Junto con la manipulación a escala global de los precios internacionales del petróleo para reducir la entrada de dinero al gobierno de Venezuela, Estados Unidos ha movilizado a las entidades bancarias bajo su control para que hagan lo propio con el riesgo país, factor que ha sido fundamental en la estrategia de exterminar las posibilidades de recuperación económica frente al bloqueo financiero.
Qué es el riesgo país y quién lo emite
El riesgo país es un indicador utilizado en el sistema financiero internacional para determinar las particularidades económicas de los Estado, midiendo el comportamiento que tiene la deuda externa emitida por estos últimos. Siguiendo este índice, los inversores extranjeros pueden evaluar qué tan seguro es colocar su capital en esos países.
Se utiliza como principal indicador el Emerging Markets Bond Index (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco estadounidense JP Morgan Chase. En apariencia, toma factores económicos objetivos para calcular la probabilidad de incumplimiento con los compromisos contraídos mediante “la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países emergentes y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos”.
Mientras mayor sea el nivel del riesgo país de una nación que indique el EMBI, mayor será la incertidumbre generada sobre su capacidad de pago, incidiendo negativamente en su reputación internacional.
Del año 2014 a 2018, el riesgo país de Venezuela comenzó a ascender irregularmente de 1.458 a los 2.989 puntos, convirtiéndolo en el país con mayor riesgo para invertir en todo el mundo, muy por encima de naciones en conflictos bélicos y a pesar de que, hasta ese momento, el Estado venezolano venía cumpliendo cabalmente con sus compromisos internacionales, con la cancelación de 60 mil millones de dólares por concepto de deuda externa.
Actualmente, el EMBI coloca a Venezuela en 5.525 puntos, la cifra más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Las drásticas alteraciones que ha sufrido el indicador en Venezuela durante los últimos cinco años del gobierno de Nicolás Maduro solo consiguen una comparación leve con el crecimiento del riesgo país que viene presentando Argentina en el mes de abril, que cerró en 963 puntos, máximo que no alcanzaba desde 2014.
Pero nada más durante los días con mayores expectativas sobre la imposición de un gobierno de transición tutelado por Washington, el indicador se revirtió relativamente, reafirmando el talante político de los parámetros para calcular el riesgo país.
En el abanico de agresiones financieras contra Venezuela, JP Morgan se encargó de manipular como otro instrumento político el riesgo país hasta llevarlo al punto del impago (default). Al culminar 2016, cuando el bloqueo financiero aún no había sido oficializado por la Casa Blanca y bajo el supuesto de que PDVSA no había cumplido con el pago de intereses a los tenedores de bono, la entidad bancaria estadounidense emitió una alerta de default hacia la petrolera venezolana.
Lo que ocurrió fue que el banco Citibank no abonó el dinero para crear un ambiente de incertidumbre que fue aprovechada por JP Morgan para generar desconfianza a los inversionistas extranjeros y así impedir que participaran de la operación de canje de bonos que la principal empresa del Estado había ofertado con el objetivo de trasladar sus pagos de deuda de 2017 a 2020.
Otras calificadoras de riesgo vs. Venezuela
Por otro lado, las principales agencias de calificación de riesgo, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, que se encargan de analizar y clasificar los riesgos de los activos de un país emitidos como títulos de deuda o bonos, también mantienen calificaciones negativas con respecto a Venezuela.
Estos entes privados componen el oligopolio en este sector desde 1970. Son regidos por el FMI, el Banco Mundial y por bancos privados como Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, Citizens Financial Group y CitiGroup. Además de los fondos de inversión SAC Capital Advisors y Soros Fund Management.
Los parámetros de estas calificadoras para evaluar los productos financieros de gobiernos o empresas fueron cuestionados en la recesión de Estados Unidos en 2008, cuando se demostró que las acciones de la inmobiliaria Lehman Brothers no tenían valor en la economía real, siendo que las agencias las tenían en calificación AAA, la más alta que aplica para economías estables.
Con Venezuela, han sostenido calificaciones negativas, lo que directamente impide el acceso al mercado internacional para adquirir financiamiento extranjero, actividad que ayudaría a solventar a mediano plazo su salud económica.
A finales de 2017, S&P degradó la calificación de riesgo de Venezuela a “default parcial”, acción que luego fue seguida por Moody’s y Fitch. Según estas corporaciones, el argumento era “la demora en el pago de unos 200 millones de dólares en cupones” de deuda soberana.
Al momento, S&P admitió que las sanciones aplicadas por la Administración Trump en agosto de ese año tendría implicaciones negativas en el pago de la deuda. En palabras de la empresa, “las sanciones (…) resultarán en una larga y difícil negociación con los acreedores”.
Esa difícil negociación se refiere a la medida por parte del Departamento del Tesoro de fiscalizar y retrasar los pagos con fondos de origen venezolano, bajo la orden de no costear al “gobierno corrupto” de Nicolás Maduro, creando obstáculos para que el país pueda entablar canales de comunicación con los acreedores de la deuda externa.
Aún con el alza en el mercado energético, el riesgo país se mantiene como el más alto del mundo. Las dificultades fabricadas por las proyecciones interesadas de las calificadoras sumadas al bloqueo oficial estadounidense construyen una imagen negativa de la credibilidad financiera de Venezuela y su principal fuente de divisas extranjeras: PDVSA.
Alejar a los inversionistas y encarecer los mecanismos para optar a créditos internacionales obstaculiza además las necesarias importaciones de alimentos y medicinas para suministrarle a la población.
Esta opción más discreta y con menos gastos operacionales que la militar, tiene efectos devastadores en la percepción de estabilidad que observan actores empresariales y estatales fuera del Estado venezolano, al que le toca asistir a los fuertes controles de las alcabalas impuestas por el sistema financiero del dólar para demostrar su capacidad de solvencia económica.
Misión Verdad
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