Argentina. Empeora gravemente la salud de la presa anarquista Anahí Salcedo. Sus abogad@s denuncian arbitrariedades y persecución política

 

Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2019

 

Por Lucía Herrera

Anahí Esperanza Salcedo está detenida desde el 14 de noviembre pasado, tras el atentado en la tumba del asesino de obreros Ramón L. Falcón, en el cementerio de la Recoleta. Como se recordará, ella resultó seriamente afectada por la explosión, sufriendo la pérdida de varios dedos de su mano derecha, fractura de clavícula y graves heridas en el rostro. Durante las primeras semanas de su detención estuvo internada en el Hospital Fernández, de donde a pesar de las indicaciones médicas y la intervención de su defensa, el juez Julián Ercolini dispuso su traslado el 10 de enero al penal de Ezeiza, en estado delicado y sin terminar sus tratamientos. Sus familiares y abogados defensores denuncian que a raíz de este traslado injustificado, la salud de Anahí se agrava día a día, y que la decisión judicial implica una clara persecución política.

Ante esta situación, se han presentado recursos de Hábeas Corpus sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta adecuada. Anahí continúa detenida en Ezeiza, donde no puede realizar debidamente sus tratamientos, ya que el suministro de antibióticos y analgésicos se demora o falta, no recibe rehabilitación por sus fracturas, amputaciones y post operatorios, ni una alimentación conforme a sus necesidades especiales por las heridas y repetidas cirugías en el rostro que le impiden ingerir normalmente, y donde tramitar una evaluación médica y un eventual traslado para nuevas intervenciones implica tiempos burocráticos que no solo atentan contra su recuperación, sino que directamente significan un deterioro acelerado de su salud física y psíquica.

Por otra parte, sus abogados denuncian que Anahí ha sido sometida a un régimen de aislamiento, tratada como “terrorista” y privada de los derechos que le corresponden a cualquier detenida. Según surge del escrito presentado ante el Juzgado “la discriminaron, […] la pusieron fuera de todo beneficio carcelario diciéndole expresamente cada guardiacárcel y cada guardia que ellos ´tenían órdenes superiores de proceder de esa manera´”, lo cual indica un claro ensañamiento y una persecución política hacia ella.

Las consecuencias de este maltrato implican daños irreversibles para Anahí y un pronóstico de salud muy complejo sino se revierten con urgencia. Su cuadro infeccioso no se termina de curar, por la discontinuidad en el suministro de antibióticos, que por otra parte le han afectado el estómago porque tampoco recibe protectores gástricos. Tiene ambas extremidades superiores afectadas, una por las amputaciones en su mano y la otra por la fractura de clavícula, lo cual le significa diversas dificultades para higienizarse, alimentarse y todo lo que hace a su autonomía plena, para lo cual no recibe tratamientos kinesiológicos y por lo tanto su rehabilitación está seriamente comprometida. No recibe alimentación blanda, tal como habían indicado los médicos del hospital, dadas sus limitaciones por las cirugías en la mandíbula, ni se controla la ortodoncia que se le colocó provisioriamente y que ya le está causando nuevas heridas en la boca. Todo este cuadro, lógicamente le causa dolores continuos que tampoco son atendidos.

“A Anahi la están dejando que sufra y quede con sus miembros inutilizados”, afirma su abogado Eduardo Soares, quien junto a su socia María del Rosario Fernández han interpuesto recursos ante diversas instancias judiciales y señalan la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la dirección del Complejo Penitenciario de Ezeiza y el propio Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 10, que lleva adelante el proceso contra Anahí y por lo tanto tiene el deber de velar por sus condiciones de detención.

La defensa y los familiares, amig@s y compañer@s de Anahí insisten en la necesidad y el derecho de que se traslade a Anahí nuevamente al Hospital Fernández o se le otorgue un arresto domiciliario para que reciba la atención médica que le corresponde, que cese el maltrato y persecución política al que está siendo sometida, al tiempo que solicitan la máxima difusión del caso y la solidaridad de organizaciones políticas y de Derechos Humanos para visibilizar estas arbitrariedades e injusticias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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