Argentina. Niña violada y obligada a cesárea en Tucumán: Crónica de una tortura

Resumen Latinoamericano / 27 de febrero de 2019

La niña violada en Tucumán fue obligada a parir. Dejaron pasar 7 semanas hasta interrumpir el embarazo y no quedó otra posibilidad que la cesárea. Ayer le realizaron la intervención: se negaba a que le quitaran la ropa interior y jugaba con unas muñecas. A su madre le habían cortado la provisión de comida por reclamar el aborto legal.

A los once años, Lucía, una nena que todavía juega con muñecos, que no reúne las condiciones físicas ni psicológicas para ser madre, y que fue violada por la pareja de su abuela, fue obligada a parir. Fue torturada. Nada hubiera pasado si la Interrupción Legal del Embarazo se realizaba tal como lo estipula el Código Penal promulgado en el año 1921.

Desde hace casi 100 años que lo que le hicieron a Lucía es ilegal. “La ILE se tendría que haber realizado a las 48 horas de cuando la niña ingresó en el sistema de salud provincial. Allí no había riesgo para la salud de la nena. Llevaba 16 semanas. Pero no se le hizo caso y se dejó avanzar hasta la semana 23”, explica la periodista tucumana Mariana Romero.

La doctora Cecilia Ousset fue convocada anoche para realizar la intervención. Asistió con su pareja, el doctor Gigena. Anteriormente el Gobierno de Tucumán emitió un comunicado indicando que se iba a respetar el protocolo ILE pero para “salvar las 2 vidas”. Pero no hay interrupción de embarazo si se pretende la supervivencia del feto. Interrumpir el embarazo es que la persona gestante no sea madre, que no tenga que parir. Y a Lucía, por la demora intencional en practicarle la ILE, la obligaron a parir. Y la quisieron convencer de que sea madre: “Las autoridades del Siprosa estuvieron todo este tiempo influenciándola, le hicieron regalos, le tocaban la panza y romantizaban su embarazo. Mientras ella decía que quería terminar con esta tortura, con el embarazo forzado al que la estaban sometiendo”, denuncia la abogada Florencia Vallino, Coordinadora del Área de Derechos de Niñez y Adolescencia de la organización ANDHES. Pese a ello, la nena siguió pidiendo la interrupción del embarazo.

Pero no pudo ser. El avanzado embarazo y la preclancia (se le sube la presión arterial a la nena y le puede dar un paro) obligaron a los profesionales a una práctica por “vía superior”. Es decir, una cesárea. Ousset debió practicarla: “Cuando entré a la habitación, la nena no se soltaba de la mano de la madre y jugaba con muñequitas. Cuando la vi se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor. La chiquita no entendía del todo lo que iba a pasar. Sólo entendió que le iban a ‘solucionar’ el tema que la atormentaba. Pidió ir al baño, pero lo hizo con su mamá. Nunca permitió que le saquen la ropa interior, tuvieron que dormirla para eso. Es una característica de las niñas abusadas, resistirse férreamente a que les saquen la ropa interior”.

Pasaron al quirófano. Nadie del hospital la quiso ayudar. Todos los profesionales se declararon objetores de conciencia, hasta el anestesista. Sólo quedaron la doctora Ousset y su pareja, también médico, para poner fin al tormento de la criatura. Practicaron la intervención, con alto riesgo de vida para la niña. Para colmo, al finalizar, personal del Ministerio Público Fiscal se acercó para tomarles los datos a ella y el marido, lo cual constituye un acto de amedrentamiento hacia los profesionales.

“Vino una anestesista de la Maternidad, yo fui instrumentista, y Gigena realizó la Interrupción Legal del Embarazo. Mandamos placenta y cordón para que saquen las muestras de ADN. Quiero decir que esta operación la hicimos totalmente gratuita porque queremos defender los derechos de la niña. La paciente está en buen estado general. A las 26 semanas el recién nacido tiene un 50 por ciento de probabilidad de vida. La interrupción se hizo a las 23 semanas, y pesó 500 gramos. Ayer se salvó la vida de la nena de once años”, contó los detalles de la intervención la doctora Ousset en Radio Nacional de Tucumán.

“Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo. Además no era cierto que pesaba 50 kilos como dijo el titular del Sistema Provincial de Salud”, agregó la médica.

Para Ousset no hay dudas; fue una tortura. “La nena estuvo 7 semanas en el Sistema Público de Salud y no se resolvió el problema de la niña violada, traumada, violentada. Por una cuestión electoral, el gobernador Juan Manzur impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y se obligó a la nena a dar a luz. Eso es una tortura”.

La nena no tuvo jamás asistencia psicológica hasta hace dos días -explica la doctora Ousset-, cuando los abogados de Andhes y Cladem lograron llegar a ella.

Vallino, abogada de la organización ANDHES, denuncia que la niña ya había pedido en ocho oportunidades la interrupción del embarazo: “Y como lo seguía pidiendo en el hospital se le cortó la provisión de comida a la madre. Esa fue solo una de las prácticas del Sistema de Salud para vulnerar los derechos de la niña y su familia. También ingresaron a la habitación donde estaba la nena, tres policías masculinos a tomarles los datos. Esos policías serán investigados por vulnerar la intimidad de la niña. Uno de ellos se presentó como subcomisario. Mientras tanto, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, viralizó un audio llamando a ser ‘custodios’ del feto producto de la violación. Por supuesto, se armó una vigilia en el hospital, para tormento mayor de la niña que ya no podía más”.

Cuenta la doctora Ousset que ayer cuando llegaron al Hospital del Este, la niña pidió escuchar música cristiana. Ella quería paz y tranquilidad. Seguir con su vida de niña. No entiende cómo hay gente que juega a ser dios con su vida.
Fuente: Revista Cítrica

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