Colombia. Incumplimientos en la restitución de tierras irán a la CIDH

Resumen Latinoamericano / 8 de mayo de 2019

El próximo jueves 9 de mayo se adelantará una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tendrá como protagonistas a reclamantes de tierras y organizaciones defensoras de derechos humanos, en la que se expondrán los retos que enfrenta el proceso de restitución en Colombia. Entre los temas a tratar estarán las amenazas contra líderes reclamantes, las trabas al proceso de restitución y las posibles soluciones a las mismas.

El proceso de restitución ha avanzado poco y quienes lo lideran están en riesgo

Como explicó el abogado integrante de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, la Ley 1448 de 2011 vence en junio de 2021 y hasta el momento no presenta buenos resultados: de 6,5 millones de hectáreas que deberían ser entregadas, solo se ha avanzado en 270 mil. Adicionalmente, el año pasado se cerraron muchas de las oficinas de restitución, lo que terminó encareciendo el proceso de reclamación de tierras.

Debido a esta reducción en la capacidad de atención y la poca difusión que hubo para comunicar la situación, de las 320 mil solicitudes que esperaba atender la Unidad de Restitución de Tierras, solo se han recibido 120 mil; es decir, se han recibido cerca del 38% de solicitudes esperadas.

A la dificultad de acceso al proceso de restitución se suma el riesgo físico para quienes lideran los mismos, pues como indicó Vega, quienes se empoderan de estas iniciativas terminan siendo perseguidos por los grupos despojadores mediante el uso de la violencia física y de estrados judiciales que permiten hacer persecuciones mediante los juzgados.

«Quieren legalizar el despojo»

Recientemente la representante a la cámara María Fernanda Cabal, propuso una modificación a la Ley 1448 que pretendía modificar 3 puntos esenciales de la norma: invertir las cargas de las pruebas, de tal forma que las víctimas probaran la culpabilidad de los despojadores y no que estos prueben su inocencia, haciendo más difícil un proceso en sí mismo complejo. También pretendía excluir la buena fe exenta de culpa; lo que para el abogado, sería quitarle uno de los aspectos centrales a la Ley, pues se reconocería que quienes compraron tierras despojadas no sabían cómo habían sido obtenidas de forma tan barata.

Además, se quería crear una segunda instancia en los procesos, haciendo que el proceso de restitución pasara de durar cerca de un año a más de diez. Modificaciones que, en visión del Abogado, buscaban  «legalizar el despojo de los últimos 25 años». En ese sentido, en la audiencia ante la CIDH que se realizará el próximo 9 de mayo entre las 15:45 y las 16:45, las nueve organizaciones participantes pedirán que no se hagan modificaciones a la Ley 1448, se prorrogue su acción, haya disposición del Gobierno para garantizar el presupuesto de su funcionamiento y se detenga el asesinato de líderes sociales y de restitución.

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