Los usuarios se enfrentaron a los efectivos de la Policía Federal a raíz de un paro de empleados de varias empresas tercerizadas de esta línea y que ya han ejecutado más de 100 despidos. El debate de fondo queda entre continuar con la política de subsidios a las empresas privadas o la reestatización de los ferrocarriles, mientras que los grupos mediáticos reprochan al Gobierno Nacional no haber reprimido las protestas.

La pregunta no es por qué ha pasado, sino que hay que sorprenderse de por qué no ha pasado antes. En septiembre de 2008, los trenes de Buenos Aires fueron noticia en todo el mundo por las protestas de los usuarios del servicio frente a unas empresas concesionarias del mismo con un subsidio estatal de hasta el 500% de lo que pagaba el pasajero. Accidentes, demoras, servicios precarios o maltrato eran una norma que acabó en aquel momento con una explosión que obligó la intervención estatal y el reordenamiento parcial de algunas concesiones, creando un consorcio llamado UGOFE donde el accionista mayoritario es el Estado Nacional, pero donde participan las antiguas concesionarias(Trenes de Buenos Aires-TBA-, Metrovías y Ferrovías). El problema de ahora se profundiza, dado que es el producto de este reordenamiento lo que desencadenó la ira de los usuarios.

El Estado subsidia y las concesionarias reciben

La columna vertebral del reordenamiento ferroviario que a partir de 2008 lanzaría la Secretaría de Transporte sería la de implementar un tipo de subsidio que si bien matizaba el laissez faire impuesto por el Ministro de Economía del menemismo y del gobierno de la Alianza Domingo Felipe Cavallo, seguiría trasvasando sin demasiados argumentos fondos del sector público a las empresas concesionarias, a las que ciertamente se les exigió un mayor cumplimiento en materia de infraestructura.

Con esta reubicación, hubo mejoras parciales en el servicio y un abaratamiento del boleto, que fue asumiéndose por el usuario en la medida que las cifras de la Renta Nacional eran positivas, y éste asociaba la mejora de sus ingresos al abaratamiento de determinados precios al consumo y de los servicios públicos de transporte en general, ya sean ferrocarriles o transporte público automotor.

Pero el esquema socioeconómico nacional no había cambiado demasiado. Las mejoras en la Renta Nacional se debían a un exitoso plan comercial con superávit fiscal que se sentaba en el aumento de la capacidad exportadora del país, que ciertamente tuvo repercusión en los ingresos de los trabajadores y que implicó una alta demanda de empleo.

La política de subsidios a empresas concesionarias de servicios públicos tenía una cláusula que es la que se ha ido aplicando en los últimos cuatro años: cuando la concesionaria se viera imposibilitada de hacer frente al servicio, el Estado nacionalizaría de nuevo el suministro. Hecho que ocurrió efectivamente con Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas-Austral o el Correo nacional, donde el Estado concurrió ante el agotamiento del sector privado (pero no antes).

En el caso de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, el otorgamiento de un amplio margen de gestión y administración del dominio público a las concesionarias, hizo que se reintegrara en este sector estratégico el paradigma de la maximización de la ganancia y la minimización de la pérdida también en las relaciones laborales, frente a un criterio de empleo estable, digno y seguro. De esta manera se multiplicaron las subcontratas y la tercerización, donde las diferencias entre un empleado de planta (el de la cuota de administración correspondiente al Estado) y el de una concesionaria llegaba hasta un 50% de diferencia del salario(además de otras mermas en cuanto a derechos laborales). Las concesionarias han sido en su mayoría empresas fantasma autorizadas por la Secretaría de Transporte, donde en caso de incumplimiento sería muy difícil exigirles responsabilidades económicas, dado que son sociedades sin patrimonio y creadas exclusivamente para la participación en esas concesiones. Si hubiera incumplimientos sería el Estado quien tendría que soportar el peso económico de éstos.

Los trabajadores frente a un doble aparato: el empresarial y el sindical

Las reivindicaciones laborales que desde hace varios meses vienen exigiendo los empleados tercerizados, en este caso del Ferrocarril Roca, enfrentan a una cúpula empresarial muy beneficiada por la política de subsidios y a una estructura sindical que tiene una importante cuota de participación en estas concesiones a través de sociedades creadas o gestionadas por la Unión Ferroviaria (UF), que además tiene, por imperativo legal, interlocución directa con el Estado nacional. La Unión Ferroviaria ha ido introduciendo en el gremio criterios mediante los cuales los trabajadores dejan de ser el objeto de su defensa y pasan a ser clientes del sindicato. Por lo tanto la pregunta es: ¿se trata de una corporación empresarial más?, ¿son representantes de los trabajadores ante la empresa o de la empresa frente a los trabajadores?. A juicio de cualquiera hay una contradicción evidente, y es la que existe entre la defensa del trabajador y la participación en beneficios de la empresa en la que trabaja éste.

El paro que ha transcurrido durante la jornada del 21 de julio ha puesto en evidencia la capacidad de organización de los empleados tercerizados del Ferrocarril Roca. No solo ha generado contratiempos para los más de dos centenares de miles de afectados, sino también a las encomiendas y retrasos en empresas dependientes. Además le ha provocado al Estado Nacional un problema de orden público que solo ha podido solventar cuando los trabajadores en huelga han decidido aliviar las medidas de presión, luego es factible que la reivindicación del pase a planta de los 1500 empleados que están empleados en condiciones precarias pueda cumplirse en su mayoría.

La mano dura que exigen los grupos mediáticos o la recuperación del ferrocarril

Varios medios de comunicación que reportaron los incidentes y enfrentamientos entre Policía y usuarios del ferrocarril en la estación de Constitución reclamaban mayor dureza policial y judicial en doble dirección: contra los huelguistas y contra los usuarios furiosos. Los efectivos de la Guardia de Infantería, que no emplearon medios de fuerza contra los participantes de los incidentes, solo procedieron a la detención de un usuario que continuó con los destrozos aún a pesar de haber llegado a los andenes varias formaciones de auxilio para transportar a los pasajeros varados.

Los reporteros del Canal C5N concretamente se preguntaban con amargura las razones por las que la autoridad judicial se había abstenido de ordenar el uso de la fuerza; amargura que fundamentaban en una difusa “libertad de tránsito” vulnerada por los trabajadores del Roca y una “furia irracional” de los usuarios enojados. Posiblemente haya en los lamentos de los reporteros de los canales y medios de la derecha omisiones respecto a bienes jurídicos que gozan de mucha mayor protección en la Constitución Nacional como debe ser el derecho al trabajo digno o a unas condiciones de vida aceptables, que empresas como estas violan diariamente.

Pero más allá de un lamento que es bastante normal en determinados medios periodísticos, queda por preguntarse cuál será el desenlace de este modelo de patria subsidiada. La continuidad de este modelo va a llevar aparejado una adhesión, más tarde o más temprana de aquellos sectores económicos que hoy parecen estar en la trinchera contraria a la del Gobierno nacional, porque el paso de un modelo de Estado abstencionista en el marco económico y el tránsito a un keynesianismo a la argentina implica un mantenimiento de la incertidumbre de las capas populares, que siguen estando a merced del poder de decisión de los grupos económicos concentrados y que tiene como principal exponente el actual proceso inflacionario sobre los bienes de consumo doméstico. Pero por otro lado, determinadas políticas de incentivo del consumo dificultan una caracterización tajante del Gobierno Kirchner. Pero lo que sí podemos determinar con mayor claridad es la oscilación de éste en función del segmento social que tenga el poder en cada momento: sectores populares o sectores concentrados. Al margen de la cooptación que este Gobierno pueda haber hecho de un amplio espectro de los movimientos sociales en los últimos años(algo que tampoco es malo en sí mismo), quizá sea mucho más preocupante observar que las grandes batallas políticas y económicas del país los sectores populares solo la ven por TV; ni las protagonizan ni deciden sobre ellas. Y más debería preocuparnos que sea este hecho el que determine en el futuro las relaciones de poder en la Argentina.

Diego Herchhoren, para Resumen Latinoamericano