La izquierda independentista apuesta “sin reservas por un proceso pacífico y democrático” y se apoya en el ejemplo irlandés

En las últimas semanas ya se venían adivinando importantes movimientos en la política vasca. A modo de confirmación, el sábado 14 la izquierda independentista realizó una declaración con la escenografía propia de los momentos históricos, decisivos. Y el mensaje fue nítido: "El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos”. El documento que presentaron evoca los principios del senador George Mitchell, que facilitaron el diálogo político resolutivo en Irlanda, y aboga por reproducirlos en el conflicto que enfrenta al País Vasco con España.

Mientras 110 personas muy referenciales en el independentismo lanzaban este mensaje en Navarra, el mismo documento era presentado en Venecia en el marco de la “Conferencia sobre procesos de paz y resolución de conflictos”, organizada por el Centro Pace y el ayuntamiento italiano. Junto a una portavoz de la izquierda vasca, en la mesa se sentaban el abogado sudafricano y mediador en diversos conflictos Brian Currin; el ex miembro del IRA y diputado del Sinn Feinn Raymond McCartney, y Emine Ayna, representante del partido kurdo DTP. Asimismo, Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, y Nelson Mandela, ex presidente surafricano y Nobel de la Paz, también enviaron mensajes apoyando esta iniciativa política.

Brian Currin la definió como un "significativo e innovador movimiento de la izquierda abertzale". El mediador, que ha trabajado con los independentistas durante los últimos 18 meses y es uno de los artífices del documento, ensalza la "profunda discusión" que se ha producido "durante los últimos 14 meses en el entorno de Batasuna, en reuniones celebradas en el País Vasco y fuera de él".

¿Significa eso que ETA está dispuesta a dejar las armas y ha aprobado el documento? "Esto es solo el principio. Yo espero que ETA dé la bienvenida a la declaración, y si Madrid libera a los presos, no veo porqué ETA no debería declarar un alto el fuego definitivo. Eso sería lo lógico. En la mención de los principios Mitchell está implícita la obligación de renunciar a la violencia y entregar las armas. Y yo tengo la esperanza de que ETA declare el alto el fuego permanente”, señaló.

Políticos encarcelados

Currin reveló que esta declaración la iban a hacer pública este mes Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, antes de ser encarcelados el 13 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón. Paradójicamente, la acusación contra estos líderes políticos y sindicales se basa en el trabajo que estaban realizando en la dirección que ahora apunta el documento. Por ello, su encarcelamiento provocó el rechazo de la mayoría de los partidos políticos y sindicatos del país, que organizaron una multitudinaria manifestación.

En las últimas semanas, la izquierda independentista venía mostrando su voluntad por desbloquear el “problema vasco”, apostando incluso por realizar propuestas unilaterales de distensión. Frente a ellas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha venido subrayando su apuesta por incidir en la vía policial y negarse a todo diálogo. No obstante, los abertzales parten de la premisa de que "la situación de violencia y enfrentamiento armado se ha prolongado mucho más de lo que nadie debiera desear, con los costes humanos y políticos que todos y todas conocemos. Es nuestra prioridad superar este escenario", señalaron.

La izquierda abertzale remarca igualmente la necesidad de un cambio político en el País Vasco y subraya que "ahora se trata de hacer ese cambio irreversible" a través de una herramienta: el proceso democrático. A partir de ahí, exponen siete principios que desean compartir con los agentes sindicales, sociales y políticos vascos, y también con la comunidad internacional. En ellos se expresa, entre otras cosas, un compromiso "solemne" de "respetar en cada fase del proceso las decisiones que, libre, pacífica y democráticamente, vayan adoptando los ciudadanos y ciudadanas vascas".

La ruptura del último proceso de paz

Tras la ruptura del último proceso negociador, hace algo más de dos años, se abrió una nueva fase de enfrentamiento abierto entre el independentismo vasco y el gobierno español. Por una parte, ETA inició una cadena de acciones armadas contra policías e instalaciones militares, sedes del Partido socialista e intereses económicos del Estado, que han dejado el saldo de nueve muertos y numerosos daños materiales. Por otra, fue encarcelada toda la dirigencia de Batasuna, el partido de la izquierda independentista, y el Estado continuó su dinámica de ilegalización de organizaciones políticas, civiles y medios de comunicación, enviando a prisión a más de 200 personas bajo la premisa de que “todo es ETA”: militantes barriales de izquierda, miembros de organizaciones juveniles y de apoyo a los presos, conocidos dirigentes políticos… En este contexto, hasta el propio Lehendakari (presidente del Gobierno Vasco) Juan José Ibarretxe fue procesado por reunirse con una delegación de Batasuna.

El pasado mes de mayo, los partidos españoles se cobraron una pieza muy codiciada: el Gobierno Vasco. PP y PSOE nunca habían logrado sumar una mayoría en el Parlamento, pero en las últimas elecciones fue prohibida la candidatura de la izquierda independentista, y los más de 100.000 votos que recibió (un 10% de los emitidos) fueron declarados nulos, así que los partidos de Madrid pudieron alzarse con el gobierno, entre denuncias de fraude y de utilización del conflicto político para beneficio partidista.

Desde entonces, el enfrentamiento se ha recrudecido y el nuevo Lehendakari, del PSOE, ha redoblado su acoso contra el independentismo, al que pretende borrar del mapa en base a un objetivo declarado: la derrota no sólo de ETA, sino, y sobre todo, de la posibilidad de que el pueblo vasco ponga en marcha una estrategia eficaz para lograr su autodeterminación. Este recrudecimiento de la violencia incluye además la “desaparición” de un miembro de ETA, Jon Antza, hace seis meses en el Estado Francés, varios secuestros e interrogatorios extrajudiciales a militantes políticos y decenas de denuncias de torturas.

¿Qué piden los vascos?

ETA acaba de cumplir 50 años, y el conflicto con España está a punto de cumplir los 500. Veinte años después de que los Reyes Católicos iniciaran la conquista de América, en 1512 las tropas castellanas conquistaron por la fuerza el Reino de Navarra, la estructura política del pueblo vasco. Desde entonces, los vascos han luchado recuperar su independencia y evitar su desaparición como pueblo, al tiempo que españoles y franceses han seguido recortando sus cada vez más escasas parcelas de soberanía. Por el camino, cientos de insurrecciones y enfrentamientos, varias guerras y una terrible matanza, la de 1936, la encabezada por los fascistas en Navarra, que dejó en las cunetas a tres mil militantes nacionalistas y de izquierda, con la posterior invasión de Alava, Gipuzcoa y Vizcaya, que vivió episodios tan repelentes como el bombardeo de Gernika. Después, cuarenta años de dictadura y de persecución brutal a la cultura vasca y a la demanda de la soberanía perdida.

Tras la muerte de Franco, el Estado mantuvo la estrategia diseñada por el dictador: separar administrativamente Navarra y el resto de las provincias vascas, activar todos los resortes para diluir lo vasco en España, impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación y encomendar la “unidad de la Nación” al ejército. Sin embargo, y a pesar de toda la represión soportada, el independentismo vasco ha conseguido notables avances estratégicos y cada vez está más clara en la sociedad la necesidad de un acuerdo político, con bases estrictamente democráticas, que acabe con esta espiral de violencia y sufrimiento.

En el último proceso negociador, la izquierda independentista aceptó la fórmula de resolución propuesta por los mediadores internacionales: 1) posibilitar la unidad administrativa de las cuatro provincias “vasco-españolas” dentro del Estado español, si sus habitantes así lo expresan por mayoría en las urnas; 2) hacer lo mismo en el caso de las tres provincias “vasco-francesas”; 3) posibilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación de los territorios vascos si sus instituciones lo demandan y el pueblo lo ratifica por referéndum; 4) terminar con la persecución política del independentismo.

Igualmente, ETA ofreció su autodisolución si se cumplían estos mínimos, pero la propuesta fue rechazada por el PSOE. Desde entonces hasta hoy, el Gobierno sigue rechazando la posibilidad de todo diálogo y mantiene su apuesta por la vía policial. Mientras tanto, los independentistas buscan un nuevo escenario de negociación y trabajan en la creación del “polo soberanista”, una alianza que aglutine a los partidos, sindicatos y organizaciones sociales que apuestan por la supervivencia cultural y política del País Vasco. Con ella pretenden unir fuerzas y voluntades en la resolución del conflicto, en la consecución de la paz y en la construcción de un nuevo marco democrático que garantice a la ciudadanía vasca el derecho a decidir sobre su futuro.