Brasil. Bolsonaro regresa privilegios a la dictadura

Resumen Latinoamericano*, 30 de septiembre de 2019.-

En Brasil se está violentando a la democracia, se profundiza una crisis humanitaria. Lo denunciaron comunidades de la sociedad civil e indígenas en el Consejo de Derechos Humanos que se realizó a principio de septiembre en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza. El país vecino vivió una dictadura entre los años 1964 y 1985, y los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición han sido insuficientes, para no decir más. Hoy en día, el Presidente Jair Bolsonaro garantiza la impunidad.

“Desde su redemocratización, el Estado brasileño tiene una importante deuda social que enfrentar con respecto a la justicia de transición, con 434 personas entre los muertos y desaparecidos y el genocidio de al menos 8,350 indígenas durante la dictadura civil-militar entre 1964 y 1985” denuncia Hélio Leitão, consejero federal de la Orden de Abogados de Brasil -OAB-.

A 30 años de la reinstauración de la democracia en el país más grande de América Latina, los desafíos que deben afrontarse para hablar verdaderamente de un sistema político democrático son grandes. El Presidente Jair Bolsonaro está llevando a Brasil en bajada libre, en particular con: “Ejecuciones sumarias defendidas por el gobierno brasileño, muertes en sistema carcelario, torturas, retroceso de la Comisión de Memoria Verdad y Justicia, incumplimiento con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, discriminaciones contra personas Lgbti e indígenas, violencias contra mujeres; unos de los crímenes que se viven en la cotidianidad adentro de nuestro país”, denunció Helder Salomão, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados.

La candidatura de Brasil a la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por uno de los dos puestos reservados a los países de América Latina ha levantado muchas preocupaciones. Helder Salomão y Erika Kokay, diputada federal, asistieron expresamente a Ginebra para alarmar sobre la real situación de derechos humanos en el país vecino, la cual no coincide propiamente con los valores de la Carta de Naciones Unidas. Fabian Salvioli, Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, manifestó el retroceso de la política de justicia transicional brasileña: “Eso sucede en muchas partes del mundo, aunque no es jurídicamente posible ni éticamente válido”.

Las causas según la ONU

“Una buena parte de la responsabilidad la tiene la propia justicia transicional que ha validado el discurso de que estas cosas se tratan de voluntad política y no de violaciones jurídicas. Hay deberes que emergen de los tratados de los derechos humanos que todos los Estados deben cumplir y no pueden utilizar excusas para dar cuenta de lo que no se cumple en materia de derechos humanos”, explicó el relator de la ONU.

Hélio Leitão, en su intervención en la Sala XX de los Derechos Humanos, frente a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, confirmó la situación precaria descrita por Salvioli: “Las políticas de justicia de transición se desmantelan, ya sea por falta de fondos o por el reemplazo del personal por miembros que no tienen experiencia o afinidad con el tema y que a veces socavan el sufrimiento de los sobrevivientes y las atrocidades cometidas durante la dictadura”. Además, siguió Leitão, “el actual gobierno de Brasil ha insistido reiteradamente en cambiar la narrativa sobre las atrocidades cometidas durante la última dictadura, incluida la instrucción a los militares de conmemorar el golpe del 31 de marzo de 1964. Los tribunales superiores brasileños han validado este acto presidencial sin tener en cuenta ningún estándar internacional”.

Amnistía a la dictadura

La Ley de Amnistía fue instituida en Brasil en 1979, durante la dictatura. A través de ella se evitó juzgar a los represores de la dictatura militar (1964-85). “A nivel interamericano, la Corte de Derechos Humanos determinó que la Ley de Amnistía de 1979 era incompatible con las normas internacionales en los casos de Gomes Lund-Araguaia (2012) y Herzog (2018)”, explicó Hélio Leitão. “Sin embargo, la Corte Suprema Federal continúa validando esta ley sin el control de convencionalidad apropiado, dejando varias atrocidades impunes, aunque el Fiscal Federal presentó docenas de medidas cautelares y casos para responsabilizar a los involucrados en las atrocidades durante la dictadura”.

El Relator Especial Salvioli explicó durante el Consejo de Derechos Humanos que todas leyes de Amnistía no eran a considerarse válidas: “estas son nulas y carecen de efectos jurídicos […] La reforma institucional se debe dar en los órganos del Estado. Si el poder judicial no lleva adelante su trabajo, eso significa un incumplimiento de los estándares internacionales, lo cual va a generar nuevas violaciones del derecho internacional”, sentenció el Relator Especial de la ONU.

Cuando relatamos acerca de los periodos de la dictadura brasileña, argentina, o del conflicto armado colombiano, es preciso destacar el protagonismo de las víctimas. Las torturas, desapariciones, y violaciones sistemáticas a los derechos humanos deben ser esclarecidas para superar la violencia en las sociedad; de allí la importancia de la verdad. En Brasil el pasado dictatorial regresó porque oficialmente se ha olvidado la historia, y se miente acerca de lo que se recuerda.

*Fuente: CI