Resumen Latinoamericano*, 15 noviembre 2019.

Un informe realizado por el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) reveló que los partidos de oposición en Colombia, en particular lo que tienen una línea distinta a la del gobierno, fueron las mayores víctimas de la violencia política durante el proceso de las elecciones regionales y locales que se celebraron en el país. 

“El 51,4 por ciento de las muertes por violencia política electoral en el período pre-electoral 2018-2019, eran integrantes de partidos y movimientos políticos declarados en oposición al Gobierno, todos ellos a la izquierda del espectro político”, indicó Cerac.

Además, el texto detalló que la violencia política electoral en Colombia aumentó en comparación con las elecciones que se realizaron en 2015.

“En el periodo preelectoral 2014-2015 frente al periodo 2018-2019 el número de hechos de violencia política electoral en Colombia pasó de 104 a 151, lo que significó un aumento de 45 por ciento”, precisó el informe.

Además, agregó que “los integrantes de movimientos y partidos políticos heridos aumentaron 40 por ciento al pasar de cinco a siete. Mientras que la violencia de tipo letal aumentó 6 por ciento al pasar de de 33 a 35 personas asesinadas en hechos de violencia política”.

También detalló que al estudiar la filiación política de las víctimas encontró que los partidos de oposición concentraron la mayoría de las víctimas mortales de la violencia política electoral, mientras que los grandes partidos tradicionales de centro (como el Liberal, Partido de la U y Cambio Radical) concentraron el 27,6 por ciento de las amenazas.

A pesar que en el Estado colombiano existe un acuerdo de paz, la violencia política electoral se concentró en quienes eran candidatos a los Concejos municipales, Juntas de Acción Comunal y otros actores de la política regional y adversan líneas políticas distintas a las del Gobierno en turno.

Denuncian desplazamiento de etnias y campesinos

La Comisión de la Verdad de Colombia denunció, a través de un comunicado, el desplazamiento masivo de comunidades étnicas y campesinas, además, de alarmantes masacres y ataques que se gestan desde el sur del departamento de Córdoba, en el norte del Colombia. 

“La Comisión ha recibido de las comunidades la información de que el 12 de noviembre un grupo armado al margen de la ley produjo el desplazamiento masivo de más de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré en la Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles en el Sur de Córdoba”, destaca el comunicado.

El documento del organismo contralor aseveró que esta movilización y abandono de territorios se da por la irrupción de grupos ilegales armados en este departamento colombiano. 

En este sentido, la Comisión de la Verdad alertó que el pasado 12 de noviembre de este año un pelotón violento presionó a unas 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos de Altos de Uré a abandonar sus territorios.

Estas comunidades han sido blanco de desapariciones forzadas, violencia extrema y masacres, denunció el ente. Añadió que tres habitantes del municipio de San José de Uré fueron asesinados de manera brutal por grupos irregulares. 

Las comunidades indígenas y campesinas se encuentran sometidas en una situación de extrema vulnerabilidad por lo que exigen al Gobierno de Colombia que se active de manera inmediata el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección -Decreto 660 de 2018- como una garantía de su convivencia pacífica. 

“La Comisión de la Verdad considera urgente que el Gobierno Nacional tome medidas que garanticen la vida y pervivencia en paz de las comunidades, y que se aclare y tomen medidas eficaces contra estas formas de violencia en el Sur de Córdoba.”, reza la misiva de la Comisión.

Según el ente, la Defensoría del Pueblo constató el desplazamiento masivo y las masacres cometidas por grupos armados contra los indígenas y campesinos del sur de Córdoba.

*telesur