Perú. “No nos excluyan de los planes de emergencia ante el COVID-19”

Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2020

Hacinamiento, justicia ineficiente, burocracia y otros males que agravan la situación de los reclusos del país en medio de la pandemia. A continuación, un testimonio anónimo desde el penal de varones de Q’enqoro, en Cusco.

En medio de la pandemia del COVID-19, la población penitenciaria es una de las más vulnerables por las condiciones de sobrepoblación de las cárceles además de las ineficiencias del sistema judicial.

Con un promedio de hacinamiento carcelario del 130% en Perú y casos que incluso pueden superar el 400% (como el penal Sarita Colonia), hasta el momento ya son cinco los reos fallecidos por el COVID-19 en el país.

Ante este escenario, desde el penal de varones de Q’enqoro, en Cusco, compartimos el testimonio anónimo de un recluso, quien da fe de estas condiciones que además se han agravado en el contexto de la emergencia.

“No todos somos delincuentes, criminales ni corruptos. Estamos también las víctimas del sistema defectuoso del poder judicial”, explica el reo, pidiendo que la población penitenciaria no sea excluida de los planes de emergencia ante el COVID-19.

Asimismo, pide que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) agilice los trámites burocráticos y los libere de costo para aquellos internos que están por cumplir sus penas con redención, estudios o trabajo.

 A continuación, la carta dirigida a las autoridades.

A todas las autoridades competentes

Escribe un compatriota peruano desde el interior del penal de varones en Cusco, conocido también como “Q’enqoro”. Debo confesar que no ha sido fácil tomar la decisión de escribir esta carta, y mucho menos aún contener el temor e incertidumbre que vienen generando la situación adversa por la que estamos atravesando.

Han transcurrido 28 días desde que un domingo por la noche el presidente Martín Vizcarra diera un mensaje a la nación poniendo en marcha el “Estado de Emergencia Sanitaria” a nivel nacional para luchar contra un enemigo invisible al ojo humano, que no conoce de clases sociales, creencias religiosas, cultura y demás clasificaciones que la civilización ha creado para dividir a la especie humana.

Luego del lacónico y contundente discurso cada uno de mis compañeros de cuadra se sumió en sus pensamientos muy íntimos. En sus miradas evasivas pude intuir que el miedo invadía sus ya escasas esperanzas de poder abrazar a sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposas. A la mañana siguiente los diálogos entre los internos se multiplicaban entre las posibilidades de cambios en el método de control, vigilancia y resocialización que realiza el personal administrativo del INPE.

Los días transcurrieron difíciles hasta que llegaron nuevas disposiciones para endurecer la emergencia sanitaria. Pudimos escuchar la declaración durante estado de emergencia del toque de queda. Muchos de mis compañeros, muchachos que aún no han terminado la secundaria, analfabetos y reos primarios en su mayoría, no entendieron lo que estaba sucediendo, pero todos intuían que algo muy malo estaba pasando y que nosotros no estábamos siendo considerados dentro del “gran plan de protección”.

Uno recobra los ánimos cuando escucha que no lo han olvidado, cuando lo consideran como un ser humano con derechos que cree haber perdido.  

Una semana antes de empezado el estado de emergencia ya habían prohibido el régimen de visitas para los internos del penal, visitas que son de vital importancia en la salud mental y física de cada interno, tanto por el soporte emocional y la posibilidad de tener una alimentación medianamente equilibrada, como por el aporte económico que nos brindan nuestras familias para sobrevivir con dignidad dentro del penal; dinero que bien sirve para la adquisición de agua, algunos alimentos complementarios, así como los efectos de nuestro aseo personal, entre otras muchas cosas. Por el contrario, los pagos por redención se mantienen sin que se contabilice los días redimidos, generando un gran problema económico y emocional para nosotros y nuestras familias.

Las semanas transcurrieron sin que algún especialista hiciera mención sobre los penales y sus ingentes cantidades de personas vulnerables. Hasta que escuchamos en la radio la entrevista a la presidenta del Tribunal Constitucional donde hablaba sobre la situación de los presos en el Perú.

Uno recobra los ánimos cuando escucha que no lo han olvidado, cuando lo consideran como un ser humano con derechos que cree haber perdido. Permanecimos atentos a distintas emisoras y noticieros de señal abierta, pero sobre nosotros no se volvió a decir más, o muy poco, olvidando el peligro que corremos por las pésimas situaciones de las cárceles en el país.

Más todavía, después de las medidas adoptadas por el INPE por evitar la propagación del virus, suspendieron el trabajo del personal administrativo y docente para salvaguardar sus vidas y las de sus familias, clausurando el uso de ambientes como la biblioteca y algunos talleres de trabajo, generando con esto más aglomeración en los espacios restantes.

El temor por el contagio es mayor cuando el personal de seguridad del INPE continúa con su tránsito normalizado, yendo y viniendo de la ciudad a la penitenciaría. Basta que un guardia contrajese el virus para desatar el caos dentro del penal. 

Cada día nos reúnen dos veces a más de 600 internos para el conteo diario en un patio que alberga a 50 personas; después del conteo rutinario somos 300 quienes, sin mayor opción, nos aglomeramos dentro de los pasillos con escasa ventilación e iluminación.

Eventualmente los guardias aparecen con guantes y mascarillas sucias a fuerza del sobreuso diario. Dentro del esfuerzo del personal del INPE por mantener el orden, olvidaron resguardar los objetos susceptibles a la trasmisión del nuevo coronavirus. Si antes de la suspensión de visitas teníamos cinco teléfonos por cada 100 personas, ahora los tenemos a dos por cada 100, donde cada mañana se forman largas filas que pueden durar 30 minutos de espera sin guardar el metro de distancia sugerido por la OMS; logramos hablar con nuestras familias cuatro minutos colocando los auriculares del teléfono muy cerca del rostro (para oír mejor) y la boca luego de que estos han sido usados por más de 40 personas a lo largo del día.

Como bien señalé arriba, el temor por el contagio es mayor cuando el personal de seguridad del INPE continúa con su tránsito normalizado, yendo y viniendo de la ciudad a la penitenciaría. Basta que un guardia contrajese el virus para desatar el caos dentro del penal.

Por todo lo expuesto en esta carta, y después de medir la situación real de los internos desde adentro, suplico a las autoridades competentes tomen la decisión de implementar un plan de emergencia con la población penal del país, pues no todos somos delincuentes, criminales ni corruptos. Habemos víctimas del sistema defectuoso del poder judicial y el abandono del estado y todos los peruanos merecemos respeto por nuestras vidas.

Que el sentido humanitario de las autoridades nos brinden la seguridad y el respaldo que merecemos. Desde aquí adentro pedimos que el INPE agilice los trámites burocráticos libres de costo para internos que están a puertas de cumplir sus penas con redención por estudio o trabajo; es muy probable que el 40% de la población penal esté dentro del tiempo para realizar este beneficio.

Los mecanismos para resolver estos trámites administrativos están en manos del Instituto Nacional Penitenciario. Invocamos a los trabajadores que pongan de su parte y de su tiempo para ayudar a buscar soluciones a las grandes dificultades que enfrenta nuestra nación.

Con la esperanza puesta en su atención, esperamos ser parte del plan de protección que el gobierno viene desarrollando.

Cusco, 10 de abril de 2020

Fuente: SERVINDI


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