Colombia. La paz no es una paloma blanca

Por Ayelén Correa Ruau, desde Colombia, Resumen Latinoamericano, 2 abril 2020

Crédito de la Foto: Bibiana Ramírez

El 26 de septiembre de 2016 se firmaba en Cartagena de Indias El Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla FARC-EP. El título extenso decía: “para una paz estable y duradera”. Representó un nuevo intento[1] de terminar con una conflictividad de más de medio siglo. Desconfianza, sangre y resistencia signaron todo lo que vino luego.

A más de 3 años de un hito en la historia política del país mayor productor de cocaína del mundo, buscamos una brújula en los hondos sentimientos de las y los ex guerrilleros.

Llegue al solar de cualquier familia campesina del sur de Colombia, que le digan qué es el conflicto armado. Van a decir que es la historia de su vida: que a su casa llegaron paramilitares y Guerrilla, alguien de la familia ha muerto, el Ejército ha bombardeado y fumigado sus tierras y aguas; se han visto obligadxs a desplazarse. Dirán al pasar que votaron “no” al plebiscito por la paz de 2016.

Un fantasma merodea las haciendas y oficinas en Colombia, lleva el horror a los oídos de la subjetividad terrateniente: es la peste de la reforma rural integral. Que cambie de una vez y para siempre la desigualdad creada por la colonización española, que devuelva la tierra para quienes la habitan y estalle el reinado de la meritocracia. Espectro de los poderosos, origen de las insurrecciones populares y guerrillas, la reforma agraria se convirtió en el primero de los 6 puntos[2] que se acordaron en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Fue el abuso de los terratenientes y ladrones en los campos, la profunda desigualdad que la familia campesina vivía diariamente, lo que fue uniendo a comunistas y liberales en los años ´40 con la forma de autodefensas campesinas.

Alberto tiene 43 años, estuvo 25 en la guerrilla. Clara ingresó a los 13 y a sus 18 llegó el Acuerdo de Paz. Siempre que se les interroga sobre cómo o por qué ingresaron, la pregunta no presenta novedad para ellxs: la guerrilla era parte de la familia campesina, estaba ahí. No había nada de espectacular en sumarse a lo que estaba sucediendo en el cotidiano.

Esa es una de las principales razones de que las FARC-EP hayan tenido un componente altamente clasista. La misma que explica por qué amplios sectores del campesinado no aprobaban la firma del Acuerdo y temían por un territorio libre para el avance paramilitar y la violencia de las Fuerzas Armadas del Estado. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No fue miedo infundado tampoco premonición, la violencia volvería a expropiar la dignidad una vez la guerrilla se desarmara.

El 23 de septiembre de 2016 en la X Conferencia Guerrillera se decidió aceptar el Acuerdo de La Habana que se venía dialogando desde 2012 con el gobierno de Manuel Santos. Una parte mayoritaria del denominado Frente Primero reafirmó su decisión de continuar en armas. Por V vez en la historia contemporánea, el campo en armas no se fiaba de un contrato donde siempre resultaba estafado.

Según un informe[3] con fecha de corte el 8 de septiembre de 2019, desde la suscripción del Acuerdo, han sido asesinadas 666 personas líderes sociales y defensoras de DD.HH y 151 ex guerrillerxs de FARC – EP en proceso de reincorporación a la vida civil. La ausencia de garantías para la participación política en Colombia es uno de los señalamientos más graves sobre la implementación, al mismo tiempo que la burocratización y desfinanciamiento de las instituciones responsables.

Un nuevo quiebre se daría el 29 de agosto de 2019, cuando tres ex miembros del Secretariado de las FARC – EP y referentes en los diálogos de La Habana, anunciaron[4] desde la selva colombiana que volvían a las armas para defenderse de la violencia del Estado; alias Jesús Santrich, “el paisa” y alias Iván Márquez refundaban lo que ellos llamarían la II Marquetalia.

¿Cuántos años de soledad?

Clara dice que siempre supo que iba a terminar en la guerrilla. No es que alguien se lo haya ordenado o prohibido, era que conocía el lugar para la hija de una familia pobre en la Colombia desposeída. Luego comprendería que las condiciones de muerte en las que era obligado a vivir el campesinado podían transformarse. Y que la organización político militar era una vía para eso.

Realizar una retrospectiva a 3 años de la firma del Acuerdo obliga a enredarse en la historia del conflicto armado, que es la historia de lucha del campesinado. Y yendo a sus orígenes desde el presente, hay que reconocer con desazón que las causas que obligaron al pueblo campesino a tomar las armas se encuentran hoy igual de vigentes.

El 84,7% del territorio colombiano está conformado por municipios que están en las categorías de ruralidad. Para 2014, la población que vivía allí era de un 30,4%. El 46% de la tierra se encuentra en tenencia de tan sólo el 0,4% de la población[5]. Sí: casi la mitad del territorio en menos de la mitad del 1%. El 16,8% del campesinado es analfabeto, el 75,8% no recibió asistencia técnica y el 71,5% manifestó no tener infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias[6].

Este problema es estructural de las desigualdades en Colombia y por esa razón las FARC-EP propuso como primer punto una reforma agraria; que ha encontrado la oposición del modelo de acumulación actual: desposesión territorial y extracción total de las fuentes de riqueza para explotación privada transnacional.

Manuel Marulanda o Tirofijo, figura histórica en las FARC-EP, como liberal insurgente, encontró en la década del ‘50 del siglo pasado en un sitio del Tolima, el punto de resistencia para fundar junto a otrxs camaradas, la República de Marquetalia: un reducto territorial que pretendía construir un enclave independiente. En 1958, el bipartidismo de liberales y conservadores se unió en el Frente Nacional para descargar lo que se conoce como el periodo de “la violencia” sobre el sentimiento que impulsaba Marquetalia.

El conflicto armado hasta 2018 había causado 94.754 muertes atribuidas a paramilitares; 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado[7].

Alberto asegura: la oligarquía no va a permitir un avance del pueblo.

Como con Eliécer Gaitán en 1948 o con la Unión Patriótica a partir de 1982[8], quienes representan una alternativa, son eliminadxs en impunidad o acusadxs de criminales en lo que se conoce como “falsos positivos”, el asesinato sistemático de civiles para justificar la amenaza terrorista y la industria de la guerra.

Alberto vive en una casa fresca y pequeña.

Mientras enseña con mapas en un anotador, confiesa que tenía muchas expectativas con el despliegue de su vida civil. Y aunque cree en el Acuerdo, reconoce que ni el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común[9] ha logrado desplegar su potencial social ni los gobiernos de Santos (2010-2018) y Duque han hecho posible su participación política.

En varias oportunidades la guerrilla más antigua del continente tuvo disposición al diálogo con los diferentes gobiernos que administraron el Estado colombiano, siempre la misma historia de traición y muerte. El conflicto armado afecta fatalmente a lxs desposeídxs de la tierra: al campo en armas, la juventud pobre convertida en soldada del Ejército o cooptada por los grupos paramilitares. La oligarquía terrateniente no se mancha de esta sangre. Muy por el contrario, ha desarrollado una industria (lícita e ilegal) para la guerra, que la favorece política y económicamente, siendo uno de los países con mayores bases militares estadounidenses de América Latina y el único “socio global” de la OTAN[10]. A través del Plan Colombia[11] y durante el periodo 2001-2016, Estados Unidos ha invertido 10.000 millones de dólares en ayuda militar, se dice que es el mayor presupuesto armamentista después del destinado a Israel.

Solamente en el primer trimestre de 2020, 71 líderes y lideresas sociales habían sido asesinadxs. Al menos 20 ex guerrillerxs y firmantes del Acuerdo están muertos a la fecha[12].

En el campo, todavía están esperando que lxs ex guerrillerxs vuelvan para promover la agitación y organización campesina. Lo que durante cuatro años fue campaña del movimiento social, módulos de talleres, discursos en reuniones y actividades masivas, no se logra convertir en práctica política en el sur de Colombia. Las garantías para la participación política de ex integrantes de las FARC-EP no existen y el avance del paramilitarismo es brutal.

Aun con compañerxs asesinadxs, aún con quienes eligieron volver a las armas, Clara y Alberto sostienen que era necesario firmar el Acuerdo. Que era urgente reubicar la lucha de clases en Colombia, en lugar de seguir enfrentando hijxs del campo entre sí; que la iniciativa del desarme permite un giro en la narrativa de la alternativa popular, siempre estigmatizada y demonizada por la cultura dominante.

Con la iniciativa para la Paz con Justicia Social del grupo guerrillero más grande de todos los tiempos, la verdad de los pueblos irrumpe otra vez en la historia. El fin del conflicto armado en Colombia requiere una Paz que transforme las desigualdades, es una paz con apellido, que en lugar de vaciarse de sentido, debe ir al origen de la máquina de la violencia.

Aporte cronológico

1956-1958: liberales y conservadores constituyen el Frente Nacional.

1960: a partir del asesinato de guerrillerxs amnistiadxs, Marulanda y otrxs liberales radicales vuelven al monte, se forma la llamada República de Marquetalia.

1966: el Bloque Sur constituyó en la región de Duda las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

1982: Se realiza la Séptima Conferencia Guerrillera, donde se reafirma el compromiso de lucha armada y política.

1984: se conforma la Unión Patriótica, partido político vigente en la actualidad.

Las FARC comienzan a llamarse ejército del pueblo (EP).

1998-2012: implementación del Plan Colombia.

2002-2010: presidencias de Álvaro Uribe Vélez, promotor del paramilitarismo para enfrentar al campesinado en armas.

2007: Se concreta un Acuerdo Humanitario. La defensora de DD.HH. Piedad córdoba y el presidente de Venezuela Hugo Chávez fueron mediación. Caracas fue elegido como territorio neutral y el acuerdo consistió en el canje de secuestradxs por presxs políticos.

2008: Se visibilizan el fenómeno de falsos positivos, asesinatxs a población civil para hacerla pasar por guerrilla.

2016: Plebiscito a la población colombiana para aprobar el Acuerdo de Paz.

2017: 1° congreso del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

2019: Ex guerrillerxs que habían promovido el Acuerdo de Paz deciden volver a las armas producto del incumplimiento del gobierno colombiano

Glosario para lectorx críticx

Desarme o desmovilización: lxs ex guerrillerxs de las FARC-EP cumplieron su parte del Acuerdo y entregaron sus armas, en un proceso de reincorporación a la vida civil. Se desarmaron, más no se desmovilizaron porque continúan como movimiento político y social.

Disidencias de las FARC-EP: Hay quienes dicen que se encuentran representadas en aquellos sectores que decidieron no suscribir los acuerdos o abandonar el proceso de paz (sin apellido). Pero también dicen que disidente es quien abandonó los principios éticos y programáticos de la guerrilla, acordando con un enemigo.

Ex guerrillerx o ex combatiente: guerrillerx es quien se organizó y luchó militarmente con un ideal de transformación de la sociedad colombiana en favor de lxs oprimidxs. Combatientes se le llamó a los paramilitares, integrantes de organizaciones criminales vinculadas al negocio del narcotráfico y destinadas a eliminar las guerrillas.

Paz o paz con justicia social: La paz sin apellido es aquella que recurre a un eufemismo de sí misma para vaciarse de sentido, es un fetiche, se trata de la del premio Nobel al ex presidente Juan Manuel Santos, la de los Acuerdos de La Habana. La Paz con Justicia Social es por la que luchan los movimientos sociales y populares en Colombia desde que el Estado-nación se impuso como mecanismo de orden social. Es una paz que transforme las desigualdades estructurales y estructurantes.

Conflicto armado o amenaza terrorista: El primero es el proceso social-político y militar que ha vivido Colombia desde el 9 de abril de 1948 cuando el asesinato del líder liberal y candidato a presidente Jorge Eliécer Gaitán, ampliamente aprobado por las mayorías, desencadenó el Bogotazo y una guerra civil que involucró a las fuerzas armadas, grupos paramilitares y guerrillas. La amenaza terrorista fue la representación discursiva utilizada por el gobierno colombiano para justificar el genocidio contra las opciones políticas alternativas y el pueblo en armas. Cabe destacar que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamada célebremente el Ministerio de las Colonias por Fidel Castro Ruz, fue creada en suelo colombiano a sólo 21 días del Bogotazo, donde se estima asesinaron a 3.000 colombianxs.

Mafia o paramilitarismo: el paramilitarismo en el marco del conflicto colombiano, se refiere a aquellos grupos armados ilegales organizados para aniquilar a las guerrillas, lo que ideológicamente lo convierte en un grupo fascista. La mafia es la manera de desideologizar a los grupos paramilitares luego de los Acuerdos de Paz de La Habana, reduciendo el ejercicio de sus violencias a meros fines instrumentales. La idea de mafia niega la existencia y fortalecimiento del paramilitarismo, como ideología del plan sistemático de aniquilación de una alternativa popular para Colombia.

El Acuerdo de La Habana o Acuerdos definitivos: El acuerdo de La Habana son los suscritos entre las FARC-EP y el gobierno antes del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Los Acuerdos Definitivos son los firmados el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón (Bogotá), que incluyeron las modificaciones que exigían sectores -que promovieron el voto por el NO en el plebiscito- como el Centro Democrático, cuyo principal referente es el ex presidente y promotor del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez.

Posconflicto o posacuerdo: a pesar de que numerosos voceros del gobierno colombiano se refieren a posconflicto para denominar el proceso aperturado luego de la firma de los Acuerdos de Paz, los movimientos sociales y populares se esfuerzan en explicar que el conflicto no ha cesado en Colombia, el asesinato de cerca de 800 personas es apenas una muestra; por ello prefieren hablar de posacuerdo.


[1]          El 28 de marzo de 1984 iniciaron los “Acuerdos de la Uribe-Meta”. En 1992 se dan los diálogos de Tlatzkala (México), que se habían iniciado en Caracas (Venezuela) en 1991. Entre 1998 y 2002 se da el proceso de negociación de San Vicente del Caguán. En septiembre de 2012 iniciaron los diálogos para la firma del Acuerdo de Paz de la Habana.

[2]          Punto 1“Reforma Rural Integral”; 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”; 3 “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”; 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”; 5 “Víctimas” y 6 “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”. Ver Acuerdo Definitivo: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf

[3]          Ver informe: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Violaciones-a-los-Derechos-Humanos-en-tiempos-de-Paz.-Septiembre-de-2019-18-09-19.pdf

[4]          El video original fue de 32 minutos y así como se divulgó por redes sociales y plataformas, rápidamente desapareció. Actualmente se encuentra solamente en fragmentos de menos de 5 minutos. Ver video en RT: https://www.youtube.com/watch?v=EeCs8cGtNUs

[5]          Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ver documento sobre ruralidad en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015ago6%20Documento%20de%20Ruralidad%20-%20DDRS-MTC.pdf

[6]          Censo Agropecuario 2014 (después de 45 años de no generar información al respecto). Ver resultados completos: https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf

[7]          Ver: http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/ El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) documentó, en total, 353.531 hechos. Estos son algunos de sus hallazgos: la guerra dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. Este Observatorio entregó al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la base de datos más completa sobre el conflicto armado en Colombia, que documenta hechos de 1958 a julio del 2018.

[8]          Se estima que entre esos años se asesinaron más de 3 mil simpatizantes de la UP, entre ellos dos candidatos presidenciales. El Estado colombiano fue demandado en 1993 por genocidio político ante la Corte Interamericana de DD.HH. por estos hechos, dicha demanda fue aceptada recién en 1997.

[9]          El 28 de agosto de 2017, se realizó el 1° congreso del partido FARC, herramienta de participación política de la desarmada guerrilla.

[10]        Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas en inglés.

[11]        Es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica. En el año 2000 la organización internacional Amnistía cuestionó a dicho Plan por sus métodos. Sus detractores aseguran que su principal objetivo era eliminar a la insurgencia armada. Con el inicio de los diálogos de La Habana, el Plan Colombia entró en una etapa de enfriamiento silencioso. Ver balance a 15 años de su lanzamiento del historiador Oto Higuita: https://www.telesurtv.net/bloggers/Plan-Colombia-Un-balance-a-15-anos-de-su-implementacion-20160203-0002.html

[12]  http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

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