Argentina. Resumen gremial y social. Conciliación obligatoria por el paro de trabajadores de LATAM/ Camioneros rechazan el intento de reformar su convenio/ Ola de ocupaciones de fábricas contra los despidos/ Ataque de la policía de Larreta contra vendedores senegaleses … (más información)

Resumen Latinoamericano/ 30 de enero 2019.- Una sección informativa de las luchas sindicales del pueblo argentino contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal y Agencias.

Invitamos a quienes quieran informar sobre despidos, huelgas, ocupaciones, movilizaciones y conflictos sindicales y sociales varios, que nos envíen sus gacetillas y comunicados a resumenrebel@gmail.com

 

 

Tras anunciarse la medida de fuerza por parte de los gremios aeronáuticos con representación en Latam Argentina, el próximo jueves 31 de enero, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y habrá vuelos.El anuncio fue realizado este miércoles mediante un comunicado de Apla en el cual se aclara que mañana (por el jueves) no habrá ningún tipo de actividad de parte de los pilotos de Lan Argentina y que tampoco se presentarán a las clases teóricas en la base.Inmediatamente, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el período de 15 días, en el marco del conflicto salarial por el no acuerdo de las paritarias. Los trabajadores reclaman un incremento que al menos iguale a la inflación de 2018, de 47,6%.

Fuentes gremiales confirmaron a El Destape que acataran la decisión, por lo que se abre por el momento un impasse de dos semanas en busca de una solución.

La empresa Latam, señaló a través de un breve comunicado que se encuentra “en plena negociación paritaria con los diferentes gremios que componen el sector aeronáutico, con la intención de llegar al acuerdo salarial para 2019 en el corto plazo”. Y señala que “la compañía reitera su compromiso con la normal prestación del servicio mientras se lleven a cabo dichas negociaciones”.

Horas más tarde, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que “ningún vuelo de la compañía que opera en el aeropuerto local tendrán problemas”.

La medida anunciada en las primeras horas de este miércoles, sobre la que luego se dio marcha atrás con la conciliación obligatoria, hubiera afectado a 56 vuelos entre Buenos Aires y los diferentes destinos en el país y a más de 9 mil pasajeros.

 

Camioneros rechazan “de plano” el intento de reformar su convenio

Las patronales formalizaron su pedido de revisar las condiciones laborales del sector y Pablo Moyano adelantó que “no vamos a entregar un solo derecho adquirido”. Quebrar esa oposición podría llegar a tener un alcance estratégico.

30 de Enero de 2019

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) formalizó hace unas horas su pedido de discutir la modificación del convenio 40/89 que rige la actividad pero topó con la negativa cerrada de la parte sindical.

Como contrapartida, el titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Pablo Moyano, manifestó su rechazo “de plano” a las intenciones empresarias y expresó que “no vamos a entregar un solo derecho adquirido”.

Según el dirigente sindical, los puntos que los empresarios pretenden modificar afectarían gravosamente el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores que representa. En declaraciones que difundió el portal Infogremiales, desafió a las patronales: “Que no se atrevan a tocar un sola conquista o nos encontrarán en la calle con toda la fuerza de los trabajadores”.

Al mismo tiempo que rechazó el intento de promover una reforma laboral en el sector, recomendó a las empresas que orienten sus reclamos al Poder Ejecutivo: “Que le pidan al gobierno que les baje el combustible, los peajes y el seguro”.

La sugerencia no es ingenua ni fue formulada al pasar. Es que el reclamo de revisar el convenio que rige la actividad camionera excede largamente a las patronales del transporte de cargas. En rigor se inscribe en un planteo general de las empresas locales que, entre otros reclamos para mejorar su competitividad, bregan por una reducción de los denominados costos logísticos. Eso incluye, desde ya, obras de infraestructura y los costos del transporte en camiones que explican el 91% del comercio interno.

Pero además, una hipotética reforma del convenio camionero, sería muy bien vista por el conjunto de las patronales en la medida que implicaría una avanzada sobre uno de los gremios con mayor poder de fuego. Quebrar esa oposición, en estas condiciones, tendría un alcance estratégico y podría abrir paso a una seguidilla de reformas sectoriales que se sumarían a las que ya avanzaron durante 2018 en reemplazo de la aprobación del proyecto de ley general para reformar las legislación laboral vigente afectando los derechos de los trabajadores. Pero además, una hipotética reforma del convenio camionero, sería muy bien vista por el conjunto de las patronales en la medida que implicaría una avanzada sobre uno de los gremios con mayor poder de fuego. Quebrar esa oposición, en estas condiciones, tendría un alcance estratégico y podría abrir paso a una seguidilla de reformas sectoriales que se sumarían a las que ya avanzaron durante 2018 en reemplazo de la aprobación del proyecto de ley general para reformar las legislación laboral vigente afectando los derechos de los trabajadores.

Macri eliminó la Secretaría de Deportes y avanza en la privatización del área

Como anticipo Tiempo, el gobierno reemplazó al organismo por una agencia autárquica que dependerá de presidencia.

(Foto: Presidencia de la Nación)
30 de Enero de 2019

A través de un DNU que fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri elimina la Secretaría de Deportes para convertirla en la Agencia de Deporte Nacional

De acuerdo a lo que dice el decreto, esta agencia será un “organismo descentralizado y autárquico actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, expresa. También afirma que desde la agencia “se continuará con la ejecución de los programas de gobierno en materia deportiva, propiciando una política basada en los pilares de transparencia, desarrollo sustentable y sostenible del capital humano para la actual y futuras generaciones de deportistas”.

La medida tuvo un gran rechazo por el sector integrado por deportistas y a pesar de ellos, el martes fue firmado y publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial.

La medida considera que “deviene necesario un reordenamiento normativo que permita la toma de decisiones y ejecución de las políticas vinculadas al fomento del deporte en forma ágil y eficiente”.

Entre los objetivos de este nuevo organismo está “entender en la orientación, programación, promoción, coordinación, asistencia, ordenamiento y fiscalización de la actividad deportiva en todo el país en todas sus formas y modalidades, de conformidad con la legislación deportiva vigente, con excepción de la actividad deportiva de carácter educativo”.

Otro de sus fines es “intervenir en la elaboración de las normas que requiera la implementación de la legislación deportiva vigente y asesorar a los organismos públicos y privados en los aspectos relacionados con su aplicación y el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad deportiva que desarrollen”.

La Secretaría de Deporte estuvo a cargo hasta diciembre de Carlos Mac Allister y desde entonces estaba en ese lugar Diógenes de Urquiza Anchorena.

“El gobierno nos declaró la guerra a través del programa de Lanata”

En plena feria, un trabajador del Astillero Río Santiago fue notificado que será investigado por “intimidación pública e incitación a la violencia” por una intervención en la asamblea en mayo pasado, reproducida de forma parcial en Periodismo Para Todos.

(Foto: ATE Capital)
Por Gastón Rodríguez

Alejandro Villarruel jamás pensó que al abrir la puerta de su casa encontraría a dos policías con la misión de entregarla una notificación judicial. Era sábado y era enero. El documento le informaba que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI 16 de La Plata, lo había procesado, en plena feria, por “intimidación pública e incitación a la violencia”, a raíz de un informe periodístico que mostraba al acusado hablando en una asamblea durante el conflicto del Astillero Río Santiago, en mayo pasado.

“Es terrible –le cuenta a Tiempo Villarruel– que te despierten para avisarte que un fiscal te imputa por decir algo en una asamblea de trabajadores. Eso debería ser un derecho, no un delito, sino dónde hablamos los que trabajamos cuando peligra el trabajo, el salario, las condiciones dignas. Que pase algo así te da mucho miedo”.

Fue al comienzo de la lucha, exactamente el 10 de mayo de 2018. Los trabajadores de Astilleros Río Santiago se estaban movilizando en demanda de insumos para la terminación de varias obras en ejecución. Durante una asamblea ordinaria convocada por ATE Ensenada, y que contó con más de 40 oradores, Villarruel, que tiene 50 años y es el balancero naval de la Sección Almacenes Generales de la División Expedición de Materiales, pidió la palabra.

“Nosotros discutíamos cómo hacer para que el gobierno nos dé el dinero para la construcción de los buques Eva perón y Juana Azurduy, y nos liberara las cajas de crédito del Banco Provincia para terminar otras embarcaciones. Lo que hice fue opinar, como lo hicieron todos los oradores, sobre cómo defendernos porque veíamos con claridad que nos querían vaciar, que los insumos no llegaban, que nos querían dinamitar como ellos mismos dijeron (en referencia a una opinión que habría dado el presidente Mauricio Macri durante una reunión con empresarios, sindicatos y representantes de la Mesa de la Pesca). En vez de dialogar, el gobierno nos declaró la guerra a través del programa de Lanata. Editaron 18 segundos de una intervención mía para después pasarlo en el programa, en donde se nos acusó de ser una manga de vagos que cobramos millones, que éramos improductivos”.

En el informe que emitió en julio pasado Periodismo Para Todos (PPT) y en el cual la voz en off de Jorge Lanata pidió prestar atención a la “temeraria arenga de un delegado de ATE”, lo mostró a Villarruel, que no es delegado sino activista de la agrupación Avanzada Obrera, dirigiéndose a sus compañeros y planteando: “Hay que ir por ellos, así como ellos vienen por nosotros. Hay que regalarles al sinvergüenza de Macri y a la Vidal un 2001 para echarlos a la mierda”.

“El informe no dijo nada que eso fue filmado desde el edificio de la dirección de la empresa, que en ese momento estaba intervenida y que tenía servicios de inteligencia y guardaespaldas en todos lados. Filmaron un acto privado, en clara actitud policial, para intimidar nuestro derecho de ejercer la democracia sindical. Es muy grave lo que pasó”, se queja Villarruel.

Quizás arengado por la repercusión del programa, el ex interventor Daniel Capdevilla, luego reemplazado por quien era jefe de la gerencia de Asuntos Jurídicos, Héctor Calvente, denunció a varios trabajadores del Astillero (en total son 12), entre los que se encuentra Villarruel. Sin embargo, ningún fiscal le había dado curso hasta ahora. En agosto, Condomí Alcorta ya había dado muestras de su postura frente al conflicto cuando le solicitó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, “salvaguardar el orden en el Astillero”, lo que generó preocupación entre los empleados ante una posible militarización.

Desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos expresaron “su repudio a las causas armadas contra doce de los trabajadores del Astillero”, en tanto que el “procesamiento del compañero Alejandro Villarruel, por ejercer el sagrado derecho a reclamar lo justo, genera nuestro enérgico rechazo”.

– ¿Qué cree que va a pasar con usted?

– La verdad que al principio lo tomé como un baldazo de agua fría, la imputación no tiene lógica, no se me puede acusar de hablar en una asamblea o dar mi opinión. Me queda esperar que termine la feria y me citen a declarar. Pero lo que más me preocupa es la situación del Astillero. No hubo despidos pero está paralizado, sin proyectos de trabajo. Nos quitaron el ítem de las vacaciones y el premio a la eficiencia, los turnos de la noche están siendo atacados, no hay insumos para los soldadores, todo es un desastre. Lo que pido es que haya reactivación y que no haya más trabajadores procesados porque no es delito luchar por el trabajo y el salario.

 

 

El trasfondo de la marcha atrás de Rodríguez Larreta y el cierre de las escuelas nocturnas

El Ministerio de Educación publicó una resolución que deja sin efecto la medida de que 14 establecimientos no comenzaran el ciclo lectivo 2019. La ministra Acuña había defendido enfáticamente la decisión que ahora quedó sin efecto por de orden del alcalde, quien se vio afectado por el repudio social.

(Foto: Pedro Pérez)
Por Martín Suárez

Mediante la Resolución N° 1169/MEIGC/19, el Ministerio de Educación informó que se creó una mesa de trabajo representativa de los diferentes actores de la cartera, para el desarrollo de los lineamientos generales. Esto deja sin efectivo la polémica Resolución 4055/18, que habilitaba el cierre de escuelas nocturnas.

“La situación era insostenible”, dijo una fuente del gobierno de la ciudad a este diario. “No podíamos seguir adelante con esta decisión ya que nunca fue una disposición directa de Horacio”, arremete el funcionario oficialista sugiriendo que Soledad Acuña tomó sola la decisión de cerrar las escuelas nocturnas sin consultar a sus superiores. Más allá de este aparente alejamiento del gobierno respecto a la Ministra de Educación, la derogación de la Resolución 4055 significa un gran triunfo de toda la comunidad educativa que hizo lo imposible para volver a foja cero el cierre de escuelas.

Solo hay felicidad en el sector luego de ser notificada de la marcha atrás de la Resolución 4055: “Esto es el triunfo de las maestras y maestros movilizados”, dijo el Secretario General de ADEMYS, Jorge Adaro, en diálogo con Tiempo. Por su parte el titular de UTE, Eduardo López, manifestó: “Siento orgullo de la comunidad educativa que defiende la educación pública, vergüenza de los funcionarios que tenemos que cierran escuelas. Esta ciudad es una ciudad con corazón grande con gobernantes con corazón muy chico. Ahora vamos por la UniCABA”.

¿Por qué retrocedió el gobierno con el cierre de escuelas?

Desde la cartera de educación reconocieron que el tema estuvo mal manejado desde el comienzo. La comunidad educativa supo adelantarse a la agenda del gobierno, al instalar rápidamente cuál era la intención de fondo de la Resolución 4055: el cierre progresivo de los comerciales nocturnos al impedir la inscripción a los primeros años.

A diferencia de la campaña mediática que el ejecutivo porteño desarrolló para que UniCABA sea aceptada en parte de la sociedad, esta vez no ocurrió lo mismo. El viernes 14 de diciembre, a las pocas horas de ser publicada la Resolución 4055/18, los gremios docentes junto a su equipo de abogados confirmaron que bajo la fachada de “actualizar” los programas educativos en los comerciales había un ajuste directo que ponía en riesgo no solo la estabilidad laboral de alrededor de 1.600 docentes, sino la continuidad de las escuelas vespertinas y el acceso a la educación pública y gratuita de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Varios abogados especialistas en la materia habían adelantado a Tiempo que se venía una catarata de amparos legales para suspender el cierre de escuelas, porque la Resolución era inviable por donde se la mire. El gobierno conocía los fundamentos legales en los cuales se iban a apoyar estos amparos y, paulatinamente, fueron instalando el latiguillo “en la Ciudad no cerramos escuelas, las abrimos”. El último manotazo de ahogado que impartió desde la cartera educativa fue una serie de videos y flyers donde la propia Ministra Soledad Acuña explicaba muy superficialmente esta idea del no cierre.

En el mismo sentido, otra fuente del riñón de Horacio Rodríguez Larreta admitió que cada uno de los repudios sociales que recibió el Jefe de la Ciudad molestó y mucho al mandatario, y eso hizo que acelerara la caída de la Resolución 4055/18. Después de esta victoria de la comunidad educativa, ¿cuál será el futuro de Soledad Acuña? Esa es una de las preguntas que tendrá respuesta en las próximas horas.

 

Tras enfriar la reforma laboral, los textiles cargan contra las retenciones

El martes frenaron el intento flexibilizador de Dante Sica y Cambiemos en una acción conjunta con los sindicatos. Este jueves buscarán aprovechar el efecto para asegurarse otros beneficios.

Por Martín Ferreyra

Los industriales textiles reclamarán este jueves la eliminación de la tasa del 12% de retenciones a las exportaciones que el gobierno de Cambiemos reflotó en 2018 y un reintegro de “al menos” un 5 por ciento a manera de incentivo al comercio exterior.

Tras frenar el martes el primer intento de reforma laboral del Ministerio de Producción y Trabajo junto con los sindicatos textiles, los dirigentes privados redoblarán la apuesta en una mesa de comercio exterior que auspician el gobierno y la cartera que administra el ex consultor Dante Sica.

También planean renovar pedidos de financiamiento accesible y energía a costo preferencial.

La percepción de los empresarios es que el gobierno acusó el desaire del martes y que suspenderá su proyecto de flexibilización laboral mientras se desarrolle la campaña electoral. Apoyados en esa presunción intentarán procurarse un nuevo avance en materia de costos para producir.

Los dirigentes industriales hablaron de dos reuniones, una de ellas a las 15 en la Unión Industrial (UIA) en la tienen previsto entrevistarse con el flamante subsecretario de Comercio Exterior, Federido Lavopa, y otra en la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior.

Aunque vienen de una “victoria” las expectativas reales de los textiles son decorosas o bajas. “En otras oportunidades les pedimos que nos bajen la retención a un peso por dólar y que nos suban los reintegros. Nos convocaron e hicimos las cuentas para proponer un número preciso y al mes ellos mismos bajaron los reintegros”, recordó una empresaria en diálogo con Tiempo. Existen sectores internos que aseguran que ya no tienen en cuenta la agenda oficial.

Pero en las relaciones institucionales también se sabe que no solo hay que ser sino también parecer por lo que “cada uno está jugando el rol que tiene que jugar” aun cuando las chances de que el gobierno vuelva a ceder, a dos días del fracaso del primer intento de reforma laboral, parecen nulas.

En la UIA, el debutante Lavopa se las verá con una contraparte entre demandante y escéptica. La propuesta oficial será discutir nuevamente detalles en el camino a un hipotético acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur pero los textiles argentinos intentarán pujar por su agenda de temas específicos.

“El acuerdo con la UE a los textiles ni nos importa” graficó la fuente consultada. “Tenemos acuerdos vigentes y vamos a pedir que se respete esa posición pero nada más”, remarcó.

A la par, un industrial del segmento pyme hizo hincapié contra la tasa de retenciones del 12%: “Vamos a pedir que nos devuelvan ese porcentaje y que nos den un reintegro por exportaciones de al menos el 5% para recuperar algo del aumento de las tarifas de energía. Pasado mañana (por el viernes) aumenta la luz el 32% en dólares, porque el dólar se va a mantener estable por las elecciones.  Entonces no tenemos dólares de exportación ni mercado interno, nada de nada”, subrayó.

“Vamos a intentar todas las ventajas habidas y por haber porque hay una comisión impositiva abierta y nosotros necesitamos aire de alguna parte, ayuda con los aranceles y con la segmentación de tarifas por tipo y por rubro. Esperar no esperamos nada”, remató el empresario.

Sigue la ola de ocupaciones de fábricas contra los despidos

Los trabajadores de la metalúrgica Siderar en Ensenada y del Ingenio San Juan en Tucumán tomaron las instalaciones de las empresas. El método que se extiende contrasta con la pasividad de la CGT.

Por Alfonso de Villalobos

Dos nuevas fábricas fueron ocupadas por los trabajadores esta semana en respuesta a despidos y ajustes de las patronales. No se trata de pequeñas plantas o talleres sino de grandes compañías con décadas de producción en el país.

De esta forma se suman a los conflictos en la gráfica Interpack, la textil Sport Tech, la aceitera Cofco (ex Nidera) y otras que, en lo que va del mes de enero, adoptaron la modalidad de ocupaciones y acampes en las puertas contra cierres, vaciamientos y despidos.

En primer lugar se trata de la planta que Siderar tiene en la localidad bonaerense de Ensenada que fue ocupada de inmediato luego del anuncio del despido de seis empleados de mantenimiento.

Además, en el norte del país, en la provincia de Tucumán, el Ingenio San Juan fue tomado por sus trabajadores luego de siete meses de negociaciones para que la empresa pague los salarios que adeuda. La medida fue acompañada por una movilización masiva de 900 personas que se solidarizaron con la lucha de los trabajadores luego del fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial a quien los obreros reclaman que “designen un arrendatario o le entreguen el ingenio para su explotación a un empresario solvente y responsable”.

Las ocupaciones son la contracara de un proceso creciente de cierres en el sector industrial. Sólo entre octubre de 2017 y octubre de 2018 1.328 firmas industriales tramitaron su baja en la AFIP.

La metodología adoptada, al mismo tiempo que expresa la radicalización de los trabajadores a la hora de defender sus puestos de trabajo, refleja la atomización a la que la pasividad de la CGT condena a los conflictos mientras evita una acción centralizada y de conjunto para revertir una situación que tiende a generalizarse. Las ocupaciones son la contracara de un proceso creciente de cierres en el sector industrial. Sólo entre octubre de 2017 y octubre de 2018 1.328 firmas industriales tramitaron su baja en la AFIP.

La metodología adoptada, al mismo tiempo que expresa la radicalización de los trabajadores a la hora de defender sus puestos de trabajo, refleja la atomización a la que la pasividad de la CGT condena a los conflictos mientras evita una acción centralizada y de conjunto para revertir una situación que tiende a generalizarse.

Industricidio: en tres años cerraron solo en Rosario 110 pymes metalúrgicas

El dato surge de un informe del Observatorio Laboral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa localidad santafesina. El problema se replica en todo el país.

Industricidio: en tres años cerraron solo en Rosario 110 pymes metalúrgicas

No es novedad que el sector metalúrgico atraviesa una de sus peores épocas, con cierres de empresas y despidos en todo el territorio nacional. En este caso, un informe de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario relevó lo que sucede puntualmente en esa ciudad.

De acuerdo al trabajo del Observatorio Laboral que depende del gremio, en los últimos tres años cerraron allí nada menos que 110 pymes metalúrgicas, y en los últimos cinco meses se registró un agravamiento de la situación, en consonancia con el marcado descenso de la actividad industrial, que en noviembre cayó 9,4% interanual.

Esto llevó a varias empresas locales a presentar procedimientos preventivos de crisis, con más de cinco mil trabajadores afectados, cientos de despidos y retiros voluntarios.

Otras pymes, en cambio, bajaron definitivamente las persianas, aunque no todas comunican su baja al sindicato, por lo que el número podría ser mayor.

“Queremos visibilizar la complicadísima situación y exigirle a los gobiernos nacional y provincial políticas que atenúen esta crisis que están viviendo los trabajadores metalúrgicos”, manifestó el abogado Pablo Cerra, responsable del informe

 

Autorizan la transferencia de los terrenos de la Villa 31 junto a otros nueve predios

De la urbanización a la venta

El gobierno nacional autorizó a la ABBE a realizar la transferencia de los terrenos de la Villa 31 a la ciudad, que serán usados para financiar las obras del Paseo del Bajo. Entre los 10 predios también está el Mercado de Hacienda.
En la Villa 31 viven 40 mil personas que están en alerta, preocupados por el futuro del barrio.

En la Villa 31 viven 40 mil personas que están en alerta, preocupados por el futuro del barrio. 


Imagen: Bernardino Avila

Los habitantes de la Villa 31, donde viven unas 40.000 personas, volvieron a encender el alerta en el barrio preocupados por el destino que el oficialismo porteño pretenderá darles a las tierras. La alarma se encendió luego de que se conociera el decreto 87/2019 por el cual el gobierno nacional autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) a transferir a la Ciudad 10 inmuebles del Estado nacional, entre los que se encuentran las tierras del asentamiento y el terreno donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, que serán vendidos para financiar las obras del Paseo del Bajo. El abogado especialista en temas urbanos y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que uno “si bien por ahora es un traspaso, que no tiene la autorización de venta, ya que la tiene que aprobar la Legislatura, está la voluntad previa del gobierno, que en el proyecto original tratado a fines del año pasado, que no salió porque le faltaban votos, habilitaba la venta de la Villa 31”.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, junto con la decisión administrativa 45/2019, vino a concretar lo que aprobó la Legislatura porteña en diciembre pasado, cuando le dio el visto bueno a un convenio entre Nación y Ciudad, en el que la ciudad se hizo cargo de una deuda de 175 millones de dólares –parte de la deuda de 400 millones de dólares que tomó el Estado nacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF)– para costear el Paseo del Bajo, el corredor vial de 7,1 kilómetros que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. A cambio de endeudarse, Nación se comprometía a transferir el dominio de varios “inmuebles por un monto equivalente”.

En ese convenio marco, en el que la ciudad toma deuda pública y la Nación le transfiere entre otras tierras las del Barrio Carlos Mugica y el predio del Mercado de Hacienda, por mencionar sólo los terrenos más grandes, se inscribe la autorización del Poder Ejecutivo para que la ABBE escriture diez inmuebles a nombre de la ciudad.

Baldiviezo explicó que por ahora el traspaso lo que hace es hacer operativo el convenio, “autoriza la transferencia de las propiedades pero no la venta, que tiene que pasar por la Legislatura”, y remarcó que “de fomra directa sólo podrían darle la escritura a los habitantes de la villa 31, ya que por una ley de la ciudad, cuando se trata de un programa de vivienda social, el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) puede dar directamente la escritura, como pasó en los Piletones”. Y remarcó que “para la reurbanización de la 31 hace falta más tierra de la que hay disponible, por eso, el riesgo más grande es que busquen vender tierras útiles para la urbanización”. “Hay que ver qué autoriza la Legislatura y en qué términos”, advirtió, y recordó que el año pasado, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó el proyecto N° 3504, que en su redacción originaria planteaba la subasta de todas las tierras en las que se asienta la Villa 31. “Después lo morigeraron, y lo circunscribieron a los terrenos que no se vayan autilizar para el proceso de urbanización.”

En el mismo sentido, el legislador Javier Andrade (Unidad Ciudadana) dijo en diálogo con este diario que “es contradictorio que se vote una ley de urbanización y al mismo tiempo se habilite la enajenación de los terrenos que se ponen como garantía de la deuda”. “La situación es preocupante”, remarcó, y señaló que algo similar ocurre con el Mercado de Hacienda.

“El 20 de febrero hay una nueva audiencia pública para analizar la integración urbana del predio, porque está en trámite la segunda lectura, y en el medio largan este decreto cediendo el terreno con la posibilidad de enajenarlo”. Además el legislador advirtió que la mayor preocupación es porque “hay 23 familias que viven en la Recova de Mataderos, que son tercera generación de trabajadores del Mercado y que no tienen garantizada su vivienda en el proyecto” que presentó el macrismo para hacer un parque temático, un polo gastronómico y edificios en el terreno de 34 hectáreas.

Para Andrade, vender tierras estatales “es el sello distintivo del gobierno de Macri y Larreta. Aunque lo de Larreta es peor porque hizo en un mandato lo que a Macri le llevó dos. En los 90 se vendían las empresas del estado, ahora están liquidando las tierras públicas, algo inadmisible en cualquier parte del mundo”.

 

Ataque de la policía de Larreta contra vendedores senegaleses

Ayer al mediodía en el Barrio porteño de Flores, la Policía de la Ciudad conducida por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, amedrentaron y golpearon brutalmente a un venededor de origen senegalés. La víctima Ousmane Siège, sufrió una fractura en su brazo producto de la golpiza policial. Durante la tarde del lunes también resultaron fracturados otros dos senegaleses, Thapa Beye y Assane Dioop. Por ANRed


El barrio porteño de Flores parece ser el epicentro de la violencia policial contra vendedores ambulantes migrantes. En reiteradas ocasiones, los operativos de la Policía de la Ciudad conducida por Horario Rodriguez Larreta, culminan con personas gravemente lesionadas.

El lunes al mediodía, Ousmane Siège de origen senegalés y vendedor ambulante, recibió una golpiza por parte de agentes policiales, que le produjeron una fractura en su brazo.

Frente a los ojos de las personas que pasaban por el lugar, el joven quedo tendido en el piso, sin que nadie lo ayudara ni llamara a una ambulancia.

El lunes por la tarde, otros dos vendedores senegaleses resultaron fracturados: Thapa Beye y Assane Dioop.

No es un hecho aislado es violencia sistemática

“Flores es el lugar que más vendedores hay y hoy está militarizado. Hay alrededor de 200 efectivos en las calles para salir a lastimar a los compañeros. Ya no les interesa prohibir la venta, ahora salen a golpear y detener para armar causas judiciales”, describió Omar Guaraz, dirigente de la agrupación Vendedores Libres

En el mes de abril de 2018, en un descomunal operativo policial que involucró  a unos 300 agentes, “golpearon, esposaron y detuvieron”  a 28 senegaleses, cuatro peruanos y dos argentinos (en el caso de los argentinos fueron detenidos por defender a los senegaleses). Los detenidos fueron trasladados a la comisaría 50ª y a la alcaidía de la seccional 13ª. Cuando fueron llevados a los calabozos “los mantuvieron esposados y precintados, y durante muchas horas se los privó de agua, comida y acceso a los sanitarios”.

En ese entones  la agrupación Xango (defensora de los derechos humanos de afroargentinos y migrantes africanos), calificó el accionar policial de “racista, xenófobo y violatorio de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

La escena se repite no solo en el barrio de Flores, tambien se han denunciado agresiones similares en el Conurbano Bonaerense y en la Ciudad de La Plata. Bajo la excusa de desalojar “manteros” la policía agrede sistemáticamente a trabajadores ambulantes de origen senegalés.

 

Textiles contra “la propuesta” del gobierno de cambiar condiciones de empleo

Textiles contra “la propuesta” del gobierno de cambiar condiciones de empleo

Los trabajadores textiles se pronunciaron contra el intento del gobierno de aplicar una reforma al trabajo textil. Pidieron reactivar la industria y mejorar condiciones de trabajo.

Los gremios textiles se pronunciaron con una carta rechazando la “Propuesta de acuerdo compromiso por la Producción y el empleo de la industria textil e indumentaria” que el gobierno hizo llegar a los gremios.

La propuesta fue puesta en tratamiento a los gremios por parte del Ministerio de Producción para ser debatida, pero recibió el inmediato rechazo de los trabajadores textiles que vienen sufriendo un fuerte impacto por la caída de la producción, el consumo y el salario.

“Rechazamos enfáticamente el régimen de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, la modificación del goce de licencia anual ordinaria, la posibilidad de fraccionamiento del pago del SAC y la creación de un banco de horas”, le remarcaron los textiles a la CGT.

Pero, además, pidieron que “se adopten políticas públicas adecuadas y concretas de urgente implementación con el objeto de generar mayor empleo y poder adquisitivo de los trabajadores”.

“Desde la CGT rechazamos el intento del Gobierno Nacional de precarizar el empleo en la industria textil y adherimos al reclamo de los compañeros del sector a que se apliquen medidas urgentes que reactiven la industria y mejoren las condiciones de los trabajadores/as” expresó Héctor Daer desde Twitter.

El documento está firmado por los representantes de AOTRA, SETIA, UCI y SOIVA.

 

 

Docentes universitarios exigen la actualización paritaria 2018

Docentes universitarios exigen la actualización paritaria 2018

En Plenario, la Federación de CONADU exigió a Educación la convocatoria a paritarias para resolver la cláusula de revisión salarial del año pasado. Advierten por medidas de fuerza.

La determinación de los trabajadores de la Federación de CONADU responde a la decisión del Ministerio de Educación de “desconocer el acuerdo firmado y otorgar de manera unilateral un adelanto del 5% en negro para enero”.

“Se avanza así a un escenario conflictivo que pone en peligro el normal funcionamiento de las universidades. De no haber respuestas a los reclamos, el 19 de febrero la CONADU resolverá la implementación de medidas de fuerza”, anticiparon desde la Federación a través de un comunicado.

“Para nosotros es fundamental llegar a un acuerdo con las dos cláusulas de revisión porque en marzo tenemos que comenzar a discutir la paritaria de 2019. Sin respuesta a este reclamo, no avanzaremos con la negociación de este año”, adviritieron.

“Firmaron un acuerdo y lo tienen que cumplir. Hoy la responsabilidad de que las clases se inicien sin conflicto está en manos del gobierno. Esperemos que sean responsables”, expresó el Secretario General de CONADU, Carlos de Feo.

En 2018 CONADU firmó el 15% en cuatro tramos hasta diciembre ofrecido por el gobierno. La paritaria firmada significó entre un 24 y un 26 % de aumento a octubre y el compromiso de dos cláusulas de revisión, en enero y en marzo, que permitieran sostener el salario.

Sin embargo el aumento de la inflación de marzo al 31 de diciembre resultó del 41,6%. Es decir, hubo un 16,6% de diferencia con respecto al aumento salarial docente universitario que corresponde otorgar en esta primera instancia de revisión.

Los docentes denunciaron que el ministerio reconoce la disparidad porque no puede responder al pago “y otorga unilateralmente un 5% a cuenta de la negociación”.

“Que digan que no tienen recursos no es cierto. En el presupuesto 2019 hay 9 mil millones de pesos previstos para las dos revisiones. Por ende, el gobierno estaría en condiciones de hacer frente al pago. No entendemos por qué razón nos están retrasando, no tienen argumentos y nosotros no podemos permitir continuar con una pérdida del salario de más del 16%”, expresó Carlos De Feo.

Participaron del Plenario desde las asociaciones de base ADAI, ADEIUNAJ, ADIUNQ, ADUNA, ADOI, ADULP, ADUNSADA, ADUNSE, ADUNTREF, AFUDI, AGDU Río Cuarto, AGD Entre Ríos, COAD, FEDUBA, SIDIU, SIDIUNLAR, SIDUNCO, SIDIUNSJ, SIDIUNT, ADUNCE, ADUNOBA

En Palpalá, Jujuy, un pueblo resiste el cierre de una de sus empresas más importantes

Foto: La Izquierda Diario

La multinacional minera Glencore quiere cerrar la fundición Aguilar de Palpalá, con la excusa de que le sale muy caro fundir el plomo extraído de las minas también jujeñas en la provincia, y quiere hacerlo en Brasil con empleo precario. Que el mercado se achicó puede ser creíble debido a las políticas de destrucción de la industria que viene aplicando tanto el gobierno nacional como el provincial de Morales, pero el trabajo es un bien social, y no debe obedecer a la ambición de empresarios que a la hora de medir rentabilidad no piensan en las familias o poblaciones que quedan varadas al cerrar empresas. Por Pablo Rojas, corresponsal para El Roble.


Tras posponer la maniobra de que el expediente se tramite en Buenos Aires, lejos de las 140 familias perjudicadas los trabajadores de la fundición se organizan para resistir. Ya realizaron varias marchas, incluso una a San Salvador que aportó visibilidad al conflicto; construyeron una coordinadora de gremios y organizaciones en Palpalá y lograron que la empresa, apretada por la dura resistencia, aumente la oferta del 50% de las indemnizaciones inicial a hablar hoy del 100% más un bono y la obra social, esto a pesar de que los trabajadores luchan por conservar sus puestos de trabajo, ya marca un avance y hace caer los “consejos” de la directiva del gremio de que conviene negociar en CABA.

Este avance se debe en primer término a la disposición de lucha de los compañeros, también a la solidaridad que van despertando en el resto de los trabajadores y trabajadoras Jujeñas, sobre todo los 564 mineros de la mina Aguilar que ven en sus compañeros de la fundición reflejado su futuro y plantean al unísono que mientras la mina siga extrayendo el mineral la fundición debe seguir aportandole valor agregado en la provincia. Al respecto el gremio minero realizará una marcha provincial en solidaridad.

Es de destacar la formación de un comité de lucha que es quien viene llevando adelante las tareas resueltas por los trabajadores en asambleas, esto levanta una vieja tradición de lucha de nuestra clase que es la de elegir un comité de compañeros para garantizar que las tareas se cumplan, comité que está integrado por aquellos que se vienen destacando en la lucha más allá de sus cargos gremiales, más allá de que la comisión interna había sido votada a fin de 2018, esta era una comisión de compañeros, seguramente los más aptos para tiempos de paz, donde el plantel de Aguilar era la niña mimada de Palpalá cobrando siempre en fecha y manteniendo los premios intactos hasta diciembre, hoy que es tiempo de luchar se necesitan compañeros con otras características, es necesario destacar a los más activos.

Mientras la Comisión Directiva de la seccional con Peloc a la cabeza sigue negociando en Buenos Aires con la empresa, el gobierno y la UOM nacional a espaldas de los trabajadores, en la provincia se va desarrollando una lucha de resistencia donde al empuje de los trabajadores de la fundición se vienen sumando cientos de compañeros y compañeras que ven comprometido su propio futuro como habitantes de una ciudad que perdería a una de sus empresas más importantes.

Así el futuro de cientos de trabajadoras y trabajadores está ligado lisa y llanamente a su poder de lucha y a la solidaridad de una clase que comienza a decir ¡Basta de despidos! ¡Que el estado garantice la continuidad de la fuente de trabajo!

Corresponsal para el Roble: Pablo Rojas

Periódico “El Roble”

 

 

Córdoba

UCRA rechaza despidos de 5 candidatos a delegados en ERSA y AUCOR

AUCOR cesanteó sin causa a los candidatos Víctor Cortez y Eduardo Molina, en tanto que ERSA hizo lo propio con Rubén Chancalay; Sebastián Bazán y Fernando González “demostrando lo que venimos denunciando respecto a la intención de la patronal junto a la burocracia de UTA de impedir que se manifieste la libertad y democracia sindical con la elección de delegados”, dijo a esta Agencia Leo Jaime, Secretario General de UCRA Córdoba.

“El lunes pasado estos compañeros denunciaron penalmente a dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA-CGT) y a las empresas por amenazarlos que los iban a despedir y quedó bien en claro que así fue, porque así funcionan los mecanismos de complicidad entre las empresas y el otro gremio”, subrayó Jaime.

Y agregó”: Ya contestamos las cartas documento rechazando los despidos y el viernes vamos a hacer la elección de delegados porque ha sido comunicada en tiempo y forma a la Agencia Territorial Córdoba de la Secretaría de Trabajo de la Nación y las empresas también fueron debidamente notificadas, por lo tanto no hay excusas que nos impidan elegir nuestros representantes en AUCOR y ERSA”.

“En la Cartera Laboral nos dijeron que nosotros tenemos que hacer las elecciones como corresponde porque está en un todo de acuerdo con la legislación laboral vigente”, indicó.

“Yo quiero decir que todo lo que nos están haciendo nos viene favoreciendo porque los compañeros nos están demostrando su apoyo y se siguen afiliando a la Seccional Córdoba de UCRA-CTA”, remató Jaime.

* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba

 

ATE inició una permanencia pacifica en el Hospital Fiorito

ATE inició una permanencia pacifica en el Hospital Fiorito

Reclaman contra la violencia laboral, descuentos y pérdida de presentismo. Le apuntan a dirigente del PRO por intentar desalojarlos con la fuerza policial.

ATE Avellaneda reclama por los descuentos del SAMO, la perdida del presentismo, la aplicación de 3 ausentes mentirosos, la falta de personal y la violencia laboral que sufren diariamente los trabajadores del Hospital.

Los trabajadores de ATE mantienen una permanencia pacífica en el Hall del Hospital Fiorito, de Avellaneda, para visibilizar el reclamo contra las condiciones de trabajo de los empleados. Intentaron desalojarlos con la fuerza policial y le apuntaron a un referente del PRO.

“La Dirección del Hospital lanzo provocaciones de diferentes magnitudes a través del puntero político del Pro Avellaneda Gustavo Magarelli, que sin entender las necesidades y justos reclamos de los trabajadores del Hospital, monto un show circense que lo describe y lo rebaja a una caricatura de funcionario publico”, expresaron desde ATE.

“Pretendieron desalojarnos con orden policial y ante la de tranquilidad y justicia del reclamo no se llevo adelante”, denunciaron en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Trabajo estableció notificó el inicio de una proceso de conciliación obligatoria para abrir el diálogo con la dirección del Hospital Fiorito.

 

La Nación, otro caso de “periodismo de infantería”: precarización, cierre y militarización

Primero anunció un plan de retiros, reducción de horas y 40% de rebaja salarial. Ahora amenaza con cerrar su planta en Barracas para fusionar la impresión con Clarín. Infantería custodia la planta.

Por Lucho Aguilar

“Queremos informarles que hoy cierra nuestra planta impresora de calle Zepita. El diario en papel empezará a imprimirse en plantas de terceros. Se adopta esta medida con suma responsabilidad, luego de haber evaluado todas las alternativas e instancias de negociación”. El mensaje fue difundido en las últimas horas por el departamento de Relaciones Internas del grupo La Nación. Así marcaba un nuevo salto en el ataque a los obreros gráficos del diario.

El plan se había puesto en marcha en diciembre, cuando La Nación anunció su intención de cerrar su planta y hacer la impresión del diario junto a Clarín. La “fusión” implicaba claramente una pérdida de puestos de trabajo. Ante el planteo del sindicato y los delegados, la empresa propuso la reducción de las jornadas laborales y de los salarios, además de retiros “voluntarios”. Como denunció uno de los delegados, Dario Sosta, “en este período de 100 trabajadores en el taller se fueron 36 compañeros con retiros voluntarios y prejubilaciones. Los trabajadores aceptamos esa carga laboral las absorbimos los que quedamos y una reducción de horas que significa el 20% del sueldo y la empresa sigue insistiendo en que tenemos que bajar el 40% de nuestro sueldo”.

Pero la empresa comenzó esta semana con la planta cerrada y un operativo de la Infantería de la Policía de la Ciudad en sus puertas. Las imágenes recuerdan a lo que sucedía hace dos veranos, cuando la zona estaba militarizada ante el reclamo de los obreros de AGR-Clarín. Policías y empleados de seguridad también se habían apostado en la redacción del diario, en Vicente López.

Este martes la Federación Gráfica Bonaerense denunció que la empresa había despedido de más de 70 trabajadores.

Una tribuna de doctrina (antiobrera)

“La Nación será una tribuna de doctrina”. Es el lema del diario más gorila de la prensa argentina. Parece que en este caso la empresa de los Mitre y los Saguier, además de su apoyo al ajuste, ha decidido sumarse abiertamente al ataque a los puestos de trabajo y las condiciones laborales.

Como señaló el SiPreBA, el gremio de prensa, “muchos de estos empresarios argumentan crisis económica, pero en los casos de los grandes grupos, como Clarín o La Nación, se trata de cambios en sus estrategias de negocios de todo tipo, al amparo de un gobierno nacional que incluso practica la misma política en los Medios Públicos”. Para llevar adelante sus estrategias de negocios, atacan a los trabajadores gráficos y de prensa. Ya hemos visto el cierre de la planta de AGR-Clarín, el intento de vaciamiento de Télam y decenas de ataques en diarios, imprentas, radios y canales.

En este caso incluye un intento flexibilizador. La propuesta de reducir la jornada, rebajando los salarios en lo inmediato. Pero también avanzando en la tercerización de la impresión y las fusiones, buscando así fortalecer a las patronales para imponer peores condiciones salariales y laborales. Como ya vimos en el petróleo, la construcción o la industria textil, si la reforma laboral no puede pasar, el gobierno y los empresarios quieren hacerla por ramas o empresas.

Periodismo de guerra

Para imponer estos ajustes, los grandes medios cuentan obviamente con apoyo del macrismo. Por un lado con una pauta oficial millonaria, que solo entre los gobiernos nacional y de la Ciudad han aportado 150 millones de pesos en 2018. Por otro de los funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo, dóciles con las empresas y duros con los trabajadores. Pero también de las mismas fuerzas de seguridad. Por eso en la tarde de este martes La Izquierda Diario pudo reflejar cómo la zona de plantas de Clarín y La Nación estaba blindada por la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad. Colectivos, patrulleros y un fuerte vallado que impide que se acerquen los trabajadores.

Como reflejábamos durante el conflicto de AGR-Clarín, se trata de una larga tradición de gobiernos radicales, peronistas y macristas. La cara más brutal del “periodismo de guerra” que practican los grandes medios.

No al cierre ni la precarización

Desde la conducción gráfica bonaerense vienen planteando que “vamos a defender cada puesto de trabajo”. Este lunes el gremio movilizó pero solo a sus cuerpos orgánicos. Su dirigente Héctor Amichetti aseguró que “los trabajadores de Clarín, solidarios con los compañeros, no imprimirán La Nación. Y por lo menos en la ciudad y gran Buenos Aires no va a haber taller que imprima el diario”.

Si el anuncio se confirma, sería una primera medida para enfrentar el ataque. Sin embargo, ante la ola de cierres y despidos en empresas y talleres gráficos, la conducción kirchnerista de la Federación Gráfica se ha mostrado impotente. Miles de trabajadores han quedado en la calle en los últimos años.

Por eso la pregunta es, ¿qué van a hacer la FGB y los sindicatos opositores como Camioneros que tiene afiliados en la planta? ¿Van a defender todos los puestos y condiciones de trabajo? ¿Van a enfrentar el plan de Macri y “la Corpo” con el paro general gráfico y medidas de fuerza contundentes apoyadas por el resto de las organizaciones?

De eso depende que Clarín y La Nación puedan avanzar con sus despidos y reformas laborales.

 

 

ECONOMÍA / Todos los datos confirman un diagnóstico recesivo

Informes de los más variados orígenes y pensamientos coinciden en proyectar un 2019 fatal para el pueblo argentino. Una vez que se limpian las opiniones en los papers elaborados por los especialistas, puede observarse un alineamiento en el diagnóstico que sólo admite prever un ciclo recesivo de freno imposible. Veamos los datos.

Los trabajadores con ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil (11.300 pesos) destinan más de la tercera parte al pago de los servicios públicos. El indicador surge de los mismos registros oficiales, tomando en cuenta esa cifra y las nuevas escalas tarifarias acordadas entre gobierno y empresas. Entre los usuarios residenciales, el gasto en tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aries saltó de 3,18% del salario en 2015 a un 15,23% durante el año pasado.

En tanto, se supo esta semana que la garrafa social de gas pasará a costar $ 267,70 a partir del próximo viernes 1 de febrero, lo que supone un aumento de 23,93% para el tubo de 10 kilogramos, que ahora cuesta $ 216. Así lo estableció la resolución 15/2019 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. El envase de 12 kilos costará al público $ 321,24, en tanto que para el fraccionador tendrá un valor de $ 192,33; y para el distribuidor, de $ 289,17.

Desde adentro de Cambiemos, fuentes radicales indicaron que “el otoño/invierno 2019 está demasiado cerca y las tareas de regasificación no se llevan adelante. Por eso, cabe esperar falta de gas natural para los momentos críticos”. A ninguno de los analistas se le pasa por alto un factor nuevo y dramático: cientos de miles de familias deben endeudarse para abonar las tarifas de los servicios.

En tanto, aún las consultoras ligadas a los sectores concentrados informan que el consumo particular descenderá notablemente a lo largo del año que acaba de comenzar. De hecho, Ecolatina se sumó en las últimas horas a ese diagnóstico que ya habían desplegado instituciones más críticas de la gestión liberal.

Tampoco los exportadores están recibiendo buenas noticias: mientras buena parte del planeta mira hacia la producción local, la apertura argentina perjudica también a quienes respaldaron el arribo del gobierno macrista. De hecho, por estos días se suscitó un conflicto con Brasil porque el vecino país, más allá de la declamación aperturista, está rechazando alimentos argentinos para priorizar la elaboración propia.

En tanto, desde franjas económicas directamente opositoras la perspectiva es aún más clara: “El ejercicio económico 2019 será muy parecido al 2018, con caída del nivel de actividad, aumento de la desocupación y temor en la sociedad porque no hay definiciones políticos que cambien el perfil del consumidor”.

Los datos, ofrecidos por la UMET, indican que “La oferta de crédito está 30% más abajo de la que existía hace dos o tres años y esa pérdida de disponibilidad financiera, especialmente en las pymes, se agrava en las tasas de interés y al empresario le resulta imposible acceder a un financiamiento porque después no tiene ninguna probabilidad de llevar adelante los pagos”.

El informe de esa entidad añade que “Hay una pérdida de entre 11% y 20% del ingreso de los trabajadores formalizados, jubilados y no formalizados; cayó el gasto público por el ajuste; se pagan entre 2% y 3% del PBI de deuda; se registra ausencia de crédito; es dañina la restricción del Banco Central, centrada en mantener el tipo de cambio, las tasas altas y atraer capitales especulativos antes que reactivar la economía”.

Por eso “La perspectiva es que ante el temor del consumidor, que no va a poder recuperar ingreso por paritarias, la economía caiga aún más. El 2019 será un año con un impacto muy fuerte de la actividad. Solamente las inversiones públicas van a caer 60% frente al año anterior. El cuadro es recesivo, si se observan los datos concretos de la economía”.

La oscuridad tiñe el horizonte nacional.

 

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