Argentina. Resumen gremial y social. Jueces fallaron en contra los trabajadores de C5N/ Trabajadores de SIAM protestaron en el Puente Pueyrredón/ Vidal convocó a los docentes para discutir la paritarias … (Más información)

Resumen Latinoamericano/ 07 de febrero 2019.- Una sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal y Agencias.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

Los jueces Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, negaron la apertura de una cuenta inembargable para el pago de sueldos de los trabajadores de los medios del Grupo Indalo.

Los magistrados desestimaron el pedido del juez Javier Cosentino y le dieron la razón a la AFIP al negar la apertura de esta cuenta para que los trabajadores puedan cobrar sus salarios, tal como lo había ordenado el Juzgado Comercial número 5.

Lo curioso es que se trata de la misma Sala y mismos jueces que condenaron a Víctor Hugo Morales a indemnizar a Cablevisión por mostrar imágenes del partido entre Boca y el Real Madrid por la copa Intercontinental en el 2000. Además, también son los que aprobaron la reestructuración de las deudas de esa empresa, algo indispensable para su fusión con Multicanal.

En aquél entonces, en 2014, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial estaba presidida por Pablo Heredia e integrada por los jueces Juan José Dieuzeide y Gerardo Vassallo. Ellos fueron los que condenaron a Morales, al entonces ATC y Eduardo Metzger a indemnizar a Cablevisión por $842.000.

 

Protesta de los trabajadores de Siam por la reincorporación de los compañeros despedidos

Se trata de un reclamo en Puente Pueyrredón para que se respeten los cuatro fallos judiciales que ordenan que se vuelva a tomar a los empleados que quedaron en la calle.

Los trabajadores de la empresa metalúrgica Siam protestan en el Puente Pueyrredón para reclamar que la patronal cumpla con los cuatro fallos de la Justicia que disponen la reincorporación de los despedidos.

“La empresa sigue manteniéndose en el marco de la ilegalidad, incumpliendo la ley de expropiación que le da beneficios, pero a cambio la obliga a mantener los puestos de trabajo. Y ahora incumple también los fallos de la Justicia que ordenan nuestra reinstalación“, indica un comunicado que emitieron los trabajadores

En respaldo al reclamo se encuentran los diputados nacionales Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra (PTS-FIT), líderes del sindicalismo combativo, sectores estudiantiles, así como trabajadores de Coca-Cola y Pilkington. La protesta ocurre en medio de un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad.

https://twitter.com/siam_en_lucha/status/1093465853822230528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1093465853822230528&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.infonews.com%2Fnota%2F321574%2Fprotesta-de-los-trabajadores-de-siam-por

 

Protesta de deportistas, entrenadores, docentes y alumnos

Abrazo en defensa del Cenard

Imagen: UTE-CTERA

Deportistas, entrenadores, profesores, alumnos y vecinos del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) realizaron un abrazo al predio, para manifestar el rechazo a los proyectos para trasladarlo, oponerse al cierre de la Escuela Media (EEM) 3 y al Romero Brest del Distrito 10. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció que “el supuesto traslado de la EEM 3 encubre su cierre. Este proyecto viene de la mano de negocio inmobiliario, asociado a la venta de los terrenos del Cenard” y el traslado de esos establecimientos a Lugano, algo que pone en peligro los puestos de los docentes.

La protesta fue convocada ante la firma de un decreto de necesidad y urgencia con el que Mauricio Macri convirtió la Secretaría de Deportes en una agencia como punto de partida de una reforma en el área que nadie pedía. El objetivo de los cambios es el patrimonio de los lugares de entrenamiento para atletas y los espacios recreativos, que superan con holgura las 800 hectáreas y son más que atractivos para la realización de negocios inmobiliarios.

Una de las claves del DNU de Macri es el que determina los recursos operativos que tendrá la Agencia a la que fue degradada la Secretaría de Deportes. Entre ellos figuran posibles “las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios”. Así se abre la puerta al remate de rematar la infraestructura que utiliza la comunidad deportiva.

Entre eso bienes están las instalaciones del Cenard ubicado en el barrio de Núñez (11,5 hectáreas), los predios de Ezeiza donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol (582,26); más el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría (38,33) y la pista nacional de remo del Tigre (124). Unas 825 hectáreas en total.

Tarde pero seguro: Vidal convocó a los docentes para discutir la paritaria de Provincia

Los trabajadores de la educación bonaerenses le reclamaban a la gobernadora sentarse a dialogar con más tiempo, pero la mandataria provincial los convocó a poco del inicio del ciclo lectivo. Qué pedirán los maestros.

Foto: Twitter @sutebaprovincia

Foto: Twitter @sutebaprovincia

La reunión será el próximo miércoles desde las 17.30 en la Biblioteca del Ministerio de Economía, donde debatirán el aumento de salarios para este año, así como otras cuestiones educativas que reclaman los maestros como los despidos a los capacitadores y los problemas de infraestructura.

El llamado ocurrió este jueves pese a que los trabajadores agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense habían solicitado varias veces una convocatoria temprana. Inclusive hace una semana le habían hecho llegar una carta documento a la gobernadora para intimarla a que organice la mesa de diálogo.

En principio, los docentes reclaman un aumento del 18% en compensación de lo perdido en 2018, además de una cifra que compense la inflación pronosticada para este año y una cláusula gatillo. También pretenden discutir las condiciones de infraestructura, desnudadas por la tragedia de la escuela 49 de Moreno, donde hubo una explosión por una pérdida de gas que causó las muertes de la vicedirectora y un auxiliar.

“Venimos padeciendo hace años paritarias a la baja y a espaldas de los trabajadores realizadas en representación de los trabajadores,  por parte de Soeme  y en respaldo a la patronal los gremios Ctera, Ammet, Saeop. Con la intervención del Soeme, lejos de resolverse la cuestión se ha profundizado el problema”, señaló Hebe Nelli, Secretaria Adjunta de Sitosplad, en diálogo con Canal Abierto.

En 2018 el aumento salarial de los trabajadores fue del 15% no remunerativo con un descuento de un “aporte solidario” del 1,2% en favor de Soeme (intervenido) mientras que no se pagó el bono de fin de año y desde enero de 2019 padecen desdoblamientos salariales.

“Hemos tenido la peor paritaria en años, en negro y  en dos cuotas, la aplicación de una cuota solidaria a favor del Soeme intervenido y un aumento este año  de los más complejos para el bolsillo de los laburantes de un 13.8%. Nunca nos mostraron el acuerdo a partir del cual llegan a descontarnos la cuota solidaria y darnos el aumento paupérrimo”, advirtió Nelli.

Al reclamo salarial se le suma el no reconocimiento de Sitosplad como gremio a pesar de ser mayoritario en el sector.

“Creamos Sitosplad, que es el gremio mayoritario,  y pedimos la personería gremial. Actualmente judicializamos la causa. Están haciendo la peor intervención de paritarias en Osplad, no reclaman absolutamente nada para los trabajadores. No nos dan la personería, y ponen a negociar por el Soeme a un interventor ministerial”, relató la secretaria.

Por lo pronto, las trabajadoras y trabajadores se encuentran en el Ministerio de Trabajo a la espera de ser recibidos por funcionarios para resolver la situación salarial y sindical.

 

 

Parrillazo en el Obelisco

En defensa del chori de cancha

“Formamos parte del folklore y de la cultura popular de nuestro país”, plantearon los vendedores de choripanes, que convirtieron a la zona del Obelisco en una parrilla a cielo abierto. Rechazan la disposición del gobierno porteño que prohíbe la elaboración y venta de productos alimenticios en las inmediaciones de los estadios.
Imagen: Bernardino Avila

La zona del obelisco se convirtió hoy al mediodía en una parrilla a cielo abierto. La Organización de Vendedores en Eventos Masivos (OVEM) junto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ofrece choripanes gratuitos en rechazo a la prohibición dispuesta por el Gobierno de la Ciudad a la instalación de puestos de comidas en los alrededores de los estadios durante los espectáculos deportivos.

Bajo la consigna “Si al Choripán”, las organizaciones montaron sus parrillas para que no les saquen sus puestos en las canchas. “Formamos parte del folklore y de la cultura popular de nuestro país”, explican en los folletos que entregaron a los clientes que se acercaron. Aseguran que más de 200 familias que venden comida, bebida y merchandising están en riesgo por la nueva medida de Horacio Rodríguez Larreta.

“Somos laburantes que dignamente llevamos el pan a nuestras casas. Queremos regularizar nuestra actividad, no que nos expulsen, reza el comunicado que entregaron los manifestantes en las inmediaciones del Obelisco.

A mediados de enero, el gobierno de la Ciudad emitió una disposición en la que se negó a otorgar e incluso revocó todos los permisos “para la elaboración y expendio de productos alimenticios en las inmediaciones de los estadios de fútbol de la Ciudad en los días y horarios en que se lleven a cabo eventos deportivos”.

El pedido concreto de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, mediante la nota N° 2019-03416152-SSSC, expresa a la dirección de Ambiente y Espacio Público: “(…) tenga a bien reconsiderar los permisos vigentes para el ejercicio de la actividad de elaboración y expendio de productos alimenticios en las inmediaciones de estadios de fútbol (Categoría III). Esto en línea con la implementación de estrategias generales respecto de las condiciones de seguridad (…), con vistas a mejorar la calidad y seguridad de estos entornos” y solicita, además “se tomen todas aquellas acciones que se consideren convenientes a los fines expuestos”.

Bernardino Avila
Bernardino Avila
Bernardino Avila

Jujuy: comunidades originarias resisten el avance de las grandes mineras

Litio y “sacrificio ambiental”

Los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. “La empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”, denunciaron.

Desde Jujuy

Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.

Por Sabrina Roth

Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.

De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.

Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.

El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.

Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.

Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.

A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.

Hoy vence el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.

El Gobierno se autosupera: duplicaron los despidos de 2017

El Gobierno se autosupera: duplicaron los despidos de 2017

Las suspensiones del último bimestre de 2018 duplicaron a las del mismo período de 2017 al llegar a 10.000, según un informe del CEPA. Industria y Servicios, los más afectados.

Los despidos y suspensiones en el bimestre Noviembre-Diciembre llegaron a 9.727 casos, más del doble que en el mismo período del 2017, cuando sumaron 4.758. Así se desprende de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El trabajo refleja que el impacto más fuerte lo sufrieron los sectores de la industria y los servicios: un 83% de los casos correspondieron a esos ámbitos.

“Un año de caída: despidos y suspensiones durante 2018”, se titula el documento elaborado por CEPA, donde se puntualiza que durante 2018 hubo un total de 69.696 suspensiones y despidos, correspondiendo 16.303 de ellos a empleo público y 53.393 a empleo privado.

Los datos implican un promedio de 5.800 despidos y suspensiones mensuales durante el año pasado.

Teniendo en cuenta los datos de 2017, los despidos y suspensiones en 2018 superaron en 33.162 casos a los del año anterior, lo que equivale a un incremento de 91% interanual. Y si se toma solamente el bimestre Noviembre-Diciembre, la diferencia alcanza los 4.969 casos, un incremento del 104%.

Tal como se desprende del trabajo, en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultaron más significativos que en el sector privado pero en los siguientes cinco meses tomaron “la posta” los despidos del sector privado.

En agosto convergieron en despidos tanto el sector público como el privado casi por igual. Pero en los últimos cuatro meses de 2018 se produjo un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado.

En el relevamiento por sectores, los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 1.581 casos, los correspondientes a las empresas de capital estatal alcanzan los 5.176, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo suman 11.127.

Por su parte, la industria despidió y suspendió 37.341 trabajadores, el sector primario hizo lo propio en 1.001 casos y finalmente los servicios expulsaron a 13.470 trabajadores.

Los despidos y suspensiones de la industria suman el 54% del total de casos, seguido por el sector público, que entre los correspondientes al poder ejecutivo y a las empresas estatales representan el 23% de los casos, y luego el sector servicios, con 19% de los casos.

SiPreBa espera abrir diálogo con Editorial Atlántida por los 35 los despidos

SiPreBa espera abrir diálogo con Editorial Atlántida por los 35 los despidos

La empresa echó a los empleados sin aviso previo. Los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas y control de seguridad. El gremio espera que se revierta la situación.

Unos 17 trabajadores de Editorial Atlántida fueron notificados de sus despidos cuando, al llegar a trabajar, se les impidió el ingreso a la empresa. Las cesantías se suman a unos 20 despedidos anteriores.

Hasta el momento, ningún miembro del directorio se presentó en el edificio ni respondió los intentos de comunicación efectuados por los trabajadores. – Foto: gentileza

Tras conocerse la noticia del cierre de la planta impresora del diario La Nación, donde fueron despedidos más de 70 empleados, trabajadores de Editorial Atlántida denunciaron que al llegar a la empresa se encontraron con la entrada bloqueada donde el personal de seguridad sólo dejaba ingresar a quienes no habían sido despedidos: “Nos encontramos con las puertas cerradas”, dijeron los trabajadores.

Agregaron además que “el personal de intendencia nos informó quiénes podían ingresar y quiénes no, porque estaban despedidos”.

“A los que tuvieron el ingreso vedado, se les dijo que debían esperar hasta la semana próxima para que, desde el departamento de legales, se comunicaran con ellos”, contaron los trabajadores y trabajadoras en un comunicado.

“Todos estos despidos tienen un patrón común y es que fueron realizados con supuestas causas inventadas por la empresa para evitar pagar las correspondientes indemnizaciones a trabajadores que, en su mayoría, cuentan con más de 10 años de antigüedad”, explicaron.

Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiPreBa) emitieron un comunicado donde denuncian que “se trató de un plan que ya estaba en marcha”. “Hasta el momento contabilizamos 15 despidos bajo esta modalidad que se suman a los 20 realizados a los colaboradores de las revistas La Valijita, La Súper Valijita, Para Ti Mamá, Para Teens y Para Ti Tejidos”, denunciaron desde el gremio.

El Sindicato anunció un paro hasta las 00 horas de ayer para encontrar diálogo con las autoridades del Grupo Clarín.

 

Diputados pedirá informes sobre los 100 despidos en La Nación

Diputados pedirá informes sobre los 100 despidos en La Nación

Por iniciativa de la diputada Vanesa Siley, el FPV-PJ le pedirá al Poder Ejecutivo que informe sobre las medidas que está tomando para solucionar el conflicto.

Luego de mantener una reunión con delegados gráficos y su secretario general, Héctor “Gringo” Amichetti, el Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe sobre las medidas que están tomando para resolver el conflicto en La Nación a partir del cierre de la planta impresora, que derivó en alrededor de 100 despidos.

En paralelo, Siley presentó otro proyecto para la citación de Lucas Fernández Aparicio, Secretario de Trabajo, a la Comisión de Legislación del Trabajo, para que explique a los diputados cómo se está abordando el conflicto desde el área que encabeza, dado que los trabajadores “alertan sobre la inacción del Gobierno ante el vaciamiento de la empresa”.

En el Proyecto se advierte el carácter intempestivo y arbitrario de los despidos. Siley destaca la falta de actuación de la Secretaria de Trabajo que “no llamó a conciliación obligatoria ni tampoco intimó a las autoridades de La Nación por haber incumplido con la obligación de presentar un plan preventivo de crisis”

El proyecto fue acompañado por los diputados Agustín Rossi, Walter Correa, Pablo Carro, Leopoldo Moreau, Mónica Macha, Silvina Frana, Laura Alonso, Alberto Ciampini, Adrián Grana y Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria-PJ, y también fue firmado por Leonardo Grosso y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita.

 

 

 

PBA: 200 despidos y fuga patronal en CODECOP de Florencio Varela

PBA: 200 despidos y fuga patronal en CODECOP de Florencio Varela

La empresa de seguridad echó a los empleados que llevaron a cabo una protesta en la Ruta 2. Reclaman indemnizaciones y sueldos atrasados. El dueño está prófugo de la Justicia.

Los trabajadores despedidos de una empresa de seguridad privada de Florencio Varela llevaron a cabo una protesta en la sede de Ruta 2 y Diagonal Perito Moreno, en Ingeniero Allan, donde denunciaron el vaciamiento de la firma y exigieron que les paguen sueldos atrasados e indemnizaciones.

Bajo la representación de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), realizaron una presentación ante el Ministerio de Producción y Trabajo Nación, al tiempo que exigieron la intervención de autoridades nacionales en el caso, el cual cuenta con 200 despedidos.

Desde la empresa, en tanto, argumentan que desde 2018 la firma tuvo “caída de los servicios” en donde los despedidos cumplían funciones. Fue así que, a partir de septiembre, comenzaron a despedir gente. Muchos de esos empleados fueron notificados, pero a otros directamente se les impidió el ingreso. Éstos últimos pudieron regresar a trabajar, aunque desde ese momento no se les abonó más.

Por su parte Rubén Galupo, apoderado de Codecop, manifestó que la empresa se encuentra en “convocatoria de acreedores”. Según él, la firma tiene “las cuentas embargadas” y el dueño de la compañía, Diego Zevallos, está prófugo de la Justicia.

 

 

60 despidos en Misiones por el cierre de otra concesionaria automotriz

60 despidos en Misiones por el cierre de otra concesionaria automotriz

La firma El Cóndor, representante de Mercedes Benz, justificó la decisión amparada en “la fuerte caída en el patentamiento de autos 0km”. Se profundiza la crisis automotriz.

La concesionaria automotriz El Cóndor SA, que contaba con sedes en las provincias de Misiones y Corrientes cerró sus puertas y dejó sin trabajo a 60 empleados. Se trata de la ex representante oficial de Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge y RAM en Corrientes y Misiones.

Según comunicó el medio local “Primera Edición” El Cóndor SA hizo un cierre de su actividad e indemnizó a todos sus empleados.

Desde la empresa minimizaron los despidos asegurando que “una parte” de los trabajadores serán reinsertados por la nueva empresa. “Fueron cerca de 60 personas que en parte continúan trabajando con la otra firma que asumió la representación de la marca”, dijo Lucas Bazyluk, gerente de la automotriz que ahora es el nuevo concesionario oficial de Mercedes Benz en la región.

Al respecto, Daniel Galeano, delegado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) sede Misiones, señaló que “se siguieron todas las vías administrativas en el caso. Tuvimos una reunión con el gerente de El Cóndor S.A, quien nos había confirmado que la empresa se retiraba del mercado”.

Asimismo, indicó que “los anteriores dueños alegaron que el mercado estaba con pérdidas. Todo se debe a la crisis económica que está afectando a las actividades y la industria automotriz no es ajena a ello”.

Por otro lado, reveló que “otro concesionario con tres locales en Misiones redujo su personal en la parte de ventas”.

El mal momento de la industria automotriz se extiende desde hace varios meses. Incluso, a mitad del año pasado en la zona de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata se contabilizaron una veintena de empresas dedicadas al rubro que bajaron sus persianas.

De acuerdo a los concesionarios, un síntoma de la fuerte caída de la demanda puede verse en los planes de ahorro. Este medio tradicional para el acceso al 0km en la Argentina tuvo un derrumbe del 57,5% en noviembre, en comparación al mismo mes del año pasado.

La merma está relacionada a que a muchos ahorristas las cuotas se les triplicó, lo que conllevó a que elijan vender el plan y tratar de recuperar un poco de la plata invertida durante este tiempo.

En tanto, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) revelaron que en enero se patentaron 59.844 vehículos, esto es “un 50,4 por ciento menos que hace un año”.

Fuentes del sector también manifestaron que “las empresas están operando con el mayor stock de la historia y el año pasado fue el peor desde la crisis de 2002”.

Se estima que a nivel nacional hay un promedio de 1500 concesionarios, lo cuales brindan trabajo a unas 60.000 personas.

 

Misiones: 140 trabajadores de maderera Henter piden salvataje

Misiones: 140 trabajadores de maderera Henter piden salvataje

Los obreros de la fábrica de terciados y fenólicos de la localidad de Montecarlo pidieron intervención a funcionarios municipales y provinciales. Temen inminente cierre.

Los trabajadores de Henter Industrial y Comercial Sociedad Anónima (Icsa) solicitaron una audiencia con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán, con el objetivo de elevar un pedido de asistencia financiera para el establecimiento y lograr salir de la crisis en la que se encuentra inmersa hace ya varios meses.

Son 140 los empleados perjudicados por la crítica situación de la firma, quienes hace dos meses no perciben sus haberes de manera correspondiente por la reducción de actividades.

Por su parte, desde la empresa advierten que Henter quebró y “no volverá a la actividad nunca más”.

“La fábrica Henter está quebrada, nunca más volverá a operar, es un proceso irreversible y entrará en liquidación. Lo que persiste ahora es una empresa que alquila las instalaciones pero si no consigue poner los precios en orden, se va a ir y los empleados quedarán librados a la suerte de la quiebra”, aseveró el encargado de la entidad, Luis Henn.

“No hay pedidos suficientes y resulta complejo producir con un costo razonable, trabajando a media máquina. Hubo una caída en la producción debido a la falta de ventas y esa falta de ventas viene porque la economía nacional entró en recesión y encima de eso persiste la importación que, aunque disminuida, también afecta. Ahora que el dólar está planchado seguro que entrarán nuevos productos. No vemos en el corto plazo una mejoría lo único que esperamos es que pasadas las vacaciones se reactive un poco y probablemente tengamos algún repunte”, expresó Henn.

Por otra parte, señaló que “los aumentos en las tarifas de energía afectan muchísimo al sector. La empresa Henter está en deuda con la cooperativa eléctrica de la localidad, si bien se dialoga y se buscan soluciones, los aumentos de tarifas castigan muchísimo porque tocan los costos. El convenio con la cooperativa implica que los nuevos consumos se paguen religiosamente y todavía queda una deuda atrasada que se debe pagar. Es un monto considerable”, apuntó.

A pesar de este panorama, Henn sostuvo que “todavía no hubo despidos. Eso dependerá justamente de una reestructuración que seguramente se tendrá que hacer estos primeros días de febrero donde se tendrá que presentar un plan al juzgado correspondiente y, una vez aprobado, se podría proceder a la reestructuración”, reveló.

Para finalizar, auguró “dificultades bastantes serias para el resto del año. Debido a las elecciones puede ser que se tomen algunas medidas y se suelte un poco el dinero, pero eso sera un pequeño paliativo nada más, porque al mismo tiempo las importaciones van a hacer estragos en el sector foresto industrial”, afirmó.

You must be logged in to post a comment Login