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Argentina. Resumen gremial y social. Despidos, paro y conciliación en Bio Ramallo/ Repudio de la CGT a la abstención de empleadores argentinos al convenio contra violencia y acoso laboral/ El INTI tenía un programa que podía evitar el apagón, pero el gobierno lo vació/ Télam: retroceso del gobierno en la Cámara Nacional del Trabajo … (Más información)
Resumen Latinoamericano, 23 de junio 2019.- Una sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Despidos, paro y conciliación en Bio Ramallo
La empresa Bio Ramallo despidió 28 trabajadores y el gremio aceitero dispuso una huelga de 24 horas para toda la región. La Secretaría de Trabajo dispuso una conciliación obligatoria y hoy hay una reunión clave.
23/06/2019 20:18:00
La firma Bio Ramallo decidió 28 despidos arbitrarios entre su personal y desató un conflicto con el Sindicato de Aceiteros de Rosario. Sin respuestas al reclamo de reincorporación, el gremio dispuso un plan de lucha que comenzaría con una huelga en toda la región este lunes a las 6:00 AM.
Desde el el gremio denunciaban la falta de voluntad de diálogo de la empresa, la amenaza de desalojo para quienes protestaban en los portones y la incertidumbre en la que viven los 28 despedidos sin causa.
“No permitiremos el avasallamiento de ningún tipo y defenderemos juntos nuestros derechos como trabajadores”,habían comunicado los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR).
Sin embargo, a horas de activarse la huelga, el Ministerio de Producción y Trabajo notificó a las partes de un nuevo período de conciliación obligatoria. En ese contexto, en la sede de Callao, hoy se desarrollará un encuentro clave para el futuro de los empleos.
Bio Ramallo es una firma fundada en 2013 especializada en la elaboración de Biocombustibles, en Borra de Neutralización (Subproducto generado durante la refinación del aceite), Glicerina Cruda (Subproducto de la reacción de tranesterificación) y Materia Grasa Ácida (Subproducto de la purificación de la glicerina).
Repudio de la CGT a la abstención de empleadores argentinos al convenio contra violencia y acoso laboral
El mismo fue votado y aprobado por amplia mayoría en la jornada de clausura de la 108 Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La CGT manifestó su rechazo a la abstención de los empleadores argentinos frente a la votación y aprobación por amplia mayoría del Convenio 190 contra la Violencia y el Acoso laboral aprobado en la jornada de clausura de la 108 Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
“La temática de la violencia y el acoso laboral fue uno de los ejes centrales que rigieron la cumbre de la OIT en su centenario y por sus connotaciones e implicacncias en la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores, el convenio 190 contó con la mayoritaria adhesión y aprobación de la asamblea”, señalaron desde la central obrera
“La abstención de los empleadores y la aprobación de este convenio deja en evidencia su falta de sensibilidad y compromiso con los sectores mas vulnerables y su desinteres en la defensa de los derechos laborales y humanos mas elementales de los trabajadores haciendo retroceder a la Argentina a nivel internacional en términos de equidad y garantía de derechos”, concluyeron
El INTI tenía un programa que podía evitar el apagón, pero el gobierno lo vació
Entre los 266 despedidos de 2018 hay un ingeniero que desarrollaba un proyecto para la detección en tiempo real de fallas eléctricas, que debía concluir en 2017. “Este es sólo un caso testigo”, dice.
(Foto: Mariano Martino)
Por Alfonso de Villalobos
El domingo 16 de junio se produjo el apagón más importante en la historia del país. Cincuenta millones de usuarios quedaron sin servicio en cuatro países.
Poco más de 500 días antes, el 26 de enero de 2018, 266 trabajadores del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) recibían un telegrama de despido. Entre ellos había decenas de profesionales y técnicos encargados de desarrollar programas de vanguardia para su aplicación en la producción industrial nacional y para la certificación de productos importados.
Entre ellos se encontraba Luciano Domínguez Pose, un joven ingeniero electrónico de 36 años, recibido en la Universidad de Buenos Aires y que había ingresado como becario en 2011. Dos años después fue contratado para encabezar el desarrollo del proyecto denominado “sistema de medición fasorial orientado al desarrollo de redes inteligentes”. Ese programa, que comenzó en 2014, contaba con un financiamiento de $ 20 millones provenientes del Fondo Argentino Sectorial (FonArSec) para un período de tres años y estaba desarrollado en un 70% cuando fue despedido.
Domínguez Pose, “Lolo”, como lo conocen en el INTI, adonde volvió como resultado de un fallo judicial de reinstalación por ser delegado gremial de su sector, se graduó en la UBA en 2015 luego de obtener una calificación de 10 puntos en su tesis “Estudio, desarrollo e implementación de un sistema de calibración para PMUs” referida a los desarrollos que, a la vez, investigaba en el INTI.
El tema de los apagones le había llamado la atención a partir de lo ocurrido en 2003 en Estados Unidos, cuando un inmenso corte de energía dejó sin electricidad a 60 millones de usuarios y produjo la muerte de once personas. El gobierno estadounidense decidió avanzar en el desarrollo de una nueva tecnología para la observación y el control de las redes eléctricas de alta y media tensión, con un monitoreo sincronizado a través de tecnología GPS. Ese era el contenido del programa que, con el despido de Domínguez Pose, se discontinuó definitivamente luego de padecer el corte de fondos.
Ese programa podría haber sido puesto a disposición de las compañías de generación, distribución y transporte eléctrico para la medición en tiempo casi real de fallas de esa naturaleza, anticiparse a ellas y tomar las medidas necesarias para evitar los apagones masivos. Según Domínguez Pose, “dependiendo de los recursos, en un año, hubiera podido ser implementado en todo el país”.
Además de Transener, esa tecnología, que ya se utiliza en Estados Unidos y en varios países de Europa, podría haber sido incorporada por la compañía Yacylec, en parte propiedad de la familia Macri, que se encarga de transportar la energía generada en la central hidroeléctrica de Yacyretá con el tendido eléctrico nacional. Allí es donde se produjo la falla cuyos orígenes aún son desconocidos, según denunció en su momento el secretario de Energía de Misiones, Sergio Lanziani.
En una entrevista con Tiempo, Domínguez Pose explicó que las autoridades “están observando al sistema eléctrico con un mecanismo obsoleto”.
“No disponen, porque no quieren, de la mejor tecnología para observar la red y prevenir eventos de este tipo. Observan con un sistema de una generación anterior, que se llama SCADA. El dinero está pero no lo ejecutan para este propósito sino con otros fines que desconocemos”, señaló el ingeniero que, luego de su reinstalación judicial en el marco de una huelga de 47 días, y a la cabeza de la lista Naranja, desplazó a la conducción histórica de la junta interna de ATE y hoy es, además, el delegado general de los trabajadores del INTI.
Domínguez Pose indicó que “luego de mi reincorporación se me puso en el mismo lugar pero sin recursos para continuar con el trabajo. Sin presupuesto, sin incorporar gente al equipo y bloqueando toda capacitación sobre el tema”. Y agregó: “El INTI no ejecutó el dinero pero el FONARSEC le dio los fondos. No sabemos dónde está esa plata”.
Desde el INTI negaron que el programa se encuentre paralizado. Javier Ibáñez, su presidente, le dijo a Tiempo que “no tengo mucho para decir. Es muy aventurado asegurar que ese trabajo pudo haber evitado algo cuya causa desconocemos”.
El ingeniero despedido retrucó: “No sabemos si se podría haber evitado pero, con seguridad, estábamos en mejores condiciones y se podría haber aislado la falla. Esta nueva tecnología otorga herramientas para evaluar y resolver los problemas. Se usa en todos lados y es infinitamente superior para observar una red”.
Ibañez, además, defendió el despido de Domínguez Pose. “No es una persona la que estaba a cargo sino la institución”, dijo. Y respecto de la subejecución presupuestaria, señaló que “el presupuesto se ejecutó pero tiene etapas y hay otras instituciones vinculadas”.
Domínguez Pose respondió: “El proyecto tenía un plan de ejecución de tres años, estamos a cinco y está completamente parado. Quizás, ahora, con la difusión del problema y el apagón, deciden hacerlo”.
Sobre el hecho en particular y la eventual responsabilidad de la empresa Yacylec, explicó que “tienen dos líneas para trasladar energía. Ese día tenían una bloqueada por una torre fuera de servicio. Se jugaron a pasar toda la energía por una sola línea que evidentemente no dio abasto”. Explicó, además, que “el sistema funciona con módulos. Cuando hay una falla en uno, que puede ser un pueblo o una ciudad, debería desconectarse automáticamente para no llevarse puesto al resto del sistema. Podrían haber fallado esas desconexiones de emergencia”.
Sin embargo, alertó, “no se sabe en qué condiciones está Yacylec porque no lo dicen. Es de la familia Macri y es el Estado mismo el que debería haber supervisado sus protocolos de inversión porque entra en juego el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Tiene intervención la Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui”.
Sin investigación
Domínguez Pose destacó que el proyecto que desarrollaba “es rentable, tiene mucho futuro”. Con todo, arriesgó que su discontinuidad podría deberse a que “esos equipos compiten con otros importados”. Con una visión amplia del problema, destacó que “este es un caso testigo, el mismo derrotero han seguido muchas líneas de trabajo. En medio del desastre económico y la caída industrial, las autoridades del INTI montaron un sistema de empresas y fundaciones tercerizadas para desviar recursos. No es que desatendieron una línea de trabajo. Son decenas de líneas de investigación. Se fueron profesionales, científicos y técnicos despedidos o con retiros voluntarios. Fue en el marco de un vaciamiento generalizado”.
Pero además, destacó que “el otro tema es que las patronales, en medio de la crisis, para bajar costos pidieron que saquen todos los controles que hace el INTI. Al hormigón le retiraron pruebas obligatorias, lo mismo las de seguridad de autopartes o las de piezas de ascensores. Echaron al ingeniero que estaba a cargo”.
Así, el apagón, podría ser la punta del iceberg que pondrá de relieve, una y otra vez, que el desguace del INTI contiene graves consecuencias para la industria, la economía y la seguridad de las personas. «
Desguace
Inspirado en una experiencia de EE UU, el “Sistema de medición fasorial orientado al desarrollo de redes inteligentes” se creó en 2014 con un presupuesto de $ 20 millones.
Subejecución. El dinero para la compra de equipos, incorporación de personal y capacitaciones se subejecutó y paralizó en 2017.
Despidos. El 26 de enero de 2018 despidieron al ingeniero que lideraba el programa y que obtuvo su título con una calificación de 10 puntos en una tesis especial sobre detección de fallas masivas en tiempo real. Despidos. El 26 de enero de 2018 despidieron al ingeniero que lideraba el programa y que obtuvo su título con una calificación de 10 puntos en una tesis especial sobre detección de fallas masivas en tiempo real.
La Ciudad vacía los comedores escolares: 111 millones de raciones menos y baja calidad nutricional
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria alerta sobre el ajuste presupuestario en la alimentación de 200 mil chicos que comen en colegios porteños. Las consecuencias para su salud.
Entre sus muchas funciones, las escuelas deben ser entornos promotores de la salud. Y para los miles de chicos que asisten a los comedores escolares, una garantía de acceso a una alimentación segura y de calidad. En el distrito más rico del país, sin embargo, este derecho se ve vulnerado, merced a un ajuste presupuestario que se manifiesta en cada vez menos raciones –en un contexto de pobreza creciente–
Télam: retroceso del gobierno en la Cámara Nacional del Trabajo
Los abogados defensores de los trabajadores destacaron que la resolución más reciente, la de la sala VII, tiene particular importancia.
Por Randy Stagnaro
El gobierno nacional viene retrocediendo en su ofensiva sobre la Cámara Nacional del Trabajo para lograr un fallo favorable que ratifique los despidos masivos de un año atrás.
Luego de presionar a la Cámara para que el expediente con 153 casos de despidos fuera repartido entre las diferentes salas de la Cámara, y no fuera tratado por la Sala V, los operadores oficiales en la Justicia no pueden mostrar más que un resultado negativo. Es que de las nueve partes en que fue subdividido el expediente, seis ya volvieron a la Sala V. Los jueces de las otras salas consideraron que no debían tomar en sus manos esos expedientes por razones vinculadas al debido proceso.
Los devolvieron las salas I (que tenía un expediente en estudio), VII (uno), IX (dos) y X (dos). De esta forma volvieron a la Sala V los casos de 72 trabajadores.
Los abogados defensores de los trabajadores de Télam destacaron que la resolución más reciente, la de la Sala VII, tiene particular importancia porque la integra el presidente de la Cámara del Trabajo, Luis Catardo, que es el titular de la Sala VIII y subrroga en la VII. Como aun no resolvió la sala VIII, se considera que Catardo votaría allí de igual manera que en la VII.
La Sala V es la originaria (ya intervino en este caso) y es la que debería dictar un fallo definitivo sobre la cautelar.
El 26 de junio de 2018, el Directorio de Télam despidió a 357 trabajadores de prensa, cerca del 45% de la dotación de la agencia estatal de noticias. Los trabajadores realizaron una permanencia pacífica en las instalaciones de la agencia y presentaron amparos en la justicia para lograr la reinstalación. Esas iniciativas tuvieron respuesta favorable en primera instancia, sentencias que fueron apeladas por la empresa y que acompañó está acción con presiones sobre los jueces que actuaban.
La Sala V ratificó la sentencia de primera instancia en un fallo que involucraba a nueve trabajadores. Debía resolver el resto de los casos, pero el gobierno logró postergar la decisión.
Pero ahora, con la devolución de los expedientes, la Sala V “ya no tiene trabas para dictar sentencia”, según pudo saber Tiempo. «
Fallo histórico: Telefónica deberá indemnizar a una trabajadora travesti
Rubí Duarte sufrió maltratos por su identidad de género y fue despedida de manera arbitraria de un call center. “Tantas cosas había naturalizado que no creía que la Justicia estaría de mi lado”.
El maltrato se paga. Rubí Duarte trabajó de 2007 a 2012 como telemarketer de un call center tercerizado de la empresa Telefónica de Argentina, en el que sufrió todo tipo de maltratos por su identidad de género y del que la echaron de manera arbitraria. Seis años después, la Cámara Nacional del Trabajo confirmó que la empresa deberá pagarle una indemnización de ley agravada por daño moral. Es el primer fallo laboral por discriminación hacia una trabajadora travesti.
“Fue muy emocionante cuando salió el fallo. Toda la vida tuve que naturalizar tantas cosas que ya no creía que la Justicia iba a estar de mi lado”, dice la mujer, que cuando ingresó como vendedora a la empresa Action Line tenía 24 años.
Todo empezó, dice Rubí, con la “discriminación positiva”: “Me miraban diferente, como si fuera una extraterrestre. Pero enseguida pasaron a los chistes. De pronto en una reunión los supervisores me llamaban con mi nombre masculino delante de mis compañeros. Después empezaron a presionarme con que tenía que presentarme como varón con los clientes, cuando en realidad yo decía que llamaba desde Telefónica, simplemente, sin aclarar, y los clientes me trataban como mujer”. Rubí, que vive en Morón, hoy está casada y es ama de casa. No volvió a trabajar desde entonces y casi no se anima a salir a la calle sola.
El baño, cuenta, se convirtió muy pronto en un problema. “Como tenía miedo de que me sancionaran por ir al de mujeres y al de varones no quería ir, me aguantaba seis horas sin hacer pis, o aprovechaba el almuerzo para salir a un bar”. Faltaban aún cinco años para la sanción de la Ley de Identidad de Género, de 2012, pero ella ya participaba de reuniones con las activistas que la impulsaban. “Yo lo sufría, pero estaba inmovilizada. Era difícil ser la única travesti y temía perder el trabajo. Hasta que empecé a reclamar”. Sus compañeros y compañeras la apoyaron. La “solución” que encontró la empresa fue que usara un baño fuera de su sector de trabajo, “para no incomodar ni a las mujeres ni a los varones”, le dijeron.
Mientras eso pasaba, Rubí se acercó al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), pero no encontró sostén: “Me decían ‘qué feo’ lo que pasaba, pero no me ayudaron a hacer una denuncia formal”.
Por el “problema” que para la empresa suponía su nombre, la sacaron del sector de atención al cliente y la mandaron a hacer tareas administrativas. Ahí estuvo hasta que en 2012 inició el trámite para obtener el cambio de género. “Se intensificó el maltrato. No me querían cambiar el horario para que pudiera hacerlo y, cuando finalmente lo obtuve, se negaron a cambiar mi nombre en el sistema y en el recibo de sueldo. Fue la peor etapa”.
En medio de esa tensión le dijeron que se quedaba sin trabajo porque su sector cerraba; algo que, se demostró luego, no era cierto. “Entré en crisis, tuve un colapso y terminé internada bajo tratamiento psiquiátrico. Empecé una depresión de la que aún no salí, porque perder el trabajo es duro para cualquiera, pero para una persona travesti… Me acordé de la médica que a los 14 años me dijo que me iba a morir a los 30”, dice Rubí y se le corta la voz. Cuando unos meses después volvió a trabajar, tenían un acuerdo preparado para su desvinculación que la obligaron a firmar en el SECOSE (Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios). Pero recién cuando fue a tramitar su seguro de desempleo, se enteró de que no la habían despedido. En términos formales, la suya aparecía como una “baja por incapacidad”.
“El nivel de prepotencia y omnipotencia que demostraron es terrible. Y Telefónica no pudo desligarse de la responsabilidad diciendo que era una tercerizada porque se demostró que estaban al tanto de todo”, explica el abogado laboralista Nahuel Altieri, que ha llevado varios casos de trabajadores de call center. Destaca que Rubí “era una excelente trabajadora, buena vendedora y muy querida por sus compañeras y compañeros, quienes lo declararon en el juicio”.
El fallo de primera instancia, firmado por la jueza Graciela Carambia, había sido apelado por Action Line y por Telefónica, y por eso hubo que esperar la confirmación de la Cámara. Además de la discriminación, “cometieron actos gravísimos como hacerle firmar, bajo presión y mientras estaba en tratamiento psiquiátrico, un acuerdo que se demostró apócrifo. Otro hecho grave: le descontaron el día de trabajo cuando fue a hacerse el nuevo DNI, algo que la Ley de Identidad de Género prohíbe”, agrega Altieri.
Lo más paradójico, señala el letrado, fue la actuación del Inadi: “Se inició un expediente previo al judicial y dictaminaron que era un mero descuido que la empresa no hubiese cambiado sus datos en el sistema, además de desconocer todo el tema de los baños y decir que los chistes de los supervisores no eran responsabilidad de la empresa”.
“El fallo de primera instancia fue realmente ejemplar: el reconocimiento de la discriminación y la indemnización por daño moral van a servir para encuadrar un montón de otros casos”, explica Altieri, convencido de que el de Rubí es el primero de muchos. «
Subte en baja: en 2019 registra 3,7 millones de pasajeros menos
Es por el aumento de tarifas. Tras la inauguración de las tres estaciones de la línea E, que estaban listas desde 2015, por primera vez en 45 años no hay obras de extensión de la red.
23 de Junio de 2019
La recesión económica llegó al subte. Luego de haber registrado el año pasado un récord de pasajeros, impulsado por la extensión hacia el norte de la línea H, el transporte por excelencia de los porteños registró en los primeros cinco meses de 2019 una pérdida de 3,7 millones de viajes respecto del mismo período de 2018. Si bien el uso del servicio crecía de manera sostenida desde 2014, los incrementos del costo del pasaje revirtieron la tendencia alcista.
La caída en la venta de pasajes entre enero y mayo de 2019, respecto del mismo lapso del año pasado, fue del 2,8 por ciento En números precisos, la red movilizó 128.576.633 pasajeros contra los 132.319.719 de 2018. De las siete líneas del subterráneo –incluido el Premetro–, sólo una tuvo saldo positivo, que evitó que el desplome fuera mucho mayor.
La línea más afectada por la pérdida de viajes fue la E, que de 8.450.110 pasajeros en 2018 bajó a 7.576.257. Es decir, un 10,3% menos de un año a otro. La pronunciada merma se entiende por el pésimo servicio, la inestable frecuencia y los coches vetustos. A principios de mes se inauguraron tres estaciones, que tenderán a equilibrar esos números, pero los problemas de funcionamiento persisten (ver aparte).
Tras esos cortes de cintas ya no quedan más obras de extensión de la red en curso. Esto no ocurría desde hacía unos 45 años, cuando en 1973 se inauguró la estación José María Moreno de la línea E y los trabajos en la red se reanudaron recién en 1978. Por el momento, no se prevé poner en marcha ningún proyecto de transporte subterráneo.
Muy lejos quedaron los dichos de Mauricio Macri, quien hace exactamente 12 años aseguraba que construiría diez kilómetros de subte por año y hasta se animaba a dar algunos detalles: “Eso incluye la finalización de la línea H, que debe llegar hasta Retiro; la extensión de la B, y la iniciación de las F, G e I, que fueron aprobadas por la Legislatura”.
Con respecto a la merma de pasajeros, la línea C se ubica debajo de la E con una pérdida del 7,2%: de 21.410.009 en los primeros cinco meses de 2018 pasó a 19.873.851 en 2019; le sigue el Premetro con una baja del 7,1%: de 497.040 pasó a 461.764 pasajeros; la línea A, con un 3,6% menos, bajó de 24.478.512 a 23.598.698; y la B registró una caída del 2,8%, ya que de 34.562.067 viajes descendió a 33.611.513. La línea que mejor resistió la merma fue la D: de 31.046.456 pasó a 30.755.852, representado una reducción de apenas un 0,9 por ciento.
El aumento sostenido de usuarios de la línea H logró que el promedio de la baja general no se derrumbara. En los primeros cinco meses de este año, la venta de pasajes registró un incremento de un 6,9%. De 11.874.985 pasajeros en 2018, se pasó a 12.968.698 en 2019. Si bien hasta 2016 la línea H era la menos utilizada, la inauguración de las estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras cambió la tendencia y desde ese momento sobrepasó a la línea E y hoy casi la duplica en pasajeros. En todo 2018 ya había crecido un 24% en cantidad de viajes.
Los 3,7 millones de pasajeros menos registrados este año representan el techo de una curva que venía en ascenso desde 2014, cuando los pasajes vendidos rozaban los 250 millones. En 2017, la cifra trepaba a poco más de 319 millones (superando apenas el récord alcanzado en 2011), mientras que en 2018 fue de 338.903.268, el pico histórico.
Está claro que el constante aumento de las tarifas del subte terminó por quebrar este año la tolerancia de los usuarios: en 2012, el pasaje costaba $ 2,50; a fines de 2014, $ 7,50; en mayo de 2018 ya había llegado a $ 11; y en abril de este año alcanzó los 19 pesos actuales. De acuerdo al cronograma establecido previamente por el oficialismo, este mes el valor del viaje debía ascender a $ 21, pero el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta suspendió el aumento en el marco de una serie de medidas adoptadas por el gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales.
El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, sostiene que la baja se debe al costo del pasaje: “Si alguien tiene que trasladarse unas tres estaciones, ya no toma el subte. Se va caminando. Lo mismo un pibe que cadetea o alguien que camina constantemente la calle”, explica a Tiempo el metrodelegado, y resume: “No hay mucho misterio. Cuando el transporte pasa a ser una mercancía en vez de un derecho, uno va cercenando esa posibilidad de viajar, en desmedro del acceso a otros derechos como la salud o la educación, íntimamente relacionados con este”. El dirigente gremial destaca que “mientras que las grandes ciudades europeas debaten hacer el transporte gratuito, acá buscan incrementar el valor”. «
Más de 15 mil reclamos, con eje en las escaleras mecánicas
Los usuarios del subte realizaron durante 2018 15.244 reclamos, un 41,35% más que en 2017. La principal queja estuvo centrada en los problemas con las escaleras mecánicas, que junto con el mal funcionamiento de los ascensores representaron uno de cada tres reclamos. El dato no es menor si se tiene en cuenta que hace dos meses la Justicia porteña falló a favor de que las personas viajen gratis si las escaleras mecánicas y ascensores no funcionan, medida que la Ciudad apeló.
Estas estadísticas se desprenden de un informe elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas tras analizar la información del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) del gobierno porteño. Entre otros datos, se destaca que la mitad (49%) de los reclamos corresponde a problemas de infraestructura. La atención al público suma otro 14,8% de los reclamos. En la línea H, el incremento de quejas fue del 103%, posicionándose como la segunda con más quejas. En el primer lugar sigue la B.
Una obra que ya estaba lista hace cuatro años
Las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro de la Línea E fueron inauguradas el 3 de junio pasado. El protocolar corte de cintas podría haber ocurrido mucho antes, pero el efecto mediático no iba a ser el mismo, ya que se habría superpuesto con otras obras de envergadura en suelo porteño, como el Paseo del Bajo o el Viaducto Mitre. Más allá de este dato anecdótico, en realidad los usuarios podrían haber utilizado el servicio hace años, ya que en 2015 el gobierno saliente de Cristina Fernández de Kirchner había dejado el 95% de los trabajos terminados.
De hecho, la obra civil estaba finalizada: dos kilómetros de túnel entre Bolívar y Retiro, las estaciones, las bocas de acceso, boleterías, andenes y escaleras. Sólo restaba la colocación de vías, catenarias, obras de potencia y otras instalaciones accesorias.
Se creía que las nuevas estaciones darían un nuevo impulso a la línea E, cuyo servicio viene siendo el peor de toda la red, debido a la mala frecuencia, el deterioro de los coches (viejos trenes CAF-GEE) y las constantes interrupciones por problemas técnicos. A estos inconvenientes se suma que las formaciones son de apenas cuatro coches, que no logran absorber el incremento de la demanda tras la extensión.
El sitio especializado enelsubte.com precisó que los coches CAF-GEE tienen 55 años de antigüedad y “se encuentran al final de su vida útil”, por lo que están seriamente afectados por la presencia de componentes con asbesto, que pueden producir cáncer entre los usuarios y los trabajadores. Por esta razón ya fueron retirados de otras líneas.
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