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Argentina. Resumen gremial y social. Todo el arco sindical se movilizará el 4 de abril/ Acampe en las puertas de los grandes hipermercados/ FATE ahora amenaza con cerrar y despedir a sus 2 mil empleados/ Jueves 14M Asamblea de los Movimientos Populares/ Conciliación obligatoria en el conflicto de aeronavegantes/ Trabajadores de PedidosYa convocan a movilizarse … (Más información)
Resumen Latinoamericano/ 12 de marzo 2019.- Una sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal y Agencias.
Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com
Todo el arco sindical se movilizará el 4 de abril
La CGT, CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores, los movimientos sociales y agrupaciones de PYMES movilizarán contra la política económica del gobierno.
Por Agustín Alvarez Rey
La unidad de acción de los sindicatos se pondrá de manifiesto una vez más el próximo 4 de abril cuando los gremios alineados tras la CGT, la Corriente Federal, el Moyanismo, y la CTA que conduce Hugo Yasky movilicen junto a las PYMES para manifestar su rechazo a las políticas económicas del gobierno que conduce Mauricio Macri.
La movilización, que también contará con las presencia de los movimientos sociales, será – según proyectan los organizadores- la más nutrida de los últimos tres años. Así lo garantizarían la participación de los gremios enrolados bajo distintas siglas.
La actividad que compartirán los sindicatos, los actores de la economía popular y las PyMES se comenzó a gestar hace una semana en un encuentro que mantuvieron dirigentes gremiales y empresarios y se terminó de sellar ayer durante un encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y del que participaron el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer; el titular de la federación de Alimentación, Rodolfo Daer; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; Pablo Biró, de Pilotos (APLA); Hugo Yasky, de la CTA; Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica; Sergio Palazzo, de la Bancaria; Horacio Ghilini, de Sadop; Walter Correa, de Curtidores; Omar Plaini, de Canillitas; Víctor Santa María, de encargados de edificios; el aeronáutico Edgardo Llano (APA); Sergio Sánchez, de Peajes, y Vanesa Siley, judiciales, entre tantos otros.
La unidad sellada por los sindicatos de cara a la movilización de abril tiene su lógico correlato electoral. Por eso durante en el encuentro los discursos subrayaron la necesidad de triunfar en las elecciones presidenciales e instaron a trabajar para alcanzar la unidad del peronismo y del movimiento obrero.
En ese marco, luego de la marcha los dirigentes sindicales deberán enfrentar el debate sobre la posibilidad de realizarle un quinto paro general al gobierno de Mauricio Macri.
Acampe en las puertas de los grandes hipermercados
“Macri: ¿y la pobreza 0?”. Es lo que se preguntan organizaciones sociales que anunciaron un acampe en las puertas de los hipermercados en 14 provincias del país para el próximo jueves 14 de marzo. Exigen trabajo, aumento salarial y un plan de emergencia para revertir las graves consecuencias sociales del ajuste. “Lejos de la prometida pobreza cero anunciada por Macri, en los barrios populares se acrecienta la marginación y la miseria, con salarios que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, tarifazos y despidos que condenan a millones de trabajadores y trabajadoras a la lucha cotidiana por llevar un plato de comida a la mesa”, denuncian.
Difundimos convocatoria:
Acampe en las puertas de los hipermercados en 14 provincias del país
Exigimos trabajo, aumento salarial y plan de emergencia para revertir las graves consecuencias sociales del ajuste que golpea a la clase trabajadora
Frente al aumento de la pobreza, la desocupación, el desplome de nuestros salarios y una inflación descomunal, acampamos en las puertas de los grandes supermercados. La gravísima crisis que vive el país como resultado de la actual política económica, arroja diariamente a miles y miles de familias a la supervivencia, mientras continua el saqueo y se favorecen a los sectores concentrados.
Lejos de la prometida pobreza cero anunciada por Macri, en los barrios populares se acrecienta la marginación y la miseria, con salarios que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, tarifazos y despidos que condenan a millones de trabajadores y trabajadoras a la lucha cotidiana por llevar un plato de comida a la mesa.
Es por eso que los movimientos sociales, nos movilizaremos y acamparemos en las puertas de las grandes cadenas de supermercados a partir del día jueves 14 de marzo, en 14 provincias del país.
Exigimos trabajo, aumento salarial y plan de emergencia para revertir las graves consecuencias sociales del ajuste que golpea a la clase trabajadora.
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – MTD Aníbal Verón – MRP – Frente Arde Rojo – MTR por la Democracia Directa – Cooperativa de Producción Agroecológica – COPA
CONTACTOS
Marianela Navarro (vocera FOL) 1555847642
Juan Pablo Nocelli (vocero del MTD Aníbal Verón) 1151343073
Ezequiel Gamarra (vocero del MRP) 1163039613
Tomás Santorsola (vocero del FAR) 1122954307
“En los barrios se acrecienta la marginación y la miseria”, denunciaron organizaciones sociales
Acampes en hipermercados
Imagen: Noticias Argentinas
Por Laura Vales 12 marzo 2019
El escenario electoral tensa la relación entre el gobierno las organizaciones sociales. Este jueves, los Cayetanos con otras agrupaciones como el Frente Darío Santillán van a volver a la calle con ollas populares. El Frente de Organizaciones en Lucha anunció a su vez acampes en la puerta de los hipermercados. Es que en plena crisis por la suba de los precios, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley avanzó en la revisión de los beneficiarios de programas sociales. Hay movimientos que plantean que cientos de sus integrantes dejaron de percibir programas como el Hacemos Futuro. Otros no fueron tan afectados, pero denuncian que ante la gravedad de la crisis faltan respuestas de fondo.
La jornada de protesta va a estar acompañada de cortes en los accesos de la ciudad. En cuanto a los reclamos en los supermercados, la lista de los lugares de concentración se estaba definiendo en estas horas.
A fines de febrero, el diario La Nación publicó que Desarrollo Social había suspendido en el mes a 12.000 beneficiarios que no presentaron los certificados de estudios requeridos como contraprestación del programa Hacemos Futuro, que reemplazó al Trabajar. Luego el secretario de Economía Social, Matías Kelly, habló con otro medio de un endurecimiento de los controles. La medida sería un contrapeso del recientemente anunciado aumento del 46 por ciento en la Asignación Universal por Hijo: un modo de desactivar la protesta callejera por una doble vía de llevar recursos a través de AUH -un ingreso de carácter universal-, achicando los que llegan a los barrios por presión de las movilizaciones.
No todas las organizaciones sociales fueron tocadas por los controles de la misma manera. En las más chicas, como el Frente Darío Santillán y el FOL, hablan de muchos afectados. “Es una situación desesperante porque, aunque logramos presentar los certificados de estudio, el ministerio está demorando dos meses en volver a dar un alta. Y esto pasa en momentos en que hay dificultades para comer” dijeron, Marianela Navarro, del FOL. “Nosotros estamos de acuerdo con que la educación abre caminos: tanto que tenemos incluso bachilleratos populares. El tema es que el gobierno parece no tener idea de cuál es la gravedad del hambre. Hay gente a la que no pueden dejarla sin cobrar dos meses sin que sufran consecuencias en su salud”.
Hace diez días otro sector de los movimientos sociales, el Barrios de Pie que lidera Silvia Saravia (escindida del grupo de los Cayetanos), también denunció fuertes recortes en la asistencia de Desarrollo Social.
En el triunvirato, donde están las organizaciones con más espalda, no fueron relatadas situaciones tan duras. Pero sí advirtieron que las dificultades para comer siguen estando agravadas por la inflación. “Lo que queremos discutir con este gobierno y con el que venga es que en este sistema no hay salida para millones de personas”, dijo Esteban Castro, de la CTEP, al confirmar la jornada del jueves. “En la mayor parte de la dirigencia política está la idea de que vamos a recuperar el pleno empleo, como en los ’70. Pero eso, el mundo de precarización laboral en el que vivimos hoy, no es algo que vaya a pasar”.
CTEP, la CCC y el Barrios de Pie que conduce Daniel Menéndez se movilizan así con el planteo de que el gobierno responda el pedido de emergencia social, el de emergencia en adicciones y destine parte de la obra pública a generar trabajo genuino para las cooperativas sociales.
“El gobierno nos va a dejar el hambre como herencia. Esto es lo que no podemos permitir, es un límite que no puede traspasarse”, señaló en este sentido Menéndez. La jornada de protesta de los grandes movimientos va a consistir centralmente en la instalación de las ollas populares, con cortes en los accesos en las principales ciudades del país.
Fuentes del ministerio consultadas por Página/12 aseguraron que la política de altas y bajas de los planes tuvo hubo cambios. “Los controles se hacen desde febrero de 2018 y se mantienen desde entonces”, aseguró un vocero de la cartera. El consultado desmintió incluso que haya habido variaciones en la cantidad de bajas, y consideró infundada el número de 12 mil beneficiarios menos.
El Programa Hacemos Futuro es de 6 mil pesos. Reemplazó al Trabajar, que durante los gobiernos kirchneristas planteaba contraprestaciones de carácter productivo, en emprendimientos para la generación de ingresos dentro de la economía popular-. Con Cambiemos, este programa fue traspasado desde el ministerio de Trabajo a la órbita de Desarrollo Social, y su carácter modificado. La contraprestación pasó a ser educativa, y sus beneficiarios deben acreditar que estudian.
El año electoral vuelve más ríspida la relación entre las organizaciones sociales y el gobierno. Cambiemos desempolva uno de sus recursos de marketing político empáticos para la clase media, el de mostrarse como la fuerza capaz de poner a los pobres en su lugar. De paso, con un discurso que los responsabiliza de estar sin trabajo por no haberse educado. Pobre es el que no estudió, dicen esos gestos oficiales. Para los movimientos, en contrapartida, se vuelve más imperioso instalar sus reclamos en la agenda política: que haya registro más real del tejido social dañado, que se debatan medidas para impulsar la economía social y al estado como sostén del trabajo cooperativo.
FATE ahora amenaza con cerrar y despedir a sus 2 mil empleados
Luego de que le aceptaran el preventivo de crisis, la firma advierte que si no despide a 440 empleados podría cerrar. Culpa a la caída del mercado interno y la competencia desleal de importaciones.
El viernes pasado el Ministerio de Producción y Trabajo confirmó la apertura formal del procedimiento preventivo de crisis (PPC) de Fate, el principal fabricante de neumáticos del país que emplea a 1.650 personas bajo convenio colectivo, sobre un total de 2.000 empleados directos.
En una carta enviada al ministerio que conduce Dante Sica, que dio a conocer Infobae, la empresa habla de una “gravísima situación” y de una “preocupante falta de diálogo y respuestas que permita avanzar hacia una solución sustentable” por parte de las autoridades.
Además, la empresa amenaza con cesar sus actividades y comunica que están en peligro todos sus puestos de trabajo, en lugar de los 440 que había pedido desprenderse cuando inició el PPC.
“Entendemos que se encuentra en inminente peligro la actividad de una empresa y el empleo de muchos trabajadores. El cambio de reglas de juego (eliminación de reintegros, imposición de derechos de exportación, elevadísimas tasas de interés, fuertes adelantos de pagos tributarios no aplicados) no ha podido ni podrá ser compensado con las innumerables mejoras de gestión ya aplicadas. De esta manera nos vemos impedidos de mantener nuestra tradición exportadora que ha sido, hasta ahora, la manera de compensar la reducción del mercado interno y la competencia desleal de importaciones que lo han erosionado”, detalla la carta.
La empresa del Grupo Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar y la represa hidroeléctrica Futaleufú, pide que el Gobierno consulte a “especialistas económicos que representen distintos enfoques o ideologías” sobre la real situación que atraviesa el sector y la propia firma.
A la hora de expresar los motivos que la llevaron a esta situación, Fate asegura que el Gobierno nunca entendió “el carácter múltiple ó combinado de causas que llevaron a la empresa a esta situación de crisis”.
“Debe afirmarse que una de las grandes causas subyacentes del problema se centran en la pérdida de productividad y el elevado costo real del factor laboral. La otra causa principal se explica por el esquema de medidas financieras (elevadas tasas de interés) y tributarias (imposición de derechos de exportación y eliminación de reintegros) que comenzaron a regir hacia el último trimestre del año 2018″, expresó.
Otros conceptos mencionados en la misiva son el “incomprensible sesgo hacia una sobrecarga tributaria punitiva sobre la exportación” y la solicitud de una “solución racional”.
Para avanzar en las negociaciones, ahora bajo amenaza, el miércoles hay una reunión pautada entre el ministerio, la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).
Desde el gremio, en tanto, se quejan de que la empresa pretende flexibilizar a los trabajadores invocando falta de productividad y de eficiencia. “Intenta decir que se debe a la falta de voluntad de los trabajadores… Sin embargo, es un hecho objetivo que, aún usando sus términos Productividad y Eficiencia, la historia indica, y es el ABC de la economía, que su mejora se logra fundamentalmente con una inversión en tecnología, incorporando nuevos equipos”, detallaron en un comunicado.
“En todo su desarrollo del plan para salir de la crisis, la patronal no habla, ni en un solo renglón, de qué inversiones realizará para cambiar sus añosas máquinas que funcionan sólo gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores. Esto es como si en el campo de al lado se compró un tractor y para compensarlo se pide que laburemos las 24 horas arando con bueyes”, agregó el gremio.
Asamblea de los Movimientos Populares, este jueves 14
Los Movimientos Populares realizarán ollas populares y una asamblea este jueves 14 de marzo a las 10 hs. en el obelisco para seguir definiendo el plan de lucha por la paritaria social y luego se dirigirán a la Secretaría de Economía Social en 25 de Mayo 606, para repudiar la resolución que da de baja los monotributos sociales y deja sin asistencia médica a 60 mil trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.
La CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, continúan su plan de lucha para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. A esto se suma ahora el repudio a la resolución del secretario de Economía Social, Matías Kelly, que da de baja 60 mil monotributos sociales y deja sin cobertura médica a todos estos trabajadores y trabajadoras, interrumpiendo tratamientos de personas con enfermedades terminales entre otros casos.
En un contexto donde la inflación significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días, donde se vive una grave situación social y laboral que debería ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado, el estado sigue quitando derechos. Por esto los Movimientos Populares reclamarán una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte.
Este año se insistirá también con la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones. Y con la designación del presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares, que fue aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma. También se pedirá poner en agenda legislativa la Ley de Independencia Económica y Habitacional para víctimas de violencia de género.
La mitad de la industria argentina está paralizada
Según el Indec la utilización de la capacidad instalada cayó al 56,2 por ciento
El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos da cuenta de los estragos de la política económica de la alianza gobernante. En el caso de la industria automotriz la caída llega al 15,7 por ciento. La secunda el sector textil, con una utilización del 31,4 por ciento de sus recursos. La caída del consumo, las elevadas tasas de interés y la apertura de las importaciones explican el fenómeno.
Por Javier Lewkowicz
Imagen: NA
La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera se ubicó en enero en apenas un 56,2 por ciento, informó el Indec. Esto implica que la producción industrial podría atenderse prácticamente con la mitad de las plantas, máquinas y personal actuales. Es el dato más bajo de la serie de diez años que publica el Indec en su página web.
En enero, los peores niveles de utilización se registraron en el sector automotor, textil, metalmecánica y caucho y plástico. Como las empresas no venden por el desplome del poder adquisitivo, no tienen incentivos para fabricar y en cambio se concentran en liquidar los stocks acumulados. El reordenamiento y achicamiento del esquema de trabajo en las plantas, que afecta a microemprendimientos y a pequeñas, medianas y grandes empresas, redunda en la política de despidos y suspensiones masivas de personal que se anuncian a diario y, en los rubros más comprometidos, quiebra y cierre de empresas.
El modelo económico de Cambiemos ataca a la industria nacional desde varios flancos. En primer lugar, la contención salarial frente a la inflación deprime el poder adquisitivo de los trabajadores y de toda la población en general, con el consiguiente impacto negativo en el consumo. Según los últimos datos de la CAME, en febrero las ventas minoristas medidas en cantidades tuvieron una caída del 11,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, y cerraron el 2018 con una merma acumulada del 6,9 por ciento. Junto con la baja del consumo, las altas tasas de interés vuelven atractiva cualquier tipo de opción financiera en contraposición con la actividad productiva, al tiempo que encarecieron los préstamos para capital de trabajo y para cambiar cheques. En tercer lugar, el Gobierno liberó restricciones para importar, lo cual redujo aún más el mercado interno disponible para la industria local, y la política tarifaria elevó costos fijos. El sector automotor registró un grado de utilización de la capacidad instalada del 15,7 por ciento, lo cual aumenta las suspensiones generalizadas que están llevando a la práctica casi todas las terminales instaladas. Entre los rubros de peor desempeño le sigue el textil, con una utilización del 31,4 por ciento. Los empresarios del sector advierten que en realidad ese dato es optimista, porque en los últimos años se produjo el cierre de muchas empresas que, en consecuencia, dejaron de contar como capacidad ociosa y mejoraron el indicador de utilización.
En el transcurso del día de ayer, tanto a la mañana como en horas de la tarde, una avioneta fumigadora pulverizó agrotóxicos en la zona donde están ubicadas las escuelas de Educación Primaria N° 4 y de Educación Secundaria Técnica N° 1 y barrios aledaños, aproximadamente en el Km. 78 de la ruta nacional 8, en Parada Robles.
Obviamente, al realizarse en horario escolar, las instituciones estaban llenas de niños, niñas, jóvenes y trabajadoras/es de la educación, quienes han sido envenenadas/os, registrándose afecciones en vías respiratorias, irritación en ojos, vómitos y malestar general en varios/as de ellos/as.
En ambos espacios educativos se han tenido que suspender las clases mientras la avioneta fumigaba y la misma también correrá, al menos, para el martes 12, ya que la deriva de la pulverización llegó hasta las mismísimas aulas. Es decir, que los químicos que no quedaron en los campos, llovieron literalmente sobre las cabezas de quienes estaban en las instituciones y en los barrios aledaños.
No queremos acostumbrarnos a que violen las pocas leyes que protegen de alguna manera a la población y al ambiente en general, pero más aún cuando hablamos de menores. En esta oportunidadpulverizaron en un campo que se encuentra a menos de 300 metros de las escuelas, incumpliendo la Ley provincial 10.699, que establece que no puede fumigarse por vía aérea a menos de dos kilómetros de centros poblados; y también la débil ordenanza municipal 101/12, que indica (solamente) que se debe informar previamente a las instituciones educativas ante cada fumigación que se vaya a realizar.
Tampoco nos acostumbraremos a callar, a mirar para otro lado, ante estos atropellos a los derechos humanos elementales por priorizar la búsqueda de ganancias económicas. No es la primera vez que ocurre en nuestro distrito, ni en el único lugar. Podemos afirmar que Exaltación de la Cruz es un pueblo fumigado y que no cuenta con casi ninguna protección de parte de los poderes ejecutivos municipal, provincial y nacional.
El Poder Judicial tampoco actúa, ya que, por ejemplo, aún no hay responsables en lo que respecta a la denuncia penal realizada en 2012 por casos similares que afectaron a la EES N°7 en Chenaut.
Lo mismo cabe para el Poder Legislativo, que no genera leyes ni ordenanzas que vayan a favor de las mayorías afectadas.
Exigimos al Estado en sus tres niveles y a los tres poderes que se revierta esta situación inmediatamente, que se proteja a las escuelas y los barrios afectados durante tantos años, y que se avance contundentemente en formas productivas -como la agroecología- que no contaminen el ambiente y que no enfermen ni maten a la población.
Firman
– Comunidad educativa de Parada Robles
– Vecinos/as de Parada Robles
– Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs por una Exaltación Saludable
– Multisectorial contra el Agronegocio – la 41
– Asociación Civil Pueblo Exaltación
No habrá paro: dictaron conciliación obligatoria en el conflicto de aeronavegantes
La medida de fuerza estaba anunciada para este miércoles en Austral, empresa del Grupo Aerolíneas Argentinas. Es en rechazo a los “cambios en el manual de operaciones que perjudica a los trabajadores y amenaza los empleos”.
No habrá paro: dictaron conciliación obligatoria en el conflicto de aeronavegantes
La medida de fuerza de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce el dirigente Juan Pablo Brey, para esste miércoles en Austral, empresa del Grupo Aerolíneas Argentinas, quedó suspendida tras que el Ministerio de Producción y Trabajo dictara hoy la conciliación obligatoria.
El gremio rechaza a los “cambios en el manual de operaciones que perjudica a los trabajadores y amenaza los empleos”.
Según la AAA, “la unilateral e inconsulta modificación del Manual de Operaciones de la Empresa (MOE), que avala la operación del Embraer con dos Tripulantes de cabina es rechazada por nuestro sindicato, porque hoy la tripulación mínima es de tres aeronavegantes por vuelo”.
Los gremialistas exigen a la compañía que deje sin efecto la modificación mencionada.
El gobierno porteño no quiere protestas en los colegios
Advierten que imputar a los padres es inconstitucional
La imputación de 43 padres por las tomas en ocho escuelas, ocurridas el año pasado, es “desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, señalaron expertos.
Imagen: Pablo Piovano
El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian, que imputó a 43 padres de chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado, argumentó que los progenitores son responsables por conocer las conductas de sus hijos y no haber impedido que tomaran las escuelas. Si un juez determina que cometieron una contravención, podrían llegar a pagar multas de hasta 10 mil pesos o ser obligados a realizar “trabajos de utilidad pública”. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), consideró que la imputación es “una aberración” y viola derechos constitucionales como la libertad de expresión.
“Es una medida absurda. Es desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, dijo Schulman a Página|12 y recordó que los adolescentes son “ciudadanos que tienen todos los derechos y un plus por ser menores de edad”, por lo que tienen derecho a expresarse libremente y manifestarse. “Es lo que dicen el Código Civil y la Constitución”, explicó.
La directora ejecutiva de Casacidn sostuvo que las tomas de colegios son las formas que tienen los adolescentes para manifestarse sobre temas que les competen. Los hijos de los padres imputados son alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña; la Escuela Normal Superior N°6 Vicente López y Planes; el Mariano Moreno; la Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken, y la Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes. Todos los establecimientos fueron tomadas durante los dos días previos al tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. “Los chicos salen a manifestarse o lo hacen dentro de la escuela, que es el lugar donde se desarrollan”. afirmó.
Según explicó el fiscal Rolero Santurian en una entrevista radial, “lo que se imputa es la comisión de una contravención” prevista en el artículo 57 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que será sancionado “quien impida u obstaculice intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o privados”.
El fiscal afirmó que durante las tomas de colegios fueron “damnificados” los alumnos que “habiendo querido participar normalmente del dictado de clases no pudieron hacerlo”.
Por su parte, Schulman señaló que las tomas son decisiones votadas por los alumnos en asambleas, y que no se puede culpar a los padres por las medidas tomadas. “Nadie es culpable por las acciones de otras personas”, aseguró y agregó que los adolescentes “pueden tomar una medida sobre algo que afecta sus propios intereses”. “No son de jardín de infantes, tienen capacidad para tomar algunas decisiones”, afirmó.
Debido a que los menores de 16 años no son punibles, Rolero Santurian dijo que imputó a los padres que sabían que sus hijos participaron de las tomas y “no realizaron ninguna conducta para impedir que sus hijos llevaran adelante esta conducta”. “Estas dos situaciones, el conocimiento y la falta de voluntad para llevar algo adelante, es lo que constituye el núcleo central de la imputación en materia penal”, manifestó el fiscal.
“Es una locura jurídica”, aseguró Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad, a este medio y explicó que, en materia penal, está prohibido “sancionar a alguien por el acto de otro”. Schulman se expresó en la misma línea y sostuvo que “los padres no son culpables por los hechos que han cometido sus hijos”. “No se puede tomar a los adolescentes como un objeto de sus padres”, afirmó.
Las imputaciones responden a la implementación del protocolo antitomas impulsado por el Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña. El protocolo establece que, en el caso de que los alumnos tomen un colegio, los directivos deben llamar a los padres y pedirles que retiren a sus hijos del establecimiento. Schulman opinó que las imputaciones forman parte de “un marco de políticas de seguridad represivas”. “Cada vez se reprimen más cosas y se culpa a la gente por lo que pasa en este Gobierno. Atacan a los chicos, que son los más vulnerables, a través de los padres. No tiene sentido”, afirmó.
Según Duacastella, en lugar de hacer uso de un “mecanismo disciplinario”, el Estado debería convocar a una mediación comunitaria prevista por la ley 3055. “Se involucra a toda la comunidad educativa y la solución beneficia a todos. Está prevista en una ley que no aplicaron y prefieren la sanción penal. Creo que antes de llegar al sistema penal, hay que agotar cualquiera de las otras vías”, opinó.
Los padres están citados el 18, 19 y 20 de marzo para comunicarles que están imputados. A partir de ese momento, deberán designar un abogado particular o pueden recibir la asistencia de la Defensa Pública.
Informe: Ludmila Ferrer
Trabajadores de PedidosYa convocan a movilizarse contra los despidos
Por ANRed.
Foto: La Izquierda Diario
La empresa de delivery PedidosYa despidió, sin causa o con causas inventadas, a 450 empleados. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores mantienen una ocupación pacifica en las oficinas que la firma tiene en Palermo. Denuncian que los despiden para precarizarlos aún más. Mañana, desde las 11:30 horas, se movilizarán hacia la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad exigiendo la reincorporación de las y los despedidos.
Foto: La Izquierda Diario
El martes 26 de febrero, los directivos de la compañía de delivery PedidosYa despidieron, sin causa y sin aviso, a 450 empleados. La modalidad del despido fue la de cambiar las contraseñas de los usuarios en la app que utilizan para trabajar. Estos 450 cesanteos se suman a otros despidos previos. Aquella tarde, ante el pedido de respuestas y la ausencia de los responsables, los trabajadores tomaron pacificamente las oficinas que la firma tiene en el barrio de Palermo. Al segundo día de toma, los trabajadores votaron delegados y comenzaron las acciones legales para exigir la presencia de los representantes de la empresa.
Consultado por ANRed, uno de los trabajadores despedidos manifestó: “los 450 despedidos fueron de manera arbitraria, tenemos casos de compañeros que estaban de licencia por ART y que se enteraron de esta novedad a partir de las acciones que llevamos a cabo. La empresa no dio ningún tipo de respuesta hasta el viernes pasado, por eso hicimos la medida de protesta, en la que ocupamos pacificamente las instalaciones. Es muy importante que nos puedan acompañar todas las organizaciones en la audiencia que tenemos mañana”.
Mediante un comunicado de prensa, las y los trabajadores despedidos manifestaron que: “Llegamos a esta medida luego de sufrir innumerables anomalías y abusos de todo tipo por parte de la empresa durante el transcurso de muchos meses. Ya sea desde la falta de entrega de indumentaria adecuada en tiempo y forma para realizar las tareas en las cuales nos desempeñamos a la intemperie sin estar a merced de las inclemencias del tiempo; hasta sistemáticas irregularidades en los haberes pagados a cada a uno de nosotros todos los meses, como deducciones arbitrarias en los pagos sin posibilidad alguna de reclamo”.
PedidosYa es una empresa uruguaya, creada en 2009, que conecta a más de 15 mil restaurantes en Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay. De acuerdo al comunicado de prensa, el motivo de los despidos tiene como “único objetivo de deshacerse en su totalidad de la fuerza laboral contratada formalmente para pasar a tener en su plantilla sólo a trabajadores prestando servicios bajo la modalidad de monotributo, como ya lo hacen sus competidoras Glovo y Rappi”. Modalidad por la cual, el trabajador no tiene derechos laborales ni cobertura frente a los accidentes que pudieran ocurrirle en su horario laboral.
De acuerdo a la versión de las y los trabajadores, en las dos semanas que lleva la toma pacífica, los directivos de la firma han “mostrado una actitud completamente intransigente al desconocer la medida llevada a cabo como forma de protesta”. Sin embargo, el pasado 8 de marzo han tenido que comparecer ante la audiencia de negociación dictada por la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. El próximo miércoles, desde las 11:30 horas, se desarrollará la segunda audiencia. Las y los trabajadores convocan a movilizarse en Bartolomé Mitre 575, para exigir la inmediata reincorporación de todos los despedidos.
Expreso Lomas: sin servicio por falta de colectivos
Por ANRed.
Desde esta mañana dejó de funcionar el servicio de la empresa Expreso Lomas, que involucra a las líneas 165, 112 y 243. De acuerdo a la versión de los choferes la prestación queda paralizada por “falta de unidades”. Preocupa el trabajo de más de 400 familias, así como también la continuidad de un servicio que transporta a 50 mil pasajeros diarios.
Foto: Agrupación La Loma
Los choferes de la empresa Expreso Lomas, que une la zona sur del conurbano bonaerense con el barrio porteño de Once, han anunciado esta mañana que sus tres líneas dejaron de funcionar “por falta de unidades”. El Expreso Lomas comprende las líneas 165, 112 y 243 y transporta diariamente a más de 50 mil usuarios.
Hace un año, los trabajadores paralizaron los servicios por la misma problemática: no contaban con colectivos ni con repuestos para repararlos. Luego de una puja empresarial, dirimida en la justicia, el grupo monopólico DOTA se quedó con la concesión de dicho recorrido. Sin embargo, al poco tiempo, los problemas se repitieron: volvieron a faltar los colectivos para garantizar el servicio.
Mediante un comunicado de prensa, los choferes manifestaron que: “veníamos circulando con el Ramal 1 (Monte Grande-Plaza Once) pero solo hasta estación Lanús. Se nos fueron rompiendo las unidades y no se pudieron reparar. Apelamos a la solidaridad para que se termine este conflicto, por la fuente de trabajo de 400 familias y por un servicio digno”.
Hasta el momento ninguna autoridad competente ha dado solución al conflicto que deja sin trabajo a 400 familias y sin servicio a más de 50 mil pasajeros. Los choferes se mantienen en estado de asamblea permanente en el predio que la empresa tiene en Esteban Echeverria. Solicitan la más amplia difusión y la solidaridad del público usuario.
Banco Macro pidió la quiebra de Molino Cañuelas y hay 3 mil empleos en riesgo
Cañuelas tiene más del 80% del mercado argentino de las harinas que se producen en 21 plantas industriales, donde emplea a unas 3.000 personas. La deuda acumulada supera los u$s1.350 millones.
La crisis económica sigue golpeando fuerte a la compañía alimenticia Molino Cañuelas. El Banco Macro, uno de sus acreedores, pidió la quiebra de la empresa de la familia Navilli.
La deuda que tiene es de u$s10 millones mientras que la acumulada con otros bancos y entidades financieras internacionales, es superior a los u$s1.350 millones.
La situación de la compañía es comprometida. El primer balance trimestral del año pasado arrojó una pérdida de 1.809 millones de pesos; en el siguiente, el rojo llegó a 2.688 millones de pesos.
Entre otros acreedores están el Banco Nación, con u$s55 millones; Banco Galicia, con u$s38,5 millones; HSBC, con u$s 45 millones; Santander Río, con u$s36 millones; Banco Provincia de Buenos Aires, con u$s34 millones y BBVA Banco Francés, con u$s24,5 millones.
Semanas atrás, Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos (Cagsa) habían anunciado un acuerdo con el Comité de Acreedores para hacer frente a su deuda.
Entre otros acreedores se encuentran Rabobank, la Corporación Financiera Internacional (CFI) e ING, esta última con sede en Ámsterdam (Países Bajos).
Según el comunicado de la empresa que pertenece a Aldo Navilli, el acuerdo estaba sujeto a la presentación de la documentación definitiva y a la aprobación de cada entidad financiera. “Las partes esperan completar la documentación definitiva en los próximos meses”, resaltó.
Cañuelas es uno de los principales productores de alimentos. Está especializado en la elaboración de harinas, aceites, galletitas, panificados, pre mezclas para pizzas y alimentos congelados, con marcas como Cañuelas, 9 de Oro, Pureza y Mamá Cocina. Actualmente tiene 21 plantas industriales en Argentina, Uruguay y Brasil y exporta a más de 60 países.
En el país, tiene más del 80% del mercado de las harinas que se producen en 21 plantas industriales, donde emplea a unas 3.000 personas.
“Todavía no pasó lo peor de este Gobierno”
Para el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, “Todavía no pasó lo peor de este Gobierno porque en la economía, la inercia de las medidas que se toman, profundizan la caída de las fuentes de trabajo”.
El diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, destacó que “todavía no pasó lo peor de este Gobierno” al referirse a la situación económica de la gestión macrista y dijo que se están generando condiciones para una crisis todavía más profunda.
“Todavía no pasó lo peor de este Gobierno porque en la economía, la inercia de las medidas que se toman, profundizan la caída de las fuentes de trabajo. Si generan condiciones para generar más recesión e inflación, vas a ir más a lo profundo de la crisis”, señaló Yasky en declaraciones radiales a FM La Patriada.
El gremialista también manifestó que se “está trabajando en una marcha por la defensa de los puestos de trabajo, de la producción nacional, de la paritaria libre y contra los tarifazos”.
Además se refirió al encuentro que se llevó a cabo este lunes en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Allí estuvieron el propio Yasky; el referente de Camioneros, Pablo Moyano; Héctor Daer, por la CGT; y el bancario Sergio Palazzo, entre otros casi 50 representantes gremiales.
En ese encuentro, trataron temas como la inflación, los despidos y la situación de los trabajadores. En ese sentido, Yasky dijo que “el salario en la Argentina se ha desplomado” y que se perdió “un 15 por ciento del poder adquisitivo en un solo año”.
Y agregó: “Esa combinación hizo que 9.000 pymes desaparezcan en todo el país y que grandes empresas, que iban a formar parte de la lluvia de inversiones, se vayan”.
En tanto, el diputado de Unidad Ciudadana sacó pecho al destacar que si no hubiesen realizado las marchas que hicieron durante el gobierno macrista, este país “sería un infierno para los trabajadores”.
“Nos entretienen con juicios y denuncias y cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar todos llorando”
El titular de SMATA, Ricardo Pignanelli, reclamó “una medida de fuerza con continuidad” por la grave situación económica y advirtió: “nos entretienen con juicios y denuncias y cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar todos llorando”.
El secretario general del gremio de mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli, reclamó al movimiento obrero “una medida de fuerza con continuidad” por la gravedad de la situación económico que está arrasando con la actividad industrial
“El paro para que dé resultado tiene que tener continuidad, sino es una medida de olla a presión, pero guarda que la olla puede reventar”, explicó Pignanelli en diálogo con FM La Patriada. Luego indicó: “Acompañar o no la movilización de la CGT en abril es una decisión que aún tenemos que tomar entre todos”.
Sin embargo, una de las cabezas del Frente Sindical para el Modelo Nacional aseguró: “La sociedad no está preparada para una medida como la que tenemos que hacer”. En ese sentido argumentó que “hay que poner una medida de fuerza con continuidad”.
Sobre la crisis en su sector, recordó: “Nosotros llevamos perdidos 90 mil afiliados y tenemos 4 mil en suspensión. La resistencia interna la hicimos, pero con eso no alcanza”.
Rspecto de los recientes despidos en Metalpar apuntó al Gobierno por la falta de interés en proteger los puestos de trabajo: “Con la fábrica de carrocería de Metalpar, que hacía 12 unidades por día, habíamos llegado a tener un compromiso global”. Sin embargo, “lo único que faltaba era que los bancos dan préstamos con una tasa coherente, y ahora Metalpar se está yendo del país”.
“Este modelo tiene un final anunciado”, analizó y denunció: “Cualquier perspectiva que tengamos para adelante, si no tenemos mercado se reducen al 50%”. Y concluyó: “Nos entretienen con juicios y denuncias y cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar todos llorando”.
Lácteos Verónica pidió preventivo de crisis y hay temor por sus más de 600 empleos
La fabricante de productos lácteos Verónica pidió ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Tiene 3 plantas que trabajan a menos del 40%. Sus casi 700 empleados, además, empezarán a cobrar sus salarios en cuotas.
La fabricante de productos lácteos Verónica pidió ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y se sumó así a la ola de industrias que se presentaron a la cartera laboral para abrir el expediente que, en la práctica, habilita fuertes reestructuraciones del personal.
La firma con tres plantas industriales y sede central en Lehman, provincia de Santa Fe, trabaja a un ritmo algo superior al 30 por ciento de su capacidad instalada, según informó el sitio edairynews.
Con casi 700 trabajadores, la compañía tiene capacidad para procesar 600 mil litros diarios, pero hoy trabaja a un ritmo de 200 mil litros, según el sitio.
De hecho, la planta de leche en polvo, donde trabajan 30 personas, funciona cada 15 días por la caída de la demanda del mercado interno.
Por ahora, sus directivos descartaron que la intención sea reducir el plantel. Pero la apertura del PPC a las autoridades santafesinas implicará negociar una reducción en los niveles de producción.
Por otra parte, la empresa le informó a sus empleados que los sueldos se iban a pagar en tres veces, medida que ya está implementando.
Los pilotos no volarán los 5 aviones Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas por falta de garantías
Luego de que esas aeronaves se accidentaran en Etiopía e Indonesia, el gremio de pilotos resolvió no tomar esos vuelos. Se trata de 5 aviones de Aerolíneas Argentinas que no despegarán hasta que haya garantías.
Los pilotos de Aerolíneas Argentinas decidieron no tomar servicio en los aviones Boeing 737-8 Max hasta tanto las autoridades gubernamentales y la compañía confirmen la seguridad de las operaciones de esa aeronave, similar a la de la empresa Ethiopyan que se accidentó causando la muerte de 157 personas.
En un comunicado, la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas (APLA) señaló que en atención a los “dos recientes accidentes de aviones Boeing 737 MAX ” pidieron hoy “tanto a la ANAC como a Aerolíneas Argentinas medidas preventivas que garanticen la seguridad de las tripulaciones (pilotos y TCPs) y de los pasajeros”.
“Lamentablemente, pese a la premura del caso -dice el comunicado difundido- hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna de parte de las mismas”.
Y agrega: “En virtud de lo expuesto, desde APLA hemos dado mandato gremial a los pilotos de Aerolíneas Argentinas de NO tomar servicio en vuelos operados con Boeing 737 MAX”, y aclaró que “los vuelos en curso se completan y regresan a base”.
La entidad consideró que “las decisiones adoptadas por otras líneas aéreas que han suspendido de momento las operaciones en Boeing 737 MAX y la indefinición de parte de esa compañía o de otros organismos de regulación determinan, con carácter preventivo, la exigencia de evitar los factores de riesgo que se desprenderían de los accidentes ocurridos”.
“El presente mandato se formula hasta tanto recibamos por parte de ARSA, o en su caso la ANAC, la información y garantías suficientes de la inexistencia de riesgo alguno en las operaciones con dichas aeronaves”, expresó APLA tras la caída del avión a minutos de haber despegado de Adis Abeba, la capital de Etiopía.
El proyecto de emergencia laboral listo para avanzar en Diputados
La iniciativa impulsada por los diputados de extracción sindical llegará a la comisión del Trabajo y la oposición confía en lograr su sanción. Implicaría doble indemnización por despido injustificado.
La ley antidespidos, en su segunda versión, buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados. Es que se espera que llegue a la comisión del Trabajo y los principales promotores del borrador se entusiasman con una posible aprobación.
El proyecto de ley tiene respaldo de las centrales obreras y fue presentado por diputados de extracción gremial como Hugo Yasky, Facundo Moyano, Walter Correa, Abel Furlán, Vanesa Siley y Pablo Carro.
“El tiempo demostró que mintieron con su promesa de generar empleo genuino. No solo eso: la situación en el mundo laboral empeoró al punto que ya ni existe el Ministerio de Trabajo en nuestro país”, alertó Siley.
En concreto, la iniciativa es una réplica de la que fuera presentada hace tres años y que establece entre otras cuestiones: la declaración por un período de 180 días de la emergencia pública en materia ocupacional tanto en el ámbito estatal como privado; la prohibición de despedir sin causa; y en caso de concretarse la desvinculación, los dependientes afectados podrán optar por accionar judicialmente en reclamo de su reinstalación en el puesto o a recibir el doble de las indemnizaciones por despido sin causa previstas por ley que le correspondieran.
Además se dispone la continuidad automática de los trabajadores estatales contratados por 180 días en iguales condiciones a las que se incorporaron a la plantilla estatal y se establece además que se renovarán de manera automática los contratos laborales (públicos o privados) que venzan durante el período de emergencia, hasta su fin.
El diputado Sergio Ziliotto, candidato a gobernador de La Pampa del peronismo y titular de la comisión de Legislación del Trabajo, se convertirá en una figura clave. Es que es la persona que podría agilizar su tratamiento para que llegue lo más pronto posible al recinto o demorarla.
El proyecto se aprobó en 2016, luego de una multitudinaria movilización de todo el arco gremial para empujarlo, pero el presidente lo vetó. Habrá que ver si el rumbo que sigue 3 años más tarde es similar o si el Gobierno logra frenarlo antes.
Gremios de prensa repudiaron el espionaje a periodistas
Los gremios de periodistas de todo el país le exigigieron al Gobierno garantías para ejercer su trabajo y se preguntaron si “las redacciones están siendo infiltradas por agentes de servicios de inteligencia”.
La Mesa Nacional de Trabajdores de Prensa, integrada por las federaciones y sindicatos de prensa de todo el país, exigió que se avance en una rápida investigación que permita identificar y castigar a los responsables de las acciones de espionaje ilegal sobre periodistas.
“La situación ya es de una enorme gravedad. Hasta el momento el expediente judicial que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla encontró informes de “inteligencia” sobre la periodista Romina Mangel, y sobre los periodistas Alejandro Fantino y Maximiliano Montenegro”, señaló el comunicado de prensa de las entidades gremiales.
“Dichos informes estaban en poder de una persona con públicas vinculaciones con el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. Al ser detenido por la Justicia, afirmó que actuaba contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno nacional. También se encontraron credenciales pertenecientes a agencias de seguridad y espionaje del gobierno de Estados Unidos”, remarcaron.
Los representantes de los trabajadores de prensa, explicitaron que “Ante esta grave situación nos preguntamos hasta donde se extiende el espionaje sobre los periodistas argentinos y si nuevamente las redacciones informativas están siendo infiltradas por agentes de servicios de inteligencia”.
“La existencia de una red de espionaje e infiltración contra los trabajadorxs de prensa argentinos es un grave hecho que atenta contra el ejercicio de nuestro trabajo. Pero además afecta al conjunto de la población que necesita información no contaminada por operaciones de servicios de inteligencia. En nuestro país ya existen antecedentes de estas prácticas con consecuencias nefastas para el país, la democracia y el periodismo”, agregaron.
Por último alentaron a la Justicia Federal que investigue y le exigieron al gobierno argentino que se brinden las garantías necesarias para el libre ejercicio del trabajo de informar.
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