México. DDHH: ante la ONU, organizaciones civiles acusan saldo negativo de los primeros 100 días de AMLO / Gobierno mexicano rechaza recomendación del Vaticano contra el aborto / 22 pres@s polític@s liberados en la actual gestión

Resumen Latinoamericano*, 14 de marzo de 2019

 

Los reclamos de las organizaciones civiles

Por Gabriela Sotomayor

GINEBRA (Apro).- Representantes de la sociedad civil mexicana denunciaron en la ONU un récord negativo en materia de derechos humanos en los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la adopción de las 262  recomendaciones extendidas al Estado en el Examen Periódico Universal (EPU); llamaron a garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y que se cumpla con el plazo de cinco años para que el Ejército se retire de las calles.

En nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, la defensora Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974, y el actor Luis Gerardo Méndez, alertaron a la comunidad internacional sobre la situación que se vive en el país a pesar de la llegada del nuevo gobierno.

“Mi nombre es Tita Radilla y llevo 44 años en una digna lucha por la justicia, la verdad y la implementación de garantías de no repetición por la desaparición forzada de mi padre Rosendo Radilla Pacheco. La última vez que fue visto fue en un cuartel militar en Guerrero después de haber sido detenido ilegalmente en un retén militar”, denunció la incansable defensora mexicana.

“Desde entonces y pese a que mi caso tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por haber sido el primer caso en que la CIDH emitiera una sentencia contra el Estado por la desaparición forzada de mi padre, el Estado mexicano sigue sin dar con su localización y no ha llevado ante la justicia a ninguna alta autoridad. Constituye un caso que enmarca la máxima expresión de impunidad en México”, lamentó.

Radilla llamó a la comunidad internacional a dar seguimiento puntual a las recomendaciones hechas a México, particularmente aquellas relacionadas con el combate a la impunidad.

Al tomar la palabra, en nombre de la CMDPDH, el actor Luis Gerardo Méndez habló sobre la esperanza que millones de mexicanos tienen en el gobierno de López Obrador.

Sin embargo, “nos preocupa que tan sólo a 100 días de su gestión ya han sido asesinados 14 defensores de derechos humanos y periodistas”, lanzó.

“Además, estamos profundamente preocupados por los intentos del presidente (López Obrador) por desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas quienes acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos y cuyo trabajo se encuentra en riesgo ante un ambiente hostil para la defensa de las mismas”, advirtió.

“Nos preocupa también que en la agenda del nuevo gobierno los derechos de las mujeres vayan en franco retroceso”, deploró el joven actor haciendo notar que “temas como la prevención y la sanción de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales estén completamente relegados”, remarcó.

Méndez destacó el hecho de que hasta ahora no se haya trazado una hoja de ruta específica para resolver más de 40 mil casos de desaparecidos en México, además de la Comisión que fue creada para resolver la tragedia de Ayotzinapa.

“Hago un llamado para que el gobierno de México emprenda un mecanismo de comunicación y seguimiento adecuado y efectivo con las organizaciones de la sociedad civil, con las y los defensores de derechos humanos y con las víctimas para el cabal cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado hoy el gobierno de México”, urgió Méndez ante el pleno.

Mando civil en la Guardia Nacional

En el marco de la adopción de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, urgió al gobierno de López Obrador a garantizar que la Guardia Nacional sea liderada por un mando civil y que el Ejército se retire de las calles en cinco años y que no sobrepase los límites contenidos en las leyes secundarias del cuerpo de seguridad recién creado.

“Recientemente el Congreso aprobó un mando civil para la Guardia Nacional, así como un plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de las tareas vinculadas a la seguridad pública. Es preciso que las leyes reglamentarias no propicien que su influencia se expanda a otros ámbitos ajenos a los que les son propios y que su conducta tenga siempre como parámetro el respeto a los derechos humanos”, dijo González Pérez durante la adopción de las 262 recomendaciones del EPU anunciadas por el gobierno.

“La seguridad requiere un enfoque integral, no sólo medidas reactivas sustentadas en el uso de la fuerza”, remarcó.

“La cereza en el pastel” será un mando civil en la Guardia Nacional, dijo en declaraciones a Apro el titular de la CNDH momentos después de su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, al ser cuestionado sobre el temor de que sean militares quienes integren la terna que propondrá el presidente para el liderato de dicha Guardia.

“Esperemos que este nuevo modelo, que por fortuna quedó con el mando civil, permita trascender ese estadio de inseguridad, ya que la seguridad es un derecho humano al que tenemos derecho todas las mexicanas y los mexicanos”, observó.

“Una preocupación es que las leyes secundarias de la Guardia Nacional no sobrepasen los límites contenidos al del mando civil ni la temporalidad de cinco años (para que salga el Ejército en las calles)”, reiteró.

Índices de impunidad inaceptables

“En los tres ciclos del EPU, el tema de justicia, seguridad y estado de derecho han motivado múltiples recomendaciones a México y actualmente son motivo de preocupación”, continuó González Pérez en su conversación con Apro.

“Es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 fiscalías de justicia del país a efecto de que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique”, dijo.

Subrayó que temas de la violencia como las desapariciones, la tortura, así como la violencia contra y periodistas, “se inscribe en lo que denominé la impunidad y que fue reiterativo aquí. El tema de seguridad y justicia, en los tres EPUs ha sido un eje y no hemos logrado encontrar el rumbo”.

Externó preocupación por decisiones del gobierno de Palacio Nacional que puedan afectar los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, dijo, “ahí están las estancias, los refugios y la preocupación porque se desaparezca la garantía del gobierno mexicano con la Convención de Personas con Discapacidad”, cuestión que también abordó durante su intervención en el Consejo.

Por otra parte, el titular de la CNDH también invitó al gobierno a “tender puentes con la academia, con la sociedad civil, con los organismos autónomos, con los organismos internacionales y algo fundamental, que se escuche a las víctimas”.

En cuanto a la recomendación extendida por Dinamarca, que fue aceptada, sobre establecer un mecanismo internacional contra la impunidad al estilo de la CICIG en Guatemala, respondió que los organismos internacionales deben ser complementarios y nunca sustituto de las instituciones nacionales.

“Por eso desde la CNDH estamos haciendo lo que nos toca, ahí están nuestras recomendaciones claras, concretas y puntuales, creo que necesitamos trascender para fortalecer la capacidad institucional, por eso hablé de autonomías de 33 fiscalías”.

Para González Pérez el gran reto de López Obrador “será pasar de la norma a los hechos y ese círculo lo tendremos que cerrar, habrá que cerrar la brecha entre la norma y la realidad, ese es el desafío”.

El gobierno promete cumplir

Al tomar la palabra ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos el gobierno de México liderado por Cristopher Ballinas Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se comprometió a cumplir con la protección, defensa, vigilancia, y promoción de los derechos humanos “para lograr un país justo y equitativo, abierto e incluyente” y a dar seguimiento a la implementación de 262 recomendaciones que se extendieron al gobierno en el EPU.

Al hablar sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad en el país, Ballinas habló sobre la creación de la Guardia Nacional y su reciente adopción por unanimidad por todas las fuerzas políticas del Poder Legislativo, “la cual contará con los elementos necesarios para atender la situación de crimen y violencia que afecta al país”.

No obstante, en su alocución, el representante de la SRE no hizo alusión a la cuestión del mando civil de la Guardia Nacional.

Más adelante al referirse a la cuestión de la desigualdad social y “teniendo en cuenta las recomendaciones recibidas del EPU”, México se comprometió ante la comunidad internacional “a reducir la inequidad social” y a defender a los grupos en situación de vulnerabilidad por lo que revisan los programas sociales para que cumplan los objetivos para los que fueron creados.

“Estamos convencidos de que una sociedad próspera sólo es posible si todas las mujeres y las niñas ejercen plenamente sus derechos fundamentales, acceden a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones y viven una vida libre de violencia”, destacó Ballinas. Sin embargo, a ojos de la sociedad civil este compromiso contrasta con el anuncio del gobierno de López Obrador sobre el cierre de estancias infantiles y de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar.

“El gobierno de México tiene como uno de sus ejes rectores más relevantes una política de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas”, presumió el funcionario quien anunció que “como muestra de ello” se pondrá en marcha la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres “en cinco municipios” en los que impera este flagelo, la cual será acompañada por organismos de la ONU.

En cuanto a los migrantes y refugiados, Ballinas subrayó que “México continuará en la implementación de los más altos estándares internacionales tomando como base los objetivos comprendidos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, Regular y del Pacto Mundial sobre los Refugiados”.

Con respecto a los derechos del niño, anunció que el gobierno de López Obrador iniciará un proceso de consultas para avanzar hacia la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.

En lo referente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, manifestó que el objetivo de la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es precisamente “garantizar su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”.

En cuanto a personas con discapacidad destacó que se llevarán a cabo en 2019 “simulacros de votación para personas con discapacidad en las seis entidades que tendrán procesos electorales”.

Al abordar la situación de colectivos como LGBTI comentó que se promoverán programas contra la homofobia, la misoginia, la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Libertad de Expresión y Desaparición Forzada 

Ballinas remarcó que el Estado mexicano está resuelto a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de defensores de derechos humanos y periodistas “y aprovecho este foro para condenar los sucesos de violencia en contra de quienes ejercen labores de activismo y defensa de los derechos humanos y periodismo”

De igual manera, aseguró que el gobierno se compromete a “garantizar la libertad de expresión” así como a fortalecer el Mecanismo de protección para periodistas y defensores, pero no detalló medidas concretas que se llevarán a cabo en este particular.

“El gobierno está consciente del reto que enfrenta en materia de desaparición forzada”, remarcó Ballinas, agregando que comparten el dolor con los familiares de las víctimas y mencionó la Comisión creada para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Además, indicó que también se llevan a cabo “las consultas internas” para revisar la pertinencia del reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones individuales, cuestión que ha sido recomendada al estado en repetidas ocasiones y en varias instancias de la ONU.

Finalmente, con respecto al cumplimiento de las 262 recomendaciones, Ballinas remarcó que “el gobierno de México se compromete a atender y darles seguimiento puntual” mediante “un diálogo sostenido con organizaciones de la sociedad civil teniendo en consideración el papel fundamental que estas juegan en el fortalecimiento de sociedades democráticas”.

* Fuente: PROCESO


 

Gobierno rechaza recomendación del Vaticano contra el aborto

Durante sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas por los gobiernos de todo el mundo en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre el respeto a los Derechos Humanos. Entre las dos recomendaciones rechazadas está la emitida por el Vaticano relacionada con respetar y defender la vida desde la concepción.

La recomendación hecha por la Santa Sede en noviembre pasado como parte del EPU, exhorta al Estado mexicano a: “Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural introduciendo enmiendas a las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en los ámbitos federal y local”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumenta que no puede aceptar esta recomendación ya que “es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal, en diversos supuestos, notablemente casos de violación”.

Además de esto, se explica que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ha resuelto que negar el acceso a la interrupción del embarazo a una mujer víctima de violación sexual, constituye una violación a sus derechos humanos y que la interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendida por las instituciones de salud como caso urgente”.

La otra recomendación rechazada es la número 5, realizada por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma. El Grupo de Trabajo sobre el EPU argumenta que cumplir esta petición no será posible pues el gobierno de México “aún no ha concluido sus consultas sobre el tema y requiere de mayor tiempo para tomar una decisión”.

Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen. La ratificación de estas enmiendas ayudaría a disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los líderes, ya que antes de hacerlo tendrían que considerar la competencia de la Corte Penal Internacional en sus decisiones.

“Pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos”

Este jueves, en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de la SRE, argumentó que el gobierno mexicano  “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”.

Sobre las 262 recomendaciones restantes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete a darles “atención puntual” con el apoyo de los tres poderes de gobierno, de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y de académicos.

Para ello, argumentan, se promoverán los cambios estructurales y legales pertinentes, y se adoptarán las políticas públicas necesarias “para propiciar condiciones de pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos”.

Las recomendaciones más recurrentes hechas durante el Examen Periódico Universal al Estado mexicano fueron: reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; terminar con la impunidad de las personas asesinadas; crear un mecanismo contra la impunidad; atender y resolver los casos de tortura y desaparición forzada; identificar a los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa, y tomar medidas para combatir la violencia de género y los feminicidios.

Ante las recomendaciones, se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“Trabajaremos de manera coordinada para erradicar los flagelos que aquejan a nuestra sociedad tales como la trata y la desaparición de personas. Asimismo, el combate a la corrupción y a la impunidad serán elementos centrales de las políticas públicas y reformas legislativas con miras a garantizar de manera efectiva el desarrollo y bienestar de la población”, se lee en la respuesta del Grupo de Trabajo sobre el EPU.

Además se anuncia la creación de un Portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994.

Dicha plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.

El gobierno mexicano también se compromete a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.

Otro tema que se atenderá será el de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, así como la promoción transversal de la perspectiva de género, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

* Fuente: ANIMAL POLÍTICO


Gestión de AMLO ha liberado a 22 pres@s polític@s

Por Fabiola Martínez

Ciudad de México. Durante el actual sexenio han sido liberado «22 presos políticos», informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. La dependencia, precisó, ha recibido 368 solicitudes de revisión de casos de posibles presos políticos.

El funcionario destacó el caso de los presos políticos de Tlanixco, en cumplimiento con las opiniones emitidas por diversos organismos de Naciones Unidas.

En un reporte de los primeros 100 días de gobierno, señaló que el respeto a la dignidad y los derechos humanos es el nuevo eje de la política del nuevo gobierno.

El reporte precisa, en relación a los defensores de derechos y periodistas, que actualmente se da protección a 831 personas (298 periodistas y el resto defensores).

Del área migratoria, el subsecretario Encinas reportó que durante enero y febrero pasado se registraron 7 mil 941 solicitudes de refugio, la mayoría de Honduras y Venezuela; le sigue El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En ese bimestre se concluyó el procedimiento en favor de 497 personas.

Respecto de la búsqueda de personas desaparecidas señaló que en coordinación con los familiares de las víctimas de desaparición forzada se ha establecido mesa de diálogo y trabajo en diversas partes del país «concluyendo en una primera fase, con la elaboración del programa de implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas (y la) cometida por particulares, además del sistema nacional de búsqueda y del Instituto Nacional Forense».

Precisó que a la fecha hay 13 comisiones locales estatales instaladas (de 32 entidades).

Del caso Ayotzinapa recordó que el 3 de diciembre el Presidente de la República firmó el decreto por el que se instruyó la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Hasta el momento se han realizado dos sesiones ordinarias y se firmó el convenio de atención médica por parte del Estado mexicano a los familiares de las víctimas.

Se ratificó además el compromiso con el fiscal general Alejandro Gertz de crear la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y está por concretarse la cooperación internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

* Fuente: LA JORNADA

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