Perú. Segundo día de paro para exigir la liberación del gobernador Walter Aduviri

Resumen Latinoamericano*, 7 septiembre 2019.

El bloqueo de los accesos fronterizos a Bolivia fue la principal consecuencia del segundo día del paro de la región surandina de Puno, en demanda de la libertad del gobernador de ese territorio, Walter Aduviri, condenado a prisión.
Numerosos camiones y otros vehículos tuvieron que permanecer varados en las dos rutas hacia los pasos fronterizos de Desaguadero y Copacabana, el primero de importancia para la carga boliviana de exportación e importación que usa el puerto peruano de Ilo.

En Desaguadero, informaron telefónicamente vecinos del lugar, el paso por el puente sobre el río del mismo nombre fue cerrado por manifestantes indígenas aymaras, que llaman a Aduviri Huiracocha, nombre de una divinidad andina con dotes de liderazgo.

Los aymaras y grupos de activistas bloquearon también los accesos a la ciudad de Puno, capital regional, y, como en el primer día de paro, la policía los dispersó con gases lacrimógenos e hizo un número no precisado de detenciones.

El gobernador Aduviri fue condenado en agosto último a seis años y ocho meses de prisión como autor indirecto de desmanes como el incendio de la gobernación de Puno, que vivió la capital regional en junio de 2011, durante una protesta de comunidades aymaras contra un proyecto minero.

Aduviri no estaba en el lugar cuando ocurrieron los desmanes y, según su defensa, no hay pruebas en su contra, por lo que el caso es denunciado como criminalización de las protestas, pues la fiscalía que lo inculpó no actuó contra los autores de la violencia.

Una sentencia al líder indígena por aquellos hechos fue anulada en 2018, cuando estaba en la clandestinidad, desde la cual postuló al cargo de gobernador y fue elegido por amplia mayoría.

La protesta de 2011 rechazó la entrega inconsulta a un proyecto minero de la transnacional candiense Bear Creek de tierras de comunidades aymaras ubicadas a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, lo que prohíbe la Constitución.

Ante el vigor de la protesta, el gobierno de entonces, del neoliberal Alan García, se vio obligado a cancelar el proyecto, pero una acción judicial contra Aduviriy otros dirigentes continuó.

*Prensa Latina

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