Ecuador. Ni siquiera podremos contar los muertos

Pilar Troya Fernández / Resumen Latinoamericano / 9 de abril de 2020

El presidente Moreno y las autoridades locales de Guayaquil muestran incompetencia ante la crisis del coronavirus

El Ecuador es el país con más casos de coronavirus de América Latina si tomamos en cuenta su población: 3.646 casos y 180 muertes al 5 de abril. Solo Brasil que tiene una población 12 veces mayor y Chile tienen más casos. Dentro del país, Guayaquil, el puerto principal y la ciudad más grande es la más afectada por la pandemia y concentra el 70% de los casos. La ciudad tiene la tasa de mortalidad más alta del país por la covid-19 y la más alta de América Latina: 1,35 muertes por 100.000 habitantes, superior a la tasa de São Paulo (0,92).

Muchos vimos las escenas dantescas de cuerpos tirados en las calles, cadáveres siendo quemados, gallinazos sobrevolando Guayaquil. La ministra del Interior, María Paula Romo, el Embajador en España, Cristóbal Roldán, su hijo, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente y el mismo presidente Moreno hablan de no dejarse llevar por fake news. Será que The Guardian, The New York Times, CNN, BBC Mundo, RT Noticias, Telesur, Telemundo, El País, Página12, La Jornada, y muchos otros medios internacionales, además de los nacionales ¿todos difunden ahora fake news sobre el Ecuador?

Las autoridades locales brillan por su incapacidad. La alcaldesa, Cynthia Viteri, del partido de derecha Madera de Guerrero, contrariando las disposiciones de las autoridades nacionales, envió vehículos del municipio a bloquear el aterrizaje de un avión de Iberia en vuelo humanitario que venía solo con su tripulación previamente examinada por coronavirus para repatriar europeos. Ante la ilegalidad y atentado contra el derecho internacional, la reacción nacional e internacional fue muy fuerte. Dos días después ella declaró que tiene coronavirus.

El gobernador de la provincia de Guayas [el gobernador en el Ecuador es una figura nombrada por el presidente], donde está Guayaquil, Pedro Pablo Duart, en medio de una ciudad que recogió 400 cuerpos en un fin de semana, en vez de los 120 habituales dice: tal vez vamos a hacer toque de queda completo de 24 horas por tres días. Dijo tal vez porque él no tiene autoridad para hacerlo. Su tal vez creó serias aglomeraciones en mercados y tiendas porque las personas pensaron que durante tres días enteros no podrían salir de casa por absolutamente ningún motivo.

El presidente Moreno, que hace casi tres años traicionó a las fuerzas políticas que lo eligieron y al plan de gobierno que ganó, muestra incompetencia y falta de rumbo, básicamente se esconde, nadie sabe con certeza dónde está, al parecer en las Islas Galápagos. El vicepresidente, al que puso al frente de la emergencia, tampoco gobierna, sino que procura figurar en medio de la tragedia – demostrando de paso su supina ignorancia – para ganar su postulación a la presidencia en las próximas elecciones de febrero de 2021. Elecciones que los “mejores cerebros” políticos de la derecha a través de sus operadores en el Consejo Nacional Electoral quieren aplazar con el pretexto de la pandemia. O que se hagan sin fondo electoral, en cuyo caso, ¿adivinen quiénes sí podrán gastar en propaganda legal y probablemente de forma ilegal también?

La ministra del Interior Romo acusa a la ciudadanía de indisciplina, olvidándose convenientemente no solo de desempleados, precarios, informales, sino de la parte de ella compuesta por la elite que organizó fiestas y bautizos cuando la presencia del virus en la ciudad ya era conocida, convirtiendo a Samborondón, el cantón más rico del país, ubicado junto a Guayaquil, en el lugar proporcionalmente más infectado del Ecuador. Fiestas en las que contagiaron a los trabajadores contratados para cocinar, servir, limpiar, etc. Los habitantes de las mansiones y condominios de lujo de Samborondón tenían, tienen y tendrán, obviamente, la mejor atención de salud pública y privada. No son sus cuerpos los que cubren las calles.

Todos los funcionarios ocultan el subregistro de contagiados, enfermos y muertos. Una serie de personas improvisadas están a cargo de las instituciones críticas en esta pandemia. La anterior ministra de Salud renunció en medio de la crisis denunciando la falta de recursos y que se había puesto en puestos clave a personas sin preparación en el área de salud. El ministro actual hace declaraciones confusas y rechazó, apenas 10 minutos antes, una entrevista con CNN.

Y es que el gobierno decidió priorizar la deuda antes que la vida y gastó – el 25 de marzo, en plena crisis pandémica – parte de su escasa liquidez en pagar al 100% bonos de la deuda externa que en el mercado se comercian al 35%. Gastó 325 millones de dólares indispensables para respiradores, exámenes, equipamiento para el personal de salud, y para garantizar una renta mínima para los millones de pobres que no tienen sueldo y hoy eligen cada día entre el hambre y el virus. Lo hizo un día antes de que el FMI declare que se suspenden todos los pagos. Ministro de Finanzas, ¿quiénes son los tenedores de deuda?

Un gobierno negligente, indolente, profundamente incapaz casi ha dejado a la ciudadanía a su suerte. Menos mal que médicos, enfermeras, policías, campesinos, trabajadores rurales, todos los que producen alimentos, así como quienes limpian, transportan y comercializan alimentos y productos de primera necesidad siguen trabajando. Sin máscaras o con unas poco efectivas porque no hay más, con escasa ropa de protección, eso sí. Lo han denunciado repetidamente en redes sociales desde todos los rincones del país, al menos 27 médicos y 5 enfermeras han muerto en esta crisis. El viceministro de Salud anunció el 5 de abril que hay 1.600 profesionales de la salud infectados, el 6 de abril el ministro de Salud dijo que son 460.

La calidad de la atención en los centros de salud está en serias dudas y la capacidad de los servicios funerarios de la provincia es ciertamente insuficiente. Se explica por el déficit de servicios públicos promovido por los recortes, la “huelga” de los servicios privados por miedo a contaminarse con cadáveres que no se sabe si tuvieron covid-19 y unas autoridades incapaces de tomar medidas para resolver la situación como nacionalizar las funerarias. ¡La última medida de la alcaldía es entregar ataúdes de cartón!

Todo esto sucede pese a que el 24 de marzo Guayaquil fue declarada zona de seguridad nacional, al mando del comandante de fuerzas armadas, Luis Lara, el gobernador Duart, y el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas recordándoles que el cuidado de los restos mortales forma parte del derecho a la dignidad humana.

¿En todo el mundo, quién está salvando a los enfermos en esta pandemia? Los empleados públicos de los servicios de salud públicos. Mejor cuando estos no han sido debilitados o desmantelados por las políticas de austeridad neoliberales. Y mucho mejor aún cuando todo el Estado es fuerte y competente, como en China, como en Corea del Sur. Este gobierno no solo ha priorizado la reducción de impuestos a los más ricos frente al presupuesto del Estado, sistemáticamente recortado (36% menos de gasto en salud, que implicó el despido de alrededor de 3.500 médicos, incluyendo los médicos cubanos, todos ellos muy necesarios ahora), sino que ha demonizado y tratado como delincuentes a las y los funcionarios públicos, los ha despedido, les ha bajado el sueldo y en medio de la peor crisis epidemiológica de la historia del país, amenaza con bajarles aún más el sueldo, y todo esto mientras pagan los bonos de la deuda, no lo olvidemos.

El Defensor del Pueblo (Ombudsman) pidió la renuncia inmediata de Paul Granda, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS) por contratos irregulares. El IESS intentó comprar suministros médicos con altísimo sobreprecio a una empresa sospechosa que cambió su razón social el día anterior a la oferta.

Guayaquil, que hace 40 años era gobernada por el Partido Social Cristiano, partido tradicional de derecha, era presentada por sus alcaldes como una ciudad con un modelo exitoso. Aquel modelo apenas cubría con cemento, asfalto y grandes obras de infraestructura vial, la pobreza de la urbe más desigual del Ecuador. Una ciudad con 48% de necesidades básicas insatisfechas, muchos barrios marginales donde las personas tienen acceso a agua privatizada solo dos veces por semana, una ciudad donde el 35% de población no tiene saneamiento y donde casi la mitad de las personas no tienen formalidad laboral.

¿Renta mínima ciudadana? Jamás pensaron en eso. ¿Subsidio para las personas pobres, las y los trabajadores informales y precarios? Se habló de 60 dólares al mes para los que no reciben ya algún otro beneficio, como los programas de transferencias monetarias condicionadas, pero esto no se ha implementado aún. Los que viven al día y no están muriendo de hambre luego de más de 15 días de cuarentena es porque conocidos, amigos o algún servicio privado los está atendiendo. Del poder público no esperen nada, están ocupados pagando deudas y haciendo campaña electoral.

Edición: Luiza Mançano

Brasil de Fato*

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