“Inédita situación”: Lenguaje de los políticos y ridiculeces en la Política Exterior chilena respecto de Venezuela

El actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Roberto Ampuero Espinoza, se autodeclaraba y se autoproclamaba como un “converso”, por escrito, y públicamente, en el último trimestre de 2015. No es el propósito abordar aquí ni cuestionar ese hecho.

Sí ocuparnos de lo que él mismo ha calificado, en enero-febrero de 2019, de “inédita situación”, en la República Bolivariana de Venezuela, y a la cual también se ha referido como “un proceso inédito”.

Lo ha dicho en entrevistas y en ‘puntos de prensa’, en el piso 15° de la sede ministerial, teniendo detrás, en un cuadro, al notable Andrés Bello López, diplomático, jurista y político venezolano, que falleció en Santiago de Chile el domingo 15 de octubre de 1865, siendo fundador y primer Rector de la Universidad de Chile, desde el 21 de julio de 1843. Desde 1834 a 1852 fue Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. Y la Academia Diplomática de Chile lleva su ilustre nombre.

Ciertamente, no siempre ‘de los contrastes nacen las más bellas armonías’. De allí que la calificada “inédita situación” se nutre de hesitaciones en sus respuestas a consultas, en esas ocasiones, sobre “el Embajador de Venezuela”, afirmando “que se está estudiando” el caso.

A su vez, el Presidente Piñera, vía twitter, reconoce “como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Chile” –no como “embajadora”– a una venezolana que reside en Chile desde hace algunos meses, y que fue designada en esta absurda ficción por un diputado elegido, como “suplente”, el 6 de diciembre de 2015, y que a su vez fue nombrado, el 5 de enero de 2019, como nuevo Presidente de esa Asamblea, declarada en desacato.

El miércoles 23 de enero de 2019, se autodeclaraba y autoproclamaba como “presidente encargado” de la República Bolivariana de Venezuela.

En términos de Nicanor Parra, quizás podría ser un “presidente imaginario”, o un “inventado”. Y el Presidente Piñera, consultado sobre “el Embajador de Venezuela”, señalaba que “ese es problema del Gobierno de Venezuela”, cuyo Presidente Constitucional es Nicolás Maduro Moros.

Largo sería seguir consignando absurdos y contradicciones de una muy “inédita” Política Exterior chilena, frente a la actual “situación” de Venezuela. Penosos ribetes, contrarios a una declarada, elaborada, histórica y practicada Política Exterior de Principios, como una gran tradición estatal chilena.

Se suma a lo anterior, una membresía en ese llamado “Grupo de Lima”, que quizás por cuna originaria debiera haberse llamado “de Santiago”, con sucursal acordada y elegida, “de Lima”.

De los 33 Estados Miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 14 países están en este “Grupo”, y solo 11 firman Declaraciones y Comunicados ‘reconociendo’ a un irresponsable “presidente imaginario”, contrariando e incumpliendo la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada y firmada en La Habana, durante la II Cumbre de la CELAC, por todos sus Estados Miembros, el 29 de enero de 2014. Sus firmantes, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, declararon ocho compromisos a cumplir.

Debe conocerse, y enrostrarse, que firmante fue el Presidente Sebastián Piñera hacia fines de su primer período presidencial. Fue el último en firmar dicha relevante Proclama. Sabemos que fue a regañadientes, adjetivándola, preguntando de qué se trataba. Demoró y demoraba, con consulta, incluso a la entonces Presidenta Electa Michelle Bachelet y a su futuro ministro de Relaciones Exteriores, presentes. Por ello, debe cumplir, ética y políticamente, lo firmado.

En efecto, a lo menos hay un contumaz incumplimiento flagrante y reiterado de los siguientes tres compromisos firmados por S.E. Sebastián Piñera Echeñique, en la II Cumbre de la CELAC, en los puntos que se indican.

“3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

“4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos.

“5. El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

Denuncias sobre la existencia de una “dictadura”; un “dictador” y, ahora, agregando, un “usurpador”; “elecciones ilegítimas”; “vacío de poder”, y descarados desconocimientos y tergiversaciones de la Constitución de Venezuela –en particular su usado Artículo 233 (¿usted lector lo ha leído y analizado, constitucional y jurídicamente?)–, constituyen lo que ya, en 1972, el doctorado filósofo alemán Georg Klaus denominaba, en El Lenguaje de los Políticos, “el uso de lenguajes de moda”, que, en particular en el mundo capitalista en que nos encontramos, tiene la finalidad de la propaganda política que reside en la manipulación de las conciencias y la falsificación sistemática de la verdad.

Así, es innegable que asistimos a una elaborada estrategia y una refinada táctica de la propaganda política, en el análisis del lenguaje político. Conceptos cardinales, esenciales e inmanentes de la Política Exterior y las Relaciones Internacionales contemporáneas son bárbaramente distorsionados.

Preocupa que Chile alcance y llegue al ridículo internacional, con sus acciones en la especie, en vez de ser un interlocutor contribuyente a la Paz, al diálogo, a los buenos oficios, a la no intervención, a la autodeterminación, a la no injerencia en los asuntos internos de otros, al rechazo a la violación de la soberanía e independencia, junto a amenazas del uso de la fuerza, agresión armada, presiones y sanciones comerciales, económicas y financieras, a otro Estado.

El ministro “converso” sí cumple bien a cabalidad su mandato, desde sus fijaciones literarias inspiradoras, para contrariar, denostar e intervenir, con una ardiente pasión, a Venezuela, la Revolución Cubana y Nicaragua. Pero desvaríos y ridiculeces, existían en los últimos tiempos, y no solo en el actual período presidencial y ministerial.

En efecto, confirmación reciente de lo anterior se encuentra en las frívolas declaraciones del último Embajador de Chile en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de enero de 2019.

Refiriéndose a un “huésped” –el ‘valiente’ Freddy Guevara– de la Misión en Caracas, cuenta que “el equipo político de su partido” (Voluntad Popular) “prácticamente hacía las reuniones en mi casa. Yo no me metía, pero cuando terminaban, me pasaban a saludar, se quedaban un rato, nos tomábamos algo…”. Ergo, desde y en la Embajada de Chile se conspiraba.

¿Estaban al tanto de esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, S.E. la Presidenta de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores? Chile, así ya no será mejor.

Finalmente, resulta inconcebible la absoluta incomprensión del funcionamiento del Sistema de las Naciones Unidas, sus órganos, organismos e instancias especializadas, en el marco de los Propósitos y Principios de su Carta, de 1945, ante la “inédita situación” que nos convoca.

El cuestionamiento e irrespeto, casi cotidiano, a la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, resulta nefasto y contrario a la imagen internacional de Chile.

Si ella no fuera chilena y compatriota, ¿sabría alguno de los ‘opinantes’, ‘politiqueros’ y ‘pseudo-expertos’ el nombre siquiera de quién ocupare u ocupó ese cargo internacional, anteriormente?

La Alta Comisionada no es un ‘agente judicial ni policial’, en la crucial temática de su ámbito. No es su rol llegar in situ, súbitamente, a demanda de unos u otros, ante conflictos y las controversias políticas internas, de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Así también, el Relator Especial de la ONU sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Idriss Jazairy, en un Comunicado del jueves 31 de enero de 2019, señalaba:

“Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el Gobierno de Venezuela”. “El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas del Derecho Internacional.” “Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana, lo que se suma al daño causado por la hiperinflación y la caída de los precios del petróleo.” “Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo exige la Carta de la ONU.”

Por último: ¿conocerán el Presidente Piñera Echeñique y su ministro Ampuero Espinoza, la Resolución A/RES/59/38, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 2 de diciembre de 2004, en su 65ª Sesión Plenaria, aprobando la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, y, en particular, sus Artículos 18 y 19?

Estoy cierto que, lamentablemente, poco conocen y/o les interesa el tema. Seguramente se repite la situación con el Artículo 89. X. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Debiera el pueblo venezolano, en compenetración cívico-militar, salir adelante, frente a un nuevo intento por aplastar la Revolución Bolivariana, al igual que en 2002, 2014 y 2017

Jorge Vera Castillo – Ex Consejero Científico y de la Cooperación. Misión chilena ante la Unión Europea a Bruselas.

Fuente: Polítika