Colombianxs y organizaciones sociales en Bs As. respaldaron la lucha por la paz frente a los ataques del gobierno de Duque

Por Sebastian Polischuk / Resumen Latinoamericano / 18 de marzo de 2019.

Este lunes se realizó un acto en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para defender a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante los constantes ataques del actual presidente Iván Duque, quien pretende deshacer los acuerdos para la paz y se opone a que se sepa la verdad del origen del conflicto armado en Colombia, criminalizando a los pueblos y aumentando el asesinato a líderes sociales, mientras se posiciona a favor de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

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La actividad estuvo convocada por las organizaciones colombianas con representación en Argentina, tales como Congreso de los Pueblos y la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica, entre otras, a la que se le sumaron ALBA Movimientos, y varixs militantes sociales estos dos países para solidarizarse con la causa.

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Lxs presentes expresaron que “hace varios años venimos luchando por los acuerdos de la paz como factor clave para construir un país distinto, basado en la igualdad y dignidad. Y es por eso que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la columna vertebral de estos acuerdos, que más allá de ser firmados por las distintas partes, involucran a todos los pueblos de Colombia”.

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En base a esto, explicaron que el rol centrar de esta Jurisdicción tan cuestionada por el gobierno de Duque pese a estar abalada en múltiples instancias incluso internacionalmente es, dar a conocer la verdad sobre lo que paso en el largo conflicto armado, profundizando en lo sucedido en los territorios y poder mostrar las consecuencias del mismo. Todo esto con la intención de lograr justicia, verdad y reparación para las víctimas, además de garantías de no repetición.

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De esta manera afirmaron que es por todo esto este gobierno presidido por Iván Duque está en desacuerdo con la JEP, por ser este el representante de lxs principales responsables de toda la violencia y despojo a poblaciones de sus territorios a lo largo del conflicto, en busca del aumento de las riquezas e intereses de unxs pocxs.

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Por eso, agregaron que no es casual que no es casual su oposición siendo bajo la guerra que mantiene sus intereses e incluso la propicia bajo la mano del gobierno de Estados Unidos a un país hermano como Venezuela.

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Y se finalizó el acto con un gran mensaje de fuerza y solidaridad a aquellxs que siguen luchando, tales como lxs campesinxs e indígenas con las movilizaciones sociales de la minga, que el propio ESMAD pretende seguir desmontando, mientras la misma se prepara para un masivo paro nacional.

 

A continuación el comunicado sobre está actividad

LLAMAMIENTO POR LA VERDAD Y LA PAZ EN COLOMBIA

Las organizaciones y personas abajo firmantes, pertenecientes a organismos de defensa de los Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, universidades, centros de investigación académica, ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica y el Caribe, hacemos un llamado urgente a solidarizarnos con el pueblo colombiano ante la inaudita decisión del gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, de objetar seis artículos centrales de la ley estaturaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP, es el tribunal especial creado a partir de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que constituye la columna vertebral para conocer la verdad de los hechos del conflicto armado interno, construir bases de justicia restaurativa, abonar a la memoria de las víctimas y la garantía de no repetición de la violencia.

Reconocemos que la misión de las Naciones Unidas para la terminación del conflicto armado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil del mundo, junto al pueblo colombiano organizado, vienen siendo el baluarte principal en la implementación de los Acuerdos firmados por el Estado colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016, que el gobierno de Iván Duque pretende desconocer e incumplir. La actitud del actual gobierno, pone en riesgo la paz y crea condiciones para la activación de un escenario generalizado de guerra y de un genocidio contra las y los activistas sociales en los territorios donde cesó la violencia, al igual que para los y las ex-guerrillleras que están sin garantías jurídicas a partir de la decisión gubernamental.

Invitamos a todas las organizaciones colombianas, al empresariado, al gobierno nacional y a sectores políticos a respaldar la paz, a no tener miedo a la verdad, a encarar la transición política de la violencia a la paz para que emerja la democracia con todos sus bríos y complejidades. Nos sumamos a las voces sensatas de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas, que han manifestado su rechazo a la terrible decisión del presidente Duque, que cuestionó la independencia y autonomía de la JEP como argumentos para incumplir el pacto de paz.

Nuestro llamamiento es por la verdad, para que florezca la memoria histórica, nuestro llamado es por las víctimas para que tengan justicia, nuestro llamado es por la paz para que Colombia y América Latina y el Caribe recorran el camino de la democracia.

 

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El XYZ de las objeciones a la JEP

 

Por Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP)

El XYZ de las objeciones del presidente Duque por mandato de Uribe contra el proyecto de ley estatutaria de la JEP

El 11 de marzo del año en curso la cancillería de Colombia dio a conocer el documento “ABC de las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP”, en el que se expone los argumentos del gobierno sobre su decisión política disfrazada de inconveniente.

En este XYZ demostramos que con esta medida, el Centro Democrático se afianza su postura contra la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¡Le tienen miedo a la verdad!

Lo primero que hay que decir, es que los seis artículos objetados no son los únicos que acarrean consecuencias. Cobija todo el proyecto al no ser sancionada como ley de la república, acciones que debilitan la esencia de esta justicia transicional. Así lo demostró el presidente de la república en su alocución, en la que manifestó que presentarán una reforma constitucional al acto legislativo 01 de 2017, esto escondido bajo el manto de las “mejoras”.

La decisión presidencial de objetar el proyecto, cuando había pasado el respectivo control constitucional, es un claro desafío a la alta corte.


El fundamento de las objeciones

El fundamento de dichas objeciones se basa en que el partido de gobierno ha sido un férreo opositor de la paz en Colombia y de la solución dialogada al conflicto. En consecuencia, todas sus actuaciones atacan el acuerdo de paz hasta acabarlo. En palabras de ellos: “hacer trizas los acuerdos”


Sobre la reparación integral de las víctimas: artículo 7

El fundamento del gobierno se basa en la falsedad, en la que afirman que las FARC-EP no entregaron todos los bienes. Mediante esta gran mentira, intentan quitar legitimidad a la JEP para avanzar en su cometido: sepultarla.

Las extintas FARC-EP entregaron al gobierno con listado en mano, todos sus bienes materiales, entre ellos: dinero en efectivo, equipos, medios de transporte, oro, hasta carreteras construidas por ellos. Con esta falacia, el gobierno busca no cumplir con su deber de reparar a las víctimas, al remitir su responsabilidad a quienes entregaron las armas.


Sobre la falta de claridad de la suspensión de los procesos

El proyecto de ley estatutaria deja en claro las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, así lo deja en firme la sentencia de la Corte Constitucional, cuando define la competencia de la JEP.


Sobre las personas incluidas en los listados de las FARC

Frente a estos listados la Corte Constitucional determina que es la Sala de Indulto y Amnistía la facultada “de incorporar nombres de personas que, por motivos de fuerza mayor, no hubieren sido incluidas”

Sobre la acción penal de delitos no amnistiables

Ante esto, el gobierno pretende que en la justicia especial haya completa impunidad, al establecer que se debe procesar a toda persona que haya cometido una acción no amnistiable. No hay aparato judicial que pueda procesar a todas las personas que hayan intervenido en violaciones de los derechos humanos.

Sobre la extradición

Frente a este tema, incluido en el artículo 150 objetado por el presidente, la Corte Constitucional establece el procedimiento: se deberá remitir a la sección de revisión del Tribunal para la paz para que este determine el momento de la acción atribuida. Una vez más, se demuestra como la decisión de objetar ha sido política y con el objeto de acabar con la JEP.

Sobre la extradición de otras personas que ofrezcan verdad

La Corte Constitucional establece que en lo referido a “otras personas”, se refiere a personas que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, a cambio de la verdad, tan urgente y necesaria en nuestro país, quienes se haya sometido a la JEP, tendrá el beneficio de la No extradición. Esto se traduce en que las víctimas podrán conocer que fue lo que sucedió a lo largo del conflicto.


A modo de conclusión

Sintéticamente estas objeciones hechas por el presidente al proyecto de ley estatutaria de la JEP, son estos los verdaderos objetivos de Álvaro Uribe mediante el mandato que puso en manos de Iván Duque. No es más que un ataque al corazón del acuerdo de paz, al desconocimiento de los derechos de las víctimas, el encubrimiento y miedo a la verdad del conflicto colombiano y el miedo a que este acuerdo de paz potencie una verdadera transformación en la democracia en Colombia, brinde justicia, democratice el campo y dignifique las víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz es la puerta a la justicia y la verdad en nuestro país, algo que no ha sucedido hasta el momento con una justicia ordinaria que lo único que le ha otorgado a las víctimas ha sido silencio e impunidad.

Mientras la comunidad internacional, las organizaciones sociales, colectividades políticas, sectores alternativos de la sociedad y el pueblo digno de Colombia abrazan la JEP, los sectores más conservadores y de ultraderecha, atacan por todos lados la posibilidad real de que el país y las víctimas conozcan la verdad, obtengan justicia, reparación y garantías de no repetición.

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