Colombia. Ley TIC 152 del 2018: Profundización en el monopolio y concentración de medios de comunicación

Olga Milena Forero Contreras / Resumen Latinoamericano / 8 de abril de 2019

“El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal”
Bertolt Brecht

El Gobierno de Iván Duque perfila un 2019 de agudización antidemocrática hacia los medios de comunicación popular y alternativa. La principal apuesta, es el fortalecimiento de la concentración mediática y dependencia de los medios masivos de comunicación al sector financiero y élites políticas, que conlleva la desigualdad de información y comunicación, propio del sistema capitalista.

El monopolio mediático afirma que los medios masivos de comunicación están al servicio del poder corporativo y transnacionales económicas, que manejan a su conveniencia la información y que influye en la desorientación masiva de la opinión pública, para monopolizar y hegemonizar la información alrededor de la industria cultural e ideológica.

Colombia, por ejemplo, es  uno de los países con mayor concentración mediática y dependencia a grupos empresarios y élites políticas; Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (El tiempo, City TV), Organización Ardila Lule ( RCN, NTN24), el Grupo Santo Domingo (Caracol TV, El  Espectador, Cromos, radio Blu) Felipe López Caballero (Revista semana y Dinero) y el grupo español Prisa, propietario de Radio Caracol.

Con la entrada del Gobierno de Iván Duque y con la ayuda de la ministra de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) Sylvia Constaín, se pretende profundizar en la concentración de medios, por medio del proyecto de ley TIC 152/18- Senado y 220/ 18- Cámara, el cual es nocivo en la democratización de la comunicación e información.

Dicho proyecto ha tenido bastantes críticas por parte de los medios alternativos y populares, que consideran la ley como una brecha más amplia entre el espectro mediático y sus posibilidades de producción, participación y redistribución de frecuencias radioeléctricas, audiovisuales, tecnológicas y digitales; además de reflejar un interés contrario a la democracia. De igual manera, profesiones como la docencia rechazan dicho proyecto por el manejo burocrático en la producción de contenidos de la televisión educativa y cultural de Colombia.

Es explícito en la ley TIC 152 del 2018 liquidar ANTV (Autoridad Nacional de Televisión) cuya función tiene la ejecución de programas y prestación de servicio público de televisión y garantizar pluralismo informativo. Si bien, hace parte de la institucionalidad del Estado, su eliminación permite un filtro menos en la concentración mediática, pues le abre paso a que sea el poder ejecutivo el que plantea funciones y contenidos para los intereses del Gobierno de turno.

Es decir, dentro de la nueva ley, el poder ejecutivo tendrá un control absoluto sobre las actividades de asignación del espectro por 20 años, reforzando así, no solo el monopolio en las corporaciones económicas y privadas, sino también para los intereses del Gobierno de turno, que en este caso favorece al Centro Democrático con todo su proceso de corrupción y paramilitarismo, al convertir a RTVC-Señal Colombia en una agencia de propaganda oficial del Gobierno.

En este sentido, la ministra TIC, Sylvia Constaín manifiesta que toda la regulación quedaría en la CRC (Comisión de regulación de comunicaciones) y la política, en el Ministerio TIC. Además, algunos críticos como el profesor Juan Carlos Garzón Barreto plantea que los directivos de la CRC, serán nombrados discrecionalmente por el presidente, otorgando con ello, un poder burocrático en los contenidos y regulación de las comunicaciones.

Se evidencia entonces, los notables intereses del Gobierno de Iván Duque con su afán de aprobar para el 2019 una ley que fortalece la centralización, concentración y desequilibrio mediático, que contradice una democracia real hacia los intereses del pueblo y la clase popular, pues dentro del proyecto de ley no se tienen en cuenta elementos de la comunicación comunitaria y popular, que le garantice su democratización y participación en el espectro mediático.

Se fortalece también las empresas privadas y transnacionales económicas, como, por ejemplo, eliminar de las leyes de televisión los artículos que le imponen a RCN y Caracol el pago del 1.5% de sus ingresos y el 10% a los operadores de televisión por suscripción, es decir, consolida las dinámicas de la empresa privada en la hegemonización de la información.

Desde el gremio de docentes, FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) también se rechaza dicha ley, ya que esta excluye el perfil de la profesión de educadores de la junta CRC (Comisión de regulación de comunicaciones), entre los que regulará la televisión educativa y cultural de Colombia; mientras que el proyecto de ley que será aprobada acoge las profesiones de derecho, ingeniería, economía para representar y regular la televisión educativa y cultural de los canales regionales.

Es decir, que los medios de comunicación como agentes de educación informal, están en manos de otras profesiones que no son de perfiles educativos, hallando una contradicción y desprestigio a la labor educativa de Colombia.

La ley TIC 152/ 2018 es nociva para la democratización de la comunicación en Colombia, pues por el contrario favorece los intereses corporativos, económicos de la élite nacional y transnacional con la evidente concentración y monopolio mediático. Por ello es importante desconcentrar la propiedad de los medios y democratizar la comunicación e información, pero, no está dentro de las prioridades del Gobierno de Iván Duque.

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