Guatemala promueve una polémica amnistía para crímenes de lesa humanidad

La presión local y exterior ralentiza su aprobación, que contravendría varios puntos del derecho internacional refrendados por el país centroamericano

14 FEB 2019

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, en marzo de 2018.

El Congreso de Guatemala ultima la aprobación de una amnistía para crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que modificaría la Ley de Reconciliación Nacional —aprobada hace 23 años, antes de que el Gobierno del país centroamericano y guerrilla sellaran la paz que puso final a uno de los conflictos armados más duraderos del continente—. Sin embargo, la enorme presión internacional y local en contra de un texto que violaría la Constitución y la propia legislación guatemalteca, así como convenios internacionales en materia de derechos humanos, ha provocado un retraso en la tramitación de la medida. Todas las opciones están abiertas en este momento: que el Legislativo siga adelanta con su aprobación en los próximos días o que acabe dando finalmente marcha atrás, como le piden los grupos pro derechos fundamentales.

A la presión para que los diputados digan no al cambio legal se ha sumado en las últimas horas el Gobierno estadounidense que, en un comunicado, ha manifestado su “profunda preocupación por una ley que otorgaría una amnistía total a perpetradores de graves abusos a los derechos humanos así como a los condenados por estos crímenes”. El documento, firmado por Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado, señala que las condenas a los perpetradores “han restaurado la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, han inspirado mayor confianza en las instituciones y han servido como ejemplo positivo a otros países”.

La ley de 1996 incluía una amnistía para los delitos políticos, pero no para los responsables de masacres, secuestros o violaciones, consideradas delitos de lesa humanidad, por los que han sido condenados 42 militares y un exguerrillero, mientras que otras 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y 87 exguerrilleros están sujetas aún a procesos judiciales. Al momento de entrar en vigor la amnistía —si finalmente se aprueba—, los involucrados serían excarcelados en 24 horas y se detendrían las investigaciones sobre los responsables de crímenes de guerra.

En ese supuesto, no obstante, la ley nacería “muerta”, en opinión de expertos como el antiguo canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez o el analista Manfredo Marroquín, de Transparencia Internacional. El motivo: contravendría la Constitución, la legislación interna y los tratados internacionales firmados por Guatemala. “El Gobierno [de Jimmy Morales] no tiene más afán que destruir las instituciones, sin percatarse de las graves implicaciones políticas y económicas que sus decisiones pueden traer para el país. Pero los gobernantes no entienden que no entienden”, comenta el exministro Gutiérrez. Lo que ocurre en Guatemala, añade, por su parte, Marroquín, debería llamar la atención de la comunidad internacional. “Sería un retroceso muy grande”, agrega, que guardaría paralelismos con lo ocurrido en Egipto tras la Primavera Árabe. “Se crearían las condiciones para una migración masiva hacia EE UU”, advierte el especialista de Transparencia Internacional, que no titubea al opinar que Guatemala está en manos de una élite mafiosa dispuesta a impedir que un auténtico Estado de derecho cobre vigencia.

La aprobación de esta amnistía tendría, además, consecuencias no valoradas por los legisladores que la impulsan. Paola Limón, coordinadora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, recuerda que Guatemala ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la competencia de la Corte Interamericana en 1987. En reiteradas ocasiones, subraya, esta instancia ha dictaminado que las amnistías no pueden ser obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos fundamentales.

Guatemala está, por tanto, en la obligación de acatar las disposiciones de la Corte. De lo contrario, habría consecuencias legales. “La aprobación de esta amnistía se convierte en un obstáculo para el avance de esas investigaciones y contraviene una sentencia del tribunal más alto de la región en materia de derechos humanos”, señala Limón, que rememora cómo ya en 2014 el país centroamericano fue declarado en desacato, justamente por una actitud contraria al deber de investigar y sancionar las graves violaciones cometidas durante el larguísimo conflicto armado. “Esto podría repetirse, incluso agravarse si la Corte decide remitir esta información a la Asamblea General de la OEA [Organización de Estados Americanos]”. “La amnistía”, concluye, “no solo tendría efectos a nivel general, sino un impacto particular en los casos concretos de personas impactadas”. Y echaría por la borda casos que habían tenido avances en la investigación, juicio y sanc