Colombia. Asesinar, perseguir y judicializar: Plan de exterminio de líderes sociales

Resumen Latinoamericano / 18 de junio de 2019

Como una política sistemática y continuada de exterminio califican algunos medios, organizaciones y sectores sociales, alternativos y populares el permanente proceso de persecución, amedrentamiento, judicialización y asesinato de líderes sociales en Colombia. Esto, teniendo en cuenta referentes históricos como ¡A Luchar! o la Unión Patriótica en los 80’, con el paso de cada gobierno represivo y las constantes arremetidas estatales y paramilitares contra el movimiento social desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque se demuestra que la tendencia ha sido la agudización y profundización del modelo de despojo y explotación, que a su paso golpea y ataca a los procesos populares y sus líderes. Muestra de ello es que tan sólo en los primeros 7 días del año 2019 fueron asesinados 6 lideres comunitarios, ambientales, campesinos, indígenas y de víctimas a nivel nacional, tendencia que se ha mantenido. Todos los días hay líderes sociales asesinados, perseguidos, amenazados o encarcelados.

Con la posesión de Iván Duque se hace más clara la política reaccionaria y agresiva del uribismo, que ubica a la cabeza del Ministerio de Defensa a un empresario ultraconservador como Guillermo Botero, y en el Ministerio del Interior que tiene, entre otras, la función de impulsar políticas para el ejercicio de la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, a Nancy Patricia Gutiérrez, quien estuvo vinculada a investigaciones por parapolítica y se ha demostrado una real partidaria de la lógica autoritaria de Uribe y su séquito.

Líderes comunales, étnicos (indígenas y afrodescendientes), campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra son el principal blanco de las acciones de persecución por parte de instituciones, actores armados legales y extra-institucionales a nivel nacional, en el caso puntual del centro oriente colombiano, han sido las alianzas entre empresas multinacionales, órganos judiciales y agentes de inteligencia (a través de las Estructuras de Apoyo EDA), el mecanismo para crear procesos de judicialización basados en montajes judiciales a grupos de líderes, con la supuesta existencia del delito de “concierto para delinquir” se persigue cualquier proceso de lucha en el que más de dos personas se junten para protestar y exigir sus derechos, y con el delito de “rebelión” se asume que actuar en contra de las actuaciones del gobierno es adelantar acciones tendientes a “derrumbar el orden constitucional”, lo que lleva a que se criminalicen todas las labores de organización y movilización de las comunidades, buscando el exterminio de cualquier brote de protesta.

Algunos de los casos más emblemáticos de persecución y judicialización sistemática en Colombia los han tenido que enfrentar recientemente las organizaciones vinculadas al Congreso de los Pueblos. Miriam Aguilar, Hermes Burgos, Julián Gil, Ferney Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Jesús Leal, Yulibel Leal, María Teresa Rincón, Milena Quiroz, Rosa Herrera, Pedro Pablo Castellanos, Reinaldo Efraín González Fuentes, Gabriel Valderrama Ancizar Morales y Germán Bernardo Carlosama, son solo algunos de los nombres de quienes, en sus territorios, y en medio de la lucha por conquistar condiciones de vida digna o cumplimiento de acuerdos con empresas e instituciones han sido detenidos arbitrariamente, de manera injusta e involucrados en montajes o falsos positivos judiciales.

Así, mientras Hidroituango se impone a sus anchas, los criminales internacionales de Odebretch pasan de agache, las empresas de Ardila Lule que financiaron el paramilitarismo siguen manejando los hilos políticos del país, las Fuerzas Militares y de Policía imponen su brazo autoritario de represión y muerte, los medios enfocan la mirada hacia Venezuela, el aparato legislativo permite la profundización del modelo neoliberal adoptado por la clase multimillonaria que ha mantenido en la pobreza a las clases populares, y el país sigue hundiéndose en un estancadero que parece no tener salida. Las comunidades y procesos sociales y populares se siguen organizando, juntando rebeldías, fortaleciendo el ejercicio de formación, cualificando la lucha y recreando formas diversas de hacer política sin la necesidad primaria de acudir a la corrupta estructura institucional.

Con la campaña “Ser Líder Social No Es Delito”, diversas organizaciones envían un mensaje a la sociedad, al Gobierno Nacional y la comunidad internacional: en Colombia, ser líder social se ha considerado, desde las esferas empresariales y gubernamentales una acción delictiva, delincuencial, una labor que se debe perseguir, criminalizar y judicializar. Muestra de ello han sido todos los casos anteriormente mencionados, sumados a la aguda represión que afrontan las comunidades que se movilizan en mingas, paros, bloqueos y marchas que tienden también a escalar en un año como el actual, en el que el movimiento social viene tejiendo la Minga Nacional por la Vida contra el Plan Nacional de Desarrollo y sus nefastas intenciones, alineadas al capitalismo internacional.

Trochando Sin Fronteras

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