Argentina. ¿Qué es ser periodista?

Resumen Latinoamericano / 25 de marzo de 2019

En 1944, con el impulso de Perón, se sancionó el decreto-ley 7.618 que sentó las bases para el reconocimiento legal de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la Argentina. Un largo camino histórico que nos interpela en el presente y abre preguntas de cara al futuro.

La profesión de periodista en nuestro país es una vocación a la miseria.

Puesta así, en estilo directo, la frase es una invitación a un largo debate en torno al oficio periodístico. Pero con las debidas comillas, la frase remite a las sesiones del 14 de julio de 1926 en la Cámara de Diputados. El legislador radical Víctor Juan Guillot, también periodista, buscaba impulsar la sanción de un Estatuto Profesional para la actividad en un tiempo en que los diarios habían abandonado su primitivo rol de difusores de ideas para convertirse en prósperas empresas.

En su argumentación, Guillot echaba luz sobre la situación de sus colegas en el naciente siglo XX: “Nadie que conozca las condiciones de trabajo de los periodistas argentinos, el término medio de los sueldos que se les paga, su incierta situación dentro de las empresas que utilizan su actividad intelectual, las perspectivas que para su bienestar ofrece su carrera, podrá considerar innecesaria o superflua una legislación que les fije una remuneración decorosa, les garantice una relativa estabilidad en el empleo y los ampare ante las arbitrariedades y las injusticias que esterilizan tantos esfuerzos y terminan tantas carreras iniciadas con entusiasmo y abandonadas luego con desencante y amargura. La profesión de periodista en nuestro país es una vocación a la miseria”.

La iniciativa quedó cajoneada por varios años, entre la presión de las patronales periodísticas y los vaivenes de la política nacional (cuyos límites y zonas de confluencia son todavía difusos). Guillot se había suicidado cuatro años antes por un escándalo de corrupción que lo involucraba cuando el 25 de marzo de 1944, por impulso del secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón, se firmó el decreto-ley 7.618 que le daba existencia pública al Estatuto del Periodista Profesional (EPP).

A 75 años de aquel episodio -y aún con las modificaciones puntuales que sufrió el Estatuto hasta convertirse en la Ley 12.908 votada por el Congreso de la Nación en 1946-, ese cuerpo legal de 85 artículos es la herramienta fundamental de protección laboral para quienes ejercen el periodismo en la Argentina. Tres cuartos de siglo después, con transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de largo alcance, el Estatuto ofrece también un espejo donde mirar(nos) para detectar avances, retrocesos y estancamientos en un oficio tan necesario como discutido.

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Somos periodistas pero… ¿qué somos?

A semejanza de la historia nacional, los cimientos del periodismo argentino estuvieron marcados por ciertas grietas que perduran en el tiempo. La más trascendental alude a la condición misma de los periodistas: ¿seres librepensadores que vuelcan sus ideas para intervenir en la esfera pública u obreros del pensamiento que ponen su fuerza de trabajo al servicio de patrones que lucran con el resultado de su labor?

Mariano Suárez, abogado y periodista, escribe en la introducción a la edición comentada del Estatuto (CTP Ediciones, 2016): “El Estatuto del Periodista trabaja en lenguaje jurídico sobre una tradición polemista que arrastraba el periodismo desde más de un siglo antes. En 1863, José Hernández escribió un texto incendiario, ‘Vida del Chacho. Rasgos biográficos del general D. Ángel V. Peñaloza’, en forma de artículos en el diario El Argentino de Paraná. El panfleto condena la historiografía oficial del momento y se presenta -sin decirlo ni disimularlo- como la contracara del ‘Facundo’ de Domingo Faustino Sarmiento (que también fue un acto de periodismo). Hernández traza -con la mira condenatoria en Sarmiento- una demarcación entre el periodismo de los ideales y el periodismo asalariado”.

Los primeros intentos de agrupamiento profesional fueron anteriores a 1890, pero la creación del porteño Círculo de Cronistas, en 1891, es el antecedente más serio de un espacio colectivo. Esa experiencia inicial, que cinco años más tarde se transformó en el Círculo de la Prensa, tenía un carácter mutualista: su objetivo principal era ofrecer servicios médicos, subsidios por fallecimiento y pensiones a los colegas enfermos. Allí participaban simultáneamente los cronistas de a pie y los directivos de los diarios, como la familia Mitre de La Nación.

Veinte años después se produjo un episodio que desnudó la incapacidad del gremio para dar una pelea sindical y también sentó las bases para los pasos organizativos futuros. A pesar de que los diarios tenían una alta circulación en el país y la orientación de las empresas periodísticas era crecientemente comercial, las patronales se escudaban en la libertad de expresión para quitarle el rótulo mercantilista a su actividad, negándoles derechos laborales a sus periodistas. 

En un 1919 que comenzó con la agitación del movimiento obrero por la brutal represión del Gobierno de Hipólito Yrigoyen en la llamada Semana Trágica (con un saldo de por lo menos 700 muertos), un puñado de periodistas reunidos en la sede de la ya consolidada Federación Gráfica Bonaerense dieron nacimiento al Sindicato de Periodistas y Afines.

El grupo de iniciados estaba compuesto, entre otros, por los redactores de La Prensa José Gabriel López y Octavio Palazzolo, quien años después recordaría el contexto de esa gesta de corta duración: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista (…) quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.

Tanto La Prensa como La Nación, los medios impresos más influyentes de la época, recibieron la noticia como una ofensa a su pretendida tarea de difundir ideas sin contaminación ideológica. La respuesta empresarial fue despedir a los integrantes de sus redacciones que se sumaran al sindicato. Los periodistas unieron fuerzas con los gráficos, que por entonces negociaban un pliego de mejoras laborales en La Prensa, y exigieron a los dueños la reincorporación de los despedidos. La patronal fue muy clara: estaba dispuesta a negociar con el personal de los talleres, pero a los periodistas los podía reemplazar “por ordenanzas de la casa”.

El conflicto avanzó y, por primera vez en su historia, La Prensa tuvo paradas las rotativas por una semana. Mediante la colaboración de “rompehuelgas” en los talleres y de presiones al resto de la redacción, las autoridades del diario impusieron su voluntad. Los flamantes dirigentes sindicales debieron declinar su lucha y el saldo de despidos fue mucho mayor.

Había fracasado el intento de organización, ya que el sindicato se disolvió por la dispersión de los miembros que no querían perder su trabajo, pero aquel episodio sembró una semilla en la conciencia gremial.

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EL RENACIMIENTO CORDOBÉS

Mientras se expandía la venta de diarios en todo el territorio nacional y las empresas periodísticas crecían, los trabajadores de las redacciones seguían desprotegidos. En 1926 se produjo la exposición del diputado Guillot argumentando a favor de los derechos negados. Promediando la década del ‘30, dos fallos judiciales beneficiaron a los periodistas Manuel Sofovich (Noticias Gráficas) y Oscar di Leo (La Prensa), que habían sido despedidos sin ninguna indemnización.

El investigador James Cane se refiere a una de las sentencias en “Prensa y peronismo. Discursos, prácticas, empresas, 1943-1958” (Prohistoria Ediciones, 2007): “Para el juez (Eduardo Broquén), La Prensa era ‘un establecimiento eminentemente mercantil’ y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos por el Código de Comercio”.

Ese caldo de cultivo desembocó en la realización del primer Congreso Nacional de Periodistas convocado por el Círculo de Prensa de Córdoba para 1938. El encuentro federal, que se desarrolló entre el 25 y el 27 de mayo en la capital cordobesa, contó con la participación de 31 delegados congresales. Las cinco propuestas básicas de discusión eran: el establecimiento de una federación nacional de periodistas, la aprobación de un estatuto que regulara las condiciones de trabajo dentro de la profesión, la sanción de una ley que estableciera un seguro de vida, la creación de un registro nacional de periodistas y la fijación de una escala salarial.

El Congreso alumbró diversos nacimientos. Por un lado, se creó la Federación Argentina de Periodistas (FAP) con la presidencia inicial de Palazzolo. Cane rescata en su artículo los argumentos del delegado cordobés Ernesto Barabraham, autor de los lineamientos del futuro estatuto: “Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión. Dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna -insistía el delegado- las relaciones entre periodistas individuales y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tenía la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros -que eran, al fin de cuentas, los que producían el contenido público de los diarios”.

Daniel Parcero, periodista especializado en sindicalismo, apunta en “Los trabajadores de prensa. Ladrilleros del periodismo” (Corregidor, 2010) que en aquel encuentro hubo “18 resoluciones y declaraciones aprobadas”, entre ellas: instituir en todo el país el 7 de junio como el Día del Periodista en homenaje a La Gazeta de Buenos Aires, primer diario argentino creado por Mariano Moreno “que inauguró la libertad de prensa en América meridional”; procurar el establecimiento de la caja de jubilaciones, elaborar un proyecto de convenio colectivo de trabajo para ser discutido en el Parlamento, crear la casa de descanso para el periodista e impulsar la creación de escuelas de periodismo.

El quiebre que produjo el Congreso al interior de las redacciones quedó expresado, por ejemplo, en el distanciamiento de entidades como el Círculo de la Prensa porteño. Un espacio dominado por la visión de los dueños de los diarios, que no simpatizaban con la tendencia obrerista que ganó fuerza en Córdoba.

Un año después, el 29 de marzo de 1939, nacería la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA), el primer hito en materia de organización sindical a nivel local (su fusión con el Sindicato de Prensa porteño sirvió para crear, en 1986, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires). Santiago Senén González, presidente de la APBA, celebraba entonces que “pudo estructurarse con carácter definitivo una institución auténticamente laboral” y “manejada con cabal conciencia de clase”.

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Los muchachos periodistas

La década del ‘40 trajo un nuevo panorama en el contexto nacional, ya que desde la facción militar conocida como Grupo de Oficiales Unidos (GOU) crecía el consenso sobre la necesidad de darle a la política argentina un vuelco nacionalista y quitarles privilegios a las élites económicas que hasta el momento venían condicionando el rumbo del país en función de sus propios intereses.

En el GOU revistaba el coronel Perón, que tras el golpe de Estado de junio de 1943 -que puso fin al gobierno de Ramón Castillo y también al período de la Década Infame– pasó a ocuparse del Departamento Nacional de Trabajo. Desde ese despacho, Perón buscó jerarquizar su rol y tender puentes con el sindicalismo. En paralelo, la preocupación del gremio periodístico era la inminente caída en desgracia del proyecto de ley para conseguir una caja de jubilaciones propia, en un contexto de fuerte embestida patronal.

El dirigente sindical Palazzolo, acreditado en Casa Rosada para El Mundo, tuvo oportunidad de plantearle a Perón la desprotección legal que sufrían. El funcionario le respondió que lo volviera a ver unos días después, ya con su área convertida en Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, y que le trajera una propuesta para la sanción de un estatuto profesional.

Con algo de desconfianza hacia la buena voluntad de Perón, Palazzolo y otros dirigentes le acercaron el borrador que habían redactado cinco años atrás en Córdoba. “Me parece bueno, vamos a darle manija”, dijo Perón en aquella jornada de diciembre del ‘43. El último día de ese año, el presidente de facto Pedro Ramírez firmó el decreto 18.407 que ordenaba medidas de censura sistemática y permanente a la prensa.

En marzo de 1944 tomó el poder otro militar, Edelmiro Farrell. Fue quien le puso la firma, el 25 de marzo, al decreto-ley 7.618 que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional y cristalizaba una lucha colectiva de largo aliento. A su vez, el decreto 14.535 del 3 de junio hizo posible la creación de la caja de jubilaciones para los periodistas.

¿Cómo es posible que el régimen militar, que veía en la prensa burguesa (ensimismada con la oligarquía nacional) a un enemigo de sus intereses políticos, apoyara los reclamos sindicales de sus trabajadores? Cane esboza una hipótesis: “Más que un simple intento por ‘cooptar’ a este sector por medio de aumentos salariales, el Estatuto dio fuerza de ley a la concepción de los periodistas como trabajadores, a la de los propietarios de diarios como jefes de empresas comerciales y a la visión del rol benévolo del Estado en las salas de redacción”.

La sanción del EPP (ratificado por ley en 1946) fue una de las primeras medidas adoptadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cane señala al respecto: “Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18.407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación”.

En el fondo, la intención de Perón era “usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana”.

Con esa batalla ganada, en la Argentina comenzaba un nuevo ciclo histórico, y también una nueva era para el periodismo profesional.

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En busca de nuevos horizontes

Es una ley de una extraordinaria vigencia”, opina Mariano Suárez, que además de conocer el Estatuto por su doble condición de periodista y abogado es un activo miliante en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) creado en 2015. Desde su mirada, el EPP es una herramienta legal que no ha envejecido: “Un acierto que tiene el Estatuto es que está escrito como una norma jurídica dinámica que permite incorporar los cambios tecnológicos y los cambios en las condiciones de trabajo sin necesidad de modificar la ley. Con un texto muy cercano al original, el Estatuto atravesó la llegada de la televisión, la irrupción de internet y la situación actual del periodismo sin necesidad de una reforma legislativa. Todos los días se utiliza para resolver litigios individuales y colectivos de trabajadores de prensa públicos y privados y sigue siendo una herramienta útil”.

Sobre el contexto actual de pérdida de fuentes de trabajo en el gremio, Suárez señala que el Estatuto abarca hoy a no más de 10.000 personas. “El riesgo es que ni siquiera haga falta derogarlo, que se convierta en una ley aplicada a un universo tan acotado y reducido que directamente pierda fuerza y relevancia social”, opina.

Aunque el consumo de información ha evolucionado notablemente por los cambios sociales y tecnológicos, algunas cuestiones relativas al oficio siguen vigentes desde hace un siglo. Claudia Acuña, con una vasta trayectoria en medios comerciales y convertida desde hace dos décadas en una referente de la autogestión desde la experiencia de la cooperativa lavaca, señala la grieta del origen: “Increíblemente, muchos no querían reconocerse como trabajadores y preferían definirse como intelectuales y no tener plata. Ahí se esconden todos los problemas que tienen que ver con nuestra profesión, vinculados a la identidad: si es más importante el ego y la figuración social o los derechos”.

Acuña profundiza esa línea de pensamiento: “En el presente se actualiza la pregunta inicial: ¿qué somos? Creo que definiendo nuestra identidad podemos definir también los horizontes de las batallas que se vienen. Yo me reconozco como una trabajadora de prensa y en ese sentido estamos quedándonos sin fuentes de trabajo, con medios que están en manos de empresas fantasmas o de empresarios de medios que están en prisión. Es un momento de gran desquicio donde tenemos que mantener en alto las banderas de la ética, sobre todo cuando se está demostrando cómo se ha naturalizado que la prensa tenga como fuentes de información a los servicios de inteligencia. Es decir, que periodistas profesionales confunden información con operaciones”. 

Ezequiel Fernández Moores, que acaba de lanzar el libro “Juego, luego existo” (Sudamericana) a modo de celebración de sus cuarenta años como periodista profesional, rescata del EPP que sirvió “para reconocernos ante todo como trabajadores, con todo lo que eso significó”. Con respecto al panorama en las redacciones: “Nunca viví en tiempo democrático una crisis como la actual, con desocupación récord y precarización salarial, pero también con el contraste entre periodistas estrellas que son noticia en sí mismos, que pretenden hacer creer que somos algo así como imprescindibles para la democracia, que difunden sus premios como emblemas de libertad, con una legión de colegas maltratados laboral y profesionalmente”.

Ahí es donde reaparece la grieta originaria en cuanto a la percepción que los trabajadores y las trabajadoras de prensa tienen sobre su rol. Dice Suárez: “El periodismo siempre fue una profesión atravesada por el individualismo y la vanidad. Después de casi 150 años de periodismo en la Argentina, nunca pudimos consolidar una organización colectiva de periodistas o de trabajadores de prensa. Si uno mira la composición de las comisiones internas de las empresas tradicionales o la comisión directiva del sindicato encuentra pocos periodistas con un alto grado de exposición”.

A 75 años de la sanción del Estatuto del Periodista Profesional, con todos los vaivenes que han atravesado la historia del periodismo y del país, el futuro llama a nuestra puerta. ¿Qué nos espera? Acuña ensaya una hipótesis: “Desde los medios comunitarios, autogestivos, cooperativos y sociales tenemos un gran rol de poder restablecer un rumbo, un horizonte al oficio y a la tarea de comunicar. Nos toca construir las respuestas, las preguntas las tenemos todos. Quienes estamos en los medios de estas características es porque ya comenzamos a preguntarnos y a practicar esas respuestas. En cada uno de nuestros medios, con nuestros fracasos y nuestros aciertos, estamos construyendo las respuestas del futuro de la comunicación. Es un momento histórico muy importante donde todos tenemos que jugar un rol”.

Fuente: Revista Cítrica

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