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La
crisis hondureña finalmente se resolvió “por el lado malo”: la
consolidación del régimen golpista y la institucionalización de las
ilegítimas elecciones que tendrán lugar el próximo 29 de Noviembre.
Ya
la Casa Blanca ha declarado que los resultados del comicio serán
admitidos como válidos lográndose así la normalización de la vida
democrática y poniendo fin al “interinato” de Micheletti, eufemismo con
el que desde un principio Washington caracterizó al golpe de Estado de
la oligarquía hondureña. De este modo las groseras violaciones a los
derechos humanos y los atropellos a las libertades democráticas que
signaron toda la campaña electoral serán condenados al olvido. Este
penoso desenlace había sido anticipado por diversos representantes de
la derecha republicana, que impuso como una de sus condiciones para
ratificar la designación de Arturo Valenzuela como Secretario de Estado
Adjunto para Asuntos Interamericanos el pleno reconocimiento de unas
elecciones que por sus insanables anomalías deberían ser declaradas
nulas de nulidad absoluta. Tal como lo reportara Página/12
en su edición del 7 de Noviembre, el senador republicano por Carolina
del Sur, Jim DeMint, retiró su veto a la candidatura de Valenzuela
porque, según se encargó de comunicar a los medios, “la secretaria de
Estado Hillary Clinton y el subsecretario, Thomas Shannon, me han
garantizado que Estados Unidos reconocerá el resultado de las
elecciones hondureñas, haya sido restituido o no Manuel Zelaya”
Esta
resolución de la crisis tiene un significado que excede con creces la
política hondureña: marca el inicio de una nueva etapa, por cierto que
involutiva, en la cual Estados Unidos retoma su tradicional política de
apoyo a los golpes militares y a los regímenes autoritarios afines con
los intereses imperiales y ratifica el carácter hipócrita y vacío de la
retórica democrática permanentemente enunciada por Washington. Conviene
aprender la lección: de ahora en más, democrático vuelve a ser todo
régimen que se somete incondicionalmente a los designios
norteamericanos; autoritario, populista o despótico será aquel que
defienda su independencia y autodeterminación. Uribe y Calderón son
demócratas, no importa si el primero viola flagrantemente los derechos
humanos, mantiene estrechas relaciones con los narcos y los
paramilitares y sabotea sin cesar los posibles acuerdos de paz y el
canje humanitario que necesita Colombia para lograr su pacificación; o
que el segundo despida de la noche a la mañana a 46.000 trabajadores de
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y promueva una demencial
militarización de la vida política mexicana. Chávez, Correa y Morales,
en cambio, son populistas y autoritarios, peligrosos para sus vecinos,
porque promueven diversas reformas sociales y siembran las semillas de
la discordia en sus respectivos países. Aquí aparece una vez más la
vetusta y falsa teoría conservadora que concibe a la lucha de clases no
como producto de las contradicciones sociales inherentes al
capitalismo, sino como la obra de un agente perverso que, dotado de
inmensos poderes, introduce el virus del odio y el conflicto en
sociedades que antes de su nefasta aparición sobresalían por la armonía
de sus relaciones sociales.
Ante esta penosa retrogresión de la
política exterior norteamericana son muchos los analistas y estudiosos
de la realidad internacional que plantean la tesis de que la victoria
de los golpistas hondureños expresa la declinación de la hegemonía
norteamericana. A partir de esta constatación se termina por
inocentizar a Barack Obama porque, supuestamente, pese a sus esfuerzos
no pudo encaminar la crisis en Honduras hacia una resolución compatible
con la institucionalidad democrática. ¿Hasta que punto es sustentable
esta interpretación?
Hay dos cuestiones que deben ser
examinadas: por un lado, la progresiva pérdida de capacidad hegemónica
de Estados Unidos en la región. Por el otro, las iniciativas concretas
tomadas por la Casa Blanca en el marco de la crisis hondureña. En
relación con la primera, es preciso reconocer que si bien la
superpotencia se enfrenta a una disminución de su capacidad de
dominación y control sobre el sistema internacional, así como su
gravitación económica global, no es menos cierto que esta tendencia no
se traslada linealmente a América Latina y el Caribe. No sería
temeraria, sino mucho más próxima a la verdad la hipótesis que dijera
que ante una declinación relativa del imperio en la arena mundial aquél
se aferra con más fuerza a lo que sus estrategas militares y
diplomáticos consideran su patio trasero y su incuestionable entorno de
seguridad territorial. No por nada esta región del mundo fue la
destinataria de la primera concepción que la joven república
norteamericana elaboró en materia de política exterior: la doctrina
Monroe. Por lo tanto, la declinación global no necesariamente significa
un deterioro equivalente en su capacidad de controlar su tradicional
“zona de influencia”. Es indudable que el predominio que Estados Unidos
tenía antes sobre sus vecinos al sur del río Bravo se ha debilitado;
pero aún así está lejos de haber desaparecido. Y esto nos conduce al
análisis del segundo aspecto señalado más arriba.
En efecto,
¿actuó Obama con todas sus fuerzas para resolver la crisis hondureña en
una dirección coherente con los imperativos de la democracia y los
derechos humanos? Definitivamente no. Sus iniciativas fueron
vacilantes, expresión de las dos líneas que se disputan la formulación
de su política exterior. Una, reaccionaria hasta la médula y
profundamente influida por las necesidades y las estrategias del
complejo militar-industrial y que encuentra en Hillary Clinton su más
encumbrada vocera y, otra, mucho más difusa y dispersa, que desearía
establecer relaciones más respetuosas con los países del área aún
cuando esto no implique abandonar la presunción hegemónica del pasado,
sino tan sólo un cierto aggiornamento de la misma y que
encuentra su principal representante en el propio Obama. En esta pugna
el presidente se vio claramente superado por sus rivales que, desde el
principio, fueron capaces de imponer su estrategia en relación con la
crisis desatada en Honduras.
Cabría preguntarse si esta
interpretación no presta validez a la tesis declinacionista. De ninguna
manera. Lo que sí queda claro es que Obama tiene un control apenas
marginal del aparato estatal norteamericano. Sería por lo tanto más
correcto decir que fue el ocupante de la Casa Blanca quien no pudo
elegir otro rumbo, pero no Estados Unidos como potencia imperial. En
otras palabras, se impone una vez más distinguir entre el “gobierno
permanente” de ese país y su “gobierno aparente”, el que se simboliza
en la figura del presidente. El problema es que el vaciamiento de la
democracia estadounidense, un proceso que se ha venido desenvolviendo a
lo largo del último medio siglo, hace que la figura presidencial tenga
muy acotados sus márgenes de autonomía para intentar –en el hipotético
caso de que así lo deseara- llevar a cabo una política contraria a los
intereses del “gobierno permanente”, ese nefasto entramado de grandes
oligopolios y sus lobbies, fuerzas armadas, políticos
profesionales y grandes medios de comunicación que, como dijera Gore
Vidal, mantiene secuestrada a la sociedad norteamericana.
Para
resumir: la hipótesis de la declinación hegemónica queda desmentida
cuando se observa que, a pesar de dicho debilitamiento, Washington se
las ingenia para firmar un tratado de cooperación militar con Colombia
que, como lo recordara el Comandante Fidel Castro Ruz días pasados en
una de sus “Reflexiones”, equivale a una práctica anexión de ese país
sudamericano a Estados Unidos. Si algo demuestra esta iniciativa es la
formidable capacidad de presión, dominación y control que, pese a su
debilitamiento, aún conserva el imperio. Es esa misma capacidad la que
lo llevó a sacar rápidamente de la escena negociadora en Tegucigalpa al
Secretario General de la OEA (cuyos planteamientos eran totalmente
inaceptables para los golpistas) para sustituirlo con un viejo peón de
la política estadounidense, Oscar Arias. Es esa misma capacidad la que
lo lleva a sostener contra viento y marea el criminal bloqueo a Cuba,
pese a que en la Asamblea General de la ONU esa política fue condenada
por 187 de los 192 países que la integran, y defendida sólo por tres:
Estados Unidos, su estado cliente Israel y la isla de Palau (20.000
habitantes), según la CIA un polígono de tiro de la Armada
norteamericana en la Micronesia. O la que le permite prestar oídos
sordos al reclamo universal de indultar a los cinco luchadores
antiterroristas cubanos sometidos a inhumanas condiciones de detención
en Estados Unidos gracias a una escandalosa burla al debido proceso; o
mantener una infame prisión, violatoria de todos los derechos humanos,
en la Base Naval de Guantánamo.
Si Obama hubiera demostrado
la misma determinación para exigir la inmediata restitución de Zelaya
en la presidencia otra habría sido la historia. Y tenía instrumentos a
manos para hacerlo: podría haber decretado el transitorio bloqueo de
las remesas de los inmigrantes hondureños residentes en Estados Unidos;
o instruido a las empresas norteamericanas radicadas en Honduras que
preparasen planes para su eventual evacuación; o congelado los fondos
de los políticos del régimen y de la oligarquía depositados en bancos
norteamericanos; o embargar sus fastuosas propiedades en la Florida.
Son gestos para nada inéditos; casi todos ellos fueron utilizados por
George W. Bush para frustrar la segura victoria de Schafik Handal,
candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en las
elecciones del 2004 en El Salvador. ¿Por qué no se intentó algo similar
en esta ocasión? Respuesta: porque la política del “gobierno
permanente” de Estados Unidos dispuso otra cosa y el inquilino de la
Casa Blanca se inclinó ante esa decisión.
Conclusión: no es
que Estados Unidos no pudo modificar el resultado de la crisis
hondureña sino que, más allá de las preferencias de Obama, la clase
dominante norteamericana y sus representantes políticos en el aparato
estatal no quisieron que fuera otro el desenlace de este conflicto, aún
a sabiendas de las funestas implicaciones que esta decisión tendrá para
la paz y la estabilidad política ese país centroamericano. En línea con
la desorbitada militarización de la política hemisférica promovida
desde los años de George W. Bush –y de la cual las siete bases
concedidas por Uribe son apenas la punta del iceberg- el “gobierno
permanente” de Estados Unidos optó por sostener a los golpistas en vez
de apostar a la reconstrucción de la democracia. No se trató de una
cuestión de incapacidad, sino de una elección estratégica concebida
para reordenar manu militari el tumultuoso patio trasero del
imperio en Centroamérica y para lanzar una ominosa señal de advertencia
a los gobiernos de izquierda y progresistas de la región.
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