Los salarios tuvieron el año pasado un crecimiento promedio de solo 29,7%, que significó una pérdida de 18 puntos porcentuales respecto de la inflación, informó el INDEC.

El Indice de Salarios mostró en diciembre último una mejora del 1,9%, cuando la inflación en ese mes fue del 2,6%.

Los salarios registrados del sector privado crecieron en diciembre pasado, un 1,7%, los de la administración pública un 1,9% y ambos por debajo del indicador de costo de vida.

Por su parte, los sueldos promedio de los trabajadores en negro fueron los únicos que le ganaron a la inflación en diciembre pasado con una suba del 4,7%, aunque en la comparación interanual fueron los que más perdieron.

La mayoría de las negociaciones paritarias se ubicaron el año pasado por encima del promedio de crecimiento salarial del 29,7% que difundió hoy el INDEC, pero por debajo del alza de precios anual del 47,6%.

Muchas de esa negociaciones están en proceso de revisión y los gremios reclamarán una compensación por el poder adquisitivo perdido, cuando comience a discutirse en paritarias los salarios de este año.

El único gremio que logró superar el alza de precios fue el bancario que en enero cerró una mejora del 5% para los salarios del año pasado, que alcanzaron un aumento total del 50,4%.

Los que se situaron cerca de la inflación de precios fueron los judiciales, los empleados de comercio y el gremio de la Sanidad, con un 45% de mejora.

El gremio que enrola a los aceiteros había negociado el año pasado aumentos del 42,5%, al que le agregaron en enero una compensación del 23%, que regirá hasta marzo del año próximo y significará una mejora del 72%, desde el mismo mes de 2018.

El gremio de entidades deportivas y civiles (UTEDYC) logró el año pasado una mejora del 41%, el mismo porcentaje que consiguió el gremio de la Alimentación.

La UOM, que encabeza Antonio Caló, cerró para los metalúrgicos el año pasado una mejora salarial del 40,5%, mientras que los camioneros mejoraron sus salarios un 40,2 y los petroleros privados un 40%, en el mismo período.

Se trata de comercios de más de 20 años en el mercado que no soportaron la crisis. En el país son 28 mil los que bajaron las persianas desde 2016 y representan una pérdida de 20 mil puestos de trabajo.

Días atrás, la entidad publicó el informe nacional por el que se conoció que 28.000 kioscos, almacenes o polirrubros cerraron sus puertas durante esos tres años.

La principal causa, según explicó el directivo, es la fuerte caída del consumo y los altos costos de alquileres y tarifas de servicios.

“Las ventas han caído entre 30% y 50% en nuestros comercios, traccionadas principalmente por la baja de las primeras marcas -de alrededor de 45%-; si bien las segundas y las terceras marcas están creciendo con productos muy buenos, no alcanza para mantener la rentabilidad”, explicó Palacios.

Por otro lado, un comerciante ubicado en una avenida principal o en las arterias más transitadas de las ciudades debe destinar más de $50.000 en gastos de alquiler del local, energía y otros, según calculó el directivo. “El aumento de las tarifas de energía en los comercios promedia un gasto de $20.000 mensual, un alquiler de cifras similares (como piso porque los hay de más de $30.000 y hasta $55.000 en el caso de la Capital Federal) y otros gastos totaliza una suma que representa una cruda realidad para todo comerciante”, dijo.

“Si a esto se agrega la posible aprobación del aumento de gas, en Buenos Aires, de 35% según piden los gremios en paritarias, otros 10.000 kioscos, almacenes o polirrubos más van a cerrar sólo en 2019”, adelantó Palacios.

Lo afirmó Guillermo Moretti, uno de los vicepresidentes de la entidad industrial. “No sé a qué se refiere Macri cuando dice que estamos mejor que en 2015”, cuestionó el empresario.

“Si lo medimos por la inflación, este Gobierno ha fracasado en todos los aspectos. Los trabajadores son menos, la actividad económica es mucho menor y la apertura indiscriminada de importaciones nos hizo muy mal”, cuestionó el dirigente.

En declaraciones a FM La Patriada, Moretti señaló además que “el problema mayor es el modelo económico. Los anuncios que hacen desde el Gobierno son aspirinas para intentar curar un cáncer”.

A su criterio, “los anuncios se hacen con bombos y platillos, pero después, lo que le llega a la gente, es verdaderamente muy poco”.

“Por eso, no sé a qué se refiere el presidente (Mauricio Macri) con que estamos mejor que en 2015. Lo único que veo es que en el sector industrial hemos perdido 200.000 puestos de trabajo”, se quejó el empresario.

Y añadió: “tenemos que analizar cómo salir de la crisis. El Gobierno entiende que se necesita mayor oferta y nosotros creemos que con mayor demanda”.

Un grupo de empleados de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) presentó un pedido de informe al Ejecutivo ante la Legislatura neuquina para saber qué pasará con sus fuentes de trabajo y cuál será el destino de la empresa.

El pedido tuvo el acompañamiento de varios diputados y diputadas de distintos bloques, quienes reconocen el interés de saber qué pasará con esa empresa provincial que dejó de producir el 27 de mayo de 2017, consignó el portal local lmnuequen.

Pablo Sosa, delegado de los trabajadores comentó que saben que hubo varias reuniones en Buenos Aires con autoridades de la Ensi, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la subsecretaria de Energía Nuclear pero que no supieron los resultados de las mismas.

“Se habló de que podría haber una reconversión de la planta para que pasemos a hacer fertilizantes y queremos saber si se avanzó”, indicó el trabajador.

El año pasado hubo un decreto del gobierno provincial donde se habló de reactivar la planta y conservar las fuentes de trabajo pero aún los empleados no tienen certezas.

En coordinación con los estatales, los judiciales lanzaron un paro de 24 horas para el miércoles. Coincidirán también con la huelga docente. Una provincia inmóvil.

La medida de fuerza se realizará en conjunto con el resto de los gremios estatales de la provincia, que aun no comenzaron las negociaciones salariales.

Según informó la Asociación Judicial Bonaerenses (AJB), la medida fue dispuesta en el marco de la reunión de Comisión Directiva Provincial y Plenario de Secretarios Generales.

El sindicato sostuvo que la medida de fuerza obedece a “la ausencia de convocatoria por parte del Ejecutivo y ante las noticias que daban cuenta de una propuesta salarial insuficiente en la paritaria docente”.

“El gremio se encuentra sosteniendo conversaciones con otros sindicatos provinciales a fin de articular una movilización conjunta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese mismo día”, agregó la AJB.

El gremio reclama la urgente convocatoria a paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en 2018 y la aplicación de la cláusula gatillo para 2019.

También exige la conformación de una mesa técnica para acordar un proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial y otra donde se debata la restitución del sistema de enganche –con la Justicia Nacional- con porcentualidad salarial.

Pablo Abramovich, secretario general de la AJB afirmó que “el eje de la discusión paritaria no se limita exclusivamente al reclamo salarial, sino que también es necesario abordar con el Ejecutivo y la Suprema Corte el progresivo deterioro de las condiciones laborales –extensión de la jornada laboral y crisis de infraestructura edilicia- que perjudican la salud de las y los trabajadores judiciales”.

Los abogados de sindicatos sostienen que el Gobierno “extorsiona” a los gremios para incluir en los convenios cláusulas referidas al denominado “banco de horas” y la creación de fondos de cese que remplace las indemnizaciones.

“Vemos con alarma los intentos de injerencia en la voluntad de las partes que buscan imponer modalidades reñidas con el orden público laboral y la tutela efectiva de derechos”, explican apuntando directamente al Ministerio de Producción y Trabajo.

Los letrados sostienen que desde el inicio de la gestión de Dante Sica, la cartera insiste con “incluir en los convenios colectivos cláusulas referidas al denominado “banco de horas” y la creación de fondos de cese que remplace las obligaciones de los empleadores del pago de indemnizaciones al momento del despido incausado o arbitrario —al margen de la inconstitucionalidad que afectaría a tales institutos—”.

Pero eso no es todo. Sucede que los laboralistas acusan a Sica de “extorsionar a las entidades que representan a los trabajadores para imponer cláusulas peyorativas que el gobierno ha denominado eufemísticamente “reforma laboral sectorial” cuya prueba de ensayo comenzó sin éxito aun con los sindicatos metalúrgicos, textiles y de indumentaria”.

Por último apuntan a la degradación de la negociación colectiva, verificada en la sustancial caída en los acuerdos de partes homologados, y la “vocación intervencionista” de la gestión Cambiemos desde 2016, que ya tomó posesión de más de una decena de organizaciones gremiales.

Por el arrastre de los perdido en el 2018, las paritarias de los 4 mayores distritos del país fracasaron ayer. El ciclo lectivo llega con huelgas y protestas. Se espera, además, la definición a nivel nacional de CTERA.

Ene la provincia de Buenos Aires los maestros rechazaron una nueva oferta de aumento salarial que presentó el gobierno de María Eugenia Vidal y definirán entre hoy y el viernes si inician el ciclo lectivo previsto para el próximo miércoles 6 de marzo.

La propuesta presentada por el gobierno, en la reunión paritaria realizada en la sede del Ministerio de Economía en La Plata, consistió en un aumento de los salarios 2019 en base al índice de inflación y agregar un 5% adicional en diciembre. El problema es que en 2018 los docentes perdieron algo más de 15% frente al índice inflacionario.

La jefa de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, afirmó que la nueva oferta salarial “es inaceptable y fue rechazada categóricamente ya que no da respuestas al reclamo docente y además hay parte que no llega a los jubilados”.

Adelantó que “el viernes próximo tendremos un congreso y allí los docentes decidirán si empiezan las clases” y destacó que “la preocupación no debe ser el inicio, sino todos los días”.

Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, expresó que “no hay propuesta de aumento salarial, no compensamos la pérdida de 2018 y con suerte durante el 2019 salimos empatados con la inflación”.

El secretario de Udocba, Miguel Díaz, remarcó que “el año pasado tuvimos un aumento del 32 por ciento con una inflación del 47,6, es decir perdimos 15,6 puntos, y esos es comprobable, es algo científico”.

“Queríamos que el gobierno se sensibilice y nos devuelva lo que perdimos y nada; ofrecen un aumento sólo a los que están por debajo de la línea de salarios, los compañeros que recién empiezan, que tendrán un aumento real de 1.700 pesos; los que ganan 20 mil pesos van a ganar 600 pesos más; el que gana 30 mil, 900 pesos”, detalló.

En Santa Fe el sindicato de docentes públicos rechazó la propuesta salarial ofrecida en paritarias por el gobierno provincial, e inmediatamente decretó tres días de huelga para la próxima semana, por lo que el miércoles “no comenzarán las clases como estaba previsto”, informaron fuentes gremiales.

De esta manera, las clases no comenzarán en la provincia de Santa Fe el próximo miércoles 6, sino el lunes 11 de marzo.

El gobierno santafesino ofreció a los maestros un incremento salarial del 18 por ciento en dos tramos del 9 por ciento, a pagarse en marzo y agosto, y la aplicación de una cláusula gatillo a liquidarse en cualquier mes, de acuerdo a los índices de inflación.

La propuesta fue rechazada por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), cuyos dirigentes indicaron que “debe mejorarse la oferta que se hizo, que se recupere lo que se ha perdido y permita afrontar a los docentes el año”.

En tanto en Córdoba, los docentes públicos rechazaron ayer la oferta salarial del Gobierno de la provincia y, a partir de esa decisión adoptada en una asamblea, advirtieron que no comenzarán las clases programadas para el miércoles 6 de marzo.}

La Asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó por mayoría el incremento que ofreció el Gobierno local, para la franja entre febrero de 2019 y enero de 2020, que consistía en un 5 por ciento para febrero, y la aplicación de una cláusula gatillo mensual hasta junio, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El secretario de Prensa de la UEPC, Fabián Mazzola, precisó a los medios locales que los docentes votaron por mayoría por el “rechazo” a lo propuesto por el Gobierno, por lo tanto dijo que “las clases no van a comenzar”, y que “los docentes esperan una propuesta superadora”.

Por su parte, los gremios de docentes porteños se reunirán hoy con funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad en una mesa salarial que determinará si el ciclo lectivo comienza o no el próximo 6 de marzo, aunque ya Ademys anticipó que llevará adelante un paro por 72 horas entre el miércoles y el viernes de la semana que viene, por lo que habrá una huelga. Por lo tanto, en ese caso las clases recién comenzarían el lunes 11 de marzo.

Los docentes reclaman que se recompongan la pérdida del salario del año pasado. “Reclamamos que nos devuelvan el 15% perdido el año pasado y que este año haya cláusula gatillo. Ahora hay una cláusula de revisión semestral y una proyección de 23% para el año. No voy a discutir futuro. Voy a discutir los 15 puntos que se perdieron en 2018”, señaló el secretario General de UTE y Gremial de CTERA, Eduardo López.

En tanto, a nivel nacional, CTERA estudiará hoy si avanzan con una medida de fuerza que alcance a todos los colegios del país que todavía no acordaron paritarias.