Argentina. Resumen gremial.Coronavirus: Un informe alarmante de residentes y concurrentes de hospitales porteños/ Mendoza anticipó que pagará los aguinaldos en forma escalonada hasta diciembre/ “No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral” … (Más info)

Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2020 .-   Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque gremial, Línea sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA, Agencias

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En el 51% de los hospitales y centros de salud de la Ciudad no se cumplen los protocolos contra la covid-19

Coronavirus: Un informe alarmante de residentes y concurrentes de hospitales porteños 

La asamblea de residentes y concurrentes elaboró un informe que revela las condiciones absolutamente precarias en las que se trabaja. El efecto no solo impacta sobre los trabajadores y pacientes sino que se transforma en foco hacia toda la sociedad.

Por Nahuel Lag

Imagen: Bernardino Avila

Los aplausos de las 21 para homenajear el servicio de les trabajadores de la salud ya quedaron entre las anécdotas del inicio de la pandemia de la covid-19, pero residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que continúan poniéndole el cuerpo al virus con “los mismos problemas laborales y estructurales que al inicio de la pandemia, agravados por el aumento de casos” sin ser escuchados por las autoridades porteñas. 

En el marco de un jornada nacional de lucha, junto a sindicatos del sector, la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA publicó un relevamiento realizado en los 35 centros de atención de salud porteños, que revela que aún en el 83% de los efectores, donde se atienden pacientes con covid-19, no cuentan con los insumos de bioseguridad,  en el 51% de los hospitales y centros de salud no se aplican protocolos para el aislamiento del personal, en el 50 % no hay espacios físicos donde aislar a los pacientes sospechosos y solo en 7 instituciones confirman haber recibido capacitación.  

En esas condiciones, ya son 102 les profesionales de la salud que dieron positivo por covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, según el relevamiento de la asamblea, entre ellos, 10 residentes y 6 concurrentes, además de varios aislados por contacto estrecho en los hospitales Ramos Mejía, Fernández, Rivadavia y Santojanni. 

“A medida que pasan los días, no podemos creer que todavía no tengamos los recursos necesarios. El personal empieza a contagiarse y esa es la expresión de todo los problemas que muestra el informe. La pandemia dejó al descubierto el vaciamiento del sistema de salud”, sostuvo Mayra Coatz, vocera de la asamblea en diálogo con PáginaI12. Según el relevamiento, 9 servicios en distintos hospitales ya fueron cerrados en medio de la pandemia y cuatro hospitales están al límite de ocupación de camas de terapia intensiva. 

Precarizados y sobreexplotados

A la falta de insumos para protegerse del virus y los problemas edilicios preexistentes magnificados por la pandemia, se suma otra condición de larga data: la precarización laboral, denunciada por la asamblea en las históricas jornadas de lucha de diciembre pasado, cuando lograron frenar una ley propuesta por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que regulaba la situación de precariedad laboral. 

Les residentes cargan con jornadas promedio de 70 horas semanales por salarios que están por debajo de la canasta familiar, sin que se les pague el suplemento por guardia en 15 de los 25 centros donde se brinda el servicio. Mientras que les concurrentes –sin salario ni ART– hacen un trabajo voluntario esencial en algunas áreas: en 15 de los centros de salud porteños, les concurrentes prestan servicios sostenidos solo por ellos, ya que no cuentan siquiera con residentes que desempeñen las tareas.  

Solo en 3 hospitales –Penna, Muñiz y Durand– se decidió contratar, en calidad de suplentes, a concurrentes para cubrir horas de guardia. Mientras que en 5 hospitales, el trabajo voluntario y sin seguro de les concurrentes es utilizado para atender en las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS) , donde llegan casos sospechados de covid-19. 

“La Dirección de Capacitación ha sacado una normativa en la cual incorpora las Unidades Febriles como espacios formativos, de modo de justificar las tareas que no corresponden ser realizadas por residentes y concurrentes pero que en la realidad ocurren”, denuncia el informe y agrega que también se los obliga a ser parte de los servicios de triage, con el que se derivan los casos de urgencia.  

En ese sentido, como se le reclamó al gobierno porteño desde el inicio de la pandemia , la asamblea recuerda en el informe que aproximadamente 1400 residentes, concurrentes y jefes concluyeron su formación académica a fines de mayo y están en condiciones de ser incorporados al sistema de salud. “Esta oportunidad ha sido rechazada por las autoridades correspondientes, negando la posibilidad fortalecer el sistema de salud y prevenir la sobreexplotación”, apuntan. 

Situación de riesgo 

Les residentes y concurrentes advierten en el informe que en el 37% de los centros de atención no se garantiza la aplicación de protocolos para el abordaje del virus y en el 49% no hay garantía para la atención del resto de los pacientes, lo que “genera manejos anárquicos, con sobreexplotación de personal e irregularidades en la atención”. Eso se agrava con más de la mitad de los efectores donde no hay protocolos de aislamiento de casos sospechosos. 

Algo similar ocurre con la capacitación para hacer frente a la pandemia. En 15 efectores del sistema público denuncian no haber recibido instrucción, mientras que otros 12 fueron les residentes los que autogestionaron los espacios de capacitación, algo similar a lo ocurrido en el deficiente sistema de paradores para personas en situación de calle . 

A la falta de protocolos y capacitación, los encuestados advirtieron la falta de insumos de bioseguridad, camisolines y barbijos fueron los más denunciados. En el caso de los barbijos, el informe resalta que no poseen filtros, ni certificados de garantía de calidad. La falta de insumos se denunció en el 83% de las instituciones públicas que tratan a pacientes con covid-19. 

También el informe advierte que en 23 de los 35 efectores del sistema hay faltante en cantidad y calidad de Equipos de Protección Personal.  “La gran mayoría de los servicios, en estos meses de pandemia, se han abastecido en base a donaciones”, denuncia la asamblea sobre la responsabilidad del Estado. 

“La falta de la centralización del sistema de salud es un problema frente a la falta de recursos. No hay una política pública en salud. Se está sosteniendo el servicio por nuestro trabajo, pero por mucho que uno le quiera poner el cuerpo si no tenemos recurso, no tenés equipos de protección, y te expones al contagio, en algún momento la situación se desborda”, anticipa la vocera de la asamblea. 

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Drástica contracción de la capacidad instalada de la industria: cayó 42%, mínimo histórico

En el primer mes completo de aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus, la utilización de la capacidad instalada de la industria se hundió al 42% y tocó su mínimo histórico de acuerdo a lo difundido por el INDEC.

De esta manera, en abril se percibió una notable contracción respecto al mismo mes de 2019, cuando la industria había operado al 61,6% de su potencial, cifra que igualmente era baja en términos históricos. Desde que se tienen registros, la cifra más baja hasta el momento había sido la de enero de 2002, con un uso del 48,2%.

En este contexto, el INDEC expuso que, debido a los efectos recesivos generados por la pandemia, solo un tercio de la industria pudo producir con normalidad. Y otras directamente no tuvieron actividad, como el sector automotriz y el del tabaco, que operaron al 0% de sus capacidades debido a que no estuvieron enmarcadas dentro de los rubros esenciales.

Asimismo, la industria textil utilizó apenas el 4,2% de su capacidad instalada mientras que la metalmecánica, la de productos minerales no metálicos, la de productos metálicos básicos y la de caucho y plástico también exhibieron niveles por debajo de la media.

Paralelamente, el sector de refinación de petróleo, que suele tener un índice alto de aprovechamiento de sus recursos, funcionó al 46,2% de su potencial, lo cual reflejó una caída de casi 26 puntos respecto a abril de 2019, producto de la reducción en la circulación de vehículos automotores y la sustancial disminución en la cantidad de vuelos.

Por el contrario, sectores como el sustancias y productos químicos y el de alimentos, que fueron los menos afectados por la pandemia, presentaron indicadores similares a los del año anterior.

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Mendoza anticipó que pagará los aguinaldos en forma escalonada hasta diciembre

El gobernador radical mendocino Rodolfo Suárez confirmó este jueves que el pago de los aguinaldos de los trabajadores públicos se posterga hasta el mes de septiembre, en el marco de la importante crisis financiera de la provincia.

El dirigente radical venía anticipando hace semanas que su distrito no se encontraba en condiciones de afrontar el pago de salarios por la fuerte caída de la recaudación que sufrió la provincia en el marco de la extensa cuarentena por el coronavirus, que paralizó la actividad económica durante meses.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia Lisandro Neri explicó: “No podemos para los próximos meses dar ningún tipo de certeza del pago en tiempo de los sueldos”. La estrategia del equipo económico mendocino para la renegociación de la importante deuda pública pasa por un fuerte ajuste del gasto provincial, que además de la postergación del pago de aguinaldos incluiría un freno a la obra pública. El 19 de mayo la provincia pidió 30 días de plazo para el pago de un vencimiento de deuda por 25 millones de dólares, que deberá afrontar este 18 de junio a riesgo de entrar en default.

Este miércoles Suárez se reunió con intendentes de la provincia para presentarles un cronograma de pago escalonado del medio aguinaldo a partir de septiembre para los estatales que cobran hasta 40 mil pesos (30% de la planta), mientras que los que cobran hasta 60 mil (26% del total) recién comenzarían a cobrar en octubre, los de hasta 80 mil (24% de la plantilla) en noviembre y el resto en el mes de diciembre. Aunque este esquema aún no se aprobó, ya algunos intendentes anticiparon que lo replicarán a nivel municipal.

La única alternativa para poder afrontar el pago de los aguinaldos en tiempo y forma sería por medio de una asistencia estatal, una perspectiva improbable en el marco de la creciente tensión política entre oposición y oficialismo y el fuerte gasto público que el Estado nacional viene realizando en múltiples sectores de la economía en busca de contener el impacto de la cuarentena sobre los sectores más vulnerables.

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Por lo menos 20 contagios en una sucursal de COTO de Quilmes

Este jueves trabajadores de una sucursal de COTO ubicada en el centro de la localidad de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, confirmaron que tras el cierre del supermercado y el aislamiento de casi 200 trabajadores, impuesto a la empresa mediante un paro, se habría confirmado que por lo menos 20 de ellos dieron positivo por coronavirus. Trabajadores y gremio denunciaron que la empresa no cumple con los protocolos correspondientes en estos casos.

El día domingo, luego de que varios trabajadores dieran positivo en las últimas semanas, los trabajadores de la sucursal de Hipólito Yrigoyen al 380 tuvieron que llevar adelante un paro de actividades, para visibilizar la dramática situación en las que los ponía la empresa. Denunciaban que después de que se confirmaron casos positivos se obligó a ir a trabajar a personas que habían tenido contacto directo con los contagiados y no se cumplió con los mecanismos obligatorios de desinfección.

Ante esta protesta, el día lunes de esta semana incluso se acercó a la sucursal la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, quien junto a las autoridades de la firma y representantes gremiales decidieron la clausura preventiva para una desinfección a fondo y el aislamiento de todos los trabajadores de la sucursal por 14 días para realizar los chequeos correspondientes. Dos días después la sucursal reabrió con personal derivado de otras sedes.

Roberto Rodríguez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes (CEC), ratificó que la clausura se logró luego de varios días de reclamo por parte del cuerpo de delegados y representantes del sindicato que “insistieron continuamente a la empresa para que ajustara el protocolo de prevención de contagios y cuidado de la salud de los trabajadores ante los primeros casos”.

Días atrás, la empresa propiedad de Alfredo Coto quedó en el centro de otra polémica, esta vez por incidentes en su sede de Banfield. Luego de confirmar que uno de los trabajadores de la sucursal había dado positivo, ésta siguió trabajando con normalidad hasta que se confirmó el contagio de una cajera, instancia en la que recién se realizó la desinfección. El sábado por la tarde personal de la municipalidad de Lomas de Zamora debió desalojar al público que estaba haciendo sus compras para llevar adelante el proceso de desinfección, provocando asombro en el público que no estaba al tanto de los contagios.

La empresa de Coto ya había sido denunciada por la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora por estas prácticas reñidas con la seguridad exigida por los protocolos de funcionamiento de los supermercados durante la pandemia, así como la familia del remisero que trasladó al primer infectado, al que no se le notificó que estaba transportando a una persona contagiada, poniéndola a su vez en una situación de grave riesgo.

Pedro Cruz Henestrosa, abogado de la familia del remisero, sostuvo que la empresa no puede alegar desconocimiento de los protocolos ante la confirmación de casos positivos de contagio. Y agregó: “Por eso, no deja de llamar la atención que si había una persona con un caso sospechoso haya sido trasladada no en una ambulancia sino con un remis de manera particular y de manera interjuridiccional, con lo cual agrava aún más la situación. Así como está planteando hay una objetiva situación de delito. Es una figura muy especifica que es la de violar reglas para evitar la propagación de una epidemia. Está contemplado en el artículo 205 del código penal y prevé una pena de prisión de seis meses hasta dos años”.

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Provincia apuesta a la formación laboral de presidiarios para lograr menos reincidencia de delitos

La provincia de Buenos Aires, a través del programa «más trabajo, menos reincidencia», anunció la apuesta para la formación laboral de reclusos para que no reincidan en la actividad delictiva. Para lograr este objetivo, existe una mesa Interjurisdiccional de inclusión social penitenciaria y post penitenciaria integrada por distintos actores.

Según informaron fuentes oficiales, se va a elaborar material pedagógico específico dirigido a los internos que cursan algún nivel del sistema educativo provincial y, con estas acciones, se avanzará de manera articulada «en el desarrollo de propuestas y acciones educativas para implementar en contextos de encierro mientras continua la suspensión temporaria de las clases presenciales».

También se garantizó la continuidad pedagógica de las personas privadas de libertad en las unidades penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en medio de la pandemia. Diversas organizaciones sociales y autoridades de diferentes universidades participarán colaborarán en la articulación del programa a nivel local con los intendentes.

De este anuncio participaron autoridades nacionales, provinciales, distintos intendentes, legisladores y referentes de organizaciones sociales y de la Iglesia.

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Medios audiovisuales en tiempos de Coronavirus: una actividad en plena pelea por salarios y protocolos

En medio de una grave crisis del sector de medios audiovisuales, producto de la pandemia de Covid19, continúa la pelea sindical por el pago de salarios en la empresa Polka, que al momento no ha depositado los sueldos del mes.

El atraso motivó una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la cual “la empresa lo único que propuso fue el pago del 50% del salario lo cual fue rechazado por nosotros” afirmó el secretario general del Sindicato de Televisión, Horacio Arreceygor, situación que generó un nuevo encuentro formal en el que se espera “encontrar alguna solución al tema y garantizar los pagos de mayo y junio”. Al respecto, en Estado de Alerta contó que “lo que le estamos pidiendo a la empresa es que asignen otro 30% y nosotros prolongar un 30% para más adelante, cuando la empresa esté funcionando”.

En el caso de las productoras que realizan ficción y las que hacen deportes, señaló que “están totalmente paradas, no hay trabajo, están cerradas con todo el personal en la casa» cuestión que también hace dificultosa la negociación”, reconoció el dirigente gremial.

Por su parte insistió en que “se apela a los más de 25 años que tiene Pol-Ka en el mercado, una empresa con el 55% perteneciente al Grupo Clarín, que tiene respaldo para palear la actual situación”, sobre todo, porque la empresa recibirá el ATP del gobierno, como lo hizo el mes pasado, expresó el titular del SATSAID.

En este contexto, Arreceygor diferenció el caso de la televisión, donde señaló que «las cosas están funcionando bien, a pleno, tanto en la producción de programas como en empresas de cable que brindan internet -que en parte son representadas por nosotros-, no estamos teniendo inconvenientes”, aseguró.

Otro punto a transitar es la aplicación de protocolos que según celebró “se están cumpliendo a rajatablas” y dijo: “tocamos madera que hasta el día de hoy en ninguno de los canales, ni en los móviles tenemos ningún caso positivo, así que se están haciendo las cosas bien”, en parte, -agradeció Arreceygor- a “un control muy específico por parte de los delegados.

Respecto a la necesidad de reinventar la actividad señaló que están permanentemente “observando otros países” y al respecto remarcó que “nosotros integramos una internacional de gremios donde vamos pidiendo alguna legislación al respecto de otros países como para ver cómo es la nueva ficción con distanciamiento social”.

El dirigente, reconocido como hincha de San Lorenzo y cercano al conductor Marcelo Tinelli, contó que «se estudian los protocolos para el regreso de un nuevo ciclo de su programa a la televisión» pero descartó una vuelta al fútbol y en ese sentido dijo que «las versiones de que vuelva a reiniciarse el fútbol hoy por hoy son todas especulaciones».

Los clubes están todos cerrados y a disposición de los gobiernos y la pandemia con un “fuerte trabajo social”. “De hecho si volvemos a los entrenamientos en julio, San Lorenzo no podría entrenar en su cancha porque la tenemos utilizando para hacer el testeo para nuestros vecinos”, finalizó el fanático cuervo.

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“No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral”

Trabajadores de Vicentin

Tras la marcha en Avellaneda, Santa Fe, convocada por dirigentes políticos de la oposición a favor de los intereses empresariales de Vicentin, trabajadores aceiteros advierten que “cuando esta empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos, dejando varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias”. Además señalan que los dirigentes no deben hablar en nombre de los trabajadores porque desconocen su realidad, “que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma”. Por ANRed.

El martes pasado, el intendente de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpín, convocó a un “banderazo” contra la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin anunciado por el presidente Alberto Fernández. Scarpín es afiliado a la Unión Cívica Radical, fue a elecciones para la intendencia en el Frente Progresista y en las nacionales no dudó en mostrar su apoyo a Cambiemos e hizo campaña por Mauricio Macri.

Ante quienes se movilizaron a abrazar la sede administrativa de Vicentin, el intendente afirmó que se vivían momentos de “angustia y bronca”. “No podemos permitir que una empresa de estas características se expropie, que roben 90 años de historia. Que roben 90 años de sacrificio, de humildad, de esfuerzo, de inteligencia para poder llevar a Avellaneda al resto del mundo”, al tiempo que se refirió a Vicentin como “una empresa familiar ejemplo y que ha ahorrado toda su vida”. En su discurso agregó que “hay que convencer a nuestro gobernador Omar Perotti para que nos ayude. Que haga de intermediario entre la empresa y el Presidente de la Nación. Esto no tiene sentido común y las cosas que no tienen sentido común no deben prosperar. Esto es manotear, es robar”.

Sin embargo, no hizo mención a uno de los principales puntos por los que se intervino Vicentin: una deuda bancaria de más de $23.500 millones, de los cuales $18.500 millones corresponden a créditos otorgados por el Banco Nación. Como Scarpín, Vicentin apoyó a Cambiemos en las elecciones presidenciales, siendo su mayor aportante en las PASO con al menos $13,5 millones de pesos.

Frente a este banderazo, trabajadores aceiteros de Santa Fe y de Vicentin en particular manifestaron su disconformidad: “Queremos expresar el malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores. Se trata de las mismas personas que el año pasado, cuando esta empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral”. Y se preguntaron “¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda si no al sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que han dejado de pagar?”.

Asimismo, afirmaron que esos dirigentes políticos “deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos” y llamaron a la sociedad “a empatizar con los que trabajan en las plantas del complejo para que puedan contarles su realidad, que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma”.

Difundimos el Comunicado completo de los trabajadores:

Reconquista, 11 de junio de 2020.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe, en carácter de Comisión Directiva, Comisión Interna y Delegados de Base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin Saic, expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa.

Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe.

En efecto, desde diciembre de 2019, cuando se declaró el “estrés financiero”, no hemos obtenido respuestas concretas por parte de los representantes de la firma sobre el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo. Fueron seis meses de puja constante por recibir información certera y percibir las remuneraciones correspondientes. Sólo hubo dilaciones, postergaciones de cualquier solución entre audiencias y reuniones que al día de la fecha no llegaron a ningún fin, y ni siquiera logramos que la empresa abone los salarios correspondientes a la escala vigente, ni el bono de fin de año que debió pagar en el mes de enero.

Queremos expresar además el malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, ante el arribo de la comisión interventora el día 9 de junio salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores. Se trata de las mismas personas que el año pasado, cuando esta empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral.

¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda si no al sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que han dejado de pagar? No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral, ni se preocuparon por la desinversión en la zona.

Estos dirigentes políticos que hoy se arrogan el derecho de hablar en nuestro nombre nada decían cuando los trabajadores reclamamos el pago íntegro de los salarios. En ese sentido, en virtud de haber sido electos por el conjunto de la ciudadanía, deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos, como lo demostraron convocando a una manifestación que incumplió con todos los protocolos de salud -en el marco de una pandemia- en favor de los empresarios, e instando a la sociedad a acompañarlos omitiendo información como la realidad salarial de los trabajadores.

A la sociedad queremos trasladarle la incertidumbre que genera trabajar en estas condiciones, e invitarlos a empatizar con los que trabajan en las plantas del complejo para que puedan contarles su realidad, que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma.

La prioridad en esta crisis deben ser los trabajadores, sus fuentes de trabajo y las familias de la región. Apostamos firmemente que la resolución del Gobierno de la Nación brinde una respuesta en favor de la recuperación de la capacidad productiva garantizando los puestos de trabajo y mejorando las condiciones laborales, para todos los trabajadores y las familias del norte de Santa Fe.

Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe.

Comisión Interna, Delegados de Base y trabajadores de Vicentin Saic

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La Confederación de Alimentación advierte sobre problemas en el sector

La Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (CASIA), denuncia que muchas patronales están cometiendo irregularidades respecto al pago de salarios, las condiciones laborales y los protocolos de cuidado en el contexto de la pandemia. También reclaman por la postergación de la dicusión paritaria.11/06/2020 17:35:00

La Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (CASIA), alertó que en el sector de la industria alimentaria “el accionar de muchas patronales, busca cercenar los derechos básicos de los trabajadores, como es el pago del salario o las condiciones laborales básicas de cuidado en medio de esta pandemia”.

“La problemática del sector es intolerable porque debemos soportar el pago parcial de los haberes de los trabajadores, las suspensiones, las pérdidas de puestos de trabajo y el poco cuidado que dan las empresas a los grupos de trabajadores y trabajadoras en riesgo y la postergación de la discusión paritaria”, subrayó la CASIA en un comunicado.

En forma unánime, remarcaron la preocupación “por la difícil situación que atraviesan las Obras Sociales,  por los elevados costos en los insumos y el retraso y la formas de redistribución de fondos que viene realizando la Superintendencia de Servicios de Salud”.

En la reunión presidida por el Secretario General de la Confederación, Raúl Álvarez, las 17 entidades gremiales que la conforman, ratificaron la firme voluntad de seguir trabajando en forma “unida y solidaria, en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector”.

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Trabajo le dio 48 horas al call center de Telecentro, YPF y La Caja para que retrotraiga despidos y suspensiones y abone salarios

La intimación de la cartera laboral llega después de que los trabajadores presentaran situaciones de despidos y suspensiones sin goce de haberes. En caso de no cumplir se le aplicarán sanciones.

El Ministerio de Trabajo de la Nación intimó al call center ACC GROUP, que realizan tareas de atención y ventas telefónicas para grandes empresas como Telecentro, la estatal YPF y la aseguradora La Caja, entre otras de primera línea, a retrotraer despidos y suspensiones en el plazo de 48 horas. Además deberá abonar los salarios adeudados.

“Corresponde intimar a la empresa ACC GROUP S.A. a que, en caso de haber efectuado suspensiones y/o despidos, en el plazo de 48 horas los dejen sin efecto y retrotraigan la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, abonando a los trabajadores los salarios adeudados”, dice el dictamen al que accedió InfoGremiales.

La resolución de la cartera laboral llega después de que los empleados denunciaran en diferentes audiencia los incumplimientos de la empresa a las normas laborales.

“Desde el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio, bajo la amenaza de descuentos salariales, los trabajadores son obligados a desplazarse al lugar de trabajo y violar la cuarentena, aun cuando no prestan ninguna tarea esencial ni que requiera presencia física”, habían señaldo los empleados a InfoGremiales.

La firma, con problemas desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, suspendió sin goce de haberes desde el 1 de abril a una porción de su personal, hecho que es violatorio lo decretado por el Presidente de la Nación. Y así lo constató el Ministerio.

“El incumplimiento a las disposiciones del presente dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales ?Anexo II? del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley No 25.212, de acuerdo a la calificación de las infracciones que se verifiquen. Asimismo, la autoridad administrativa del trabajo podrá solicitar la suspensión, reducción o pérdida de los subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie que le fueran otorgados por organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal al empleador infractor”, explica el dictamen de Trabajo.

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La mitad de los trabajadores teme perder el empleo si se extiende la cuarentena

El 64% de los argentinos teme por el impacto negativo de la pandemia de coronavirus sobre su seguridad laboral, de acuerdo con los resultados del último Workmonitor de la consultora Randstad, estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en diversos países.11/06/2020 14:50:00

El estudio revela que el 51% de los trabajadores argentinos cree que perderá su trabajo si la evolución del negocio de su empleador se ve seriamente afectada por la crisis de Covid-19, y el 64% de los trabajadores argentinos está preocupado por el impacto negativo que la pandemia pueda tener sobre su seguridad laboral.

“Con un horizonte complejo en términos de evolución de la economía, con una previsión de caída del PBI de entre 5 y 6 puntos para este año, es lógico que el humor social se vea afectado y muestre las preocupaciones por el impacto que la crisis va a tener en el empleo en el mediano plazo”, dijo Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

Tanto las organizaciones como los trabajadores tuvieron que adaptarse a una nueva realidad laboral con una velocidad impensada: el 82% de los encuestados en Argentina asegura haberse adaptado a la nueva situación laboral generada por la pandemia, al tiempo que el 59% de los trabajadores siente que la crisis por coronavirus tuvo un impacto negativo en su trabajo.

El estudio también avanza sobre la percepción que tienen los trabajadores respecto de la actitud de contención adoptada por las empresas en medio de la crisis.

En este sentido, el 80% de los consultados siente que su empleador está cuidando el bienestar emocional de sus colaboradores durante la pandemia.

Asimismo, el 68% de los participantes afirma que tiene regularmente reuniones virtuales de equipo a través de videoconferencias, con el objetivo de mantenerlos informados y alineados.

En cuanto a los recursos, requerimientos técnicos y habilidades digitales que demanda la realización del teletrabajo, el 85% de los consultados afirmó que se siente equipado para enfrentar el nuevo formato de trabajo digital impuesto por la cuarentena.

Asimismo, el 60% indicó que su empleador invirtió en desarrollos de tecnología y herramientas digitales para ayudar a los trabajadores a adaptarse al nuevo entorno laboral.

Por otra parte, el 58% de los encuestados afirmó que su empleador espera que esté disponible fuera de su horario laboral habitual, contribuyendo con la sensación de “burnout” que padecen muchos trabajadores con la acumulación de días de home office y de los efectos de tantos días de confinamiento.

“Que el trabajo se desarrolle en el hogar y la falta de las barreras o límites que implican el traslado a la oficina, provocan muchas veces que la línea que separa la vida laboral y personal se desdibuje, generando la sensación de que nunca se termina de desconectar de las obligaciones laborales”, dijo Ávila.

“Desde las organizaciones tenemos que acompañar a nuestros colaboradores para que aún en estas circunstancias adversas puedan encontrar un sano equilibrio”, concluyó.

Gremio del neumático denuncia que Bridgestone obliga a trabajar a contactos estrechos de Covid19

El Sindicato Único de Trabajadores de Neumático denunció que Bridgestone Argentina se niega a cumplir con la cuarentena de 14 días para quienes estuvieron en contacto estrecho con trabajadores que dieron positivo de covid-19.11/06/2020 12:05:00

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció ayer que la empresa Bridgestone Argentina se niega a que sus empleados cumplan con la cuarentena de 14 días ordenada por el Gobierno Nacional para aquellos que tuvieron contacto estrecho con pacientes que dieron positivo de Covid19.

“El absurdo argumento que las autoridades de la empresa sostienen es que el trabajador no tuvo ningún contacto estrecho dentro de planta, en una suerte de querer apagar el incendio con nafta”, señaló el gremio que conduce Alejandro Crespo.

“Pretende imponer una peligrosa política de in-seguridad y falsa-prevención, en momentos que aumentan los contagios”, añadió el escrito de prensa.

Además especificaron que dentro de la planta hay contacto entre los empleados y que en la fábrica “se mezclan los turnos (no hay separación entre turno y turno)”,

“Se convoca a trabajar a compañeros en forma innecesaria para hacerlos deambular por diferentes sectores”, acusaron. 

Por último la organización le exigió a la empresa que abandone “esta peligrosa política anti-sanitaria y advertimos que de no ser así recurriremos a todos los métodos administrativos, legales, denuncias públicas y acciones gremiales”.

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Moyano lanzó un paro y una olla popular en Codecop por deudas salariales

El gremio de Hugo y Pablo Moyano comenzó ayer un paro total y una olla popular en los portones de la empresa de transporte de caudales. Le debe salarios a los más de 300 camioneros y una porción del bono de fin de año.11/06/2020 09:44:00

El secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, comunicó ayer el inicio de un conflicto en la rama de caudales del sindicato. Se trata, concretamente, de una medida de fuerza en la firma Codecop que adeuda una porción de los salarios a los choferes.

“Seguimos con el paro en la empresa Codecop de transporte de caudales que no abonó todavía el sueldo y no abonó parte del bono de fin de año”, señala el hijo de Hugo Moyano.

Además reclamó mejoras en la condiciones de trabajo: “Hay camiones en formas deplorables, no tenemos vestuarios, no nos dan ropa de trabajo, las unidades no están en condiciones“, explica el camionero.

Por esos motivos, Pablo Moyano relata: “Continuamos con un paro y olla popular en la empresa hasta que venga y pague toda la diferencia salarial, las deudas con sus trabajadores y ponga en condiciones la empresa para que los compañeros puedan llevar adelante, en forma digna, su tarea”.

“Así que por más cuarentena y por más pandemia que haya, nosotros seguimos trabajando para reivindicar los derechos de los camioneros en todo el país“, cierra.

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Salarios fraccionados y la amenaza de 340 despidos en OCA, que espera un salvataje de Moyano

(Por Ana Flores Sorroche @anisjoplin) Daniel Palladino, secretario General del sindicato de Jerárquicos de Correos Privados y Logística – AECPRA habló sobre la licitación de OCA, la pelea para evitar 340 despidos, los salarios en cuotas y el plan de la empresa para frenar los casos de COVID positivos en sucursales.11/06/2020 00:05:00

El correo privado OCA en quiebra con continuidad con un fallo del juez Pablo Tejada, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora desde abril de 2019, está en vías de cambiar de dueño pero todavía están terminando de negociar los términos del pliego de venta ya que el personal jerárquico en las condiciones actuales podría sufrir la baja de unos 340 trabajadores que compone la mitad de los jerárquicos.

InfoGremiales dialogó con Daniel Palladino, secretario general del sindicato de Jerárquicos de Correos Privados y Logística – AECPRA, quien además fundó el sindicato en 2007, para consultarle por el estado en que se encuentran las negociaciones que vienen siendo muy complejas.

Es que el negocio puede ser próspero. Si bien, en abril de 2019 la empresa cargaba con un pasivo de 8.000 millones de pesos, que al día de hoy asciende a 15.000 millones, de la cual la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la principal acreedora con 6.500 millones, la empresa actualmente está tasada en 37 millones de dólares. Post pandemia, seguramente más.

En mayo llegó la única oferta que se hizo pública y fue de la empresa Ficsa SA controlada por los hermanos Gonzalo y Mauricio Campici, a su vez relacionados con los Moyano. La oferta no alcanzó, el refuerzo tampoco y fue rechazada.

El juez Tejada abrió el juego a una licitación electrónica, en la que exigen 17,6 millones de base y 18,5 millones para contingencias y los licitadores deben estar acreditados en el ENACOM. Por su parte, el Sindicato de Camioneros logró garantizar los puestos, la antigüedad y las condiciones de trabajo bajo el convenio 40/89 de todos sus agremiados, que son el 90% de los 6.800 trabajadores totales. 

Quienes quedaron complicados fueron los trabajadores jerárquicos, que cumpliendo con los requerimientos de la Ley de Quiebras certificaron sus créditos laborales, que acreditan la deuda que tiene el empleador con el trabajador. Esto les trajo problemas porque en el pliego de venta se le garantiza al ganador de la licitación la posibilidad de echar al 5% de los empleados que hayan certificado sus créditos en la primera etapa de la quiebra. Camioneros no lo hizo. 

“El problema está en que el juez no deja explicitado las condiciones en las que van a pasar los jerárquicos y los deja a la deriva. El nuevo dueño puede hacer lo que quiera. El pliego de venta también dice que aquellos trabajadores que presentaron sus créditos, que nosotros lo hicimos con la salvedad de que solamente pueden ser utilizados si la empresa no continuara, lo hicieron porque tenían la voluntad de irse y no es así.”, relató Palladino.

Al consultarle por qué cree que el juez llega a esa conclusión asegura no saber pero le resulta “más que claro que está totalmente dirigido a los jerárquicos, porque somos los únicos que presentamos los créditos”. Es más, “en el mismo pliego pone que no puede respetar las condiciones de quienes no tienen un convenio colectivo de trabajo y nosotros no tenemos. Fuimos formando convenio pero no lo tenemos plasmado”.

AECPRA presentó petitorios para la revocación de la parte del pliego que refiere a sus afiliados y para que se especifiquen las condiciones en las que van a pasar esos trabajadores al nuevo dueño, aclarando que ningún trabajador presentó los créditos con la intención de desvincularse de la empresa. El juez respondió elevando el pedido a la Cámara y le dio parte a todos los intervinientes del comité de control de la licitación, para que resuelvan qué hacer. 

El sindicato de jerárquicos de OCA además pidió la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, están en conversaciones con la Sindicatura y asegura que cuenta con el apoyo de múltiples sindicatos, además de los que integran la CTA Autónoma de la que forman parte, pero la carta fuerte sería contar con el apoyo de Camioneros.

El martes por la mañana se reunió con Pablo Moyano en una charla que describió como “muy amena” para pedirle que intervenga en la Federación de Camioneros en favor de sus pedidos y aseguró que se comprometió a apoyarlos aunque todavía resta ver si ese apoyo se plasma en la respuesta al traslado del juez. Así mismo, contó que la charla se extendió sobre otros temas: “Muchas veces hemos estado en unidad ante el avasallamiento de alguna empresa“.

Sin embargo, advirtió que si no se modifica el pliego “si no se resuelve a favor nuestro, de modo que especifiquen cómo van a ser nuestras condiciones laborales y que no haya despidos, vamos a iniciar acciones, y no sólo legales. Vamos a hacer asamblea e iremos al paro, no hay vuelta. No podemos permitir que despidan a 350 trabajadores o que los lleven a los ‘noventa'”.

Palladino aclaró que los despidos no están contemplados por el decreto presidencial que los prohíbe porque la ley de Quiebras hace que se posterguen los derechos laborales, lo que incluiría al DNU 329/20. Así mismo, relató que desde el sindicato están impulsando un proyecto para que se modifique dicha ley porque con la actual los que terminan siendo más perjudicados son los trabajadores. “Nosotros no vamos a poder acceder pero se tiene que modificar a futuro”.

InfoGremiales consultó también por una denuncia que llegó a la redacción sobre 5 casos de COVID positivo y unos 5 esperando el resultado del hisopado, todos trabajadores de la gran sucursal de Parque Centenario se encuentra cerrada desde el domingo. Palladino confirmó la información y respondió que lo hablaron con los gerentes “desde el día cero, ya que al ser servicio esencial, pedimos que armen equipos de trabajo y pongan las condiciones y los insumos necesarios como alcohol en gel, barbijos y esas cuestiones, pero sabíamos que por más distanciamiento social y cuidado que tengan, al ser una actividad que continuamente mueve gente por todos lados, iba a entrar”. 

Para cerrar, se le consultó si hubo aumento del volumen de trabajo a raíz de la pandemia y aseguró que creció en un 50%, entonces ¿aún así no es posible mejorar las condiciones de cobro de salarios de los trabajadores? Palladino aseguró que este repunte “recién se va a ver reflejado el mes que viene.” Además, explicó que ANSES se retrasó en el pago de los salarios complementarios de mayo, por lo que OCA tuvo que cubrir esa parte. “Si esto continúa así, recién ahora se puede llegar a levantar un poquito, a tener mejoras. Lo sé porque los jerárquicos tenemos acceso a la información de las finanzas, nosotros metemos presión pero si no entra la plata…”.

Esta semana se sabrá si la Federación de Camioneros respondió al juez apoyando los petitorios de AECPRA y en la otra semana estará la respuesta de la Cámara sobre si se modifica el pliego para proteger a los 340 trabajadores que podrían ser despedidos o no. 

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Estatales cordobeses presentarán acción de inconstitucionalidad contra la reforma previsional

Los gremios lo decidieron en un plenario. La presentacion ante el Tribunal Superior de Justicia se hará de forma electrónica hoy. Ya suman 23 las entidades sindicales, profesionales y de jubilados que reclaman frenar la Ley 10.694.11/06/2020 00:02:00

Los gremios estatales agrupados en la CGT Córdoba decidieron firmar en conjunto una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 10.694 de reforma jubilatoria y harán la presentación este miércoles a las 9.

Desde la CGT informaron que 14 gremios se plegaron a la firma de esta acción que será presentada directamente al Tribunal Superior de Justicia provincial (TSJ).

Según afirmaron en un comunicado que publicó La Voz, la decisión fue tomada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Asociación Bancaria, Unión Obrera Gráfica, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AEGPJ), Federación de Municipales, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Asociación de Médicos de la República Argentina, el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), Ademe, el sindicato de Empleados Legislativos, Sindicato Vial Córdoba, Apse y trabajadores de Casinos. Todos ellos, aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

El estudio jurídico de Pedro Mendizabal será quien haga la presentación. Con este último grupo de gremios, ya suman 23 las entidades sindicales, profesionales y de jubilados que reclaman frenar la Ley.

La central obrera protagonizó en las últimas semanas, en conjunto y por gremio, algunas manifestaciones contra la sanción de la ley que impulsó el gobernador Juan Schiaretti para reducir el déficit en la Caja de Jubilaciones. Con esta iniciativa, impuso el recorte de haberes en aquellos casos de pensionados y jubilados que perciban doble ingreso y la armonización de las condiciones de jubilación con el sistema previsional nacional.

Estos cambios suponen recortes en las jubilaciones, por lo que los gremios rápidamente salieron a defender los derechos conquistados recostándose en la Constitución Nacional y Provincial en cuanto a lo que refiere a la intangibilidad del salario y las jubilaciones. Esto principio representaría una protección constitucional ya que protege a los ingresos de los asalariados contra cualquier medida regresiva.

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La CGI del SiPreBA en La Nación ante el espionaje de la AFI

Reclama a la empresa una acción contundente en defensa de sus trabajadores y de la protección de sus derechos.

Comunicado de la Comisión Gremial Interna frente al espionaje sufrido por compañeras y compañeros de trabajo

La Comisión Gremial Interna de Prensa/SiPreBA reclama a S.A. La Nación una acción contundente en defensa de sus trabajadores y de la protección de sus derechos.

En los últimos días se ha conocido una lista de periodistas espiados por la AFI en ocasión de la reunión del G-20 en Argentina, así como el seguimiento y espionaje sobre periodistas de La Nación fuera de ese contexto particular.

Estos hechos violan la prohibición que la ley impone a la AFI de realizar actividades de inteligencia interna.

Las leyes argentinas protegen también los datos personales y penan la persecución por actividad profesional, ideológica, cuestiones de raza o culturales, así como asegura la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

Minimizar la gravedad de estos hechos vulneraría un bien que el diario La Nación defiende con firmeza desde sus páginas, con lo cual la conducción empresarial desprotegería sus trabajadores y trabajadoras que sufrieron esta violación de sus derechos por realizar tareas encargadas por sus jefaturas laborales.

No publicar dicha información silenciaría la gravedad del hecho, expondría a sus afectados, y deterioraría la confianza y credibilidad del medio en el que trabajamos.

El periodismo y su defensa deben ser ejercidos con la misma objetividad sobre unos y otros, y la protección de los trabajadores y trabajadoras no puede estar atada a la ideología de la línea editorial empresarial sino al respeto de la ley.

Exhortamos a la dirección del diario a subsanar este error y poner a disposición de los afectados las herramientas legales que correspondan.

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Página/12: 33 años, 33 cuentas pendientes

En un nuevo aniversario, las y los trabajadores enumeran las 33 deudas de la empresa para con ellxs.

Página/12: 33 años, 33 cuentas pendientes

Mientras el Grupo Octubre se expande y la dirección de Página/12 autocelebra su aniversario, los trabajadores y trabajadoras que hacemos el diario día a día tenemos 33 razones para seguir luchando:

1. Página/12 paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.2. Simula ignorar las paritarias que firma como parte de AEDBA hasta que se homologan, a contramano de las empresas de prensa escrita y de la propia Página/12 hasta la llegada del Grupo Octubre.3. Devalúa nuestros salarios con esa excusa al pagar retroactivos sin intereses y en largas cuotas.4. Cuestiona hacia afuera y usufructúa hacia adentro la depreciación de salarios durante 2016/2019.5. Se limita a pagar la peor paritaria del país, impuesta por AEDBA sin contraparte de les trabajadores.6. Se niega a negociar mejoras salariales con nuestros verdaderos representantes.7. Simula ignorar que, al día de hoy, aplica una paritaria vencida hace más de siete meses.8. Por estos días paga el sueldo fuera de término amparándose en los tiempos del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que aporta el Estado.9. Aumenta sus ganancias a costa de redactores y fotógrafxs precarizados a quienes perpetúa como “colaboradores” y con pasantes de la UBA que renueva anualmente.10. No paga el adicional por antigüedad a “colaboradores permanentes”, incluso habiendo algunos con más de 25 años en la empresa.11. No les reconoce el derecho de tener vacaciones y licencias médicas.12. No les garantiza un piso de notas y por ende de ingresos.13. Dejó de aplicar la cláusula de enganche de les “colaboradores monotributistas” que regía hasta la llegada del Grupo Octubre.14. Los congela sistemáticamente (léase deja de publicarles) antes de que alcancen su 24ª nota anual para no tener que recategorizarlos como “colaboradores permanentes”.15. Los congela también si piden su recategorización cuando por error de la empresa superaron ese umbral.16. Desde la llegada del Grupo Octubre el valor de las notas de les “colaboradores monotributistas” prácticamente no tuvo aumentos. Sólo aumentó la demora para cobrar.17. Paga una “asignación estímulo” miserable a les pasantes de la UBA, a quienes a los fines del cálculo asimila con aspirantes pese a que trabajan de redactores.18. Obliga a trabajar los fines de semana a les pasantes de la UBA pese a que lo prohíbe la ley de pasantías.19. Registra a muchxs de sus trabajadores en categorías distintas a las tareas reales que ejercen.20. Hace un uso arbitrario de la categoría “reemplazos” para no mensualizar a compañeres.21. Terceriza históricamente la contratación de los compañeros de mensajería.22. Precariza a quienes trabajan en los sectores de Redes, SEO y Socios, a quienes obliga a facturar incluso a otra razón social distinta a la del diario.23. No paga la totalidad de los viáticos a todes les trabajadores.24. No paga un adicional por los gastos que implica el teletrabajo mientras se ahorra los gastos de los servicios de la redacción desde que rige el aislamiento obligatorio.25. No actualiza desde hace años el adicional por refrigerio, que desde siempre formó parte de nuestro salario26. No provee a sus trabajadores de todas las herramientas necesarias para trabajar.27. No repone los obsoletos equipos fotográficos.28. No cubre los puestos que se generan por jubilaciones o fallecimientos, ni los que generó el Grupo Octubre al promover retiros voluntarios.29. Mantiene una fuerte disparidad de género en los puestos de trabajo.30. No reconoce la licencia por situaciones de violencia de género elaborada por las trabajadoras.31. No implementa un espacio de lactario para las compañeras en situación de lactancia.32. No instrumenta capacitaciones en género que promuevan espacios de trabajo libres de violencias y vínculos más igualitarios entre trabajadores y trabajadoras.33. Censura sistemáticamente ciertos temas, notas y personajes.

Espionaje ilegalATE y CLATE se presentaron en la justicia como querellantes en la causa de espionaje ilegal

En el día de ayer tanto ATE y la CLATE se presentaron en el Juzgado Federal número 8, ante el Juez Marcelo Martínez de Giorgi, en la causa número 2916/2020 sobre espionaje ilegal, cuya denunciante es la interventora de la AFI Cristina Caamaño y los imputados el ex presidente Mauricio Macri y Gustavo Arribas, ex titular de la AFI.

La solicitud fue presentada por Hugo Godoy, Secretario General de la Asociación de Trabajadores el Estado (ATE) y Julio Fuentes, miembro de la conducción de ATE y presidente de la CLATE (Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales), conjuntamente con los dirigentes espiados: Horacio Fernández e Ignacio Rodríguez, integrantes de esta asociación desde de su Confederación Latinoamericana.

En la presentación judicial se expresa que “venimos a constituirnos como querellantes en la presente causa, ya que los suscriptos Horacio Fernández e Ignacio Rodríguez, aparecen como los espiados en los artículos periodísticos “Espionaje a periodistas, sindicalistas y académicos” del diario Perfil y “Esa manía de espiar” de El Cohete a la Luna contra los mencionados imputados.

La presentación conjunta se funda en el hecho de que las dos personas espiadas lo fueron por su actividad profesional en la esfera de ATE y CLATE, por lo que el interés conjunto en esta causa resulta legítimo.

Asimismo y desconociendo los datos que se han obtenido a través de dicho espionaje es que se solicita que se extienda copia digital de los mismos, a efectos de poder cotejarlos, ello en los términos de la Ley 25.326.* Equipo de Comunicación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)

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NO AL VACIAMIENTO DEL HOGAR EVA DUARTE

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere “mudar” el Hogar Eva Duarte. Esta institución es la única dependiente del GCBA que aloja y acompaña a adolescentes madres y/o embarazadas con sus hijes, que han atravesado situaciones de violencia de género, en contextos de vulnerabilidad social. Desde hace más de 6 años, el Hogar funciona en el barrio de La Paternal, en un ala del edificio del Hogar San Martin, el cual aloja población de adultxs mayores. Cabe señalar que las poblaciones de ambos hogares no tienen ningún espacio común.
Nuestra locación garantiza todas las condiciones necesarias para brindar un espacio seguro y adaptado a las demandas específicas de las adolescentes y sus hijxs, cumpliendo con los protocolos actuales y los controles sanitarios dispuestos, a fin de elevar al máximo las medidas de prevención por la circulación del virus Cov Sars 2.
Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, las trabajadoras venimos solicitando a las autoridades pertinentes que permitan el ingreso de las adolescentes y sus hijes que requieran ser alojadas. Sin embargo, dichos ingresos vienen siendo negados sin ningún fundamento de carácter legal ó acción por protocolo de Salud que así lo indique, dejando al desamparo y exponiendo a todo tipo de riesgo a dicha población. El GCBA conducido por Horacio Rodríguez Larreta, por tanto, es responsable de la vulneración de derechos y el incumplimiento de la Ley Nacional N° 26.061 y la N° 114 de la CABA, ambas de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también los tratados internacionales contemplados en la Constitución Nacional, en materia de situaciones de violencia de género y derechos humanos en general. Actualmente entonces, no se cuenta con ningún efector estatal que aloje estas particularidades.
En el día de ayer, nos comunicaron desde la Subsecretaría de “Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario” a cargo de la Lic. Jazmín Lerner el cierre de nuestro Hogar y la próxima redistribución de población y trabajadoras. Informan que el motivo de la mudanza es en pos del cuidado de las dos poblaciones que habitan el predio. Somos conscientes del cuidado necesario para las personas mayores en este contexto, sin embargo las poblaciones de los dos hogares no tienen contacto alguno.
La redistribución de población y trabajadoras del Hogar Eva Duarte, trae como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos, ya que ante el recrudecimiento de los casos por violencia de género, los efectores están colapsados y no llegan a cubrir la demanda. Esta decisión implica de hecho, el vaciamiento de esta política pública y la vulneración de los derechos de las adolescentes y sus hijes.
Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer decimos:

No es Mudanza, es Desalojo.
No al cierre del Hogar Eva Duarte.
No al vaciamiento y de las políticas públicas.
Basta de ajuste sobre las poblaciones más vulnerables. Presupuestos de emergencia acordes al contexto de crisis socio económico sanitaria.
Contactxs de Prensa:

• Nadia Polanco 11 6621-8027
• Florencia Alvarez 11 5998-1313
• Viviana Aguirre 11 5625-6954
  Junta Interna ATE Promoción Social