Representante de diferentes organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Sánchez Cerén, para solicitar el veto presidencial a la nueva ley de amnistía que puede aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Alto cargo del FMLN, Eugenio Chicas, exige no votar por amnistía
23 de Mayo del 2019
Foto: Cortesía
El exsecretario general del FMLN y ex vocero de la actual presidencia de El Salvador, Eugenio Chicas, pidió este jueves a los diputados de su partido FMLN que no voten por la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, misma que podría ser votada este mismo jueves y que nacional e internacionalmente ha sido cuestionada y calificada como una “amnistía de facto”.
En la mañana de este jueves estaría siendo discutida por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para ser llevada al pleno y ser votada en un presunto acuerdo entre las fracciones parlamentarias del oficialista FMLN y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Chicas, quien en la guerra fue conocido como “Cmdte Marcos Jiménez” y en la actualidad es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), manifestó en un mensaje de Twitter: “Fui parte de la guerra y le pido al FMLN mi partido, que no vote por la Ley de Amnistía. No se puede imponer una política de perdón y olvido. El FMLN es un proyecto colectivo y está llamado por la historia para acompañar a las víctimas”.
En las redes sociales centenares de cuentas de Twitter y Facebook se pronuncian en contra de la posible aprobación del proyecto que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó como “Amnistía de facto”, de llegarse a aprobar y a sancionar por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Chicas, un peso pesado del FMLN, es el primer líder de su nivel que le pide a su partido que “no apruebe la Ley de Amnistía”, lo que decenas de organizaciones de DD.HH le están exigiendo al parlamente.
La guerra civil salvadoreña tuvo una duración de 12 años, con un resultado de más de 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos, así como más de un millón de desplazados. Hechos graves de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no han sido debidamente procesados ni juzgados porque existió la vigencia de una amnistía general y absoluta entre 1993 y 2016 que permitió la impunidad, de acuerdo al defensor de DD.HH, Benjamín Cuéllar.
En 2016 la Sala de lo Constitucional derogó aquella Amnistía de 1993 y ordenó al Legislativo crear una norma para la reconciliación nacional, sin violentar las normas internacionales acerca de la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que tanto los jefes de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla FMLN ordenaron cometer, antes y durante el período de la conflicto interno.
Distintas organizaciones sociales, miembros de la Mesa Contra la Impunidad, se presentaron este jueves a Casa Presidencial para pedirle al presidente, Salvador Sánchez Cerén, que vete la nueva ley de reconciliación nacional, la cual podría ser avalada por el pleno de la Asamblea Legislativa este mismo día.
“Estamos ante un pacto de impunidad para proteger criminales de guerra en El Salvador, fraguado por cuatro partidos políticos, uno de ellos es el FMLN, que es el partido oficial de Gobierno aún, por lo tanto creemos muy probable que la presidencia y el presidente Sánchez Cerén es parte de este pacto de impunidad”, aseguró el ex procurador para la Defensa de los DD.HH, David Morales.
Hugo Martínez: Ninguna ley que ignore las víctimas podrá cumplir con su cometido
23 de Mayo del 2019
Foto: Archivo ContraPunto
El excandidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, se pronunció este jueves en contra de la cuestionada nueva ley de reconciliación nacional, la cual está bajo discusión en la Asamblea Legislativa y realizó un llamado a los diputados del partido oficial a que tomen en cuenta a las víctimas del conflicto armado antes de tomar una decisión.
“Ninguna ley de reconciliación que ignore las propuestas de las víctimas podrá cumplir con su cometido. Hago un llamado a los diputados a tomar en cuenta las opiniones de las víctimas para cualquier iniciativa de ley en este campo”, escribió Martínez en su cuenta oficial de Twitter.
Martínez es la segunda figura política representativa del partido izquierdista que se manifiesta contra este polémico decreto, ya que este mismo jueves, el exsecretario general del FMLN y ex vocero de la actual presidencia de El Salvador, Eugenio Chicas, pidió a los diputados de su partido que no voten.
“Fui parte de la guerra y le pido al FMLN mi partido, que no vote por la Ley de Amnistía. No se puede imponer una política de perdón y olvido. El FMLN es un proyecto colectivo y está llamado por la historia para acompañar a las víctimas”, escribió Chicas en su cuenta oficial de Twitter.
Diversos analistas e incluso diputados del mismo Órgano Legislativo han hecho eco de un presunto acuerdo entre las fracciones parlamentarias del oficialista FMLN y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), para votar en favor del decreto como los dos partidos mayoritarios dentro del Parlamento.
De momento el único que ha sentado postura clara del lado tricolor ha sido el diputado, Arturo Magaña, quien comentó que “estar listo para no votar” por el decreto, pues asegura que “los delitos de lesa humanidad no son amnistiables”.
No obstante, el diputado derechista y miembro de la subcomisión especial que elaboró la propuesta de ley, Julio Fabián, precisó que el documento que se está discutiendo “coincide con el presentado por las víctimas” y que está “enmarcado en los principios de la sentencia de la Sala de lo Constitucional”.
Mientras tanto, el diputado del partido GANA, Guadalupe Vásquez, dejó claro que la fracción no apoyará el documento.
“Nosotros nos vamos a abstener de votar por una ley que no ha sido ampliamente discutida (…) no se basa en lo que dijo la sentencia o lo que expresaron los magistrados en su momento cuando hicieron la sentencia de derogar la ley de reconciliación”, indicó Vásquez
Relator recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio
Un experto de la ONU en derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por un proyecto de ley de El Salvador que puede ser la puerta para otorgar perdones a graves delitos perpetrados durante el conflicto que vivió el país. Además de ser incompatibles esas medidas de gracias con las leyes internacionales, asegura que la impunidad puede contribuir a que se repitan tales crímenes.
Fabian Salvioli, experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.
Para el experto, no hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan “considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos”. “Tampoco son legales”, señala. “La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional.
Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso.
El proyecto de ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.
El texto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.
También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.
Además, estipula que toda decisión judicial de este tipo se considere cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. La disposición también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.
Profunda preocupación
“Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad”, señala en un comunicado Salvioli, relator especial en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.
“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”, explica Salvioli.
Además, destaca que la impunidad en relación con esos delitos puede a que se repitan y se creen círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.
fuente: Contrapunto
You must be logged in to post a comment Login