Perú. Corte Interamericana concluye que el Estado peruano torturó a ciudadana trans

Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2020

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado peruano como responsable de discriminación, tortura y violación sexual de la ciudadana trans Azul Rojas. Esta sentencia marca un precedente histórico de reconocimiento a los derechos de las personas trans en el país al ser el primer caso de discriminación hacia una persona LGBTI en llegar a la Corte IDH. 

Azul fue insultada, golpeada y desnudada, a la fuerza por agentes de la policía en la comisaría de Casa Grande (La Libertad) en febrero de 2008. Incluso le introdujeron una vara de reglamento por el recto para torturarla. Once años después, ninguno de sus agresores ha sido sancionado aún.

Su caso fue llevado a la instancia internacional por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que trabaja para erradicar la trata de personas.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado peruano de no haber investigado con la debida diligencia la denuncia. Además, recomendó adoptar una serie de medidas para reparar el daño sufrido por Azul, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió, por lo que el caso pasó a la Corte IDH.

Reparación pública

La sentencia de la Corte IDH, emitida el 12 de marzo de este año, fue por unanimidad y, dispone una serie de medidas concretas para reparar el daño causado a Azul Rojas y que el Estado debe cumplir para garantizar la protección de las personas trans en el Perú.

Entre las medidas dispuestas resaltan: Investigar y sancionar a los responsables de la tortura perpetrada contra Azul, pedir disculpas públicas a la agraviada y, en este mismo acto, reconocer que se ejerció tortura y se vulneraron los derechos humanos de la ciudadana trans.

Además, el Estado deberá crear un protocolo de investigación y administración de justicia para los casos de personas LGBTI que sean víctimas de violencia, implementar un plan de capacitación y sensibilización de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Serenazgo. 

De la misma forma, deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre los casos de violencia contra personas LGBTI y eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos peruanos el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis”, por ser altamente discriminatorio y exacerbar la discriminación a la ciudadanía que es parte de la diversidad sexual.

Fuente: Wayka.pe