La primera figura nació asociada a Napoleón Bonaparte. La historia utiliza la etiqueta de los Cien Días para señalar el intenso ciclo entre el final de su destierro en la isla de Elba, el plan para cambiar las reglas de juego en una Francia convulsionada y la capitulación definitiva de Waterloo en 1815. Pero fue la apropiación por parte de Franklin D. Roosevelt la que incorporó el concepto de forma definitiva al manual político de la era moderna. Tras asumir el cargo en 1933 con un sólido respaldo en las urnas, el expresidente estadounidense planteó los primeros cien días de su gestión como un urgente cambio de rumbo que derivó en el New Deal, el paquete de medidas de fuerte intervención estatal para sacar al país de la crisis derivada del crac de 1929. El aval ciudadano se tradujo en un denominado “período de gracia” para fijar el horizonte y los ejes clave del nuevo gobierno.

El resultado de las PASO del 11 de agosto y la agudización de la crisis económico-social que condiciona el trecho que resta hasta los comicios nacionales de octubre recreó un escenario inédito: la fuerza ganadora de ese primer test enfrenta el desafío de garantizar la estabilidad institucional al mismo tiempo que es urgida a definir qué y cómo hará para enfrentar la emergencia en caso de conseguir el triunfo.

Alberto Fernández logró esquivar el rol de cogobernante en la transición al que Mauricio Macri intentó empujarlo en varias oportunidades, pero la proyección de su contundente triunfo en las Primarias dio vuelta el reloj de arena antes de tiempo: la potencial dirección de sus primeros cien días ganó inevitable espacio en el centro de la agenda pública.

Por detrás de las declaraciones mediáticas y el zigzag del diálogo con el oficialismo, el Frente de Todos asumió ese estado de cosas y ajustó la organización de los equipos que trabajan en el trazado de posibles futuras políticas públicas: este fin de semana las 24 comisiones que desarrollan planes y propuestas para la coalición peronista-kirchnerista cerraron el primer borrador final para cada una de las áreas de gobierno.

Integrados por más de 2200 exfuncionarios, dirigentes y referentes de todas las fuerzas políticas que integran la coalición opositora, los grupos de trabajo tienen a la primera semana de octubre como el plazo límite para cerrar el documento, una suerte de plataforma ampliada que incluirá la caja de herramientas –urgente y de mediano plazo– para una hipotética gestión. Para entonces, las producciones deberán haber pasado por la edición final a cargo del rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta, y la exsenadora Virginia García; además de haber conseguido la bendición de Fernández y CFK. Aunque todavía está en discusión la modalidad, la presentación en sociedad del plan y los equipos dará un indicio claro de objetivos, metas y (tal vez) nombres de los integrantes de un futuro Gabinete.

El mecanismo

El trabajo coordinado de los equipos técnicos de la alianza opositora comenzó en mayo cuando Cristina Fernández invirtió el diagrama político y delegó la candidatura presidencial en el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El esquema tomó ritmo acelerado después de las Primarias: reuniones periódicas en la sede de la UMET y el apoyo de una plataforma digital para volcar los avances y conclusiones parciales.

Las comisiones –integradas en delicado equilibrio por referentes del kirchnerismo, el albertismo, el massismo y delegados de gobernadores, intendentes y el resto de las fuerzas y organizaciones de la coalición– trabajan en tres frentes: diagnóstico, medidas iniciales de emergencia y plan estructural. La evaluación de la “herencia” macrista y el diseño de propuestas con “datos duros recientes” redondearon el cierre de este fin de semana a cargo de la mesa ejecutiva de 20 integrantes que coordina cada uno de los equipos de trabajo.

Además de establecer a la plataforma que el Frente de Todos inscribió en la Justicia Electoral como un “piso mínimo” para la formulación de los proyectos, Fernández instruyó que todas las propuestas que exijan financiamiento pasen la prueba del ácido en la comisión de Macroeconomía que lideran Cecilia Todesca y Arnaldo Bocco. El objetivo es replicar la dinámica de trabajo articulado de una plenaria parlamentaria y establecer cómo y de dónde saldrán las partidas necesarias.

Además, en línea con el vínculo político que fungió con los líderes territoriales del PJ –”vamos a hacer un gobierno de 24 gobernadores con un presidente”, suele repetir el candidato–, Fernández también delineó que los equipos trabajen por zonas y regiones. “La meta es pensar políticas públicas teniendo como parámetro los conflictos específicos de cada área del país. Es un trabajo colaborativo que no tiene nada de tarea de escritorio”, señaló García a Tiempo.

La agudización de la crisis que siguió a la estampida del dólar post PASO terminó de configurar al paquete social como el eje de la agenda más urgente. Hace dos semanas, los equipos técnicos realizaron una jornada de trabajo para discutir el reclamo de emergencia alimentaria que en los últimos días derivó en dos multitudinarias marchas de las organizaciones sociales en distintos puntos del país. Daniel Arroyo –diputado nacional y ex viceministro de Desarrollo Social– detalló los alcances de ese pedido. Y Luana Volnovich, candidata a diputada en la Provincia, trazó el diagnóstico de las premisas para los jubilados, uno de los sectores que quedaron huérfanos del último paquete de emergencia del poder central.

El diagrama

El trabajo colaborativo de las últimas semanas obligó a modelar en tiempo récord una convivencia efectiva entre referentes de diferentes sectores, recorridos y liturgias. El armado incluye a las 14 fuerzas que integran el frente opositor, pero ubica a tres grupos en las tareas de liderazgo y coordinación.

Además de Todesca y Bocco, por el espacio más cercano a Fernández participan Aníbal Pitelli, Miguel Cuberos, Guillermo Justo Chávez, Cecilia Miranda, Aníbal Pitelli, Fernando Peirano y Federico Martelli, entre otros. El kirchnerismo –centralmente vía el Instituto Patria– aporta nombres con experiencia de gestión: Daniel Gollán, Judith Said, Cecilia Rodríguez, María Laura Garrigós, Vanesa Siley, Augusto Costa, Horacio Pietragalla, Claudia Bernazza y Estela Díaz forman parte de ese universo. Desde el massimo, en tanto, los aportes de organización quedaron en manos de José Ignacio de Mendiguren, Diego Gorgal, Mirta Tundis, Carla Pitiot y Carlos Selva, entre otros.

La tarea de estas últimas semanas cabalgó en paralelo a las versiones sobre la posible integración de un equipo de gobierno. Esa tensión, reconocen en el armado, forma parte de una dinámica inevitable que se agitó con el resultado de las PASO.

Alberto Fernández esquivó por ahora las definiciones públicas y definitivas. Y apenas reveló que estudia ampliar el organigrama de ministerios con la rejerarquización de Cultura, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Salud; y la creación de dos nuevas carteras: Vivienda y de la Mujer. «

El Fondo Monetario Internacional ya planea otra reformulación del acuerdo stand by con Argentina. Será la respuesta al nuevo cuadro político surgido tras las PASO y a las recientes decisiones del gobierno que incluyeron el default de las Letes y Lecaps que estaban en poder de inversores institucionales y la apertura de negociaciones para el reperfilamiento de la deuda.

La resolución implica la postergación de facto y sin fecha de las cuotas que restaba girar del programa por U$S 57 mil millones. Entre ellas, la que debía ser abonada el 15 de este mes, por U$S 5400 millones, monto que el gobierno necesita de manera imperiosa para cerrar el programa financiero del corriente año.

Voceros del organismo se lo confirmaron ayer a Tiempo. “Seguimos como lo habíamos comunicado la semana pasada. No hay fechas definidas. Estamos analizando las recientes medidas y continuamos en estrecho contacto con las autoridades argentinas”, señalaron.

Con esta determinación, el acento para continuar con la asistencia estará puesto ya no en el cumplimiento de las metas fiscales pactadas, sino en la viabilidad del escenario que se dibujó a partir de la disparada del dólar y la caída de reservas del Banco Central. Allí también se incluyen el cepo a la compra de divisas y las limitaciones a la salida de capitales al exterior.

La resolución es una rotunda respuesta a lo que había dicho el presidente Mauricio Macri el jueves, en relación a la llegada del dinero del FMI. “Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo”, dijo el primer mandatario en su visita a Córdoba. El giro de los acontecimientos y el cambio de criterios para dar por aprobada la revisión dejó al presidente en offside.

Las esperanzas de Macri radicaban en haber alcanzado las metas fiscales comprometidas para el primer semestre del año. Esa era la condición para gatillar otra cuota. Ahora, esa dejará de ser la prioridad.

Es que la misión auditora que tenía que verificar esos números se convirtió en otra de mayor voltaje político, encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli (director del Departamento para el Hemisferio Occidental y monitor del caso argentino, respectivamente), que llegó a la semana siguiente de las PASO y tuvo como prioridad otear el panorama. Para eso se entrevistó con Hernán Lacunza, apenas asumido como ministro de Hacienda, y con Alberto Fernández, el candidato presidencial más votado en las Primarias de agosto.

En esas entrevistas, además, los emisarios se encontraron con una dura posición de Fernández, quien colocó al gobierno y al FMI en el mismo nivel como responsables de la crisis y les reclamó “poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina; para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”. Con el comunicado bajo el brazo, los dos funcionarios volvieron enseguida a Washington y expusieron la situación ante el directorio, que trató el tema de urgencia y fuera de su orden del día.

El tercer acuerdo

En los hechos, el análisis de las nuevas medidas abre las puertas a un nuevo programa, que sería el tercero en menos de 15 meses. El primero, por U$S 50 mil millones y una duración de 36 meses, se celebró en junio de 2018. Tres meses después, ante una nueva ola devaluatoria, vino el segundo acuerdo, en el que se amplió la asistencia financiera a U$S 57 mil millones, se acordó que el dinero sería desembolsado de manera efectiva (en el anterior el acceso era sólo precautorio, es decir quedaba a consideración del gobierno si lo retiraba o no) y se aceleró el cronograma de manera que el 88% de los fondos llegaría durante la gestión de Macri.

En el medio cambiaron recetas y funcionarios. Quedaron en el recuerdo las metas de inflación, las Lebac (reemplazadas por las Leliq), la libre flotación del tipo de cambio y las bandas de referencia. Se alejaron Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger (los firmantes del acuerdo original) y Luis Caputo. La prédica del déficit cero perdió terreno en manos de los congelamientos de precios y los subsidios. A pesar de ello, el dólar pasó de $ 25 a $ 58, la inflación se aceleró y las tasas llegaron al 85%. De los U$S 44 mil millones que llegaron, en las arcas del Banco Central sólo quedaron U$S 3000 millones.

Calzados y descalzados

La demora en la llegada del dinero puede agudizar las tensiones económicas y financieras. La Secretaría de Finanzas tenía los pagos de deuda calzados con los ingresos del Fondo. La incertidumbre sobre esos envíos (hay otro previsto para diciembre por U$S 1000 millones) disparó la decisión de patear para adelante buena parte de las Letes, Lecap y otras obligaciones a cancelar antes de fin de año. Una estimación de la consultora Eco Go señala que de no llegar el giro prometido, el Tesoro tendría un faltante de U$S 1280 millones y $ 255 mil millones para cancelar sus compromisos en moneda extranjera y local, respectivamente.

Algunos economistas son pesimistas sobre ese desembolso. “Lo veo poco probable en el corto plazo. Las señales son de restricción. Hay demora y están revisando si las condiciones se dan”, opinó Daniel Marx, negociador de la deuda externa entre 1989 y 1993, en un reportaje de FM La Patriada. En sentido similar, Emmanuel Álvarez Agis (uno de los referentes económicos del Frente de Todos) declaró en Radio con Vos que “es claro que el FMI va a querer hablar con el próximo gobierno y hoy las chances están más del lado de Alberto Fernández que de Macri. Al que tiene la plata le interesa hablar con el próximo”.

A ello se suma el vacío de poder que vive el Fondo, inmerso en una transición que puede alargar aun más los plazos. Su directora gerente, Christine Lagarde (sostén de Macri en el mundo de las finanzas internacionales), dejó la entidad y su casi segura sucesora, la búlgara Kristalina Georgieva, recién asumiría el 4 de octubre. Es demasiado tiempo para un gobierno que en siete semanas se juega su continuidad en el poder. «