Pago ilegal del bono PDVSA 2020: se ejecuta el saqueo a Venezuela

Resumen Latinoamericano*, 9 de mayo de 2019.

El pasado 7 de mayo la Asamblea Nacional (AN) en desacato, aprobó permitir que la junta administradora de Petróleos de Venezuela (PDVSA) impuesta por el gobierno estadounidense en el marco de sanciones y embargo a la economía venezolana y con limitadas funciones en el extranjero, ejecute el pago correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, por un monto de 71,6 millones de dólares.

La controvertida decisión funge como un acto sin precedentes en el marco de la administración pública de Venezuela y evidencia el desfase y crisis institucional que se ha inducido desde Washington en detrimento a Caracas luego de que a principios de este año el gobierno estadounidense patrocinara la construcción de un gobierno paralelo y artificial en Venezuela mediante la autojuramentación del diputado antichavista, Juan Guaidó, como «presidente interino» de Venezuela.

La acción de la AN, claramente favorable a intereses fuera de Venezuela, da al traste con lo anunciado por el ejecutivo venezolano, el cual ha asumido un proceso de renegociación de deuda como acto de responsabilidad ante los tenedores de deuda venezolana, pero como consecuencia y mediante las condiciones que se han impuesto sobre la economía del país, a causa de las sanciones y acciones de asfixia financiera que Washington ha aplicado en los últimos dos años.

La cuestión legal

Para empezar, el parlamento venezolano se encuentra inhabilitado por su situación de desacato y desconocimiento de los demás poderes públicos desde el año 2016 mediante orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Esta situación generó un vacío en el funcionamiento del Estado venezolano de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 de la Constitución nacional, que en el numeral 9 deja explicita la competencia del parlamento para aprobar las acciones del Ejecutivo en situaciones tales como la emisión del bono PDVSA 2020 emitido en 2016.

No obstante el poder ejecutivo se apoyó en el TSJ para autorizar dicho mecanismo de deuda de cara a la crisis de poderes públicos sobrevenida para el momento. Desde entonces, la AN ha declarado que dicho contrato es inválido. Este bono es un compromiso adquirido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2016, tras un proceso de canje parcial del bono PDVSA 2017.

Sin embargo, en la sesión ordinaria de este martes se incluyó en el orden del día la propuesta de la comisión de Finanzas, a solicitud del diputado Ángel Alvarado.

Mediante decisión de la AN y una vez autorizado el pago, se da una vuelta de hoja al artículo 323 de la Constitución nacional donde se refieren taxativamente a los mecanismos de endeudamiento y se indica que «El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley».

Dada la posición de desacato del parlamento y la consecuente nulidad de sus actos, este acto no es reconocido por el Poder Ejecutivo, el facultado por la carta magna para maniobrar la deuda venezolana, así como por el TSJ, responsable de interpretar la Constitución que ha delegado al Ejecutivo venezolano a asumir el manejo de deuda.

El escollo legal se complica, toda vez que en el mes de febrero la Administración Trump decidió convalidar los nombres propuestos por Juan Guaidó y la AN para dirigir a PDVSA y sus activos en el extranjero, entre ellos CITGO Petroleum, filial venezolana en suelo estadounidense.

Mediante el congelamiento de activos físicos y cuentas, el gobierno estadounidense ha aplicado acciones de arbitraje sobre bienes soberanos de Venezuela y está habilitando los recursos congelados para que el pago del PDVSA 2020 se ejecute, un acto de evidente desconocimiento y transgresión de la legitimidad del gobierno en ejercicio en Venezuela y la directiva de PDVSA, responsables de la emisión del bono.

Una medida preferencial

El gobierno venezolano ha denunciado mediante su Canciller, Jorge Arreaza, que dicha acción vulnera los principios elementales del manejo de la cosa pública venezolana y se trata en realidad de una acción corrupta y preferencial «para beneficiar a grupos económicos tenedores de esos bonos» en Estados Unidos que serían allegados a la administración Trump en suelo estadounidense.

Ese elemento indica entonces que la Casa Blanca estaría haciendo un control de las afectaciones que han hecho las sanciones contra Venezuela en la propia economía estadounidense.

Desde 2017, la inhabilitación de Venezuela de los mercados financieros en Estados Unidos ha degradado la capacidad de la nación caribeña para emitir y vender nueva deuda y así cumplir con pagos de compromisos previamente adquiridos. Al boicotear las finanzas nacionales, el gobierno estadounidense ha provocado la pérdida del valor de los bonos venezolanos en detrimento de los bonistas, gran parte de ellos en ese país.

¿Una medida de resguardo?

Los parlamentarios que convalidaron la decisión, expresaron que el manejo y pago de deuda externa por vías unilaterales parlamentarias y a expensas del gobierno paralelo e ilegal de Juan Guaidó, suponen un resguardo de los bienes venezolanos.

En efecto, el bono PDVSA 2020 es sumamente particular. Este es el único bono que el gobierno venezolano no ha dejado de pagar, ya que su garantía es 50,1% de las acciones de CITGO y de hecho los tenedores de estos papeles cuentan con una licencia del gobierno de Estados Unidos para ejecutar ese colateral en caso de incumplimiento.

Los diputados han dispuesto que debe considerarse que el incumplimiento del bono PDVSA 2020 ocasionará que otras obligaciones que afectan a CITGO caigan también en incumplimiento. Todo ello coloca en riesgo inminente no solo a CITGO, sino al resto de activos del Estado venezolano en el extranjero, señalaron.

No obstante la medida va en contradicción con los hechos y mecanismos de nuevo endeudamiento desfavorable CITGO que estarían gestionando la directiva espuria nombrada por Guaidó en suelo estadounidense, donde el «embajador» Carlos Vecchio, ha sido un elemento sumamente activo.

La denuncia que han hecho las autoridades legítimas desde Caracas es que se está endeudando a CITGO sin ningún tipo de respaldo y colocando la mayoría accionaria de la empresa como colateral a espaldas de PDVSA, su casa matriz y principal respaldo financiero, así como a espaldas de la República.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró el 23 de abril que el gobierno de Estados Unidos ilegalmente «se apropió de CITGO y la están endeudando por 1.300 millones de dólares» con la complicidad y a beneficio de funcionarios y allegados de la industria petrolera estadounidense aliados de Donald Trump.

Una discusión tras bastidores

El tema de autorizar el pago del bono, aunque fue aprobado, no fue discutido en la plenaria del parlamento. De hecho la fracción antichavista 16 de Julio, salvó su voto argumentando que el tema se aprobó sin debate y sin derecho de palabra.

La discusión se tomó mediante una modalidad de cónclave de la Comisión de Finanzas del parlamento en desacato. La fracción 16J indicó que la negociación de la deuda debía efectuarse una vez ocurriera «el cese de la usurpación».

Señalaron además que «dentro de 3 meses se van a tener que pagar más de 900 millones de dólares del mismo Bono. ¿Vamos a pagar? Se puede sentar un precedente peligrosísimo con respecto al resto de los Bonos adeudados por la República», dijeron desde su cuenta en Twitter.

Dicho así, la propia fracción antichavista deja por sentado que es acertada la denuncia del Gobierno venezolano en funciones. Se estaría produciendo un despojo ordenado y programado de los recursos venezolanos congelados en el extranjero mediante la ilegalidad y con el parlamento a servicio de la posición de arbitraje que Estados Unidos está ejerciendo sobre recursos soberanos.

La importancia de esta decisión yace en que se genera un precedente nefasto al eliminar todo cortapisas al uso y usufructo de los bienes venezolanos.

Recursos que están quedando bajo las decisiones de los «funcionarios» del proto-Estado de Guaidó en el extranjero, que tiene clara factura estadounidense. La medida convalidada por la AN podría considerarse un elemento de ensayo para acciones de igual tipo y de mayor calado en detrimento del patrimonio nacional.

*misión verdad

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