo que en su momento declaró Ruibal Pino. Eso de ´la muralla de la impunidad´. Tal cual dicen varios abogados, estamos en el último recurso que tenemos como gente común y corriente, que defiende el derecho de protestar. Seguramente tenga repercusiones, ya que si el Poder Judicial no nos defiende y nos acusa, vamos a tener que recurrir a organismos internacionales», señaló Leites en la mañana.

Al momento de ingresar al juzgado, Leites dijo a Montevideo Portal que vive el momento «con mucha tranquilidad, igual que cuando entramos a la Suprema Corte de Justicia, mucha tranquilidad». Su abogado, Gustavo Salle, pidió la suspensión de la instancia judicial, pero fue desestimada.

Sin embargo, el pedido de Salle no fue aceptado por la jueza Gabriela Merialdo no aceptó el pedido y la sesión se realizó de todas maneras. En ese marco, Salle solicitó que la magistrada, el fiscal y todos los implicados observaran el video «en bruto» de lo sucedido el día de los hechos, ya que entiende que las imágenes que habían visto en anteriores citaciones estaban «editadas».

Varias organizaciones dieron su apoyo

La comparecencia motivó que varias organizaciones sociales se concentrarán en los alrededores del juzgado para manifestar su apoyo a los indagados. Entre ellos, se hicieron presente integrantes de la propia Plenaria Memoria y Justicia, de COFE, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos.

Entre los presentes estaba el secretario general de COFE Joselo López, quien dijo a Montevideo Portal que «lo que está pasando nos parece aberrante». Según el dirigente, «todos estamos en la misma y no puede ser que por protestar a la gente se la quiera meter en cana».

Ingreso de vehículo policial provocó empujones

La presencia de varias organizaciones cerca del juzgado no impidió que la jornada se desarrollara en forma tranquila. Sin embargo, el ingreso de un vehículo policial generó, en un momento puntual, algunos empujones, según pudo ver Montevideo Portal.

En efecto, una camioneta policial intentó ingresar al juzgado atravesando la zona en que los manifestantes estaban concentrados. Fue allí cuando se generaron algunos empujones, ya que los activistas pretendían no moverse para permitir el paso del vehículo.

Montevideo Portal

Jueza se expedirá en 45 días sobre pedido de procesamiento de Zabalza y Leites
La jueza Gabriela Merialdo, se pronunciará dentro de 45 días sobre el pedido de la fiscalía de procesar con prisión a siete personas, entre ellos Jorge Zabalza e Irma Leites, por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota.

Los procesados son acusados por manifestar dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota.
El fiscal Gustavo Zubía solicitó el martes los procesamientos con prisión de siete personas que participaron de la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero, entre ellos el ex tupamaro Jorge Zabalza, la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites; el dirigente de ADEOM, Aníbal Varela; y la dirigente de ADES, Patricia Borda.
El pedido de la fiscalía surgió a partir de los incidentes originados el pasado 15 de febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
Declaración

Este jueves los abogados de los acusados presentaron ante la jueza sus alegatos sobre la vista fiscal.
Por su parte, la jueza Merialdo comunicó que dispone de un plazo de 45 días para estudiar el caso con mayor detenimiento.
El ex tupamaro, Jorge Zabalza dijo que su abogado defensor, Juan Fagúndez, se basó en que con la acusación “se está judicializando la protesta social, y hay una intencionalidad política de la vista fiscal de desalentar la lucha por los Derechos Humanos”.
“Se ha utilizado a estos siete compañeros como vehículo para escarmentar a los demás. De la misma forma en que nos acusa a nosotros siete podría haber acusado a cualquiera de los 150 que estuvieron ahí, con los mismo argumentos”, dijo Zabalza.
Agregó que el fiscal “se limitó a elegir a los siete acusados, porque sino el delito iba a tener que ser sedición, y acusar a 150 personas por sedición conlleva una cuestión política grave”, sentenció el ex tupamaro.
Por su parte, el abogado Gustavo Salle, representante de Irma Leites, solicitó que “la magistrada, el fiscal y todos los implicados observaran el video en bruto de lo sucedido el día de los hechos, ya que las imágenes que habían visto en anteriores citaciones estaban editadas”.
La audiencia se realizó este jueves en los juzgados de la calle Misiones.
En el lugar se concentró un nutrido grupo de personas integrantes de la  organización Plenaria Memoria y Justicia, pero también de ADEOM, ADES, COFE y FFSP, en protesta por el pedido del fiscal Zubía.
En un momento se generaron empujones entre los manifestantes y la Policía.

A la opinión pública de Hijos y Familiares

Montevideo, 18 de setiembre de 2013
A la opinión pública:
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos e Hijos Uruguay expresamos nuestra profunda preocupación ante las solicitudes de procesamiento de algunos participantes del acto en apoyo y reconocimiento a la Jueza Dra. Mariana Mota en ocasión de su intempestivo traslado.
Es para nosotros absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente omiso,  seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho democrático de manifestarse.
¿Es acaso admisible que quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados reciban como respuesta un insólito castigo?
No podemos dejar de señalar esta insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos velar.
Hijos Uruguay
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

18 septiembre, 2013
El gobierno ‘progresista’ criminaliza la protesta

CON ÁLVARO Y EDUARDO JAUME
“A nadie le quedo duda que detrás de la remoción de la jueza Mota estaba el gobierno”

La familia Jaume, muy conocida por su militancia en torno a los derechos humanos y a la cuestión ambiental, está siendo investigada como consecuencia de la movilización del 15 de febrero –en rechazo al traslado de la Jueza Mariana Mota.

Álvaro Jaume es denunciante en el caso Boiso Lanza, una base de la Fuerza Aérea donde se torturó salvajemente a los presos políticos durante la dictadura militar, en una causa que está vinculada también con la muerte de Ubagesner Chávez Sosa, militante comunista asesinado en la tortura. Esta causa la estaba investigando la jueza Mota, lo cual explica la profunda indignación de la familia Jaume ante el traslado de dicha jueza, decisión adoptada por la Suprema Corte bajo la evidente presión tanto de la derecha blanqui-colorada como del gobierno (Mujica y Fernández Huidobro hicieron declaraciones públicas contra ella).

En el reino del revés de la SCJ y del gobierno “progresista”, los denunciantes se convierten en denunciados, las víctimas son acusadas por los jueces de la impunidad, y ante esta clara criminalización de la protesta popular decidimos entrevistar a los Jaume.

Noemí Iraola

Tribuna: ¿Qué significó el traslado de la jueza Mota?

Mota llevaba más 50 causas sobre los derechos humanos de una manera implacable en la investigación que contradice claramente la historia de la impunidad de este país, salimos de la dictadura pacto del Club Naval mediante, quedó demostrado que la impunidad quedó sellada en serio, el Frente Amplio tuvo la posibilidad de anular la ley de impunidad en el parlamento y no lo hizo.

Los hechos lo han corroborado en estos 8 años de gobierno… en 2004 grandes sectores no hicieron campaña por la papeleta rosada y votaron forzados la anulación de la ley, evidentemente hay una historia de impunidad, no se aclararon los delitos de terrorismo de estado, los torturadores siguen sueltos muy tranquilos, no se sabe las cosas horrendas que pasaron en aquellos años. La jueza Mota tuvo la virtud de investigar, de ir a fondo. En esta causa cuando yo pase a denunciar, estuve más de 2 horas, es una mujer que te escuchaba, te preguntaba. Yo relaté que me trajeron a mi hijo Eduardo con tres años a la sala de tortura, lo que eso significó para mí. Yo soy uno de los 22 denunciantes de la causa Boiso Lanza junto con compañeros de distintos partidos.

La jueza había procesado por la muerte de Chaves Sosa a uno de milicos por delito de lesa humanidad. Demostraba que no solo investigaba sino que procesaba, se veía clarito que venía a terminar con la impunidad, tuvo la valentía de permitirnos un careo a tres compañeros con cuatro milicos torturadores, la jueza tuvo el coraje de dejar que se realizara ese careo.

Otro dato a tener en cuenta del expediente de Boiso Lanza: faltaban solo 5 casos de los oficiales denunciados, faltaba interrogarlos y el expediente se estaba cerrando en diciembre, ella insiste al Ministerio de defensa, Huidobro empieza a ningunearla diciendo que desconocía el paradero de esos 17 oficiales que faltaban, eso ya es una señal política de que desde el gobierno quieren sacarla, ella dice en un reportaje a Pagina 12 en enero que las causa de derechos humanos en Uruguay venían muy lentas, eso sublevó a Mujica y dijo en declaraciones a la prensa: “cómo no había actuado de oficio la Suprema Corte ante las declaraciones de la jueza”, presionó Mujica, eso en enero, el 15 de febrero nos sacan a la jueza. Solo el que no quiere ver no se da cuenta de la maniobra.

Tribuna:¿Cómo describirías la demostración pacífica que se realizó ese día en solidaridad con la jueza?

Lo que paso en la Suprema Corte, con la indignación por la que estábamos pasando, no rompimos un cuadro, ni un vidrio, no se rompió un florero, con cánticos pacíficos, de apoyo a Mota, pidiendo justicia. El único momento que hay un poco de violencia es cuando los coraceros nos quieren sacar y nosotros dijimos que nos no íbamos a ir de esa manera, manteniendo que nos íbamos a retirar cuando se fueran los coraceros, así fue que los coraceros fueron tirándonos para atrás y le pedimos al oficial a cargo que los retiraran y nosotros nos íbamos, ahí fue que los coraceros se sacaron los cascos y se pusieron los gorros, nosotros no nos podíamos ir de todos modos porque la puerta estaba cerrada. La jueza buscaba donde estaba la violencia y no existió nunca por parte de nosotros. Los empujones fueron de ellos pero nosotros éramos muchos y ellos pocos y no nos íbamos a ir dejando algunos compañeros de un lado y nosotros de otro, pero cuando se retiraron nos fuimos pacíficamente.

Si bien hubo convocatorias de algunos organismos la mayoría de la gente fue autoconvocada y la indignidad interior del conjunto de personas y la bronca en todos lo que teníamos claro que por lo menos la jueza y su fiscal estaban haciendo mella al pacto de silencio y la impunidad, la bronca que significaba removerla, a nadie le quedo duda que detrás de esa destitución estaba el gobierno, además un hecho significativo que lo dijimos en nuestra declaración es que al día siguiente el canciller de la república dijo públicamente que quedaba muy mal visto el país por destituir a una jueza que estaba llevando muy bien las causa de los derechos humanos.

Le agregue en mis declaraciones que demasiado tranquilos estábamos con nuestra historia, acá los poquitos que están presos es en cárcel VIP, y para que no sean extraditados al exterior, son contaditos con los dedos. Agreguemos señales políticas: el único militar en actividad que se puso preso por el caso de Nibia Zabalzagaray, que fue Dalmao, recibió la visita del presidente y Huidobro mando una carta a la jueza de que no podía ser Dalmao el responsable, y esa declaración de los “pobres viejitos”.

Hasta donde era grotesca la situación, que la jueza Mota que está procesando fue trasladada… la bronca y la indignación es muy fuerte, ese día manifestamos esa bronca que produce tanta violencia y dijimos no va más los militantes, no queremos más tibieza con los torturadores, con los pactos, demostramos la dignidad del pueblo.

Tribuna: Se pretende aplicar el Código penal mussoliniano a una movilización popular, nada menos que a una protesta contra la impunidad, buscan criminalizar la protesta, intentando utilizar las figuras de asonada, sedición etc

Ante esa acotación es importante dejar planteado y registrar lo siguiente, que antes de la marcha en defensa de la tierra y los bienes naturales el 10 de mayo, el DOE nos había citado en esa marcha nosotros lo anunciamos e íbamos a citar a todos para acompañar las declaraciones, entonces ellos desactivan las citaciones. Ellos eligen a los que están trabajando en el proceso de lucha como en nuestro caso en la lucha por la tierra, la lucha social está tomando un calibre enorme. Ahí hacen cambio de planes. No solo el código fascista está intacto también todo el aparato de la inteligencia con el que están intentando generar temor como con lo de los gurises.

Comunicado de prensa de los acusados

Montevideo 18 de setiembre 2013

Conferencia en el local de ADEOM
Comunicado de prensa

Los siete compañeros aquí presentes, ante el pedido del fiscal Zubia que nos acusa de cometer un acto de atentado el viernes 15 de febrero del corriente año, en la ceremonia de traslado de la Jueza Mariana Mota, declaramos:

1- El fiscal Zubia responde al Poder Ejecutivo quedando en claro que su intencionalidad expresa la voluntad de dicho poder del Estado de ir intensificando las medidas represivas contra los Derechos Humanos.

2- La vista fiscal revela un particular ensañamiento de tipo político pretendiendo caracterizar de hecho violento lo que simplemente fue la breve demora de un acto político.

Los cánticos o expresiones allí emitidas reflejaban el sentir de quienes no aceptamos la impunidad en este país y reclamamos Verdad y Justicia por los crímenes de Lesa Humanidad.

De ningún modo puede pensarse que los mismos eran motivo para obstaculizar dicha ceremonia que se llevó a cabo tres horas después.

3- La actitud del fiscal pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de estadote en el pasado asoló al país.

4- Con estos procesamientos se pretende desalentar la lucha contra la impunidad y al mismo tiempo frenar la creciente protesta social ante realidades injustas que hoy nos afectan.

La criminalización de la acción ciudadana demuestra cuán poco se respetan los verdaderos valores de libertad que tanto se proclaman.

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