En ese sentido, los 12 ambientalistas que permanecieron encarcelados desde hace una semana luego que se presentaron voluntariamente a los tribunales, serán dejados en libertad la mañana de este lunes, según se conoció.
Dese septiembre del 2018, cuando un grupo de pobladores instalaron un campamento en el sector conocido como Ceibita, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. El objetivo: proteger los ríos San Pedro y Guapinol de la explotación que realiza la Minera Inversiones Pinares.
La maratónica audiencia inicial que comenzó desde horas tempranas del domingo en los juzgados antiextorsión se extendió hasta la 1:00 de la madrugada de este lunes concluyó con el sobreseimiento definitivo lo que causó una gran algarabía en las afueras del tribunal por parte de compañeros y activistas de derechos humanos.
Los 12 campesinos fueron requeridos por el Ministerio Público acusados por una serie de delitos por oponerse a la instalación de una empresa minera en el río Guapinol de Tocoa, Colón.
Una de las defensoras legales de los 12 campesinos, aseguró que algunas pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron admitidas por el juez quien llegó al convencimiento que uno de los medios de prueba fue manipulada y por lo tanto estaba induciendo la acusación nominal contra los imputados.
Uno de los activistas de derechos humanos, manifestó que preocupa que el Ministerio Público construya pruebas porque en la audiencia presentaron una estructura criminal conocida como Guapinol y llevó como testigo a un agente de investigación que dentro de esa estructura colocó a una de las personas acusadas dos veces.
Al concluir la audiencia se conoció que el Ministerio Público apelará la determinación del juez pese a que dictó sobreseimiento definitivo a los acusados.
A las 12 personas el Ministerio Público los acusaba por los delitos de asociación ilícita porque supuestamente actuaron en grupo, además por portación ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado.
Los acusados son Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, José Esquivel, Juventino Cruz, Alí Domínguez, Juan Manuel Cruz, Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos George, José Cedillo y Lourdes Gómez.
El 22 de febrero de 2019, de manera voluntaria los imputados en el caso Guapinol se presentaron ante la justicia hondureña. Para la audiencia se nombró a un juez no competente para el caso, según los defensores legales de la comunidad. La audiencia se celebró en el tribunal de la Ceiba, Atlántida, pero ahora el caso fue trasladado a Tegucigalpa, a más de 400 Kilómetros de distancia, fuera del domicilio y jurisdicción de los imputados y del caso.
Los doce acusados fueron enviados a la cárcel de Támara, cercana a Tegucigalpa.
Según la Plataforma Agraria, el conflicto en Guapinol se origina “por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)”.
Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
La Plataforma Agraria le solicitó al juez Víctor Méndez que se respetara la inocencia de los 12 acusados, entre ellos una mujer, por defender la tierra y el agua, y que actué en base a la ley y la justicia, “no parcializado hacia los interés de Inversiones Pinares”.
fuente: Proceso digital
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