Paraguay. Criminal desalojo en terreno público de la Copaco en Luque

Resumen Latinoamericano / 7 de marzo de 2019

Gaseando a niños, mujeres y ancianos, prendiendo fuego a viviendas y pertenencias de los ocupantes, unos 2 mil policías cometieron un criminal desalojo en el asentamiento 12 de Junio de Luque.

Heridos de diversa gravedad se registraron y un número no determinado de ocupantes fueron detenidos por la policía. Se destacó el caso de un agente que perdió un ojo como resultado de una mala explosión de uno de los artefactos explosivos que detonó durante la intervención. También la golpiza que recibiera el reportero gráfico Raúl Cañete del diario Ultima Hora y algunos cronistas de radio.

A mediados del 2018, unas 700 familias, aproximadamente 2.100 personas, habían protagonizado la toma de un terreno en parte de las 68 hectáreas que tiene la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en Luque que va desde la tercera compañía de Isla Bogado hasta la cuarta compañía de Cañada San Rafael, en la zona conocida como Ranchito.

“Nosotros ya le advertimos a ellos que tenían que salir del lugar, la Policía tiene la facultad de aprehender en caso de flagrancia”, justificó la fiscal Fátima Villasboa que supervisó el violento accionar de la fuerza de seguridad.

Según la abogada especialista en derechos humanos, Milena Pereira Fukuoka, “los desalojos forzosos son graves violaciones de derechos humanos. Son actos ilegales y quienes los ordenan y los ejecutan deben ser sancionados”.

El reportero gráfico Raúl Cañete, cobardemente agredido por la policía.

Agregó que “las personas víctimas de desalojos forzosos tienen derecho a la reparación y a la indemnización por los daños que han sufrido. El Estado no puede ordenar la quema de viviendas, bienes o cultivos de las familias, aun en el caso de que sean ocupantes precarias y que haya una orden de desalojo firme de juez civil. Tampoco puede lanzarlas a la calle sin ofrecerles alternativas”, recordó.

“Si el Estado desaloja a las familias aplicando el Plan de Acción Conjunta, que tiene un carácter inconstitucional porque atribuye a la fiscalía funciones jurisdiccionales, el hecho es un crimen”, destacó.

En concreto casas, muebles, ropas, electrodomésticos y demás pertenencias fueron quemadas en una maniobra de choque desigual y violento. “Los vecinos y vecinas resistieron armando barricadas, pero la disparidad de fuerzas resultó en que sean detenidos y/o heridos”, reportó RTV.

El episodio se suma al registrado en la semana en Ciudad del Este donde unas 538 familias fueron desalojadas de sus hogares ubicados en 19 hectáreas de tierra entre el km9 y km10 lado Monday.

Los vecinos denuncian que el título de propiedad no fue presentado ni verificado y el desalojo se habría realizado sin orden judicial firme como exige la ley.

Fuente E’a